UD afirma que la Defensoría del Pueblo ‘murió’ con posesión de Tezanos

David Tezanos Pinto Ledezma, hasta hace poco un funcionario del Ministerio de Justicia, fue designado el viernes como nuevo Defensor del Pueblo con más de dos tercios del Legislativo, dominado por el gobernante MAS, y posesionado ayer por el vicepresidente Álvaro García Linera. Estos hechos constituyen la ‘muerte’ de una Defensoría del Pueblo independiente y nace el defensor del Gobierno del presidente Evo Morales, dijo hoy el senador de Unidad Demócrata (UD), Arturo Murillo.

"¿De qué Defensor del Pueblo estamos hablando? El día viernes ha muerto de la Defensoría del Pueblo, ha nacido la defensoría del Gobierno y es más, lo ha confirmado el presidente (Evo) Morales en su discurso, diciendo que los agredidos es él, en primer lugar, el Estado y los pobres policías, entonces en ese sentido el pueblo ha quedado en absoluta indefensión, no podemos hablar ya que tengamos un Defensor del Pueblo”, aseveró Murillo en declaraciones con la red Erbol.

Ayer, durante la posesión de Tezanos, García Linera le pidió que "no se repetirá el uso político partidario de la Defensoría para asumir acciones contra el Estado” y también le exigió levantar la Defensoría "que está alicaída”.

Murillo recordó que la oposición alertó que la Defensoría moriría al convertirse en ‘defensor del MAS’. "Nosotros habíamos alertado que el Defensor del Pueblo iba a morir en esta elección, que iba a ser el defensor del MAS y vemos con mucha pena y asombro que quienes piden defensa hoy son el Presidente, el Vicepresidentes y policías cuando son los gobernantes quienes hacen abuso del poder frente a sectores vulnerables como los discapacitados”, dijo el legislador a ANF.

Durante la posesión de Tezanos Pinto en el cargo de Defensor del Pueblo, el presidente Evo Morales le dijo que quienes son más vulnerados en sus derechos son él, el Vicepresidente y los policías que también son vulnerados en sus derechos por parte de manifestantes.

Murillo dijo que es bueno recordarle al Gobierno que quienes administran la fuerza pública es el Ejecutivo y no la sociedad civil, y que el Defensor está para velar por los derechos individuales y colectivos de la sociedad civil, y no al revés.