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Friday, August 10, 2018
Monday, July 30, 2018
Wednesday, June 20, 2018
Para juegos Odesur Ortiz denunció anomalías en contratos de 11 proyectos
La empresa Suárez Consultoría y Construcción se adjudicó por la modalidad de contratación directa 11 proyectos por casi Bs 100 millones. El senador Oscar Ortiz denunció que la Procuraduría rescindió un contrato con esta compañía, pero la misma se adjudicó la construcción del Complejo Hípico para los Juegos Odesur, además de otras obras en el marco de la Unidad de Proyectos Especiales del Ministerio de la Presidencia.
De acuerdo a la información que presentó Ortiz, en una petición de informe escrito de 2016-2017 el Ministerio de la Presidencia informó que esta misma empresa tuvo cinco adjudicaciones por la vía directa por la UPRE.
Cuatro se adjudicaron en la gestión 2013 referidos a la construcción de dos coliseos, una unidad educativa, el mantenimiento y reparación del equipo pesado Ferreco y el 2014 la construcción del edificio de la Procuraduría. El monto de inversión alcanzó a 67,8 millones de bolivianos.
Y los otros seis proyectos de construcción del Complejo Hípico en sus módulos 2, 3, 7, 8, 9 y 10, por un monto total de 28 millones de bolivianos en fecha 29 de octubre de 2014.
El legislador no entiende las razones por las que esta empresa se beneficia con contratos por la vía directa, pese a que el 2015, la Procuraduría General del Estado, en la gestión de Héctor Arce rescindió un contrato porque habría detectado un “contubernio y corruptela” con la empresa supervisora Sarmiento.
Pero además Ortiz señala que la empresa Suárez se adjudicó seis de los ocho contratos para la construcción del Complejo Hípico de la Escuela de Sargentos, por un monto de 28 millones de bolivianos, una de las observaciones principales es que el registro en el Sicoes se lo hizo dos años después de las adjudicaciones.
“Primero estas adjudicaciones son de 2014, pero recién fueron subidas al Sicoes el 2017, dos años después y solo subieron los contratos pero no subieron los informes de la comisión”, declaró el legislador.
“Ante los posibles indicios de favorecimiento e irregularidades de estos 11 procesos de contratación adjudicados a la empresa Suárez Consultoría y Construcción (…), presentó denuncia en contra del señor Alexis Vladimir Mercado Condori, director general Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE). (ANF)
De acuerdo a la información que presentó Ortiz, en una petición de informe escrito de 2016-2017 el Ministerio de la Presidencia informó que esta misma empresa tuvo cinco adjudicaciones por la vía directa por la UPRE.
Cuatro se adjudicaron en la gestión 2013 referidos a la construcción de dos coliseos, una unidad educativa, el mantenimiento y reparación del equipo pesado Ferreco y el 2014 la construcción del edificio de la Procuraduría. El monto de inversión alcanzó a 67,8 millones de bolivianos.
Y los otros seis proyectos de construcción del Complejo Hípico en sus módulos 2, 3, 7, 8, 9 y 10, por un monto total de 28 millones de bolivianos en fecha 29 de octubre de 2014.
El legislador no entiende las razones por las que esta empresa se beneficia con contratos por la vía directa, pese a que el 2015, la Procuraduría General del Estado, en la gestión de Héctor Arce rescindió un contrato porque habría detectado un “contubernio y corruptela” con la empresa supervisora Sarmiento.
Pero además Ortiz señala que la empresa Suárez se adjudicó seis de los ocho contratos para la construcción del Complejo Hípico de la Escuela de Sargentos, por un monto de 28 millones de bolivianos, una de las observaciones principales es que el registro en el Sicoes se lo hizo dos años después de las adjudicaciones.
“Primero estas adjudicaciones son de 2014, pero recién fueron subidas al Sicoes el 2017, dos años después y solo subieron los contratos pero no subieron los informes de la comisión”, declaró el legislador.
“Ante los posibles indicios de favorecimiento e irregularidades de estos 11 procesos de contratación adjudicados a la empresa Suárez Consultoría y Construcción (…), presentó denuncia en contra del señor Alexis Vladimir Mercado Condori, director general Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE). (ANF)
Saturday, June 9, 2018
Tuesday, April 17, 2018
Saturday, March 10, 2018
Senador Óscar Ortiz pone en duda la exportación de urea
El Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil no registra la importación de urea boliviana en los últimos meses, según reveló el senador Óscar Ortiz con base en la información estadística de la entidad. Sin embargo, YPFB asegura que su comprador brasileño aumentó la demanda del producto.
Las declaraciones se dan en momentos en que la planta de amoniaco y urea se encuentra en mantenimiento por segunda vez desde el inicio de operaciones en septiembre.
El legislador presentó un cuadro que muestra que la urea que importa Brasil proviene de 15 países, pero Bolivia no figura en la lista. El mayor volumen lo generan Rusia, Catar, Omán y Kuwait.
Ortiz señaló que recibió denuncias de que la exportación no se había concretado. “Hubo un cargamento de urea, pero no cumplió las especificaciones técnicas y se quedó en frontera. La otra denuncia es que en los depósitos de Bulo Bulo hay mucha urea estropeada. Se enduró por la humedad”, explicó.
Asimismo cuestionó que en diciembre se hiciera un mantenimiento rutinario a la planta, en febrero se reactive y un mes después otra vez se paralice. En este sentido hizo una petición de informe oral al ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez.
Mientras, el diputado oficialista Édgar Montaño considera que si hay contratos para exportar urea, no debe parar la planta.
Víctor Hugo Áñez, director de YPFB por la Gobernación de Santa Cruz, dijo que también pedirán un informe para esclarecer las razones por las que la planta está parada y saber si se ha concretado la exportación.
Planta en mantenimiento
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos insiste en el mantenimiento de la planta de urea. El titular Óscar Barriga dijo que son tareas rutinarias que ejecuta Samsung porque la infraestructura tiene garantía. “Producimos más de 100.000 t de urea, unas 10.000 t son para el mercado interno y 90.000 para exportación que están en almacén y en tránsito. Hay 60 camiones en circuito entre Bulo Bulo y Montero y en Puerto Quijarro tenemos para el mercado brasileño que nos pidió 65.000 toneladas más”, agregó.
Thursday, January 25, 2018
Thursday, December 14, 2017
Planta paralizada en Bulo Bulo Senador Ortíz alertó millonarias pérdidas
El senador opositor Oscar Ortiz advirtió ayer que la paralización de la Planta de Urea y Amoniaco generará millonarias pérdidas al Estado boliviano y lamentó las contradicciones de autoridades de gobierno para brindar explicación sobre las causas de la suspensión de actividades productivas.
Sostuvo que los argumentos expuestos por autoridades solo ratifican que en realidad hubo una producción inicial de dos o tres semanas, utilizando el 30% de la capacidad instalada, para luego paralizar operaciones.
Estimó una pérdida de 300 a 800 mil dólares diarios y reveló que algunos especialistas prevén una parálisis de al menos dos semanas sin producir urea.
Lamentó que el presidente en ejercicio Álvaro García Linera haya salido en forma agresiva a socapar a los funcionarios de YPFB, en vez de dar una explicación satisfactoria a la opinión pública y pedir una investigación.
AUDITORÍA TÉCNICA
Dijo que es de esperar que el presidente Evo Morales, cuando retorne al país de su gira por Europa, ordene una auditoría técnica para que “dejen de contarle cuentos a la población” sobre las verdaderas causas de esta parálisis, a tres meses de haber iniciado operaciones de manera oficial.
El opositor advirtió que este es un problema serio para el país porque desde el 14 de septiembre, sólo han producido 32 mil toneladas de urea que equivale a 15 días de trabajo de la planta, siendo que su capacidad es de 2.200 toneladas diarias.
Sostuvo que los argumentos expuestos por autoridades solo ratifican que en realidad hubo una producción inicial de dos o tres semanas, utilizando el 30% de la capacidad instalada, para luego paralizar operaciones.
Estimó una pérdida de 300 a 800 mil dólares diarios y reveló que algunos especialistas prevén una parálisis de al menos dos semanas sin producir urea.
Lamentó que el presidente en ejercicio Álvaro García Linera haya salido en forma agresiva a socapar a los funcionarios de YPFB, en vez de dar una explicación satisfactoria a la opinión pública y pedir una investigación.
AUDITORÍA TÉCNICA
Dijo que es de esperar que el presidente Evo Morales, cuando retorne al país de su gira por Europa, ordene una auditoría técnica para que “dejen de contarle cuentos a la población” sobre las verdaderas causas de esta parálisis, a tres meses de haber iniciado operaciones de manera oficial.
El opositor advirtió que este es un problema serio para el país porque desde el 14 de septiembre, sólo han producido 32 mil toneladas de urea que equivale a 15 días de trabajo de la planta, siendo que su capacidad es de 2.200 toneladas diarias.
Tuesday, December 12, 2017
Planta de urea y amoniaco Senador Ortiz exige inspección del proyecto
El senador Oscar Ortiz pidió ayer al ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, que autorice una inspección a la Planta de Urea y Amoniaco, al ratificar que está paralizada a causa de graves problemas técnicos.
“Quiero denunciar que el Ministro no le está diciendo la verdad al pueblo. Y anunciar, que hoy estamos presentando una carta a YPFB para que me permita visitar la planta de Urea y Amoniaco mañana o pasado mañana para verificar el estado de la planta”, declaró el legislador.
“No está diseñada para trabajar por menos del 70% de su capacidad y le hicieron trabajar por menos del 70% lo que ha generado graves problemas técnicos”, sostuvo Ortiz.
En similar petición este año parlamentarios de UD no pudieron ingresar a la planta ensambladora de computadoras Quipus, en la ciudad de El Alto, por decisión del ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas.
MANTENIMIENTO
Precisó que no es creíble la versión de las autoridades en sentido que la planta entró en mantenimiento, cuando recién el 14 de septiembre fue inaugurada a propósito de la efeméride de Cochabamba. “No puede ser que nos digan que a tres meses ya esté en mantenimiento”, sostuvo.
Otra de sus observaciones es que fue diseñada para la producción de urea y amoniaco, lo que no está sucediendo porque a la fecha no se está generando amoniaco.
“Quiero denunciar que el Ministro no le está diciendo la verdad al pueblo. Y anunciar, que hoy estamos presentando una carta a YPFB para que me permita visitar la planta de Urea y Amoniaco mañana o pasado mañana para verificar el estado de la planta”, declaró el legislador.
“No está diseñada para trabajar por menos del 70% de su capacidad y le hicieron trabajar por menos del 70% lo que ha generado graves problemas técnicos”, sostuvo Ortiz.
En similar petición este año parlamentarios de UD no pudieron ingresar a la planta ensambladora de computadoras Quipus, en la ciudad de El Alto, por decisión del ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas.
MANTENIMIENTO
Precisó que no es creíble la versión de las autoridades en sentido que la planta entró en mantenimiento, cuando recién el 14 de septiembre fue inaugurada a propósito de la efeméride de Cochabamba. “No puede ser que nos digan que a tres meses ya esté en mantenimiento”, sostuvo.
Otra de sus observaciones es que fue diseñada para la producción de urea y amoniaco, lo que no está sucediendo porque a la fecha no se está generando amoniaco.
Monday, October 2, 2017
Wednesday, September 20, 2017
Senador Ortiz denuncia probable irregularidad en contrato de Letes
El senador de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz, presentó ante la Contraloría General del Estado (CGE) una denuncia por una posible irregularidad en el procedimiento seguido por el Banco Central de Bolivia (BCB) al momento de comprar Letras del Tesoro (Letes) de El Salvador.
Este mecanismo aplicado por el BCB habría contravenido el ordenamiento jurídico administrativo establecido para la inversión de las Reservas Internacionales Netas (RIN) de Bolivia, según el senador cruceño.
"En mi condición de senador y secretario del Comité de vivienda, régimen laboral, seguridad industrial y seguridad social, en el marco de lo establecido por la Constitución, solicito a su autoridad que por su intermedio, remita mi denuncia documentada a la Contraloría General del Estado, sobre la inversión del Banco Central de Bolivia en Letes emitidos por el Ministerio de Hacienda de la República de El Salvador, por un importe de hasta $us 200 millones en tres operaciones", señala el documento presentado por Ortiz al presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto González.
La denuncia la formaliza en contra de Marcelo Zabalaga, ex presidente del BCB, Luis Fernando Baudoin, Sergio Velarde, Abraham Pérez, Álvaro Rodríguez y Ronaldo Polo, todos miembros del directorio del BCB.
En la lista de denunciados, figuran además, el gerente general Carlos Colodro; David Espinoza, gerente de operaciones internacionales; Gabriela Ergueta, subgerente de reservas; Alejandra Medrano, gerente de asuntos legales; Gabriela Velarde, subgerente de análisis y normas, así como otros presuntos responsables.
"Solicitamos que la Contraloría determine si el procedimiento seguido contravino el ordenamiento jurídico administrativo", dice la nota de Ortiz.
Saturday, September 16, 2017
Monasterios exige renuncia de juez vinculado al MAS
El senador de Unidad Demócrata, Tomas Monasterios, exigió la renuncia del juez Juan José Zuvieta, porque presuntamente el jurista tiene vínculos con el partido oficialista y la diputada Adriana Arias ya que en el juzgado del aludido se encuentra el proceso contra Máxima Arias sindicada por narcotráfico y hermana de la legisladora.
“La causa de Máxima Arias, hermana de la diputada del MAS Adriana Arias Calderón radica en el juzgado de instrucción cautelar de Juan José Zubieta y en una fotografía se evidencia que está haciendo campaña para la elección de Evo Morales junto a la diputada del oficialismo (…) si le queda un poco de sangre en la cara a las autoridades de justicia deben ordenar la destitución del señor juez”, demandó.
Máxima Arias Calderón fue detenida por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en un domicilio del barrio Samaria de la ciudad de Santa Cruz, en posesión de 10 “ladrillos” de cocaína (10.480 gramos), Zubieta determinó la detención preventiva de la sindicada en la cárcel de Palmasola.
Monasterios cuestionó que el juez tenga vínculos con la diputada del oficialismo y presume que no actuará enmarcado en la imparcialidad y objetividad, “Esta es la muestra de la justicia podrida y asquerosa sometida al poder político que lo único que hace es encubrir los hechos de corrupción y narcotráfico”, sostuvo.
Fermín Arias, también hermano de la diputada fue enviado a Palmasola el año pasado, después de ser detenido en posesión de al menos 20 kilos de cocaína distribuidos en 19 paquetes tipo ladrillo.
MOLESTIA
Al respecto, la diputada oficialista, Adriana Arias, bastante molesta ante las preguntas de los periodistas, afirmó que no conoce las actividades que realizan sus hermanos y que las contravenciones en los que incurrieron son personales y no tiene por qué afectar a la imagen del movimiento al socialismo.
“La justicia se encargará de investigar y donde viene estas denuncias, si han encontrado droga tiene el nombre a quien corresponde, tiene nombre y apellido y no tiene por qué vincularme”, señaló.
DESPREOCUPACIÓN
Por otra parte el presidente de la Cámara Alta, José Alberto Gonzales aseguró que no le preocupa que los familiares de la diputada Adriana Arias, estén vinculados a hechos de narcotráfico, se preocupara cuando asambleístas estén involucrados en estos ilícitos.
“No conozco ninguna denuncia por tráfico de sustancias controladas o por otros delitos en contra de ninguno de los legisladores, cualquier otro tema que suceda por fuera de ese ámbito a nosotros no tiene por qué preocuparnos, son temas personales y familiares y se tiene que resolver en otro ámbito”, expresó.
“La causa de Máxima Arias, hermana de la diputada del MAS Adriana Arias Calderón radica en el juzgado de instrucción cautelar de Juan José Zubieta y en una fotografía se evidencia que está haciendo campaña para la elección de Evo Morales junto a la diputada del oficialismo (…) si le queda un poco de sangre en la cara a las autoridades de justicia deben ordenar la destitución del señor juez”, demandó.
Máxima Arias Calderón fue detenida por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en un domicilio del barrio Samaria de la ciudad de Santa Cruz, en posesión de 10 “ladrillos” de cocaína (10.480 gramos), Zubieta determinó la detención preventiva de la sindicada en la cárcel de Palmasola.
Monasterios cuestionó que el juez tenga vínculos con la diputada del oficialismo y presume que no actuará enmarcado en la imparcialidad y objetividad, “Esta es la muestra de la justicia podrida y asquerosa sometida al poder político que lo único que hace es encubrir los hechos de corrupción y narcotráfico”, sostuvo.
Fermín Arias, también hermano de la diputada fue enviado a Palmasola el año pasado, después de ser detenido en posesión de al menos 20 kilos de cocaína distribuidos en 19 paquetes tipo ladrillo.
MOLESTIA
Al respecto, la diputada oficialista, Adriana Arias, bastante molesta ante las preguntas de los periodistas, afirmó que no conoce las actividades que realizan sus hermanos y que las contravenciones en los que incurrieron son personales y no tiene por qué afectar a la imagen del movimiento al socialismo.
“La justicia se encargará de investigar y donde viene estas denuncias, si han encontrado droga tiene el nombre a quien corresponde, tiene nombre y apellido y no tiene por qué vincularme”, señaló.
DESPREOCUPACIÓN
Por otra parte el presidente de la Cámara Alta, José Alberto Gonzales aseguró que no le preocupa que los familiares de la diputada Adriana Arias, estén vinculados a hechos de narcotráfico, se preocupara cuando asambleístas estén involucrados en estos ilícitos.
“No conozco ninguna denuncia por tráfico de sustancias controladas o por otros delitos en contra de ninguno de los legisladores, cualquier otro tema que suceda por fuera de ese ámbito a nosotros no tiene por qué preocuparnos, son temas personales y familiares y se tiene que resolver en otro ámbito”, expresó.
Thursday, September 7, 2017
Murillo cuestiona funciones de esposo de Gabriela Montaño
El senador Arturo Murillo denunció que Fabián Restivo, esposo de la presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, no cumple con los requisitos constitucionales para ejercer funciones en la administración pública y que es “protegido” por el Ministro de Desarrollo Productivo.
Murillo mostró la petición de informe escrito que planteó al Ministerio de Desarrollo Productivo y que fue respondida por el Servicio de Desarrollo de las Empresas Productivas, donde señala que Restivo trabaja en esas dependencias como “personal eventual”, desde el 1 de julio de 2014 como especialista en comunicaciones y relaciones públicas.
“El personal eventual y consultores de línea no están dentro de las clases de servidores públicos previstos en la Constitución Política del Estado de acuerdo a lo definido por el Tribunal Constitucional”, señala el informe del Sedem.
Pese a que el legislador opositor solicitó la documentación de Restivo, el Servicio de Desarrollo de las Empresas Productivas (Sedem) no proporcionó ninguna documentación ni del currículo vitae y tampoco otras que ofreció en el mencionado informe.
La Presidenta de Diputados se encontraba en una reunión este jueves en horas de la mañana, según el área de comunicación de la Cámara Baja, por lo que no dio una versión sobre estas acusaciones.
Murillo cuestiona que el ministro interprete que “el personal eventual y consultores en línea no están dentro de las clases de servidores públicos previstos en la Constitución Política del Estado”, según el informe que entregó el Sedem.
Argumentan que esta línea jurisprudencial está definido por el Tribunal Constitucional pero también por la Contraloría General del Estado, pero no se presentó documentación sobre estas disposiciones.
“El señor Rojas hace una interpretación de la Constitución como si fuera Tribunal Constitucional, el señor Restivo por ser esposo de la señora (Gabriela) Montaño no aplica el artículo 234”, sostiene el senador de oposición.
El artículo 234 señala que para acceder al desempeño de funciones públicas se requiere: contar con la nacionalidad boliviana, ser mayor de edad, haber cumplido con los deberes militares, no tener cargo ejecutoriado ni sentencia condenatoria en materia penal, pendientes de cumplimiento, entre otros.
“Estamos encubriendo al señor Restivo o ¿realmente en Bolivia tenemos ciudadanos de primera y segunda? Rompe todo el estado de derecho, porque para los bolivianos tenemos que cumplir con todo, pero para un argentino que nos saca el dedo, porque es esposo de la diputada Montaño simplemente no tiene que cumplir la Constitución, porque así lo interpreta el ministro Rojas”, sostuvo.
Murillo también manifestó que Fabián Restivo no tiene la nacionalidad boliviana sino que cuenta con una “residencia permanente”. Solicitó información y documentación a la Presidenta de Diputados. (ANF)
Murillo mostró la petición de informe escrito que planteó al Ministerio de Desarrollo Productivo y que fue respondida por el Servicio de Desarrollo de las Empresas Productivas, donde señala que Restivo trabaja en esas dependencias como “personal eventual”, desde el 1 de julio de 2014 como especialista en comunicaciones y relaciones públicas.
“El personal eventual y consultores de línea no están dentro de las clases de servidores públicos previstos en la Constitución Política del Estado de acuerdo a lo definido por el Tribunal Constitucional”, señala el informe del Sedem.
Pese a que el legislador opositor solicitó la documentación de Restivo, el Servicio de Desarrollo de las Empresas Productivas (Sedem) no proporcionó ninguna documentación ni del currículo vitae y tampoco otras que ofreció en el mencionado informe.
La Presidenta de Diputados se encontraba en una reunión este jueves en horas de la mañana, según el área de comunicación de la Cámara Baja, por lo que no dio una versión sobre estas acusaciones.
Murillo cuestiona que el ministro interprete que “el personal eventual y consultores en línea no están dentro de las clases de servidores públicos previstos en la Constitución Política del Estado”, según el informe que entregó el Sedem.
Argumentan que esta línea jurisprudencial está definido por el Tribunal Constitucional pero también por la Contraloría General del Estado, pero no se presentó documentación sobre estas disposiciones.
“El señor Rojas hace una interpretación de la Constitución como si fuera Tribunal Constitucional, el señor Restivo por ser esposo de la señora (Gabriela) Montaño no aplica el artículo 234”, sostiene el senador de oposición.
El artículo 234 señala que para acceder al desempeño de funciones públicas se requiere: contar con la nacionalidad boliviana, ser mayor de edad, haber cumplido con los deberes militares, no tener cargo ejecutoriado ni sentencia condenatoria en materia penal, pendientes de cumplimiento, entre otros.
“Estamos encubriendo al señor Restivo o ¿realmente en Bolivia tenemos ciudadanos de primera y segunda? Rompe todo el estado de derecho, porque para los bolivianos tenemos que cumplir con todo, pero para un argentino que nos saca el dedo, porque es esposo de la diputada Montaño simplemente no tiene que cumplir la Constitución, porque así lo interpreta el ministro Rojas”, sostuvo.
Murillo también manifestó que Fabián Restivo no tiene la nacionalidad boliviana sino que cuenta con una “residencia permanente”. Solicitó información y documentación a la Presidenta de Diputados. (ANF)
Monday, August 28, 2017
Senador denunció agresión a dirigentes del Tipnis
El senador de Unidad Demócrata (UD), Yerko Nuñez, denunció ayer que militares de la Fuerza Naval golpearon a los dirigentes del Tipnis. Marquesa Teco e Hilario Noto están liderando un bloqueo en el río Isiboro a la altura del centro de gestión, donde se desarrolla la reunión de los corregidores que están en desacuerdo con la ley que anula la intangibilidad de la reserva natural.
“Desde ayer (sábado) la Fuerza Naval quiso pasar por el lugar, pero ellos no lo han permitido y el día de hoy (domingo) han regresado y quisieron pasar a la fuerza y ellos lo impidieron por lo que fueron golpeados por los militares”, explicó el legislador.
La población determinó bloquear el ingreso al río para evitar que gente extraña sea partícipe de la asamblea que se realizó los días viernes, sábado y domingo, y por temor a que se generen enfrentamientos con los dirigentes afines al Gobierno.
El Diario intentó comunicarse con las presuntas víctimas pero vanos fueron los intentos. Asimismo, nos tratamos de comunicar con dirigentes tanto los que son afín al oficialismo y a los que están en contra de la carretera, además de la Fuerza Naval, pero vanos fueron los intentos.
REUNIÓN
Los dirigentes que están en contra de la norma y la construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos, convocaron a una reunión de corregidores para determinar qué acciones tomarán en defensa de su territorio.
A la par, en la localidad de San Pablo, también se desarrolló una reunión liderada por Domingo Nogales y Pedro Vare, dirigentes afines al Gobierno, quienes respaldan la ejecución del tramo carretero.
DIFÍCIL INGRESO
Alrededor de 30 indígenas se constituyeron hasta el río Isiboro a la altura del Centro de Gestión, donde se llevó acabo el encuentro para bloquear el paso, sin embargo un contingente militar de aproximadamente 20 uniformados trataron de pasar por el mismo para trasladarse a la localidad de San Pablo, donde el presidente Evo Morales entregó un colegio el pasado sábado.
A este encuentro de corregidores, también se hizo presente la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Amparo Carvajal y el exdefensor del pueblo, Rolando Villena.
Carvajal, en un comunicado con radio Deseo, indicó que el ingreso al Tipnis se les complicó debido a que la caravana de indígenas que asistían al acto del Gobierno les impedía el paso en todo el trayecto desde la ciudad de Trinidad hasta llegar al río Isiboro.
“Desde Trinidad nos ha costado llegar con el paso de la caravana de don Evo Morales que nos rompía el camino porque ellos iban a su reunión en la comunidad de San Pablo”, sostuvo la activista.
El exdefensor del Pueblo, Rolando Villena, denunció ayer que un grupo afín al Gobierno hostigó a la reunión de los defensores del Territorio Indígenas y Parque Nacional Isiboro Sécure. Afirmó que el incidente ocurrió, aproximadamente, a las 9.10 de ayer.
“Hoy en la mañana (ayer) se apareció un grupo afín al Gobierno en un acto beligerante de violencia. Hubo un enfrentamiento con un grupo que decidió ir al encuentro de ellos para disuadir, pero vinieron con una acción beligerante para buscar el conflicto y el enfrentamiento”, dijo.
El exdefensor informó que ayer el comandante departamental de la naval fue a la zona, conversó con los dirigentes y se comprometió –luego de que hubo amagues de enfrentamiento– a que no iba a haber violencia, pero –dijo– los hechos de hoy demuestran que no se dan aquellas garantías comprometidas.
“Parece que ellos están informados de cuánta gente hay acá y parece que están decididos a buscar un enfrentamiento. Es innecesario porque es una pelea entre los mismos hermanos y que se prestan a fortalecer la división entre los pueblos indígenas”, agregó Villena.
Por ultimo, Núñez indicó que el encuentro de corregidores se desarrolló con normalidad y en las próximas horas se conocerán las determinaciones que adoptó de la dirigencia para la defensa de su territorio.
Recordemos que el sábado pasado, el presidente Evo Morales se trasladó a la comunidad de San Pablo en el Tipnis donde entregó una unidad educativa y una radio base. En la oportunidad, criticó a los exmandatarios porque no saben lo que es vivir en las comunidades donde no hay baño ni aire acondicionado.
“Desde ayer (sábado) la Fuerza Naval quiso pasar por el lugar, pero ellos no lo han permitido y el día de hoy (domingo) han regresado y quisieron pasar a la fuerza y ellos lo impidieron por lo que fueron golpeados por los militares”, explicó el legislador.
La población determinó bloquear el ingreso al río para evitar que gente extraña sea partícipe de la asamblea que se realizó los días viernes, sábado y domingo, y por temor a que se generen enfrentamientos con los dirigentes afines al Gobierno.
El Diario intentó comunicarse con las presuntas víctimas pero vanos fueron los intentos. Asimismo, nos tratamos de comunicar con dirigentes tanto los que son afín al oficialismo y a los que están en contra de la carretera, además de la Fuerza Naval, pero vanos fueron los intentos.
REUNIÓN
Los dirigentes que están en contra de la norma y la construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos, convocaron a una reunión de corregidores para determinar qué acciones tomarán en defensa de su territorio.
A la par, en la localidad de San Pablo, también se desarrolló una reunión liderada por Domingo Nogales y Pedro Vare, dirigentes afines al Gobierno, quienes respaldan la ejecución del tramo carretero.
DIFÍCIL INGRESO
Alrededor de 30 indígenas se constituyeron hasta el río Isiboro a la altura del Centro de Gestión, donde se llevó acabo el encuentro para bloquear el paso, sin embargo un contingente militar de aproximadamente 20 uniformados trataron de pasar por el mismo para trasladarse a la localidad de San Pablo, donde el presidente Evo Morales entregó un colegio el pasado sábado.
A este encuentro de corregidores, también se hizo presente la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Amparo Carvajal y el exdefensor del pueblo, Rolando Villena.
Carvajal, en un comunicado con radio Deseo, indicó que el ingreso al Tipnis se les complicó debido a que la caravana de indígenas que asistían al acto del Gobierno les impedía el paso en todo el trayecto desde la ciudad de Trinidad hasta llegar al río Isiboro.
“Desde Trinidad nos ha costado llegar con el paso de la caravana de don Evo Morales que nos rompía el camino porque ellos iban a su reunión en la comunidad de San Pablo”, sostuvo la activista.
El exdefensor del Pueblo, Rolando Villena, denunció ayer que un grupo afín al Gobierno hostigó a la reunión de los defensores del Territorio Indígenas y Parque Nacional Isiboro Sécure. Afirmó que el incidente ocurrió, aproximadamente, a las 9.10 de ayer.
“Hoy en la mañana (ayer) se apareció un grupo afín al Gobierno en un acto beligerante de violencia. Hubo un enfrentamiento con un grupo que decidió ir al encuentro de ellos para disuadir, pero vinieron con una acción beligerante para buscar el conflicto y el enfrentamiento”, dijo.
El exdefensor informó que ayer el comandante departamental de la naval fue a la zona, conversó con los dirigentes y se comprometió –luego de que hubo amagues de enfrentamiento– a que no iba a haber violencia, pero –dijo– los hechos de hoy demuestran que no se dan aquellas garantías comprometidas.
“Parece que ellos están informados de cuánta gente hay acá y parece que están decididos a buscar un enfrentamiento. Es innecesario porque es una pelea entre los mismos hermanos y que se prestan a fortalecer la división entre los pueblos indígenas”, agregó Villena.
Por ultimo, Núñez indicó que el encuentro de corregidores se desarrolló con normalidad y en las próximas horas se conocerán las determinaciones que adoptó de la dirigencia para la defensa de su territorio.
Recordemos que el sábado pasado, el presidente Evo Morales se trasladó a la comunidad de San Pablo en el Tipnis donde entregó una unidad educativa y una radio base. En la oportunidad, criticó a los exmandatarios porque no saben lo que es vivir en las comunidades donde no hay baño ni aire acondicionado.
Friday, August 18, 2017
Senador Ortiz presentó recurso para que YPFB certifique reservas
El senador Oscar Ortiz (UD) acudió este jueves ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con una “acción de cumplimiento” para exigir al presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Oscar Barriga, que presente la certificación de las reservas de hidrocarburos en el país.
“Acudimos con una acción de cumplimiento, este es un mecanismos que nos da la Constitución Política del Estado, para demandar a una autoridad cuando no está cumpliendo con la Constitución o la ley. En este caso estoy demandando al Presidente de YPFB, que de cumplimento a lo establecido en la Ley 3740 que manda que hasta el 31 de marzo de 2017 se debía presentar la certificación de reservas de hidrocarburos de 2016”, informó Ortiz.
MINISTRO SÁNCHEZ
Al respecto, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, manifestó que en reuniones que sostuvo con personeros del Gobierno brasileño nunca fue condición la certificación de reservas para acordar un nuevo contrato. “Tuve decenas de reuniones con ministros de Brasil, nunca fue una condición certificar el gas (…)”, sostuvo en una entrevista publicada por Urgente.bo el 14 de agosto pasado.
¿Nunca le pidieron? Le preguntó la publicación a lo que repuso. “Nunca me pidieron. Ellos creen en Bolivia a diferencia de muchos otros que no le tienen aprecio a su país. Con Brasil nunca tuve problemas, lo que hacemos es una proyección de cuánto van a ser las inversiones, cuántos recursos y cuánto la producción. Ellos hacen la proyección en la demanda, porque en los contratos hay multas, son contratos serios. Entonces hay seriedad de ambas partes. Seriamos locos de firmar un contrato si no tuviésemos la capacidad de cumplir.
CERTIFICACIÓN
La última certificación fue en 2013. Entonces la consultora canadiense, GLJ Petroleum Consultants, estableció que al 31 de diciembre de 2013 Bolivia contaba con 10.45 Trillones de Pies Cúbicos (TCFs) de gas natural de reservas probadas, de las cuales un 84 por ciento se encontraría en el departamento de Tarija.
MANDATO DE LEY
El artículo 7 de la Ley de desarrollo sostenible del sector de hidrocarburos del 31 de agosto de 2007, establece que “YPFB mediante licitación internacional, deberá contratar empresas especializadas en la certificación de reservas hidrocarburíferas, para certificar el nivel efectivo de dichas reservas en el país”.
“Acudimos con una acción de cumplimiento, este es un mecanismos que nos da la Constitución Política del Estado, para demandar a una autoridad cuando no está cumpliendo con la Constitución o la ley. En este caso estoy demandando al Presidente de YPFB, que de cumplimento a lo establecido en la Ley 3740 que manda que hasta el 31 de marzo de 2017 se debía presentar la certificación de reservas de hidrocarburos de 2016”, informó Ortiz.
MINISTRO SÁNCHEZ
Al respecto, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, manifestó que en reuniones que sostuvo con personeros del Gobierno brasileño nunca fue condición la certificación de reservas para acordar un nuevo contrato. “Tuve decenas de reuniones con ministros de Brasil, nunca fue una condición certificar el gas (…)”, sostuvo en una entrevista publicada por Urgente.bo el 14 de agosto pasado.
¿Nunca le pidieron? Le preguntó la publicación a lo que repuso. “Nunca me pidieron. Ellos creen en Bolivia a diferencia de muchos otros que no le tienen aprecio a su país. Con Brasil nunca tuve problemas, lo que hacemos es una proyección de cuánto van a ser las inversiones, cuántos recursos y cuánto la producción. Ellos hacen la proyección en la demanda, porque en los contratos hay multas, son contratos serios. Entonces hay seriedad de ambas partes. Seriamos locos de firmar un contrato si no tuviésemos la capacidad de cumplir.
CERTIFICACIÓN
La última certificación fue en 2013. Entonces la consultora canadiense, GLJ Petroleum Consultants, estableció que al 31 de diciembre de 2013 Bolivia contaba con 10.45 Trillones de Pies Cúbicos (TCFs) de gas natural de reservas probadas, de las cuales un 84 por ciento se encontraría en el departamento de Tarija.
MANDATO DE LEY
El artículo 7 de la Ley de desarrollo sostenible del sector de hidrocarburos del 31 de agosto de 2007, establece que “YPFB mediante licitación internacional, deberá contratar empresas especializadas en la certificación de reservas hidrocarburíferas, para certificar el nivel efectivo de dichas reservas en el país”.
Thursday, August 17, 2017
Ortiz acusa a Directorio de BCB en caso de bonos
El ex presidente del Banco Central de Bolivia (BCB) Marcelo Zabalaga y su Directorio incumplieron el Reglamento para la Administración de las Reservas Internacionales al haber autorizado en 2016 la compra de Letras del Tesoro de El Salvador por $us 191,2 millones cuando su calificación era de B con tendencia negativa y no A, la requerida para concretar la operación, denunció el senador Óscar Ortiz.
Basado en las respuestas a las Peticiones de Informe Escritos remitidos por el BCB y el Ministerio de Economía y Finanzas, el legislador dijo que comprobó las denuncias sobre la operación "política". "No sé si es el mejor camino la Contraloría o la Fiscalía, pero vamos a buscar el mejor camino para que se procesen estas responsabilidades", acotó.
Wednesday, July 12, 2017
Legislador denuncia pérdidas millonarias en “Museo de Evo”
El senador de Unidad Demócrata (UD) por el Beni, Yerko Núñez, publicó en sus redes sociales el resultado de una petición de informe escrito solicitado al Ministerio de Culturas, respecto al gasto mensual que significa el funcionamiento y mantenimiento del Museo de la Revolución Democrática y Cultural, conocido como el museo de Evo Morales, en su natal pueblo de Orinoca, del departamento de Oruro. De acuerdo con la denuncia, la pérdida es de más de Bs 250.000.
“Según datos proporcionados por el Ministerio de Culturas, el presupuesto mensual para el funcionamiento del Museo de Orinoca es de Bs 91.189,00. En tanto, la recaudación mensual por ingreso al museo es reducido, de acuerdo con el siguiente informe:
Febrero: Bs 7.075,00 - Bs 91.189 = - Bs 84.114,00 de saldo negativo.
Marzo: Bs 3.255,00 - Bs 91.189 = - Bs 87.934,00 de pérdida.
Abril: Bs 10.660,00 - Bs 91.189, = - Bs 80.529,00 de saldo negativo.
El saldo negativo del Museo de Orinoca en tres meses es de Bs 252.577, que pudieron haber sido invertidos en el sector Salud”, dice Núñez en su cuenta.
El senador, en contacto con EL DIARIO, indicó que el Museo de Orinoca es uno de los gastos absurdos del actual Gobierno, que no piensa en las necesidades y prioridades de todos los bolivianos, como el de salud. En La Paz todos los hospitales públicos están en la miseria, cuyos detalles se están informando en estas páginas.
Lamentó Núñez que se haya invertido más de siete millones de dólares en la construcción de esta infraestructura cuando el país tiene otras prioridades.
“No podemos entender que se recurra a taladros de carpintería para atender en los hospitales a gente que no tiene dinero para ir a un hospital privado. Además, en los hospitales públicos no hay médicos, equipamiento y carecen de buenas infraestructuras, pero hay dinero para construir palacios, comodidades y para satisfacer el ego del señor Presidente. No hay dinero para promocionar la cultura, seguridad ciudadana, salud”, lamentó.
VISITAS OBLIGATORIAS
El 31 de mayo, EL DIARIO publicó una nota respecto a que se difundió en las redes sociales la denuncia sobre una presunta instructiva emanada de la Dirección Distrital de Educación de Oruro, para que los estudiantes de colegios en ese departamento sean obligados a visitar el llamado Museo de la Revolución, más conocido como “Museo de Evo”.
UD anunció que pedirá un informe para comprobar lo que sería un exceso de adoctrinamiento. El ciudadano Herbet Baradi manifestó su indignación, pues en la escuela Ferroviaria se obligó a los estudiantes a asistir al polémico museo, donde la mayor parte de objetos en exposición corresponden a regalos, propiedades, vestimenta y referencias al mandatario del Estado Plurinacional.
“Qué de bueno aprenderán viendo las poleras de él, los regalos, pura idolatría, por favor no hay nada de la historia de Bolivia. Ahora quieren que nosotros mantengamos el museo de Evo”, escribió el denunciante.
“Según datos proporcionados por el Ministerio de Culturas, el presupuesto mensual para el funcionamiento del Museo de Orinoca es de Bs 91.189,00. En tanto, la recaudación mensual por ingreso al museo es reducido, de acuerdo con el siguiente informe:
Febrero: Bs 7.075,00 - Bs 91.189 = - Bs 84.114,00 de saldo negativo.
Marzo: Bs 3.255,00 - Bs 91.189 = - Bs 87.934,00 de pérdida.
Abril: Bs 10.660,00 - Bs 91.189, = - Bs 80.529,00 de saldo negativo.
El saldo negativo del Museo de Orinoca en tres meses es de Bs 252.577, que pudieron haber sido invertidos en el sector Salud”, dice Núñez en su cuenta.
El senador, en contacto con EL DIARIO, indicó que el Museo de Orinoca es uno de los gastos absurdos del actual Gobierno, que no piensa en las necesidades y prioridades de todos los bolivianos, como el de salud. En La Paz todos los hospitales públicos están en la miseria, cuyos detalles se están informando en estas páginas.
Lamentó Núñez que se haya invertido más de siete millones de dólares en la construcción de esta infraestructura cuando el país tiene otras prioridades.
“No podemos entender que se recurra a taladros de carpintería para atender en los hospitales a gente que no tiene dinero para ir a un hospital privado. Además, en los hospitales públicos no hay médicos, equipamiento y carecen de buenas infraestructuras, pero hay dinero para construir palacios, comodidades y para satisfacer el ego del señor Presidente. No hay dinero para promocionar la cultura, seguridad ciudadana, salud”, lamentó.
VISITAS OBLIGATORIAS
El 31 de mayo, EL DIARIO publicó una nota respecto a que se difundió en las redes sociales la denuncia sobre una presunta instructiva emanada de la Dirección Distrital de Educación de Oruro, para que los estudiantes de colegios en ese departamento sean obligados a visitar el llamado Museo de la Revolución, más conocido como “Museo de Evo”.
UD anunció que pedirá un informe para comprobar lo que sería un exceso de adoctrinamiento. El ciudadano Herbet Baradi manifestó su indignación, pues en la escuela Ferroviaria se obligó a los estudiantes a asistir al polémico museo, donde la mayor parte de objetos en exposición corresponden a regalos, propiedades, vestimenta y referencias al mandatario del Estado Plurinacional.
“Qué de bueno aprenderán viendo las poleras de él, los regalos, pura idolatría, por favor no hay nada de la historia de Bolivia. Ahora quieren que nosotros mantengamos el museo de Evo”, escribió el denunciante.
Senador fundamentará su recurso contra Ley de Coca
El senador de la alianza Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz, anunció ayer que presentará toda la documentación que respalde el recurso de inconstitucionalidad que presentó ante el Tribunal Constitucional Plurinacional contra la Ley General de la Coca que autoriza la ampliación de cultivos de coca tradicional en el Chapare.
“Estamos prestos para fundamentar todos los argumentos que ya mostramos y si el Tribunal Constitucional requiere algún complemento, para tener mayores elementos de juicio y asegurar que Bolivia sólo tenga coca para consumir humano (tradicional), se lo hará”, aseguró el líder opositor.
En el recurso que presentó Ortiz al Tribunal Constitucional pide que declare la inconstitucionalidad de los artículos 15, 16 y 17 de la Ley General de la Coca.
Esta norma establece que hay 14.300 hectáreas de cultivos de coca en La Paz y autoriza 7.700 hectáreas en el Chapare (Cochabamba).
El último estudio sobre el consumo de coca se hizo en 2012 y estuvo a cargo de la Unión Europea, se estableció que en Bolivia se requería la producción de 14.705 hectáreas para abastecer la demanda interna para el consumo tradicional o el acullicu.
CULTIVOS ILEGALES
En este caso, la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) afirma que los cultivos de coca del Trópico no son ni originarios ni ancestrales, como señala la Constitución Política del Estado, por lo que deben ser declarados como ilegales.
Ortiz coincide con las afirmaciones de los productores de la hoja milenaria de Los Yungas, por lo que establece que la Carta Magna sólo reconoce los cultivos legales de coca, que están enmarcados en las zonas tradicionales. Sostuvo que más del 90 por ciento de la producción del Chapare es desviada hacia el narcotráfico, porque además no es apropiada para la masticación.
El artículo 384 de la CPE dice: “El Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia y como factor de cohesión social; en su estado natural no es estupefaciente. La revalorización, producción, comercialización e industrialización se regirá mediante ley”.
OTRO RECURSO
Por otra parte, el diputado de (UD) Wilson Santamaría presentó también un recurso legal contra el artículo 16, de La Ley General de La Hoja de Coca, pedido que aún está en la Comisión de Admisión del TCP, donde se analizará si es o no aceptada, precisó Osvaldo Valencia, presidente de esa instancia judicial, quien opinó que ambas acciones plantean “prácticamente lo mismo”.
PROYECTOS MILLONARIOS
En tanto, el presidente Evo Morales, en acto realizado ayer en la localidad de Irupana (Sud Yungas), ofreció millonarios proyectos de infraestructura en salud, deportiva y educativa. Además, convocó a la unidad de la “familia cocalera”.
En su discurso resaltó que junto a la organización sindical del Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz (Cofecay) priorizaron algunos proyectos en esa región, como la construcción de un hospital de segundo nivel, con la inversión de Bs 100 millones.
“Mi pedido es, díganme dónde quieren”, les dijo al solicitar que el único requisito es que le ofrezcan un terreno para construir el centro de salud.
“Estamos prestos para fundamentar todos los argumentos que ya mostramos y si el Tribunal Constitucional requiere algún complemento, para tener mayores elementos de juicio y asegurar que Bolivia sólo tenga coca para consumir humano (tradicional), se lo hará”, aseguró el líder opositor.
En el recurso que presentó Ortiz al Tribunal Constitucional pide que declare la inconstitucionalidad de los artículos 15, 16 y 17 de la Ley General de la Coca.
Esta norma establece que hay 14.300 hectáreas de cultivos de coca en La Paz y autoriza 7.700 hectáreas en el Chapare (Cochabamba).
El último estudio sobre el consumo de coca se hizo en 2012 y estuvo a cargo de la Unión Europea, se estableció que en Bolivia se requería la producción de 14.705 hectáreas para abastecer la demanda interna para el consumo tradicional o el acullicu.
CULTIVOS ILEGALES
En este caso, la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) afirma que los cultivos de coca del Trópico no son ni originarios ni ancestrales, como señala la Constitución Política del Estado, por lo que deben ser declarados como ilegales.
Ortiz coincide con las afirmaciones de los productores de la hoja milenaria de Los Yungas, por lo que establece que la Carta Magna sólo reconoce los cultivos legales de coca, que están enmarcados en las zonas tradicionales. Sostuvo que más del 90 por ciento de la producción del Chapare es desviada hacia el narcotráfico, porque además no es apropiada para la masticación.
El artículo 384 de la CPE dice: “El Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia y como factor de cohesión social; en su estado natural no es estupefaciente. La revalorización, producción, comercialización e industrialización se regirá mediante ley”.
OTRO RECURSO
Por otra parte, el diputado de (UD) Wilson Santamaría presentó también un recurso legal contra el artículo 16, de La Ley General de La Hoja de Coca, pedido que aún está en la Comisión de Admisión del TCP, donde se analizará si es o no aceptada, precisó Osvaldo Valencia, presidente de esa instancia judicial, quien opinó que ambas acciones plantean “prácticamente lo mismo”.
PROYECTOS MILLONARIOS
En tanto, el presidente Evo Morales, en acto realizado ayer en la localidad de Irupana (Sud Yungas), ofreció millonarios proyectos de infraestructura en salud, deportiva y educativa. Además, convocó a la unidad de la “familia cocalera”.
En su discurso resaltó que junto a la organización sindical del Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz (Cofecay) priorizaron algunos proyectos en esa región, como la construcción de un hospital de segundo nivel, con la inversión de Bs 100 millones.
“Mi pedido es, díganme dónde quieren”, les dijo al solicitar que el único requisito es que le ofrezcan un terreno para construir el centro de salud.
Tuesday, June 27, 2017
Denuncia de Unidad Demócrata Exdiputado del MAS implicado en explotación ilegal de madera
El senador de Unidad Demócrata (UD) Yerko Núñez denunció que la empresa del exdiputado del Movimiento al Socialismo (MAS) Miguel Ruiz está explotando ilegalmente madera en la comunidad Santa Rosita, del municipio de Ixiamas, por lo que ha solicitado una Petición de Informe Escrito (PIE) a la Autoridad de Bosque y Tierras (ABT).
“El empresario y exdiputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Miguel Ruiz, está implicado en la explotación ilegal de madera de la localidad Santa Rosita, del municipio de Ixiamas, en el norte de La Paz, estamos solicitando una Petición de Informe Escrito, tomando en cuenta que está prohibida la explotación de madera”, explicó el senador.
En ese marco, el director de Recursos Naturales de la Gobernación de La Paz, Octavio Lobo, indicó que el pasado 4 de junio llegaron hasta la región para verificar esta denuncia, que en un principio fue realizada por los comunarios de Santa Rosita.
El 11 de enero de 2008, Andrés Torrez Estívares, quien estaba a cargo de la ABT del Beni, otorgó a la empresa de Miguel Ruiz el permiso de desmonte, pese a ser declarada reserva forestal mediante decreto supremo.
EXPLOTACIÓN ILEGAL
Núñez manifestó que la empresa de Ruiz desmontó alrededor de mil troncas de madera mara, cedro y maramacho, hasta llegar la localidad de Riberalta, para comercializarla en el exterior y en el mercado interno. El traslado fue por vía pluvial a través de los ríos Manurimi y Madre de Dios, para llegar finalmente a su destino.
Al respecto, Lobo indicó que el empresario cuestionado no cuenta con los permisos respectivos para la explotación de estas especies madereras, por lo que realiza un acto ilegal. Cuestionó que los responsables de la ABT de Beni hayan otorgado el permiso de explotación en una reserva forestal.
Según el Decreto Supremo Nº 23022, del 23 de diciembre de 1991, en su artículo 5, declara Reserva Forestal de Inmovilización la superficie geográfica de la provincia Iturralde del departamento de La Paz. Además que queda prohibida todo permiso o concesión de tierras con fines agropecuarios o de colonización.
“Estamos proponiendo impulsar un proyecto de Ley a la cabeza del Gobierno Departamental de La Paz, para prohibir la tala indiscriminada de árboles, puesto que el actual Decreto Supremo 23022 data de hace 26 años”, destacó el técnico de la Gobernación.
INVESTIGACIÓN
Sobre la explotación ilegal de madera en esa región, el senador Núñez solicitó también una PIE al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, además a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), para que expliquen si esta empresa cuenta con los permisos respectivos para explotar madera en una reserva forestal.
El director departamental de la ABT La Paz, David Gueber, indicó que este conflicto se conoció desde el pasado 4 de junio. Una comisión interinstitucional decidió ingresar al lugar para certificar esta denuncia, sin embargo no se concretó, debido a que no se contaban con las garantías correspondientes porque los comunarios anunciaron asumir medidas de protesta.
“Se prevé que el 28 de este mes esta comisión se traslade a esa región, para continuar con las investigaciones y se actuará conforme a la Ley 700, que es una norma vigente. Se pedirá el apoyo de los efectivos militares para evitar cualquier enfrentamiento”, precisó.
MOVILIZADOS
- Según Núñez, los comunarios del municipio de Ixiamas comenzaron una marcha rumbo a La Paz para que los gobiernos nacional y departamental atiendan y solucionen el conflicto. Se prevé que en las próximas horas lleguen a la sede de Gobierno.
- Como protesta por la tala ilegal, el pasado fin de semana los comunarios de Ixiamas tomaron de rehén a un trabajador de la empresa que está explotando el material, no será liberado hasta que las autoridades del Gobierno central resuelvan estas irregularidades.
- Por último, Núñez manifestó que también están retenidas alrededor de mil troncas de madera, en la localidad de Santa Rosita, del municipio de Ixiamas, hasta que se resuelva el conflicto.
“El empresario y exdiputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Miguel Ruiz, está implicado en la explotación ilegal de madera de la localidad Santa Rosita, del municipio de Ixiamas, en el norte de La Paz, estamos solicitando una Petición de Informe Escrito, tomando en cuenta que está prohibida la explotación de madera”, explicó el senador.
En ese marco, el director de Recursos Naturales de la Gobernación de La Paz, Octavio Lobo, indicó que el pasado 4 de junio llegaron hasta la región para verificar esta denuncia, que en un principio fue realizada por los comunarios de Santa Rosita.
El 11 de enero de 2008, Andrés Torrez Estívares, quien estaba a cargo de la ABT del Beni, otorgó a la empresa de Miguel Ruiz el permiso de desmonte, pese a ser declarada reserva forestal mediante decreto supremo.
EXPLOTACIÓN ILEGAL
Núñez manifestó que la empresa de Ruiz desmontó alrededor de mil troncas de madera mara, cedro y maramacho, hasta llegar la localidad de Riberalta, para comercializarla en el exterior y en el mercado interno. El traslado fue por vía pluvial a través de los ríos Manurimi y Madre de Dios, para llegar finalmente a su destino.
Al respecto, Lobo indicó que el empresario cuestionado no cuenta con los permisos respectivos para la explotación de estas especies madereras, por lo que realiza un acto ilegal. Cuestionó que los responsables de la ABT de Beni hayan otorgado el permiso de explotación en una reserva forestal.
Según el Decreto Supremo Nº 23022, del 23 de diciembre de 1991, en su artículo 5, declara Reserva Forestal de Inmovilización la superficie geográfica de la provincia Iturralde del departamento de La Paz. Además que queda prohibida todo permiso o concesión de tierras con fines agropecuarios o de colonización.
“Estamos proponiendo impulsar un proyecto de Ley a la cabeza del Gobierno Departamental de La Paz, para prohibir la tala indiscriminada de árboles, puesto que el actual Decreto Supremo 23022 data de hace 26 años”, destacó el técnico de la Gobernación.
INVESTIGACIÓN
Sobre la explotación ilegal de madera en esa región, el senador Núñez solicitó también una PIE al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, además a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), para que expliquen si esta empresa cuenta con los permisos respectivos para explotar madera en una reserva forestal.
El director departamental de la ABT La Paz, David Gueber, indicó que este conflicto se conoció desde el pasado 4 de junio. Una comisión interinstitucional decidió ingresar al lugar para certificar esta denuncia, sin embargo no se concretó, debido a que no se contaban con las garantías correspondientes porque los comunarios anunciaron asumir medidas de protesta.
“Se prevé que el 28 de este mes esta comisión se traslade a esa región, para continuar con las investigaciones y se actuará conforme a la Ley 700, que es una norma vigente. Se pedirá el apoyo de los efectivos militares para evitar cualquier enfrentamiento”, precisó.
MOVILIZADOS
- Según Núñez, los comunarios del municipio de Ixiamas comenzaron una marcha rumbo a La Paz para que los gobiernos nacional y departamental atiendan y solucionen el conflicto. Se prevé que en las próximas horas lleguen a la sede de Gobierno.
- Como protesta por la tala ilegal, el pasado fin de semana los comunarios de Ixiamas tomaron de rehén a un trabajador de la empresa que está explotando el material, no será liberado hasta que las autoridades del Gobierno central resuelvan estas irregularidades.
- Por último, Núñez manifestó que también están retenidas alrededor de mil troncas de madera, en la localidad de Santa Rosita, del municipio de Ixiamas, hasta que se resuelva el conflicto.
Tuesday, June 20, 2017
Ortiz afirma que aprehensión de Achá evidencia la gravedad de corrupción en YPFB
Tras la aprehensión del expresidente de YPFB, Guillermo Achá, por el caso taladros el senador opositor, Óscar Ortiz, afirmó este martes que tal situación es una prueba de la gravedad de los hechos de corrupción al interior de la empresa estatal.
"Esto ratifica la gravedad de este caso de corrupción y las denuncias que formulamos inicialmente de que los superiores de YPFB, en este caso el señor Achá, conocía lo que pasaban en este proceso de contratación. Por lo tanto deben ser procesados para que en la justicia se establezcan las responsabilidades y las sanciones correspondientes", manifestó Ortiz en conferencia de prensa.
La pasada jornada Achá llegó hasta la Fiscalía en La Paz para brindar declaraciones acerca de la licitación y adjudicación irregular de la empresa italiana Drillmec para la adquisición de tres taladros a favor de la estatal petrolera.
Luego de más de seis horas de declaración, el Ministerio Público decidió ordenar su aprehensión e imputarlo por los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias. Esta jornada, la audiencia del acusado fue suspendido por una mala notificación al viceministerio de Trasparencia.
Para Ortiz, las cosas no deben quedar con la simple revisión de contratos hecha por la misma YPFB, sino profundizar el tema para encontrar mayores indicios de corrupción por este caso y muchos otros.
"Yo insisto en que el presidente Evo Morales le debe pedir al contralor del Estado que pueda disponer una auditoria especial a todos los contratos por montos mayores realizados durante la gestión Achá", dijo.
El senador lamentó que este pedido no sea escuchado hasta el momento y por ello informó que solicitó que se le envíen las copias de los contratos que superen el millón de dólares en la gestión del expresidente de YPFB, esto para someter dichos documentos a un escrutinio desarrollado por un equipo jurídico y auditor particular.
"Hoy los jueces y fiscales tiene la responsabilidad de saber diferenciar cuales son responsables, cual es el grado de responsabilidad y en función a eso aplicar las sanciones correspondientes", añadió.
"Esto ratifica la gravedad de este caso de corrupción y las denuncias que formulamos inicialmente de que los superiores de YPFB, en este caso el señor Achá, conocía lo que pasaban en este proceso de contratación. Por lo tanto deben ser procesados para que en la justicia se establezcan las responsabilidades y las sanciones correspondientes", manifestó Ortiz en conferencia de prensa.
La pasada jornada Achá llegó hasta la Fiscalía en La Paz para brindar declaraciones acerca de la licitación y adjudicación irregular de la empresa italiana Drillmec para la adquisición de tres taladros a favor de la estatal petrolera.
Luego de más de seis horas de declaración, el Ministerio Público decidió ordenar su aprehensión e imputarlo por los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias. Esta jornada, la audiencia del acusado fue suspendido por una mala notificación al viceministerio de Trasparencia.
Para Ortiz, las cosas no deben quedar con la simple revisión de contratos hecha por la misma YPFB, sino profundizar el tema para encontrar mayores indicios de corrupción por este caso y muchos otros.
"Yo insisto en que el presidente Evo Morales le debe pedir al contralor del Estado que pueda disponer una auditoria especial a todos los contratos por montos mayores realizados durante la gestión Achá", dijo.
El senador lamentó que este pedido no sea escuchado hasta el momento y por ello informó que solicitó que se le envíen las copias de los contratos que superen el millón de dólares en la gestión del expresidente de YPFB, esto para someter dichos documentos a un escrutinio desarrollado por un equipo jurídico y auditor particular.
"Hoy los jueces y fiscales tiene la responsabilidad de saber diferenciar cuales son responsables, cual es el grado de responsabilidad y en función a eso aplicar las sanciones correspondientes", añadió.
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