La diputada titular de Unidad Demócrata (UD) María Calcina será la jefa de la bancada de oposición para la gestión legislativa 2019-2020 confirmó ayer el diputado Amílcar Barral, quien explicó que esa designación responde al acuerdo político interno con Unidad Nacional y el Movimiento Demócrata Social (MDS), liderado por Rubén Costas.
Los diputados de ambas fuerzas políticas, Gonzalo Barrientos de MDS y Amílcar Barral de UN, expresaron que la jefatura de la bancada de oposición corresponde a Unidad Nacional, y que la misma será elegida respaldada de forma orgánica.
El diputado Barral hizo una breve recapitulación sobre los diputados de UN que ya no están orgánicamente, como es el caso del diputado Víctor Gutiérrez que se pasó al Movimiento Al Socialismo (MAS); o el caso de la diputada Jimena Costa que hace tiempo se alejó de esa bancada y el caso del diputado Wilson Santamaría, que está en otro proyecto político.
Espera que esta gestión sea más tranquila en la distribución de comisiones y comités, expresó Barral, porque la pasada gestión, el mismo nombramiento de la jefatura de bancada, generó conflictos internos del partido de Demócratas y aprovechó de eso la presidente Gabriela Montaño para dividirlos más, puntualizó.
Aclaró que la decisión de designar a la diputada de Unidad Nacional, María Calcina es porque tiene la mayoría de votos y la misma fue una decisión orgánica del partido. Criticó que los aliados que hicieron acuerdos internos con UN, recién aparezcan, en estas fechas de cambio de jefaturas, comisiones y comités.
“La decisión de asignar la jefatura a la diputada María Calcina, es porque tiene un respaldo de los diputados de UN, ahora claro hay otra gente que está buscando cumplir sus intereses, pero en tema de votos, nosotros ya decidimos y enviamos la carta al actual jefe de bancada de oposición Gonzalo Barrientos, para darle a conocer la designación (…)”, manifestó.
Los acuerdos internos que tiene UN son con el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) que son los diputados Erick Morón, Miguel Ojopi, Dulce María Araujo, asimismo agrupaciones ciudadanas como Columna Integración del departamento de Pando, que responde a la senadora Carmen Eva Gonzáles.
Por otro lado, recordó el diputado de UN, que hubo una Diputada que no respetó la alternancia de las comisiones y comités.
Por su parte el jefe de bancada de Unidad Demócrata, Gonzalo Barrientos que sería el que cumplió la gestión 2018 – 2019, indicó que a media semana se reunirán como bancada para designar la jefatura que decidió su socio político de UN.
“La reunión será a media semana, para que se proceda a la elección de la jefatura de bancada, la segunda vicepresidencia, la cuarta secretaría y las comisiones y comités. Los demócratas vamos a respetar nuestros acuerdos con la seriedad y responsabilidad que corresponde, aunque hubo algunas situaciones que todos conocen pero somos de palabra”, aseveró.
Informacion de Unidad Nacional, Democratas y los aliados de este gran partido
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Monday, January 14, 2019
Thursday, September 13, 2018
Exigen a vocales convocar a sus suplentes por denuncia
El senador de Unidad Demócrata Arturo Murillo dijo estar preocupado porque la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) hasta ahora no ha convocado a sus suplentes, para resolver la denuncia que interpuso en contra de los actuales vocales, quienes debieran excusarse de conocer el caso.
“Cuando hay un vocal denunciado, ese vocal debe excusarse y habilitar al suplente. En este caso están denunciados todos, sus suplentes y deben habilitarse para admitir o rechazar la denuncia”, declaró el legislador.
Murillo presentó una denuncia formal contra los vocales del TSE porque supuestamente cometieron “faltas muy graves” al sostener una reunión “secreta” con el presidente Evo Morales, para tratar la nueva Ley de Organizaciones Políticas (LOP).
“Solicito al Pleno del Tribunal Supremo Electoral, por intermedio de la Presidencia, el inicio del proceso correspondiente en contra de los vocales Katia Uriona, José Luis Exeni, María Eugenia Choque, Antonio Costas, Lucy Cruz Villca, Idelfonso Mamani y Carmen Dunia Sandóval”, cita el requerimiento que presentó Murillo, la pasada semana.
El legislador remarcó que los vocales vulneraron los principios de imparcialidad y separación de poderes al reunirse con Morales en su residencia. Asimismo, consideró que atentaron de manera directa a la credibilidad del Órgano Electoral.
Manifestó que el pueblo supo de la reunión, porque el presidente Morales los delató y los dejó mal parados a los vocales del TSE, al revelar que fueron ellos los que propusieron que las elecciones primarias se realicen en enero de 2019.
El mandatario ratificó en dos oportunidades que el TSE fue el que definió que las primarias sean en enero del próximo año. Mientras que la presidenta de la entidad dijo que su propuesta en el proyecto de Ley de Organizaciones Políticas planteaba que sea un proceso de implementación progresiva.
Con todo, el TSE informó que está elaborando el reglamento para las elecciones primarias mismo que será publicado en dos semanas.
“Cuando hay un vocal denunciado, ese vocal debe excusarse y habilitar al suplente. En este caso están denunciados todos, sus suplentes y deben habilitarse para admitir o rechazar la denuncia”, declaró el legislador.
Murillo presentó una denuncia formal contra los vocales del TSE porque supuestamente cometieron “faltas muy graves” al sostener una reunión “secreta” con el presidente Evo Morales, para tratar la nueva Ley de Organizaciones Políticas (LOP).
“Solicito al Pleno del Tribunal Supremo Electoral, por intermedio de la Presidencia, el inicio del proceso correspondiente en contra de los vocales Katia Uriona, José Luis Exeni, María Eugenia Choque, Antonio Costas, Lucy Cruz Villca, Idelfonso Mamani y Carmen Dunia Sandóval”, cita el requerimiento que presentó Murillo, la pasada semana.
El legislador remarcó que los vocales vulneraron los principios de imparcialidad y separación de poderes al reunirse con Morales en su residencia. Asimismo, consideró que atentaron de manera directa a la credibilidad del Órgano Electoral.
Manifestó que el pueblo supo de la reunión, porque el presidente Morales los delató y los dejó mal parados a los vocales del TSE, al revelar que fueron ellos los que propusieron que las elecciones primarias se realicen en enero de 2019.
El mandatario ratificó en dos oportunidades que el TSE fue el que definió que las primarias sean en enero del próximo año. Mientras que la presidenta de la entidad dijo que su propuesta en el proyecto de Ley de Organizaciones Políticas planteaba que sea un proceso de implementación progresiva.
Con todo, el TSE informó que está elaborando el reglamento para las elecciones primarias mismo que será publicado en dos semanas.
Wednesday, August 8, 2018
Sunday, June 24, 2018
UD pide informe a Fiscalía por retraso de investigación
El diputado de Unidad Demócrata (UD) Gonzalo Barrientos denunció el retraso por parte de la Fiscalía General del Estado para investigar a la empresa USOA SRL que se adjudicó de forma directa el proyecto de sistema CADI-Sucre Segura, Zona Patacón, por más de Bs 11 millones. El legislador solicitó informe escrito para identificar el estado de la investigación.
“Respecto a las denuncias de supuesta corrupción en la Alcaldía de Sucre se han presentado dos peticiones de informe al Fiscal General del Estado para que se informe con documentación cual es la situación de este proceso de investigación, puesto que la denuncia fue desde el pasado 27 de septiembre y hasta el momento no hay respuesta”, dijo el legislador.
A la vez remitió una petición de informe escrito (PIE) al Alcalde de Sucre (MAS), Iván Arciénega, sobre un cuestionado proceso de contratación por invitación directa para la construcción del sistema del Centro Automático de Despacho Integral (CADI) para la seguridad ciudadana, que tendría un sobreprecio de 5 millones de bolivianos.
Barrientos hizo conocer este caso al presidente de la Comisión de la Organización Territorial del Estado y Autonomías, de la Asamblea Legislativa Erik Morón, en el cual se pide que por ese medio el alcalde de Sucre presente un informe escrito sobre el CADI.
Junto a la misiva, se adjunta un documento que contiene todas las interrogantes de una polémica adjudicación para el proyecto, en los que se detalla la contratación directa de la empresa USOA S.R.L que no estaría registrada en Fundempresa y no habría presentado su testimonio de constitución, requisitos indispensables en este tipo de licitaciones, según la denuncia formulada por la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve).
El documento, también señala que el Alcalde Municipal, como máxima autoridad ejecutiva, no tomó ninguna acción correctiva luego de conocer las denuncias sobre las supuestas irregularidades y procedió con la contratación, adjudicación y posterior desembolso del 20% del monto del contrato, que equivale a 11 millones de bolivianos.
“Respecto a las denuncias de supuesta corrupción en la Alcaldía de Sucre se han presentado dos peticiones de informe al Fiscal General del Estado para que se informe con documentación cual es la situación de este proceso de investigación, puesto que la denuncia fue desde el pasado 27 de septiembre y hasta el momento no hay respuesta”, dijo el legislador.
A la vez remitió una petición de informe escrito (PIE) al Alcalde de Sucre (MAS), Iván Arciénega, sobre un cuestionado proceso de contratación por invitación directa para la construcción del sistema del Centro Automático de Despacho Integral (CADI) para la seguridad ciudadana, que tendría un sobreprecio de 5 millones de bolivianos.
Barrientos hizo conocer este caso al presidente de la Comisión de la Organización Territorial del Estado y Autonomías, de la Asamblea Legislativa Erik Morón, en el cual se pide que por ese medio el alcalde de Sucre presente un informe escrito sobre el CADI.
Junto a la misiva, se adjunta un documento que contiene todas las interrogantes de una polémica adjudicación para el proyecto, en los que se detalla la contratación directa de la empresa USOA S.R.L que no estaría registrada en Fundempresa y no habría presentado su testimonio de constitución, requisitos indispensables en este tipo de licitaciones, según la denuncia formulada por la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve).
El documento, también señala que el Alcalde Municipal, como máxima autoridad ejecutiva, no tomó ninguna acción correctiva luego de conocer las denuncias sobre las supuestas irregularidades y procedió con la contratación, adjudicación y posterior desembolso del 20% del monto del contrato, que equivale a 11 millones de bolivianos.
Wednesday, June 20, 2018
Para juegos Odesur Ortiz denunció anomalías en contratos de 11 proyectos
La empresa Suárez Consultoría y Construcción se adjudicó por la modalidad de contratación directa 11 proyectos por casi Bs 100 millones. El senador Oscar Ortiz denunció que la Procuraduría rescindió un contrato con esta compañía, pero la misma se adjudicó la construcción del Complejo Hípico para los Juegos Odesur, además de otras obras en el marco de la Unidad de Proyectos Especiales del Ministerio de la Presidencia.
De acuerdo a la información que presentó Ortiz, en una petición de informe escrito de 2016-2017 el Ministerio de la Presidencia informó que esta misma empresa tuvo cinco adjudicaciones por la vía directa por la UPRE.
Cuatro se adjudicaron en la gestión 2013 referidos a la construcción de dos coliseos, una unidad educativa, el mantenimiento y reparación del equipo pesado Ferreco y el 2014 la construcción del edificio de la Procuraduría. El monto de inversión alcanzó a 67,8 millones de bolivianos.
Y los otros seis proyectos de construcción del Complejo Hípico en sus módulos 2, 3, 7, 8, 9 y 10, por un monto total de 28 millones de bolivianos en fecha 29 de octubre de 2014.
El legislador no entiende las razones por las que esta empresa se beneficia con contratos por la vía directa, pese a que el 2015, la Procuraduría General del Estado, en la gestión de Héctor Arce rescindió un contrato porque habría detectado un “contubernio y corruptela” con la empresa supervisora Sarmiento.
Pero además Ortiz señala que la empresa Suárez se adjudicó seis de los ocho contratos para la construcción del Complejo Hípico de la Escuela de Sargentos, por un monto de 28 millones de bolivianos, una de las observaciones principales es que el registro en el Sicoes se lo hizo dos años después de las adjudicaciones.
“Primero estas adjudicaciones son de 2014, pero recién fueron subidas al Sicoes el 2017, dos años después y solo subieron los contratos pero no subieron los informes de la comisión”, declaró el legislador.
“Ante los posibles indicios de favorecimiento e irregularidades de estos 11 procesos de contratación adjudicados a la empresa Suárez Consultoría y Construcción (…), presentó denuncia en contra del señor Alexis Vladimir Mercado Condori, director general Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE). (ANF)
De acuerdo a la información que presentó Ortiz, en una petición de informe escrito de 2016-2017 el Ministerio de la Presidencia informó que esta misma empresa tuvo cinco adjudicaciones por la vía directa por la UPRE.
Cuatro se adjudicaron en la gestión 2013 referidos a la construcción de dos coliseos, una unidad educativa, el mantenimiento y reparación del equipo pesado Ferreco y el 2014 la construcción del edificio de la Procuraduría. El monto de inversión alcanzó a 67,8 millones de bolivianos.
Y los otros seis proyectos de construcción del Complejo Hípico en sus módulos 2, 3, 7, 8, 9 y 10, por un monto total de 28 millones de bolivianos en fecha 29 de octubre de 2014.
El legislador no entiende las razones por las que esta empresa se beneficia con contratos por la vía directa, pese a que el 2015, la Procuraduría General del Estado, en la gestión de Héctor Arce rescindió un contrato porque habría detectado un “contubernio y corruptela” con la empresa supervisora Sarmiento.
Pero además Ortiz señala que la empresa Suárez se adjudicó seis de los ocho contratos para la construcción del Complejo Hípico de la Escuela de Sargentos, por un monto de 28 millones de bolivianos, una de las observaciones principales es que el registro en el Sicoes se lo hizo dos años después de las adjudicaciones.
“Primero estas adjudicaciones son de 2014, pero recién fueron subidas al Sicoes el 2017, dos años después y solo subieron los contratos pero no subieron los informes de la comisión”, declaró el legislador.
“Ante los posibles indicios de favorecimiento e irregularidades de estos 11 procesos de contratación adjudicados a la empresa Suárez Consultoría y Construcción (…), presentó denuncia en contra del señor Alexis Vladimir Mercado Condori, director general Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE). (ANF)
Saturday, June 16, 2018
UD pide conocer hoja de vida del Presidente ai. de ABC
La bancada de Unidad Demócrata (UD) envió una petición de informe a Carlos Ortuño, ministro de Medio Ambiente y Agua, para que informe sobre el currículum de Luis Sánchez-Gómez, presidente interino de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
“Estamos pidiendo información la sobre la fecha de posesión, los requerimientos para acceder al cargo, la profesión y la especialidad que tiene Luis Sánchez Gómez, ya que desempeñó cargos ejecutivo en la ABC y en el Ministerio de Medio Ambiente, sin cumplir con el perfil para esos cargos”, indicó Yerko Nuñez, senador de Unidad Demócrata (UD).
El actual presidente interino (ai.) de ABC, Luis Sánchez-Gómez Cuquerella, fue designado en ese cargo el 28 de mayo, después de haber desempeñado el mismo, hace cinco años atrás, entre 2009 y 2013, cuando estaba Vladimir Sánchez como ministro de Obras Públicas.
Según las denuncias de la bancada de oposición, el actual presidente de ABC, ocupó un cargo en la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (Emagua), instancia que depende del Ministerio de Medio Ambiente y Agua a donde se remitió la petición de informe con once preguntas para que responda el ministro Ortuño.
“Resulta que tanto el señor Sánchez-Gómez y Erick de las Heras, son abogados uno pasa a ser Director de ABC y luego pasa a Emagua y retornan a la ABC, estos son excesos y seguramente son amigos del Presidente Evo Morales, que pueden rotar y circular por los cargos que ellos quieran, por eso hay que institucionalizar los cargos”, aseveró Nuñez.
Por eso agregó que también están solicitando en el informe, sobre Erick Jesús de las Heras Arce, que también había cumplido funciones en Emagua, y está siendo acusado de haber beneficiado a su tío, con una obra de cien millones de bolivianos en ABC.
“En ABC deberíamos tener un ingeniero civil a un administrador de empresas. Y resulta que en ABC también trabaja el señor Erick de las Heras quien parece que favoreció a su tío con más de 100 millones de bolivianos en obras, o sea cuales son los nexos? Quienes son los padrinos?”, se preguntó Nuñez.
SANTAMARÍA
“Quiero dejar claro para que no me acusen de discriminación, que la Constitución garantiza el derecho al trabajo a todos; opositores, oficialistas, no importan la circunstancia de condición de gobierno, pero hay un límite y se llama principios y ética”
El legislador denunció que los cargos en el Ejecutivo están siendo manejados como un “pasanaku”, lo cual devela que el Movimiento Al Socialismo (MAS) ya no tiene gente.
“Esta rotación de exautoridades devela tres cosas: Que ya no hay ética, que el MAS ya no tiene gente y que ante esa falta de gente hay que aplicar el pasanaku”, manifestó Santamaría.
El pasanaku es un sistema de ahorro que consiste en un crédito rotatorio grupal. Esta práctica se hace sin la participación de una entidad financiera.
“Estamos pidiendo información la sobre la fecha de posesión, los requerimientos para acceder al cargo, la profesión y la especialidad que tiene Luis Sánchez Gómez, ya que desempeñó cargos ejecutivo en la ABC y en el Ministerio de Medio Ambiente, sin cumplir con el perfil para esos cargos”, indicó Yerko Nuñez, senador de Unidad Demócrata (UD).
El actual presidente interino (ai.) de ABC, Luis Sánchez-Gómez Cuquerella, fue designado en ese cargo el 28 de mayo, después de haber desempeñado el mismo, hace cinco años atrás, entre 2009 y 2013, cuando estaba Vladimir Sánchez como ministro de Obras Públicas.
Según las denuncias de la bancada de oposición, el actual presidente de ABC, ocupó un cargo en la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (Emagua), instancia que depende del Ministerio de Medio Ambiente y Agua a donde se remitió la petición de informe con once preguntas para que responda el ministro Ortuño.
“Resulta que tanto el señor Sánchez-Gómez y Erick de las Heras, son abogados uno pasa a ser Director de ABC y luego pasa a Emagua y retornan a la ABC, estos son excesos y seguramente son amigos del Presidente Evo Morales, que pueden rotar y circular por los cargos que ellos quieran, por eso hay que institucionalizar los cargos”, aseveró Nuñez.
Por eso agregó que también están solicitando en el informe, sobre Erick Jesús de las Heras Arce, que también había cumplido funciones en Emagua, y está siendo acusado de haber beneficiado a su tío, con una obra de cien millones de bolivianos en ABC.
“En ABC deberíamos tener un ingeniero civil a un administrador de empresas. Y resulta que en ABC también trabaja el señor Erick de las Heras quien parece que favoreció a su tío con más de 100 millones de bolivianos en obras, o sea cuales son los nexos? Quienes son los padrinos?”, se preguntó Nuñez.
SANTAMARÍA
“Quiero dejar claro para que no me acusen de discriminación, que la Constitución garantiza el derecho al trabajo a todos; opositores, oficialistas, no importan la circunstancia de condición de gobierno, pero hay un límite y se llama principios y ética”
El legislador denunció que los cargos en el Ejecutivo están siendo manejados como un “pasanaku”, lo cual devela que el Movimiento Al Socialismo (MAS) ya no tiene gente.
“Esta rotación de exautoridades devela tres cosas: Que ya no hay ética, que el MAS ya no tiene gente y que ante esa falta de gente hay que aplicar el pasanaku”, manifestó Santamaría.
El pasanaku es un sistema de ahorro que consiste en un crédito rotatorio grupal. Esta práctica se hace sin la participación de una entidad financiera.
Friday, June 15, 2018
Ante la Fiscalía UD denunció a Montaño por interinatos
La oposición presentó una denuncia a la Fiscalía General del Estado contra la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, debido al retraso de la propuesta para la designación del nuevo presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) que está a cargo del jefe de Estado.
“Hemos presentado la denuncia en contra de la autoridad y esperamos que el Ministerio Público actúe y no se olvide que todos los bolivianos somos iguales, que no se puede dar preferencia por ningún ciudadano y que debe sancionar a quienes vulneran la Constitución y las leyes en nuestra país”, dijo el senador de Unidad Demócrata (UD) Yerko Nuñez.
La denuncia fue presentada el pasado miércoles a la Fiscalía departamental de La Paz, por el supuesto delito de incumplimiento de deberes, tomando en cuenta que los interinatos en esa unidad daña la institucionalidad.
INTERINATOS
El pasado 29 mayo, Luis Sánchez fue posesionado nuevamente como Director Ejecutivo interino de la ABC, ya que el 2009 al 2013 ya estaba al frente de esa entidad. Reemplazó Marcos Loayza, quien se alejó del cargo una semana antes de esa designación por problemas de salud.
Loayza estuvo en el puesto desde el pasado 21 de agosto de 2017, en sustitución de Noemí Villegas, que es investigada por presuntas irregularidades en su gestión. Fue posesionada el 18 de noviembre de 2014.
Antonio Mullisaca también estuvo al frente de la ABC de forma interina durante un año y siete meses, su cambio no fue explicado por el entonces ministro de obras publica, Vladimir Sánchez.
Desde el 2009 es que la ABC tuvo cinco interinatos y no se designó a la cabeza del sector tal como lo establece la Constitución Política del Estado y se vulneró el decreto supremo 25749 que establece que los cargos interinos deben ser por un periodo de 90 días.
NORMAS
Núñez señala que la Cámara de Diputados tiene la obligación de conformar ternas y presentarlas al presidente Evo Morales, con la finalidad de que elija a la nueva autoridad conforme a la las normas.
El numeral del artículo 159 de la CPE señala “Proponer ternas a la Presidenta o al Presidente del Estado para la designación de presidentas o presidentes de entidades económicas y sociales, y otros cargos en que participe el Estado, por mayoría absoluta de acuerdo con la Constitución.”
DENUNCIAS
El legislador de oposición lamentó que hasta el momento el legislativo no haya puesto atención a esta demanda y que no se estén realizando las fiscalizaciones correspondientes por las diversas denuncias de corrupción que se presentaron en esa entidad pública.
En pasados días el ministerio público imputó formalmente a la exejecutiva Noemí Villegas por delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y asociación delictuosa.
Se identificaron presuntos actos irregulares en la adjudicación de tres contratos por un valor de 100 millones de bolivianos. Los contratos identificados son con la Asociación Accidental “Consorcio Integración”, el Consorcio “Integración del Sur” y el Consorcio “Integración Norte”.
“Hemos presentado la denuncia en contra de la autoridad y esperamos que el Ministerio Público actúe y no se olvide que todos los bolivianos somos iguales, que no se puede dar preferencia por ningún ciudadano y que debe sancionar a quienes vulneran la Constitución y las leyes en nuestra país”, dijo el senador de Unidad Demócrata (UD) Yerko Nuñez.
La denuncia fue presentada el pasado miércoles a la Fiscalía departamental de La Paz, por el supuesto delito de incumplimiento de deberes, tomando en cuenta que los interinatos en esa unidad daña la institucionalidad.
INTERINATOS
El pasado 29 mayo, Luis Sánchez fue posesionado nuevamente como Director Ejecutivo interino de la ABC, ya que el 2009 al 2013 ya estaba al frente de esa entidad. Reemplazó Marcos Loayza, quien se alejó del cargo una semana antes de esa designación por problemas de salud.
Loayza estuvo en el puesto desde el pasado 21 de agosto de 2017, en sustitución de Noemí Villegas, que es investigada por presuntas irregularidades en su gestión. Fue posesionada el 18 de noviembre de 2014.
Antonio Mullisaca también estuvo al frente de la ABC de forma interina durante un año y siete meses, su cambio no fue explicado por el entonces ministro de obras publica, Vladimir Sánchez.
Desde el 2009 es que la ABC tuvo cinco interinatos y no se designó a la cabeza del sector tal como lo establece la Constitución Política del Estado y se vulneró el decreto supremo 25749 que establece que los cargos interinos deben ser por un periodo de 90 días.
NORMAS
Núñez señala que la Cámara de Diputados tiene la obligación de conformar ternas y presentarlas al presidente Evo Morales, con la finalidad de que elija a la nueva autoridad conforme a la las normas.
El numeral del artículo 159 de la CPE señala “Proponer ternas a la Presidenta o al Presidente del Estado para la designación de presidentas o presidentes de entidades económicas y sociales, y otros cargos en que participe el Estado, por mayoría absoluta de acuerdo con la Constitución.”
DENUNCIAS
El legislador de oposición lamentó que hasta el momento el legislativo no haya puesto atención a esta demanda y que no se estén realizando las fiscalizaciones correspondientes por las diversas denuncias de corrupción que se presentaron en esa entidad pública.
En pasados días el ministerio público imputó formalmente a la exejecutiva Noemí Villegas por delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y asociación delictuosa.
Se identificaron presuntos actos irregulares en la adjudicación de tres contratos por un valor de 100 millones de bolivianos. Los contratos identificados son con la Asociación Accidental “Consorcio Integración”, el Consorcio “Integración del Sur” y el Consorcio “Integración Norte”.
Tuesday, April 3, 2018
Por asesinato de tres policías UD pide recaptura de 8 cocaleros sentenciados
Los senadores Arturo Murillo y Yerko Núñez (Unidad Demócrata) pidieron, ayer, que el Ministerio de Gobierno “recapture” a ocho cocaleros, quienes, pese a tener 30 años de sentencia por el asesinato de tres policías en Epizana (Cochabamba), fueron beneficiados por un juez con medidas sustitutivas.
“Le mandamos una carta al ministro de Gobierno, Carlos Romero, para que ordene inmediatamente la recaptura de los ocho asesinos de los tres policías. Sabemos dónde están, les estamos haciendo seguimiento (…). Ha existido proteccionismo político”, declaró el senador Murillo.
También envió una carta al Comandante de la Policía para que responda sobre las acciones que asumió para hacer seguimiento a los sentenciados a 30 años de cárcel, sin derecho a indulto, y que por permisividad judicial están libres con medidas sustitutivas.
El 26 de febrero de 2008, los policías Eloy Yupanqui, Wálter Ávila y Willy Álvarez intentaron “voltear” un cargamento de droga que salía de ese municipio, pero fueron capturados por los pobladores que los torturaron, les arrojaron agua hervida y les estrangularon, según reporte de Opinión.
Tras una investigación, 13 linchadores fueron identificados, pero fueron liberados de culpa irregularmente (hubo denuncias de pagos de 10.000 dólares) por el exfiscal de Distrito César Cartagena y el exfiscal el caso Irving Avendaño. Ambos funcionarios fueron procesados por la Inspectoría y salieron del Ministerio Público.
Los 13 acusados fueron recapturados y enjuiciados. El 24 de junio de 2010, ocho de ellos fueron sentenciados a 30 años de cárcel, tras valorar las pruebas en su contra: Zenón Soria Orellana, Juan Israel Rodríguez, Trifón Huayllani Pizarro, Félix Zapata Torrico, Santiago Jiménez, Crescencio Jiménez Balderrama, Ángel Rosendo Cossío y Nicolás Rojas Calvi.
Sin embargo, a 10 años del triple crimen sus sentencias no han sido ejecutoriadas y, desde el año 2011, empezaron a pedir su libertad, argumentando que ya estaban más de 36 meses presos, sin sentencia ejecutoriada.
Murillo cuestionó que mientras estas personas están libres, pese a la dimensión de sus delitos, cientos de personas están en las cárceles con detenciones preventivas por delitos menores y sin sentencia.
Por esta razón, el parlamentario exigió que el Consejo de la Magistratura suspenda a los jueces que dictaron la libertad de los sentenciados y sean juzgados por prevaricato.
Por otra parte, solicitó también al ministro de Justicia, Héctor Arce, que intervenga en el caso. “Él habla tanto de justicia transparente, le pedimos que haga las investigaciones en este caso”, sostuvo.
“Le mandamos una carta al ministro de Gobierno, Carlos Romero, para que ordene inmediatamente la recaptura de los ocho asesinos de los tres policías. Sabemos dónde están, les estamos haciendo seguimiento (…). Ha existido proteccionismo político”, declaró el senador Murillo.
También envió una carta al Comandante de la Policía para que responda sobre las acciones que asumió para hacer seguimiento a los sentenciados a 30 años de cárcel, sin derecho a indulto, y que por permisividad judicial están libres con medidas sustitutivas.
El 26 de febrero de 2008, los policías Eloy Yupanqui, Wálter Ávila y Willy Álvarez intentaron “voltear” un cargamento de droga que salía de ese municipio, pero fueron capturados por los pobladores que los torturaron, les arrojaron agua hervida y les estrangularon, según reporte de Opinión.
Tras una investigación, 13 linchadores fueron identificados, pero fueron liberados de culpa irregularmente (hubo denuncias de pagos de 10.000 dólares) por el exfiscal de Distrito César Cartagena y el exfiscal el caso Irving Avendaño. Ambos funcionarios fueron procesados por la Inspectoría y salieron del Ministerio Público.
Los 13 acusados fueron recapturados y enjuiciados. El 24 de junio de 2010, ocho de ellos fueron sentenciados a 30 años de cárcel, tras valorar las pruebas en su contra: Zenón Soria Orellana, Juan Israel Rodríguez, Trifón Huayllani Pizarro, Félix Zapata Torrico, Santiago Jiménez, Crescencio Jiménez Balderrama, Ángel Rosendo Cossío y Nicolás Rojas Calvi.
Sin embargo, a 10 años del triple crimen sus sentencias no han sido ejecutoriadas y, desde el año 2011, empezaron a pedir su libertad, argumentando que ya estaban más de 36 meses presos, sin sentencia ejecutoriada.
Murillo cuestionó que mientras estas personas están libres, pese a la dimensión de sus delitos, cientos de personas están en las cárceles con detenciones preventivas por delitos menores y sin sentencia.
Por esta razón, el parlamentario exigió que el Consejo de la Magistratura suspenda a los jueces que dictaron la libertad de los sentenciados y sean juzgados por prevaricato.
Por otra parte, solicitó también al ministro de Justicia, Héctor Arce, que intervenga en el caso. “Él habla tanto de justicia transparente, le pedimos que haga las investigaciones en este caso”, sostuvo.
Thursday, March 15, 2018
Dos meses sin oficinas Legisladores de UD siguen trabajando en pasillos
Con oficinas improvisadas en los pasillos del edificio del Legislativo, así se encuentran los parlamentarios de la bancada de Unidad Demócrata (UD) de la Cámara de Diputados desde hace ya dos meses. El MAS se niega a dotarles de dependencias para su trabajo parlamentario con el argumento que mientras estén divididos no pueden inclinarse por ningún bando.
“Ya van ser más de dos meses que la bancada de diputados de oposición, o sea más de cincuenta diputados, nos tienen en la calle y como no queremos perjudicar a la población y a nuestros hermanos, seguimos trabajando”, manifestó Gonzalo Barrientos, nombrado jefe de bancada de uno de los grupos de Unidad Demócrata (UD).
El legislador, considera que además de perjudicarlos en sus labores parlamentarias, cometen con ellos violencia política y una falta a los principios democráticos que se traducen en un golpe institucional.
“Es un golpe a la institucionalidad, que nos dicen que nos pongamos de acuerdo si la regla de oro en un principio democrático de decisión en el Estado boliviano es la mayoría, cuando se ha elegido presidente es por mayoría ¿o nosotros hemos dicho haremos otro Presidente del Estado?”, se preguntó.
Por lo tanto, apela a que se cumpla el principio democrático con la bancada de oposición.
“Y tal es el caso que aquí en la Cámara de Diputados fue elegida por la mayoría la Presidenta, nos guste o no nos guste y aquí en la bancada lo hacemos de acuerdo al principio democrático que es la mayoría y la Constitución”, argumentó.
Ayer en la tarde, los diputados de la bancada opositora de Unidad Demócrata se reunieron en torno a un notario de fe pública para activar mecanismos legales, según Lourdes Millares, diputada de UD.
“Nos reunimos con un notario de fe pública para activar mecanismos legales en contra del abuso de poder del partido oficialista, porque este no puede desconocer el voto popular y la representación del pueblo que encarna UD”, señaló Millares.
Por su parte, la subjefe alterna de la bancada de UD, Shirley Franco, consideró que “la Presidente de la Cámara de Diputados, solo se ha dedicado a entorpecer la fiscalización de la bancada opositora”, afirmó.
Por lo que reafirmaron ante la presencia de los periodistas y el notario que “al realizar la reunión de la bancada de oposición UD de manera formal subsanando cualquier tipo de irregularidad y cumpliendo el rigor de la ley, la Presidenta y la directiva debe reconocer al colega Gonzalo Barrientos como jefe de bancada elegido por una mayoría aplastante”, dijo Franco.
Asimismo, el jefe de bancada denunció que se está tratando de reconocer a dos jefes de bancada de UD, por lo que hizo una analogía sobre si se aplicaría la misma lógica para todas las instancias que tiene mayoría y minoría.
“En plena Cámara de Diputados se ha sugerido dos jefaturas de bancadas por cada fuerza política, que se tiene al interior de la Cámara de Diputados, si fuera asi entonces tendría que haber dos presidentes, dos vicepresidentes, dos de todo…”, sugirió Barrientos.
MAS
Por su parte, el jefe de bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) afirmó que no pueden avalar irregularidades en las notas que contiene firmas que son suplantadas y expresa una mayoría artificial.
“No hay discriminación hacia la oposición lo que nos preocupa es que hay representación suplantada, dicen que son mayoría y esa mayoría es artificial porque apoyan a los dos grupos, ese tipo de anomalías la Asamblea Legislativa no puede aprobar porque podríamos ser sujetos de interpelación, por avalar la suplantación”, manifestó David Ramos.
Además, considera que esa conducta de la oposición en la Asamblea Legislativa es una burla.
“Los diputados que figuran en el listado de lo que dicen la mayoría también figuran en la otra lista u otros están suplantados, como se dicen sustituidas las firmas, es una chacota total ¿qué credibilidad podemos dar cuando hay esto?”, señaló Ramos.
“Ya van ser más de dos meses que la bancada de diputados de oposición, o sea más de cincuenta diputados, nos tienen en la calle y como no queremos perjudicar a la población y a nuestros hermanos, seguimos trabajando”, manifestó Gonzalo Barrientos, nombrado jefe de bancada de uno de los grupos de Unidad Demócrata (UD).
El legislador, considera que además de perjudicarlos en sus labores parlamentarias, cometen con ellos violencia política y una falta a los principios democráticos que se traducen en un golpe institucional.
“Es un golpe a la institucionalidad, que nos dicen que nos pongamos de acuerdo si la regla de oro en un principio democrático de decisión en el Estado boliviano es la mayoría, cuando se ha elegido presidente es por mayoría ¿o nosotros hemos dicho haremos otro Presidente del Estado?”, se preguntó.
Por lo tanto, apela a que se cumpla el principio democrático con la bancada de oposición.
“Y tal es el caso que aquí en la Cámara de Diputados fue elegida por la mayoría la Presidenta, nos guste o no nos guste y aquí en la bancada lo hacemos de acuerdo al principio democrático que es la mayoría y la Constitución”, argumentó.
Ayer en la tarde, los diputados de la bancada opositora de Unidad Demócrata se reunieron en torno a un notario de fe pública para activar mecanismos legales, según Lourdes Millares, diputada de UD.
“Nos reunimos con un notario de fe pública para activar mecanismos legales en contra del abuso de poder del partido oficialista, porque este no puede desconocer el voto popular y la representación del pueblo que encarna UD”, señaló Millares.
Por su parte, la subjefe alterna de la bancada de UD, Shirley Franco, consideró que “la Presidente de la Cámara de Diputados, solo se ha dedicado a entorpecer la fiscalización de la bancada opositora”, afirmó.
Por lo que reafirmaron ante la presencia de los periodistas y el notario que “al realizar la reunión de la bancada de oposición UD de manera formal subsanando cualquier tipo de irregularidad y cumpliendo el rigor de la ley, la Presidenta y la directiva debe reconocer al colega Gonzalo Barrientos como jefe de bancada elegido por una mayoría aplastante”, dijo Franco.
Asimismo, el jefe de bancada denunció que se está tratando de reconocer a dos jefes de bancada de UD, por lo que hizo una analogía sobre si se aplicaría la misma lógica para todas las instancias que tiene mayoría y minoría.
“En plena Cámara de Diputados se ha sugerido dos jefaturas de bancadas por cada fuerza política, que se tiene al interior de la Cámara de Diputados, si fuera asi entonces tendría que haber dos presidentes, dos vicepresidentes, dos de todo…”, sugirió Barrientos.
MAS
Por su parte, el jefe de bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) afirmó que no pueden avalar irregularidades en las notas que contiene firmas que son suplantadas y expresa una mayoría artificial.
“No hay discriminación hacia la oposición lo que nos preocupa es que hay representación suplantada, dicen que son mayoría y esa mayoría es artificial porque apoyan a los dos grupos, ese tipo de anomalías la Asamblea Legislativa no puede aprobar porque podríamos ser sujetos de interpelación, por avalar la suplantación”, manifestó David Ramos.
Además, considera que esa conducta de la oposición en la Asamblea Legislativa es una burla.
“Los diputados que figuran en el listado de lo que dicen la mayoría también figuran en la otra lista u otros están suplantados, como se dicen sustituidas las firmas, es una chacota total ¿qué credibilidad podemos dar cuando hay esto?”, señaló Ramos.
Saturday, March 10, 2018
Amílcar Barral: “Oposición sin oficinas, discriminada por el MAS”
Los parlamentarios de Unidad Demócrata (UD) continúan con una “oficina” improvisada en los pasillos de la Asamblea Legislativa a pesar del pedido a la presidenta de la Cámara Baja que les entregue las llaves para que ocupen los ambientes que les corresponden. El hecho causa molestia y es considerado como un acto de discriminación.
“Somos diputados, somos autoridades y esto (infraestructura de la Asamblea) no es del MAS ni de Gabriela Montaño; es una falta de respeto al primero Órgano del Estado y esto está llegando a sus límites, ya verán a los diputados trabajando en los pasillos y que vea la gente la discriminación que nos hacen a los diputados de oposición”, protestó Amílcar Barral.
Para el asambleísta esa falta de oficinas y la instalación de la bancada de Unidad Demócrata en los pasillos de la Asamblea Legislativa, es un asunto enteramente político y no administrativo, como argumenta el oficialismo.
“No es tanto un asunto administrativo sino es una decisión política, y las ganas de la Presidenta (Gabriela Montaño) de no querer entregar al grupo más numeroso (…) nos están perjudicando, porque llega la gente del interior del país y quieren hacer una petición de informe u otro tipo de trabajo y no tenemos como apoyarlos”, denunció.
Informó también que enviaron cartas notariadas, tanto a la Presidenta de Diputados como al Oficial Mayor, porque no es posible que no quieran reconocer al grupo más números de su bancada.
“Somos diputados, somos autoridades y esto (infraestructura de la Asamblea) no es del MAS ni de Gabriela Montaño; es una falta de respeto al primero Órgano del Estado y esto está llegando a sus límites, ya verán a los diputados trabajando en los pasillos y que vea la gente la discriminación que nos hacen a los diputados de oposición”, protestó Amílcar Barral.
Para el asambleísta esa falta de oficinas y la instalación de la bancada de Unidad Demócrata en los pasillos de la Asamblea Legislativa, es un asunto enteramente político y no administrativo, como argumenta el oficialismo.
“No es tanto un asunto administrativo sino es una decisión política, y las ganas de la Presidenta (Gabriela Montaño) de no querer entregar al grupo más numeroso (…) nos están perjudicando, porque llega la gente del interior del país y quieren hacer una petición de informe u otro tipo de trabajo y no tenemos como apoyarlos”, denunció.
Informó también que enviaron cartas notariadas, tanto a la Presidenta de Diputados como al Oficial Mayor, porque no es posible que no quieran reconocer al grupo más números de su bancada.
Thursday, March 8, 2018
UD utiliza pasillos y hall del Legislativo como oficina
Los pasillos y el hall del edificio del Órgano Legislativo se convirtieron en las oficinas improvisadas de los asambleístas de Unidad Demócrata (UD), quienes desde hace más de un mes piden que la Oficialía Mayor les entregue las llaves para instalarse y cumplir su trabajo parlamentario.
El diputado y jefe de bancada, Gonzalo Barrientos, protestó y dijo que no pueden seguir atendiendo a la gente en la calle o en las bancas de la plaza Murillo.
“Hemos esperado más de un mes para que se nos entregue las oficinas pero nosotros no podemos detener nuestro trabajo y esto es violencia política, es un maltrato a la población que llega de diferentes puntos del país para hablar con nosotros y que no tengamos donde recibirle”, dijo Barrientos.
En la parte derecha del pasillo de la Asamblea Legislativa, han instalado un espacio en que colocaron banquetas en forma de ele y está cercado por plástico de color verde y amarillo que delimitan el espacio de su “oficina”. Para ingresar se debe levantar el plástico, y además han improvisado una caja, como mesa para colocar sus tazas.
“Ahora nos hemos instalado en los pasillos aquí hay mucho campo, entonces esto es nuestra oficina, de nuestra bancada, y la sala de reuniones va ser donde está el monumento (busto del presidente Evo Morales), porque no podemos detener el trabajo como legisladores”, afirmó Barrientos.
El legislador negó que este problema se debe a los conflictos internos de su bancada cuando en enero tenían que designar un solo jefe de bancada.
“En ningún momento nos ha mandado alguna nota formal, además la Presidente de la Cámara de Diputados no puede meterse en temas de nuestro partido y nosotros ya hemos tomado la decisión entorno a la mayoría y hemos cumplido todos los pasos conforme lo que dice el reglamento”, señaló.
Para el diputado Barrientos, el responsable de no tener oficinas es el Oficial Mayor de la Cámara de Diputados porque esa instancia debía entregar la infraestructura necesaria.
“El Oficial Mayor es el responsable, conforme al reglamento no está cumpliendo su función porque está incumpliendo deberes porque no hace entrega de infraestructura, pero no le vamos hacer lio porque estamos más cómodos y no nos vamos a mover aquí vamos a trabajar porque este edificio pertenece a la Asamblea Legislativa”, indicó el diputado de UD.
OFICIAL MAYOR
Por su parte, el Oficial Mayor de la Cámara de Diputados, Fernando Vía, explicó a EL DIARIO que hay dos grupos de la misma bancada de Unidad Demócrata que solicitan lo mismo y aclaró que él no decide a quien dar.
“Hay dos candidatos que están pugnando y no se han puesto de acuerdo y hasta que no haya eso no puedo darle a ninguno, ambas me piden y yo no soy la autoridad para decidir a quién dar, eso es un tema interno y sus fracturas no pueden afectarnos a nosotros”, señaló Vía.
Es un tema político lo que pasa al interior de la bancada de Unidad Demócrata, está repercutiendo en la parte administrativa, porque es claro que necesitan dotarse de una oficina para trabajar como autoridades legislativas que tiene la facultad de fiscalizar.
“Uno dice que tiene la mayoría; el otro dice que hay un error procedimental de la presentación de su plancha porque han presentado tres horas después, lo cual dice el reglamento que se debe anular; no se ponen de acuerdo yo no puedo tomar decisiones por ellos, que sucedería si entrego a uno de ellos y después el otro me inicia un proceso”, reveló Vía.
El diputado y jefe de bancada, Gonzalo Barrientos, protestó y dijo que no pueden seguir atendiendo a la gente en la calle o en las bancas de la plaza Murillo.
“Hemos esperado más de un mes para que se nos entregue las oficinas pero nosotros no podemos detener nuestro trabajo y esto es violencia política, es un maltrato a la población que llega de diferentes puntos del país para hablar con nosotros y que no tengamos donde recibirle”, dijo Barrientos.
En la parte derecha del pasillo de la Asamblea Legislativa, han instalado un espacio en que colocaron banquetas en forma de ele y está cercado por plástico de color verde y amarillo que delimitan el espacio de su “oficina”. Para ingresar se debe levantar el plástico, y además han improvisado una caja, como mesa para colocar sus tazas.
“Ahora nos hemos instalado en los pasillos aquí hay mucho campo, entonces esto es nuestra oficina, de nuestra bancada, y la sala de reuniones va ser donde está el monumento (busto del presidente Evo Morales), porque no podemos detener el trabajo como legisladores”, afirmó Barrientos.
El legislador negó que este problema se debe a los conflictos internos de su bancada cuando en enero tenían que designar un solo jefe de bancada.
“En ningún momento nos ha mandado alguna nota formal, además la Presidente de la Cámara de Diputados no puede meterse en temas de nuestro partido y nosotros ya hemos tomado la decisión entorno a la mayoría y hemos cumplido todos los pasos conforme lo que dice el reglamento”, señaló.
Para el diputado Barrientos, el responsable de no tener oficinas es el Oficial Mayor de la Cámara de Diputados porque esa instancia debía entregar la infraestructura necesaria.
“El Oficial Mayor es el responsable, conforme al reglamento no está cumpliendo su función porque está incumpliendo deberes porque no hace entrega de infraestructura, pero no le vamos hacer lio porque estamos más cómodos y no nos vamos a mover aquí vamos a trabajar porque este edificio pertenece a la Asamblea Legislativa”, indicó el diputado de UD.
OFICIAL MAYOR
Por su parte, el Oficial Mayor de la Cámara de Diputados, Fernando Vía, explicó a EL DIARIO que hay dos grupos de la misma bancada de Unidad Demócrata que solicitan lo mismo y aclaró que él no decide a quien dar.
“Hay dos candidatos que están pugnando y no se han puesto de acuerdo y hasta que no haya eso no puedo darle a ninguno, ambas me piden y yo no soy la autoridad para decidir a quién dar, eso es un tema interno y sus fracturas no pueden afectarnos a nosotros”, señaló Vía.
Es un tema político lo que pasa al interior de la bancada de Unidad Demócrata, está repercutiendo en la parte administrativa, porque es claro que necesitan dotarse de una oficina para trabajar como autoridades legislativas que tiene la facultad de fiscalizar.
“Uno dice que tiene la mayoría; el otro dice que hay un error procedimental de la presentación de su plancha porque han presentado tres horas después, lo cual dice el reglamento que se debe anular; no se ponen de acuerdo yo no puedo tomar decisiones por ellos, que sucedería si entrego a uno de ellos y después el otro me inicia un proceso”, reveló Vía.
Tuesday, February 20, 2018
UD pide medidas cautelares en CIDH para evitar repostulación
El Movimiento Demócrata Social (MDS) informó ayer que solicitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “medidas cautelares” para que esta instancia deje en suspenso la ejecución de la sentencia 0084/2017 que emitió el Tribunal Constitucional para dar vía libre a la reelección indefinida del presidente Evo Morales.
“Estamos requiriendo a la CIDH se disponga, mediante medidas cautelares, para la suspensión de la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que permite la reelección indefinida en Bolivia”, declaró el senador Óscar Ortiz.
Dijo que la decisión fue asumida ante la grave situación de desconocimiento de la Constitución Política del Estado y la posible “ruptura del orden constitucional”, porque el Gobierno y el MAS pretenden hacer prevalecer una candidatura al margen de la Carta Magna.
“Y se pueda evitar cualquier medida que implique desconocimiento del 21F y Constitución Política del Estado como ser la inscripción de un candidato de forma indebida porque la CPE lo inhabilita”, acotó el legislador de Demócratas.
Además, la organización expresó su completa adhesión a la denuncia presentada por cinco expresidentes y líderes políticos de oposición ante la CIDH, en octubre de 2017, contra el Gobierno del MAS, contra varios legisladores del oficialismo y contra el Tribunal Constitucional por la violación del Pacto de San José, en su intención de postular a Morales en 2019.
La solicitud fue dirigida a Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH; está firmada por el presidente nacional del Movimiento Demócrata Social, Rubén Costas Aguilera, y en la misma se pide que se suspenda la ejecución de la Sentencia Constitucional 0084/2017 (que permite la relección indefinida del mandatario boliviano) y que se dé cumplimiento a los resultados de la votación en el referéndum de reforma constitucional del 21 de febrero de 2016.
La organización política también llamó a su militancia a sumarse al paro cívico nacional y a todas las movilizaciones ciudadanas convocadas para este 21 de febrero, orientadas a exigir el respeto a la soberanía popular.
El legislador sostuvo que una medida cautelar puede ser resuelta en un plazo más corto respecto a las demandas que interpusieron para evitar que se consolide la repostulación indefinida en el país.
“Estamos requiriendo a la CIDH se disponga, mediante medidas cautelares, para la suspensión de la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que permite la reelección indefinida en Bolivia”, declaró el senador Óscar Ortiz.
Dijo que la decisión fue asumida ante la grave situación de desconocimiento de la Constitución Política del Estado y la posible “ruptura del orden constitucional”, porque el Gobierno y el MAS pretenden hacer prevalecer una candidatura al margen de la Carta Magna.
“Y se pueda evitar cualquier medida que implique desconocimiento del 21F y Constitución Política del Estado como ser la inscripción de un candidato de forma indebida porque la CPE lo inhabilita”, acotó el legislador de Demócratas.
Además, la organización expresó su completa adhesión a la denuncia presentada por cinco expresidentes y líderes políticos de oposición ante la CIDH, en octubre de 2017, contra el Gobierno del MAS, contra varios legisladores del oficialismo y contra el Tribunal Constitucional por la violación del Pacto de San José, en su intención de postular a Morales en 2019.
La solicitud fue dirigida a Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH; está firmada por el presidente nacional del Movimiento Demócrata Social, Rubén Costas Aguilera, y en la misma se pide que se suspenda la ejecución de la Sentencia Constitucional 0084/2017 (que permite la relección indefinida del mandatario boliviano) y que se dé cumplimiento a los resultados de la votación en el referéndum de reforma constitucional del 21 de febrero de 2016.
La organización política también llamó a su militancia a sumarse al paro cívico nacional y a todas las movilizaciones ciudadanas convocadas para este 21 de febrero, orientadas a exigir el respeto a la soberanía popular.
El legislador sostuvo que una medida cautelar puede ser resuelta en un plazo más corto respecto a las demandas que interpusieron para evitar que se consolide la repostulación indefinida en el país.
Saturday, February 17, 2018
UD impugnará designación de Quispe en Comisión de Ética
La bancada de Unidad Demócrata (UD) impugnará la designación de la diputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Juana Quispe en la Comisión de Ética. La legisladora observada escupió con el acullico de coca que tenía en la boca a los diputados de oposición,
Advierten que esta instancia no tendrá avances en procesos que se presenten contra legisladores oficialistas.
“La próxima semana lo que vamos a hacer es impugnar la designación de Juana Quispe a la Comisión de Ética y vamos a expresar nuestra voz”, explicó a diputada de UD, Rose Marie Sandoval.
La legisladora planteó que Quispe es quien decida y de un paso al costado en base a estos antecedentes y que continúe trabajando con sus bases.
Varios opositores cuestionaron la designación de la diputada, tras el incidente que se produjo en la sesión de la Cámara de Diputados para la abrogación del código de sistema penal, cuando Quispe escupió a sus colegas de oposición, Gonzalo Barrientos y Shirley Franco.
En esa ocasión Barrientos, uno de los agredidos, a través de su cuenta de Tuiter, reclamó: “El Abuso de Poder se Impone...Diputada que arrojó bolo de coca a opositores es miembro de Comisión de Ética”.
Quispe justificó su accionar y descartó pedir una disculpa a ambos legisladores, y calificó a Barrientos y a sus colegas como “vende patrias” y remarcó: “Más bien no he reaccionado con puño”, destacó.
Un día antes, Sandoval, como ex componente de la Comisión de Ética en la gestión 2017, consideró que Quispe, no es idónea para ser parte de la Comisión de Ética.
“Para estar en esta Comisión se necesita idoneidad y la cara transparente, hay que ser una persona con la que se pueda trabajar tranquila sin tener cargas, lo cual para mí, la diputada (Juana Quispe) no tiene idoneidad”, expresó Sandoval.
La legisladora manifestó que cuando era parte de la Comisión de Ética de la Cámara Baja (2016-2017) plantearon la modificación del Reglamento de Ética, porque existen vacíos en esa norma para la designación de los miembros que estuvieron involucrados en este tipo de escándalos.
Sin embargo, este proyecto no fue tomado en cuenta por la presidencia de Diputados, según Sandoval se pretende tergiversar las funciones de la Comisión de Ética.
Advierten que esta instancia no tendrá avances en procesos que se presenten contra legisladores oficialistas.
“La próxima semana lo que vamos a hacer es impugnar la designación de Juana Quispe a la Comisión de Ética y vamos a expresar nuestra voz”, explicó a diputada de UD, Rose Marie Sandoval.
La legisladora planteó que Quispe es quien decida y de un paso al costado en base a estos antecedentes y que continúe trabajando con sus bases.
Varios opositores cuestionaron la designación de la diputada, tras el incidente que se produjo en la sesión de la Cámara de Diputados para la abrogación del código de sistema penal, cuando Quispe escupió a sus colegas de oposición, Gonzalo Barrientos y Shirley Franco.
En esa ocasión Barrientos, uno de los agredidos, a través de su cuenta de Tuiter, reclamó: “El Abuso de Poder se Impone...Diputada que arrojó bolo de coca a opositores es miembro de Comisión de Ética”.
Quispe justificó su accionar y descartó pedir una disculpa a ambos legisladores, y calificó a Barrientos y a sus colegas como “vende patrias” y remarcó: “Más bien no he reaccionado con puño”, destacó.
Un día antes, Sandoval, como ex componente de la Comisión de Ética en la gestión 2017, consideró que Quispe, no es idónea para ser parte de la Comisión de Ética.
“Para estar en esta Comisión se necesita idoneidad y la cara transparente, hay que ser una persona con la que se pueda trabajar tranquila sin tener cargas, lo cual para mí, la diputada (Juana Quispe) no tiene idoneidad”, expresó Sandoval.
La legisladora manifestó que cuando era parte de la Comisión de Ética de la Cámara Baja (2016-2017) plantearon la modificación del Reglamento de Ética, porque existen vacíos en esa norma para la designación de los miembros que estuvieron involucrados en este tipo de escándalos.
Sin embargo, este proyecto no fue tomado en cuenta por la presidencia de Diputados, según Sandoval se pretende tergiversar las funciones de la Comisión de Ética.
Thursday, February 8, 2018
Senado aprobó petición de informe
La Cámara de Senadores aprobó, ayer, la petición de informe oral (PIO) propuesta por el senador de Unidad Demócrata (UD), Edwin Rodríguez, para el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Petronilo Flores, para que explique si hubo o no “fraude procesal” en la sentencia constitucional (0084/2017 del 28 de noviembre de 2017), que habilita la repostulación indefinida del presidente Evo Morales.
Por ejemplo la pregunta tres solicita que se informe lo siguiente: “… si dado el caso este tema que es de público conocimiento, su autoridad estaría iniciando alguna medida como ser Auditoria Interna para que la población conozca la anormalidad presentada, que si demuestra se incurriría en delitos de carácter penal”.
Por ejemplo la pregunta tres solicita que se informe lo siguiente: “… si dado el caso este tema que es de público conocimiento, su autoridad estaría iniciando alguna medida como ser Auditoria Interna para que la población conozca la anormalidad presentada, que si demuestra se incurriría en delitos de carácter penal”.
Friday, January 26, 2018
UD denunciará a diputada Juana Quispe por agresión
La bancada de Unidad Demócrata (UD) presentará una denuncia en contra de la diputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Juana Quispe, por lanzarles su coca acullicada y lanzar un escupitajo contra los diputados Gonzalo Barrientos y Shirley Franco.
“Un diputado tiene que dar ejemplo porque debe tener respeto (a) sus colegas, esta cumpliendo un mandato de representar al pueblo, nosotros no vamos a hacer en este tipo de provocaciones y pedimos que sea sancionada por la Comisión de Ética”, afirmó Barrientos.
El incidente se suscitó la madrugada del martes después que se aprobó la ley corta que abroga el Código del Sistema Penal en medio de una sesión llena de ataques e insultos entre oficialismo y oposición.
Cabe resaltar que la Comisión de Ética está paralizada desde abril de 2017, tras la salida de la diputada Alicia Canqui que presidia esa instancia no se designó a los nuevos miembros por lo que se prevé se conforme dicha comisión estos días.
Por su lado, la diputada de oposición Lourdes Millares denunció que otra legisladora del MAS le advirtió a su colega de oposición de la siguiente forma. “Salí, salí, ven te voy a dar”, dando a entender que iba a ser golpeada.
JUSTIFICA
En tanto, el Movimiento al Socialismo (MAS) justificó el accionar de la diputada Juana Quispe con el argumento de que este ataque es por las presuntas y constantes humillaciones y agresiones que sufrió por parte de la oposición.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, dijo que su bancada es constantemente agredida por los parlamentarios opositores.
“Los opositores acusan de que los estamos acosando, pero hemos aguantado tres años de insultos, de actitudes patriarcales, nos insultaron y hemos soportado mucho. Hay un basta, nosotros no nos vamos a quedar callados, tienen que aprender a respetar y aquellos que lo demuestren tendrán nuestro respeto”, expresó Montaño.
A la vez hizo referencia a la ocasión en que el ex magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gualberto Cusi, escupió al diputado oficialista Víctor Borda, tras una discusión cuando se desarrollaba el juicio de responsabilidades en su contra en el Legislativo.
NO PEDIRÁ DISCULPAS
En tanto, la exjefa de bancada del Movimiento al Socialismo, Juana Quispe, por el departamento de Cochabamba aseguró que no tiene porqué pedir disculpas a Gonzalo Barrientos y Shirley Franco por arrojarles con coca acullicada.
“No voy a pedir disculpas a los opositores, cómo a semejantes dictadores que nos insultaron. Primero que ellos se disculpen de tantas agresiones y humillaciones de los que fuimos objeto y existen grabaciones, ellos son los ‘vendepatrias’”, argumentó la legisladora.
Por otra parte, Quispe indicó que es la primera vez que actuó de esa manera y que si pudiese hubiera acudido a los golpes, en respuesta a las agresiones verbales de los opositores.
“Un diputado tiene que dar ejemplo porque debe tener respeto (a) sus colegas, esta cumpliendo un mandato de representar al pueblo, nosotros no vamos a hacer en este tipo de provocaciones y pedimos que sea sancionada por la Comisión de Ética”, afirmó Barrientos.
El incidente se suscitó la madrugada del martes después que se aprobó la ley corta que abroga el Código del Sistema Penal en medio de una sesión llena de ataques e insultos entre oficialismo y oposición.
Cabe resaltar que la Comisión de Ética está paralizada desde abril de 2017, tras la salida de la diputada Alicia Canqui que presidia esa instancia no se designó a los nuevos miembros por lo que se prevé se conforme dicha comisión estos días.
Por su lado, la diputada de oposición Lourdes Millares denunció que otra legisladora del MAS le advirtió a su colega de oposición de la siguiente forma. “Salí, salí, ven te voy a dar”, dando a entender que iba a ser golpeada.
JUSTIFICA
En tanto, el Movimiento al Socialismo (MAS) justificó el accionar de la diputada Juana Quispe con el argumento de que este ataque es por las presuntas y constantes humillaciones y agresiones que sufrió por parte de la oposición.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, dijo que su bancada es constantemente agredida por los parlamentarios opositores.
“Los opositores acusan de que los estamos acosando, pero hemos aguantado tres años de insultos, de actitudes patriarcales, nos insultaron y hemos soportado mucho. Hay un basta, nosotros no nos vamos a quedar callados, tienen que aprender a respetar y aquellos que lo demuestren tendrán nuestro respeto”, expresó Montaño.
A la vez hizo referencia a la ocasión en que el ex magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gualberto Cusi, escupió al diputado oficialista Víctor Borda, tras una discusión cuando se desarrollaba el juicio de responsabilidades en su contra en el Legislativo.
NO PEDIRÁ DISCULPAS
En tanto, la exjefa de bancada del Movimiento al Socialismo, Juana Quispe, por el departamento de Cochabamba aseguró que no tiene porqué pedir disculpas a Gonzalo Barrientos y Shirley Franco por arrojarles con coca acullicada.
“No voy a pedir disculpas a los opositores, cómo a semejantes dictadores que nos insultaron. Primero que ellos se disculpen de tantas agresiones y humillaciones de los que fuimos objeto y existen grabaciones, ellos son los ‘vendepatrias’”, argumentó la legisladora.
Por otra parte, Quispe indicó que es la primera vez que actuó de esa manera y que si pudiese hubiera acudido a los golpes, en respuesta a las agresiones verbales de los opositores.
Thursday, January 25, 2018
Disputas en UD por jefatura de bancadas
La bancada de Unidad Demócrata (UD) se dividió en dos bandos que están en busca de la legitimación de sus jefaturas, el diputado Norman Lazarte solicitará a la Presidenta de la Cámara Baja que haga respetar los procedimientos.
“Estamos enviando una nota a la Presidenta de la Cámara de Diputados para solicitar el cumplimiento del reglamento interno de esta instancia, lo que corresponde es que emita una resolución de reconocimiento a la jefatura de bancada y que en apego a las normativas de nuestra institución debe recaer en mi persona”, explicó el legislador.
Ante esto el diputado Gonzalo Barrientos, que es miembro de la misma tienda política que Lazarte, manifestó que la directiva de esa instancia no tiene por qué legitimar o pronunciarse al respecto, puesto que al ser una bancada independiente debe elegir a su representante y hacer conocer al pleno de la cámara.
Sin embargo se presentó una segunda terna para la jefatura de la bancada de diputados, donde está a la cabeza de Gonzalo Barrientos, quien obtuvo un apoyo de 40 de los 62 asambleístas de oposición. Mientras que Norman Lazarte obtuvo un poyo de 25 legisladores para asumir la representatividad en esa entidad.
Según el artículo 65 del Reglamento General de la Cámara de Diputados establece que las Bancadas comunicarán su constitución a la Presidencia de la Cámara mediante nota firmada por sus representantes integrantes, consignando el nombre de la Jefa o Jefe y el de su alterna.
DENUNCIAS
Anteriormente la diputada Jimena costa denunció que asambleístas suplentes que poyaron la candidatura de lazarte a la jefatura de bancada fueron víctimas de acoso político por parte del diputado Barrientos para que apoyen su designación.
Además aseguró que le sacan dinero de los sueldos de sus funcionarios. “Hay personas que piensan que pueden seguir operando así, como el senador (Arturo) Murillo, (Óscar) Ortiz, o los diputados Barrientos y (Lourdes) Millares que vienen de la vieja política y que actuemos bajo su mando. No quiero unidad con ellos”, advirtió la legisladora.
Estas denuncias fueron ratificadas por Lazarte quien indicó que también lo amenazaron para que desista ser jefe de bancada, sin embargo este aseguró que continuará insistiendo para que se cumplan los procedimientos.
“También tenemos derecho a disentir y pensar diferente en el interior de nuestros partidos, el acoso político que se vive en los partidos de oposición existe solo porque se piensa diferente, nosotros nos hemos revelado ante esas irregularidades e imposiciones y queremos cambiar esas acciones”, explicó.
INCUMPLIMIENTO
Según el reglamento de diputados establece los plazos para que los partidos políticos presentes sus listas, la cual debe ser tres horas antes de la convocatoria a la sesión preparatoria, esto no fue acatado por el frente de Barrientos.
El aludido negó que se hayan vulnerado los procedimientos a la hora de presentar sus listas, por lo que no están dispuestos a que el Movimiento Al Socialismo decida quien es jefe de bancada de Unidad Demócrata.
“Estamos enviando una nota a la Presidenta de la Cámara de Diputados para solicitar el cumplimiento del reglamento interno de esta instancia, lo que corresponde es que emita una resolución de reconocimiento a la jefatura de bancada y que en apego a las normativas de nuestra institución debe recaer en mi persona”, explicó el legislador.
Ante esto el diputado Gonzalo Barrientos, que es miembro de la misma tienda política que Lazarte, manifestó que la directiva de esa instancia no tiene por qué legitimar o pronunciarse al respecto, puesto que al ser una bancada independiente debe elegir a su representante y hacer conocer al pleno de la cámara.
Sin embargo se presentó una segunda terna para la jefatura de la bancada de diputados, donde está a la cabeza de Gonzalo Barrientos, quien obtuvo un apoyo de 40 de los 62 asambleístas de oposición. Mientras que Norman Lazarte obtuvo un poyo de 25 legisladores para asumir la representatividad en esa entidad.
Según el artículo 65 del Reglamento General de la Cámara de Diputados establece que las Bancadas comunicarán su constitución a la Presidencia de la Cámara mediante nota firmada por sus representantes integrantes, consignando el nombre de la Jefa o Jefe y el de su alterna.
DENUNCIAS
Anteriormente la diputada Jimena costa denunció que asambleístas suplentes que poyaron la candidatura de lazarte a la jefatura de bancada fueron víctimas de acoso político por parte del diputado Barrientos para que apoyen su designación.
Además aseguró que le sacan dinero de los sueldos de sus funcionarios. “Hay personas que piensan que pueden seguir operando así, como el senador (Arturo) Murillo, (Óscar) Ortiz, o los diputados Barrientos y (Lourdes) Millares que vienen de la vieja política y que actuemos bajo su mando. No quiero unidad con ellos”, advirtió la legisladora.
Estas denuncias fueron ratificadas por Lazarte quien indicó que también lo amenazaron para que desista ser jefe de bancada, sin embargo este aseguró que continuará insistiendo para que se cumplan los procedimientos.
“También tenemos derecho a disentir y pensar diferente en el interior de nuestros partidos, el acoso político que se vive en los partidos de oposición existe solo porque se piensa diferente, nosotros nos hemos revelado ante esas irregularidades e imposiciones y queremos cambiar esas acciones”, explicó.
INCUMPLIMIENTO
Según el reglamento de diputados establece los plazos para que los partidos políticos presentes sus listas, la cual debe ser tres horas antes de la convocatoria a la sesión preparatoria, esto no fue acatado por el frente de Barrientos.
El aludido negó que se hayan vulnerado los procedimientos a la hora de presentar sus listas, por lo que no están dispuestos a que el Movimiento Al Socialismo decida quien es jefe de bancada de Unidad Demócrata.
Oposición pedirá informe de gastos en Código abrogado
El senador de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz, anunció ayer que solicitará al Ministerio de Justicia y a la Cámara de Diputados informes para conocer cuánto gastó el Estado en la elaboración del Código del Sistema Penal.
“Voy a presentar una petición de informe oral al Ministerio de Justicia para que expliquen cuál fue su rol en la elaboración del Código del Sistema Penal y también vamos a pedir unos requerimientos de información al interior de la Asamblea Legislativa, porque está claro que este Código estaba tan mal redactado y en el cual seguro se ha gastado muchos recursos”, dijo a los periodistas.
Esa norma será abrogada por una ley corta aprobada por la Asamblea Legislativa a solicitud del presidente Evo Morales tras los varios pedidos de parte de distintas organizaciones de la sociedad civil y después de una serie de protestas y movilizaciones que comenzaron el 2017 con un paro de los médicos que duró más de un mes.
“Hemos decidido abrogar el Código del Sistema Penal para evitar confusiones y que la derecha deje de conspirar y no tenga argumentos para generar desestabilización en el país, con desinformación y mentiras. Enviaremos una carta a la Asamblea Legislativa en los próximos días”, escribió el presidente Morales en su Twitter.
Según el oficialismo, esta norma fue elaborada desde hace tres años. Se conoce que uno de los asesores extranjeros que colaboraron en la construcción del Código del Sistema Penal es el jurista argentino, Carlos Alberto Binder.
En ese contexto, es senador Ortiz dijo que ambas instancias deben dar cuentas a la sociedad de cuánto se gastó, a quiénes se contrató y cuánto se les pagó para la elaboración de esa norma.
Por su parte, la senadora Adriana Salvatierra (MAS) dijo que si Ortiz quiere saber cuánto se gastó, sabe los procedimientos que debe seguir para obtener esa información.
“Voy a presentar una petición de informe oral al Ministerio de Justicia para que expliquen cuál fue su rol en la elaboración del Código del Sistema Penal y también vamos a pedir unos requerimientos de información al interior de la Asamblea Legislativa, porque está claro que este Código estaba tan mal redactado y en el cual seguro se ha gastado muchos recursos”, dijo a los periodistas.
Esa norma será abrogada por una ley corta aprobada por la Asamblea Legislativa a solicitud del presidente Evo Morales tras los varios pedidos de parte de distintas organizaciones de la sociedad civil y después de una serie de protestas y movilizaciones que comenzaron el 2017 con un paro de los médicos que duró más de un mes.
“Hemos decidido abrogar el Código del Sistema Penal para evitar confusiones y que la derecha deje de conspirar y no tenga argumentos para generar desestabilización en el país, con desinformación y mentiras. Enviaremos una carta a la Asamblea Legislativa en los próximos días”, escribió el presidente Morales en su Twitter.
Según el oficialismo, esta norma fue elaborada desde hace tres años. Se conoce que uno de los asesores extranjeros que colaboraron en la construcción del Código del Sistema Penal es el jurista argentino, Carlos Alberto Binder.
En ese contexto, es senador Ortiz dijo que ambas instancias deben dar cuentas a la sociedad de cuánto se gastó, a quiénes se contrató y cuánto se les pagó para la elaboración de esa norma.
Por su parte, la senadora Adriana Salvatierra (MAS) dijo que si Ortiz quiere saber cuánto se gastó, sabe los procedimientos que debe seguir para obtener esa información.
Monday, January 22, 2018
Opositores ven agotamiento en el Gobierno de Evo tras su informe
"Hoy volvimos a constatar que el Movimiento al Socialismo es un proyecto deslegitimado y en profundo agotamiento porque desaprovecharon la bonanza de los altos precios internacionales y no tienen alternativa a la crisis", dijo Rubén Costas luego del mensaje que el presidente Evo Morales brindará este lunes.
"El Presidente pierde legitimidad cada vez que niega la soberanía popular. Su discurso ignoró el sentimiento de defensa del 21F que se expande en todo el país", mencionó el gobernador cruceño.
Dentro de lo económico Costas cree que no se han dado a conocer números reales ya que "en 12 años han administrado 240 mil millones de dólares y a pesar de esa bonanza, Bolivia tiene a más de 2 millones de compatriotas en extrema pobreza".
Samuel Doria Medina, líder de Unidad Nacional (UN), escribió en su cuenta de twitter que Evo "perdió la oportunidad de hablarle al pueblo" y se dirigió solo a su partido, que dijo más de lo mismo y que su discurso no cambia y "se repite cada año, solo varía las cifras" y lo que es más grave, "no ha corregido su peor error: forzar la Constitución por la reelección".
Por su parte, Tuto Quiroga, ve una desesperación de Morales ante la caída de su aprobación y apuesta a la entrega del doble aguinaldo. "Estamos recién en enero y él ya sabe que se dará este beneficio", indicó al mismo tiempo que criticó el hecho de que no se hubiera mencionado nada de la repostulación ni del Código Penal. "Él (Evo Morales) ha abrogado esta norma para intentar de salvar su golpe contra la Constitución"
Wednesday, January 10, 2018
Califica el MAS de tardía Opositores refuerzan huelga en contra del nuevo Código
Los asambleístas de la bancada de oposición de Unidad Demócrata (UD) se sumaron ayer al piquete de huelga de hambre que exige la abrogación del nuevo Código Penal. Ellos son Rodrigo Valdivia, Grover Huanca, Wilson Santamaría, Amilcar Barral, Griselda Muñoz, Lorena Gareca y Jeanine Añez.
“Es una decisión que se ha consultado con la bancada y la decisión es sumarse a la huelga de hambre para pedir la abrogación total del Código”, declaró Santamaría.
El movimiento de rechazo se adoptó por considerar que la nueva legislación no ha sido socializada ni difundida de forma adecuada en las instituciones que estaban movilizadas. “Tenemos la obligación de hacernos eco de esta protesta ciudadana”, expresó el diputado opositor.
El pasado lunes, la senadora Carmen Eva Gonzales ingresó en ayuno voluntario en contra de la nueva norma, pasó la noche en instalaciones del legislativo, empero denunció que se le restringió el acceso a los servicios básicos.
ORÍGENES DEL CONFLICTO
El conflicto se produce en medio del tratamiento en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que derogará los artículos 137 y 205 del Código de Sistema Penal, además de la revisión de los enunciados 293 y 294.
Más tarde, los legisladores Tomás Monasterios, Rodrigo Guzmán, Cira Castro, Yeimi Peña y Agustín Condori decidieron también adoptar el ayuno, alegando que es necesaria la abrogación del Código porque pretende acallar a los sectores que no están de acuerdo con las políticas del partido gobernante.
Santamaría expuso que existen al menos 32 artículos del segmento sustantivo y otros 30 en los enunciados de la parte procesal del nuevo Código que son observados, porque no son congruentes con la Constitución Política del Estado.
Después que se instaló el ayuno voluntario, la Policía que está a cargo de la seguridad de esos ambientes evitó el ingreso de personas al hall de la Asamblea, al haberse dispuesto de personal para que se ponga a pintar los ambientes cercanos al lugar donde están los legisladores de oposición.
Sobre esto, el senador Arturo Murillo denunció que tal disposición es una acción de acoso en contra de la senadora, que en esos mismos ambientes desarrolla su huelga de hambre.
“Se la está acosando de una manera antidemocrática. Le han cerrado baños, hoy le han metido gente ahí que está pintando y están tratando de presionar a los que están en huelga de hambre para que salgan del espacio que ocupan para este efecto y así dejen la medida de presión”, lamentó el parlamentario.
AMENAZAS DE CAMPESINOS
Molestos, así reaccionaron campesinos de la federación de ayllus de Llallagua, en el departamento de Potosí, ante la medida de los parlamentarios opositores, tal es así que quisieron ingresar al edificio del Legislativo para intervenir la huelga de hambre.
“Queremos sacarlos a chicotazos a esos diputados”, manifestó Ramiro Jorge Cutso, autoridad originaria del norte de Potosí.
Entretanto, el diputado Víctor Borda, del Movimiento al Socialismo (MAS), criticó el accionar tardío de la oposición, arguyendo que que durante el tratamiento de la norma, en la comisión de constitución de la cámara baja, tenían la opción de observar el proyecto y hacer conocer sus desacuerdos.
“Son unos sinvergüenzas, el diputado Wilson Santamaría era parte de la Comisión de Constitución donde se aprobó el código del sistema penal, ¿por qué no expusieron sus posturas contrarias durante el tratamiento? (…) son oportunistas, sólo quieren ganar protagonismo personal más allá de los intereses políticos”, destacó.
“Es una decisión que se ha consultado con la bancada y la decisión es sumarse a la huelga de hambre para pedir la abrogación total del Código”, declaró Santamaría.
El movimiento de rechazo se adoptó por considerar que la nueva legislación no ha sido socializada ni difundida de forma adecuada en las instituciones que estaban movilizadas. “Tenemos la obligación de hacernos eco de esta protesta ciudadana”, expresó el diputado opositor.
El pasado lunes, la senadora Carmen Eva Gonzales ingresó en ayuno voluntario en contra de la nueva norma, pasó la noche en instalaciones del legislativo, empero denunció que se le restringió el acceso a los servicios básicos.
ORÍGENES DEL CONFLICTO
El conflicto se produce en medio del tratamiento en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que derogará los artículos 137 y 205 del Código de Sistema Penal, además de la revisión de los enunciados 293 y 294.
Más tarde, los legisladores Tomás Monasterios, Rodrigo Guzmán, Cira Castro, Yeimi Peña y Agustín Condori decidieron también adoptar el ayuno, alegando que es necesaria la abrogación del Código porque pretende acallar a los sectores que no están de acuerdo con las políticas del partido gobernante.
Santamaría expuso que existen al menos 32 artículos del segmento sustantivo y otros 30 en los enunciados de la parte procesal del nuevo Código que son observados, porque no son congruentes con la Constitución Política del Estado.
Después que se instaló el ayuno voluntario, la Policía que está a cargo de la seguridad de esos ambientes evitó el ingreso de personas al hall de la Asamblea, al haberse dispuesto de personal para que se ponga a pintar los ambientes cercanos al lugar donde están los legisladores de oposición.
Sobre esto, el senador Arturo Murillo denunció que tal disposición es una acción de acoso en contra de la senadora, que en esos mismos ambientes desarrolla su huelga de hambre.
“Se la está acosando de una manera antidemocrática. Le han cerrado baños, hoy le han metido gente ahí que está pintando y están tratando de presionar a los que están en huelga de hambre para que salgan del espacio que ocupan para este efecto y así dejen la medida de presión”, lamentó el parlamentario.
AMENAZAS DE CAMPESINOS
Molestos, así reaccionaron campesinos de la federación de ayllus de Llallagua, en el departamento de Potosí, ante la medida de los parlamentarios opositores, tal es así que quisieron ingresar al edificio del Legislativo para intervenir la huelga de hambre.
“Queremos sacarlos a chicotazos a esos diputados”, manifestó Ramiro Jorge Cutso, autoridad originaria del norte de Potosí.
Entretanto, el diputado Víctor Borda, del Movimiento al Socialismo (MAS), criticó el accionar tardío de la oposición, arguyendo que que durante el tratamiento de la norma, en la comisión de constitución de la cámara baja, tenían la opción de observar el proyecto y hacer conocer sus desacuerdos.
“Son unos sinvergüenzas, el diputado Wilson Santamaría era parte de la Comisión de Constitución donde se aprobó el código del sistema penal, ¿por qué no expusieron sus posturas contrarias durante el tratamiento? (…) son oportunistas, sólo quieren ganar protagonismo personal más allá de los intereses políticos”, destacó.
Wednesday, January 3, 2018
Santamaría: Otros sectores buscarán reformar Código Penal
Tras el rechazo de varios colegios de médicos al preacuerdo que se firmó entre este sector y el Gobierno para suspender la aplicación del artículo 205 del Código de Sistema Penal; los asambleístas de oposición advierten que otros sectores sociales se movilizarán para obtener el mismo resultado en sus demandas.
“Esperemos que tras desactivarse este conflicto no se active el problema con otros sectores como los transportistas que recién han entendido la medida del problema, luego el sector gremial que cuando no paguen sus impuestos serán sancionados con penas de 8 años (…); esa es la consecuencia que se corre cuando se hace una norma con tanta prisa y poco consenso con los diferentes sectores”, explicó el diputado de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría.
El sector del Transporte Pesado del país adelantó para hoy en Potosí el ampliado de este rubro, para analizar las explicaciones que recibieron de las autoridades sobre el artículo 137 del nuevo Código de Sistema Penal. Buscan la anulación de este enunciado, caso contrario comenzarán con el bloqueo de caminos.
“En el ampliado informaremos a nuestras bases la forma de trabajo que estamos haciendo con el Legislativo para poder lograr que se derogue el artículo 137 del Código Penal”, dijo Óscar Reynolds, dirigente del sector.
CONSENSOS SECTORIALES
Por otra parte, Santamaría manifestó que el Gobierno no aceptará la anulación total de la ley, por lo que realizará acuerdos sectoriales para la abrogación de los artículos observados, puesto que tiene interés para que se desactiven las movilizaciones anunciadas.
Los gremiales se movilizarán el próximo lunes en contra de la nueva normativa, puesto que están observando los artículos 293 (sedición), 294 (atribuirse los derechos del pueblo), están exigiendo la derogatoria del código.
PREACUERDO RECHAZADO
Ayer, los médicos rechazaron el preacuerdo que suscribieron con el Gobierno en el que se plantea la abrogación de tres decretos supremos y que se suspenda la aplicación del artículo 205 del Código de Sistema Penal hasta que se cumplan varios pasos previos en un plazo que vence en junio de 2019.
Uno de los decretos que el Ejecutivo se compromete a abrogar es el 3385, que crea la Autoridad de Fiscalización para este sector y que fue una de las principales demandas de la protesta. Los otros dos son el 3091, también referido a la Autoridad de Fiscalización, y el 3092, que autoriza la libre afiliación, la desafiliación y reafiliación gradual en el seguro social obligatorio a corto plazo.
VIGENCIA
El nuevo Código del Sistema Penal entrará en vigencia en junio de 2019, entre tanto el actual Código Penal sigue vigente y es aplicable ante cualquier ilícito que refiera a la negligencia médica.
Al respecto, el abogado constitucionalista William Bascopé señaló que en caso de que se presente algún caso de presunta negligencia médica, aún se aplica el Código Penal y los implicados en el caso deben ser procesados por el delito de homicidio culposo.
En este punto, el legislador opositor indicó que los presidentes de ambas cámaras deben sesionar a partir de la próxima semana para la revisión de estos enunciados, con la finalidad de garantizar a los sectores en conflicto que cumplirán con los convenios firmados.
“Esperemos que tras desactivarse este conflicto no se active el problema con otros sectores como los transportistas que recién han entendido la medida del problema, luego el sector gremial que cuando no paguen sus impuestos serán sancionados con penas de 8 años (…); esa es la consecuencia que se corre cuando se hace una norma con tanta prisa y poco consenso con los diferentes sectores”, explicó el diputado de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría.
El sector del Transporte Pesado del país adelantó para hoy en Potosí el ampliado de este rubro, para analizar las explicaciones que recibieron de las autoridades sobre el artículo 137 del nuevo Código de Sistema Penal. Buscan la anulación de este enunciado, caso contrario comenzarán con el bloqueo de caminos.
“En el ampliado informaremos a nuestras bases la forma de trabajo que estamos haciendo con el Legislativo para poder lograr que se derogue el artículo 137 del Código Penal”, dijo Óscar Reynolds, dirigente del sector.
CONSENSOS SECTORIALES
Por otra parte, Santamaría manifestó que el Gobierno no aceptará la anulación total de la ley, por lo que realizará acuerdos sectoriales para la abrogación de los artículos observados, puesto que tiene interés para que se desactiven las movilizaciones anunciadas.
Los gremiales se movilizarán el próximo lunes en contra de la nueva normativa, puesto que están observando los artículos 293 (sedición), 294 (atribuirse los derechos del pueblo), están exigiendo la derogatoria del código.
PREACUERDO RECHAZADO
Ayer, los médicos rechazaron el preacuerdo que suscribieron con el Gobierno en el que se plantea la abrogación de tres decretos supremos y que se suspenda la aplicación del artículo 205 del Código de Sistema Penal hasta que se cumplan varios pasos previos en un plazo que vence en junio de 2019.
Uno de los decretos que el Ejecutivo se compromete a abrogar es el 3385, que crea la Autoridad de Fiscalización para este sector y que fue una de las principales demandas de la protesta. Los otros dos son el 3091, también referido a la Autoridad de Fiscalización, y el 3092, que autoriza la libre afiliación, la desafiliación y reafiliación gradual en el seguro social obligatorio a corto plazo.
VIGENCIA
El nuevo Código del Sistema Penal entrará en vigencia en junio de 2019, entre tanto el actual Código Penal sigue vigente y es aplicable ante cualquier ilícito que refiera a la negligencia médica.
Al respecto, el abogado constitucionalista William Bascopé señaló que en caso de que se presente algún caso de presunta negligencia médica, aún se aplica el Código Penal y los implicados en el caso deben ser procesados por el delito de homicidio culposo.
En este punto, el legislador opositor indicó que los presidentes de ambas cámaras deben sesionar a partir de la próxima semana para la revisión de estos enunciados, con la finalidad de garantizar a los sectores en conflicto que cumplirán con los convenios firmados.
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