“Le mandamos una carta al ministro de Gobierno, Carlos Romero, para que ordene inmediatamente la recaptura de los ocho asesinos de los tres policías. Sabemos dónde están, les estamos haciendo seguimiento (…). Ha existido proteccionismo político”, declaró el senador Murillo.
También envió una carta al Comandante de la Policía para que responda sobre las acciones que asumió para hacer seguimiento a los sentenciados a 30 años de cárcel, sin derecho a indulto, y que por permisividad judicial están libres con medidas sustitutivas.
El 26 de febrero de 2008, los policías Eloy Yupanqui, Wálter Ávila y Willy Álvarez intentaron “voltear” un cargamento de droga que salía de ese municipio, pero fueron capturados por los pobladores que los torturaron, les arrojaron agua hervida y les estrangularon, según reporte de Opinión.
Tras una investigación, 13 linchadores fueron identificados, pero fueron liberados de culpa irregularmente (hubo denuncias de pagos de 10.000 dólares) por el exfiscal de Distrito César Cartagena y el exfiscal el caso Irving Avendaño. Ambos funcionarios fueron procesados por la Inspectoría y salieron del Ministerio Público.
Los 13 acusados fueron recapturados y enjuiciados. El 24 de junio de 2010, ocho de ellos fueron sentenciados a 30 años de cárcel, tras valorar las pruebas en su contra: Zenón Soria Orellana, Juan Israel Rodríguez, Trifón Huayllani Pizarro, Félix Zapata Torrico, Santiago Jiménez, Crescencio Jiménez Balderrama, Ángel Rosendo Cossío y Nicolás Rojas Calvi.
Sin embargo, a 10 años del triple crimen sus sentencias no han sido ejecutoriadas y, desde el año 2011, empezaron a pedir su libertad, argumentando que ya estaban más de 36 meses presos, sin sentencia ejecutoriada.
Murillo cuestionó que mientras estas personas están libres, pese a la dimensión de sus delitos, cientos de personas están en las cárceles con detenciones preventivas por delitos menores y sin sentencia.
Por esta razón, el parlamentario exigió que el Consejo de la Magistratura suspenda a los jueces que dictaron la libertad de los sentenciados y sean juzgados por prevaricato.
Por otra parte, solicitó también al ministro de Justicia, Héctor Arce, que intervenga en el caso. “Él habla tanto de justicia transparente, le pedimos que haga las investigaciones en este caso”, sostuvo.
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