El diputado de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría pidió a las autoridades del Ministerio Público que investiguen a David Vargas, jefe en La Paz de la organización Che Guevara del Movimiento al Socialismo (MAS), por los nexos que tiene con Rómer Gutiérrez que fue detenido en Brasil por narcotráfico.
“La aparición en el escenario del señor David Vargas, los audios y las fotografías en todos los niveles de Gobierno deben generar una investigación. A los opositores por una fotografía los enjuiciaron pero ahora hay un álbum fotográfico y nadie se anima a decir nada para que se investiguen estos nexos. No se puede tener tanto descargo”, señaló el legislador.
La semana pasada se conoció que el líder del grupo Che Guevara del MAS-IPSP, Rómer Gutiérrez fue detenido en Brasil por narcotráfico, se generó una controversia por las fotografías que tiene con Ministros de Estado, asambleístas del MAS incluso con el presidente Evo Morales.
ABUSO DE PODER
Tras este hecho se develaron audios donde David Vargas miembro de este grupo afín al oficialismo también cuenta con fotografías con altas autoridades del gobierno, quien también amenazó a una persona advirtiendo que tiene “poder” en el Ministerio de Gobierno, que dirige Carlos Romero; y en el de Justicia, que lidera Héctor Arce.
“Ahora mismo te doy el teléfono de Héctor Arce, puedes ir a quejarte por discriminación, como me estás amenazando, te acompaño y te paso ahora mismo el número del Ministro Arce. No seas maricón llok’alla”, se escucha en uno de los audios.
JUSTIFICACIÓN
Sobre estos audios, el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales justificó las declaraciones que hizo Vargas, puesto que señaló que se encontraba en estado de ebriedad y no se puede prestar atención a una persona que está bajo los efectos del alcohol.
“Vargas admitió que dijo todas esas cosas cuando que se encontraba en estado de ebriedad y a un borracho no le hago mucho caso ¿no?, qué persona en ese estado te dicen cosas coherentes”, destacó.
El aludido admitió que es su voz la que se escucha en esos audio, dijo que fue una discusión con un compañero de la regional departamental del MAS y que esa amenaza la hizo cuando se encontraba en estado de ebriedad, ante el constante hostigamiento de algunos dirigentes.
Por su parte, Santamaría indicó que estar en estado de ebriedad no es justificativo para emitir este tipo de amenazas y nombrara a altas autoridades de Gobierno.
Pese a eso se deben iniciar las investigaciones pertinentes que deben ser impulsadas por el Gobierno para que limpie su imagen que ya se encuentra muy desgastada con estos vínculos por narcotráfico y abuso de poder.
“Borracho estaba y no me acuerdo es la salida de muchos, pero se debe realizar una investigación para que el partido oficialista limpie su imagen. Existen varias fotografías donde están con legisladores donde se le atribuye un poder de coordinación, hay un audio que llama la atención donde se menciona a Senadores, Ministros y Diputados, todas esas amenazas deben ser investigadas”, resaltó.
Saturday, July 29, 2017
Thursday, July 27, 2017
Denuncia de UD Viceministro ejerce cargo de forma ilegal
El viceministro de Tierras, Valentín Ticona Colque, ejerce ilegalmente el cargo, porque tiene una sentencia ejecutoriada, por abuso en uso de documento firmado, denunció el diputado Wilson Santamaría.
“Cuando una sentencia se consolida se registra antecedentes penales, Valentín Ticona tiene sentencia condenatoria ejecutoriada de diciembre 2016, con pena privativa de libertad de dos años”, afirmó el legislador documentos en mano.
De acuerdo con la Constitución Política del Estado no pueden ser servidores públicos, quienes tengan pliego de cargo o sentencia ejecutoriada en materia penal. “Este señor desempeña funciones al margen de la Constitución y está percibiendo salarios al margen de la ley”, advirtió.
Por esa razón dijo que denunciará la irregularidad ante el Ministerio Público, porque además el ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, tendrá que “asumir su responsabilidad” por tener a un servidor público con sentencia ejecutoriada.
Ticona posesionado como viceministro en junio de 2016. Fue asesor de gestión parlamentaria del diputado Luis Gallego en la anterior legislatura, fue denunciado por “abuso de firma en blanco”, es decir, “hacía que su diputado firme documentos y realizaba una serie de acciones que desconocía el que fuera legislador”.
Santamaría advirtió que existen presumiblemente los delitos de “resoluciones contrarias a la Constitución, designaciones ilegales del cargo y percepciones ilegales, son materia de responsabilidad penal”.
Dirigiéndose al ministro Cocarico dijo que la autoridad debiera preocuparse de estos temas en vez de perseguir y amenazar a los dirigentes cocaleros de la Asociación Departamental de Productores de Coca. (ANF)
“Cuando una sentencia se consolida se registra antecedentes penales, Valentín Ticona tiene sentencia condenatoria ejecutoriada de diciembre 2016, con pena privativa de libertad de dos años”, afirmó el legislador documentos en mano.
De acuerdo con la Constitución Política del Estado no pueden ser servidores públicos, quienes tengan pliego de cargo o sentencia ejecutoriada en materia penal. “Este señor desempeña funciones al margen de la Constitución y está percibiendo salarios al margen de la ley”, advirtió.
Por esa razón dijo que denunciará la irregularidad ante el Ministerio Público, porque además el ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, tendrá que “asumir su responsabilidad” por tener a un servidor público con sentencia ejecutoriada.
Ticona posesionado como viceministro en junio de 2016. Fue asesor de gestión parlamentaria del diputado Luis Gallego en la anterior legislatura, fue denunciado por “abuso de firma en blanco”, es decir, “hacía que su diputado firme documentos y realizaba una serie de acciones que desconocía el que fuera legislador”.
Santamaría advirtió que existen presumiblemente los delitos de “resoluciones contrarias a la Constitución, designaciones ilegales del cargo y percepciones ilegales, son materia de responsabilidad penal”.
Dirigiéndose al ministro Cocarico dijo que la autoridad debiera preocuparse de estos temas en vez de perseguir y amenazar a los dirigentes cocaleros de la Asociación Departamental de Productores de Coca. (ANF)
Tuesday, July 25, 2017
Informe refleja buena gestión edil en El Alto
El presidente del concejo Municipal, Antioco Cala, expresó su satisfacción, tras el informe de la Alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, emitido el pasado viernes.
Afirmó que a pesar de reducción presupuestaria de Bs 700 millones, que sufrió el presupuesto edil, el Ejecutivo logró afianzar el plan municipal de la Alcaldesa en obras distritales, jach´a obras, además de los programas de seguridad ciudadana, hecho que se reflejó en el informe de gestión de la autoridad.
Recordó que los recursos transferidos al Municipio, por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), sufrieron un recorte de Bs 506 millones respecto a la anterior gestión, pero que a pesar de ello en 2016, se ejecutó el 80% del presupuesto.
En cambio, la concejal de oposición Nancy Mamani (MAS), calificó de "incoherente" el informe que presentó Chapetón, toda vez que en su criterio la autoridad englobó todos los proyectos desde junio de 2015 cuando asumió la Alcaldía, no así del periodo 2016 - 2017.
Afirmó que a pesar de reducción presupuestaria de Bs 700 millones, que sufrió el presupuesto edil, el Ejecutivo logró afianzar el plan municipal de la Alcaldesa en obras distritales, jach´a obras, además de los programas de seguridad ciudadana, hecho que se reflejó en el informe de gestión de la autoridad.
Recordó que los recursos transferidos al Municipio, por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), sufrieron un recorte de Bs 506 millones respecto a la anterior gestión, pero que a pesar de ello en 2016, se ejecutó el 80% del presupuesto.
En cambio, la concejal de oposición Nancy Mamani (MAS), calificó de "incoherente" el informe que presentó Chapetón, toda vez que en su criterio la autoridad englobó todos los proyectos desde junio de 2015 cuando asumió la Alcaldía, no así del periodo 2016 - 2017.
Saturday, July 22, 2017
Impugna UD designación de vocales del Órgano Judicial
La bancada de Unidad Demócrata (UD) presentó un memorial de impugnación ante la designación de vocales para los Tribunales Departamentales de Justicia, por considerar que fue irregular y que tampoco toma en cuenta a los mejores profesionales para asumir esos cargos.
El Consejo de la Magistratura envió una lista al Tribunal Supremo de Justicia de 42 postulantes a vocales, para los distritos judiciales de Tarija, La Paz y Chuquisaca, de la cual esta instancia debe elegir a los más calificados. Las puntuaciones oscilan entre los 65 y 95 puntos.
“Se presentó un memorial de impugnación contra la designación de estos vocales porque se lo hizo de manera irregular, ese acto es nulo de pleno derecho. Además, se devela que hay una intención política de favorecer a algunos profesionales designándolos como vocales que se hace de manera presurosa”, indicó el diputado Wilson Santamaría.
DESIGNACIONES
En el caso de La Paz existen 23 postulantes a vocales para los tribunales de garantías del departamento de La Paz, la designación de estos se efectuó ante la presencia de cuatro vocales del Tribunal Supremo de Justicia, ya que el resto de los miembros viajó a China, para asistir a un seminario de intercambio de experiencias en el tema judicial.
Según el artículo 48 de la ley 025 del Órgano Judicial, “Las y los vocales departamentales deben ser elegidos por el Tribunal Supremo de Justicia por la mitad más uno de los votos de sus miembros presentes”.
Santamaría indicó que en el caso de Chuquisaca se designó a Hugo Michel, que tiene la nota de 70 puntos sobre 100, sin tomar en cuenta que hay ocho postulantes que tienen ponderaciones entre 72 y 93 puntos.
Hugo Michel fue el juez responsable de la fuga del ex fiscal Marcelo Soza, en marzo de 2014, por no haber fijado fecha para audiencia de medidas cautelares, según informe del Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero.
A la vez, se designó a Sandra Medrano Bautista, quien era secretaria y asistente personal de la vocal de Chuquisaca Rita Nava Durán.
“Las autoridades están seleccionando a las personas que tiene las notas más bajas y además se decidió escoger a alguien que cumplía funciones bajo la dependencia de una de las vocales de Chuquisaca”, declaró Sasntamaría.
PROCEDIMIENTO
El Consejo de la Magistratura emite una convocatoria para cubrir las acefalias de jueces y vocales en los tribunales de justicia, los evalúa y envía las ternas de los mejores calificados al Tribunal Supremo de Justicia, para que éste elija a los más competentes.
Ante estas denuncias por parte de la oposición, EL DIARIO trató de comunicarse con los vocales del Tribunal Supremo de Justicia en la ciudad de Sucre, sin embargo no obtuvo respuesta.
El Consejo de la Magistratura envió una lista al Tribunal Supremo de Justicia de 42 postulantes a vocales, para los distritos judiciales de Tarija, La Paz y Chuquisaca, de la cual esta instancia debe elegir a los más calificados. Las puntuaciones oscilan entre los 65 y 95 puntos.
“Se presentó un memorial de impugnación contra la designación de estos vocales porque se lo hizo de manera irregular, ese acto es nulo de pleno derecho. Además, se devela que hay una intención política de favorecer a algunos profesionales designándolos como vocales que se hace de manera presurosa”, indicó el diputado Wilson Santamaría.
DESIGNACIONES
En el caso de La Paz existen 23 postulantes a vocales para los tribunales de garantías del departamento de La Paz, la designación de estos se efectuó ante la presencia de cuatro vocales del Tribunal Supremo de Justicia, ya que el resto de los miembros viajó a China, para asistir a un seminario de intercambio de experiencias en el tema judicial.
Según el artículo 48 de la ley 025 del Órgano Judicial, “Las y los vocales departamentales deben ser elegidos por el Tribunal Supremo de Justicia por la mitad más uno de los votos de sus miembros presentes”.
Santamaría indicó que en el caso de Chuquisaca se designó a Hugo Michel, que tiene la nota de 70 puntos sobre 100, sin tomar en cuenta que hay ocho postulantes que tienen ponderaciones entre 72 y 93 puntos.
Hugo Michel fue el juez responsable de la fuga del ex fiscal Marcelo Soza, en marzo de 2014, por no haber fijado fecha para audiencia de medidas cautelares, según informe del Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero.
A la vez, se designó a Sandra Medrano Bautista, quien era secretaria y asistente personal de la vocal de Chuquisaca Rita Nava Durán.
“Las autoridades están seleccionando a las personas que tiene las notas más bajas y además se decidió escoger a alguien que cumplía funciones bajo la dependencia de una de las vocales de Chuquisaca”, declaró Sasntamaría.
PROCEDIMIENTO
El Consejo de la Magistratura emite una convocatoria para cubrir las acefalias de jueces y vocales en los tribunales de justicia, los evalúa y envía las ternas de los mejores calificados al Tribunal Supremo de Justicia, para que éste elija a los más competentes.
Ante estas denuncias por parte de la oposición, EL DIARIO trató de comunicarse con los vocales del Tribunal Supremo de Justicia en la ciudad de Sucre, sin embargo no obtuvo respuesta.
Friday, July 21, 2017
UD pide datos en Brasil sobre exasesor del MAS
El jefe de la bancada de UD, Wilson Santamaría, informó que pidieron a sus pares del Partido Republicano Brasileño (PRB) de la Comisión de Narcóticos que puedan facilitarles información sobre el exasesor del MAS, Romer Gutiérrez Quezada, detenido en ese país en poder de casi 100 kilos de droga.
Ante la certeza que los opositores no podrán acceder a información en Bolivia sobre este caso, Santamaría dijo que están a la espera de lo que puedan facilitarles sus colegas brasileños respecto a las circunstancias de la detención de Gutiérrez.
“El Gobierno del país no nos va a informar nada. Hemos conectado a nuestros colegas del PRB que son miembros de la Comisión de Narcóticos para indagar, seguro ya tendremos información pronto”, señaló el legislador.
Romer Gutiérrez Quezada, líder de la Organización Che Guevara MAS-IPSP, todavía figura como funcionario del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, es hermano de la diputada Amparo Gutiérrez.
Desde que se conoció que el dirigente “Guevarista” fue detenido, el pasado viernes, circularon en las redes sociales muchas fotografías junto a altas autoridades de Estado, como el presidente Evo Morales; el ministro de Gobierno, Carlos Romero; el comandante de la Policía, Abel de la Barra y la presidenta de Diputados, Gabriela Montaño entre otros.
Asimismo, se puede ver en su muro de Facebook que participaba de diferentes eventos del MAS y de sus organización, además de apoyar intensamente la campaña por el Sí a la repostulación del primer mandatario o en la campaña de las elecciones subnacionales, en muchas está con autoridades de diferentes niveles de gobierno.
Santamaría dijo que la Unidad de Investigación Forense (UIF) y la Contraloría General del Estado deben revelar la información sobre sus declaraciones juradas desde que empezó a trabajar en las entidades públicas y revelar el movimiento económico de sus cuentas.
Señala que no es creíble que con un sueldo máximo de 10 mil bolivianos llegue a tener un patrimonio de 10 millones de bolivianos, más aún cuando la hermana Amparo Gutiérrez dijo que su familia era “humilde”, trabajadora y que siempre apoyaron este denominado proceso de cambio.
La diputada Gutiérrez declaró este miércoles que tras enterarse de la detención de su hermano, su familia se reunió para ver la posibilidad de viajar a Brasil “juntando nuestros pocos ahorros”.
La legisladora cuenta con un patrimonio neto de 3,3 millones de bolivianos. Viajó el lunes a San Paulo y visitó a Romer.
En tanto, la Cancillería mediante un comunicado informó que Gutiérrez Quezada, exasesor de una concejal del MAS en Santa Cruz, no es funcionario de esa entidad.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene a bien manifestar su enérgico rechazo y aclarar que dicho ciudadano no figura en la planilla de funcionarios dependientes de la institución ni del personal designado al servicio exterior en representación de país”, se lee en el comunicado de la Cancillería.
Ante la certeza que los opositores no podrán acceder a información en Bolivia sobre este caso, Santamaría dijo que están a la espera de lo que puedan facilitarles sus colegas brasileños respecto a las circunstancias de la detención de Gutiérrez.
“El Gobierno del país no nos va a informar nada. Hemos conectado a nuestros colegas del PRB que son miembros de la Comisión de Narcóticos para indagar, seguro ya tendremos información pronto”, señaló el legislador.
Romer Gutiérrez Quezada, líder de la Organización Che Guevara MAS-IPSP, todavía figura como funcionario del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, es hermano de la diputada Amparo Gutiérrez.
Desde que se conoció que el dirigente “Guevarista” fue detenido, el pasado viernes, circularon en las redes sociales muchas fotografías junto a altas autoridades de Estado, como el presidente Evo Morales; el ministro de Gobierno, Carlos Romero; el comandante de la Policía, Abel de la Barra y la presidenta de Diputados, Gabriela Montaño entre otros.
Asimismo, se puede ver en su muro de Facebook que participaba de diferentes eventos del MAS y de sus organización, además de apoyar intensamente la campaña por el Sí a la repostulación del primer mandatario o en la campaña de las elecciones subnacionales, en muchas está con autoridades de diferentes niveles de gobierno.
Santamaría dijo que la Unidad de Investigación Forense (UIF) y la Contraloría General del Estado deben revelar la información sobre sus declaraciones juradas desde que empezó a trabajar en las entidades públicas y revelar el movimiento económico de sus cuentas.
Señala que no es creíble que con un sueldo máximo de 10 mil bolivianos llegue a tener un patrimonio de 10 millones de bolivianos, más aún cuando la hermana Amparo Gutiérrez dijo que su familia era “humilde”, trabajadora y que siempre apoyaron este denominado proceso de cambio.
La diputada Gutiérrez declaró este miércoles que tras enterarse de la detención de su hermano, su familia se reunió para ver la posibilidad de viajar a Brasil “juntando nuestros pocos ahorros”.
La legisladora cuenta con un patrimonio neto de 3,3 millones de bolivianos. Viajó el lunes a San Paulo y visitó a Romer.
En tanto, la Cancillería mediante un comunicado informó que Gutiérrez Quezada, exasesor de una concejal del MAS en Santa Cruz, no es funcionario de esa entidad.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene a bien manifestar su enérgico rechazo y aclarar que dicho ciudadano no figura en la planilla de funcionarios dependientes de la institución ni del personal designado al servicio exterior en representación de país”, se lee en el comunicado de la Cancillería.
Friday, July 14, 2017
Samuel Doria Medina Maduro puede animar a Morales a eternizarse en el poder
El líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, afirmó en el Consejo de la Internacional Socialista en Nueva York (Estados Unidos) que si el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se queda en el Gobierno, animará al presidente, Evo Morales, a “eternizarse en el poder”.
“El desenlace en Venezuela tendrá repercusiones muy importantes en todo el continente -por ejemplo- vemos que si Maduro se mantuviera en el poder mucho tiempo, eso va a animar a Morales a querer hacer una constituyente para tratar de eternizarse en el poder”, afirmó Doria Medina.
Su posición la expresó en el marco de la reunión del Consejo de la Internacional Socialista donde participan líderes y dirigentes políticos de la socialdemocracia y laboristas de diferentes países, al referirse a los retos de la democracia ante el Siglo XXI.
Asimismo, dejó sentado que el apoyo del Gobierno boliviano al gobierno venezolano no es reflejo de la mayoría del pueblo, no apoya el “autoritarismo de (Nicolás) Maduro”.
Hizo un llamado a derrotar el “autoritarismo” y las posturas “demagógicas”, porque no solo Bolivia sino varios países de América Latina están frente a los desafíos del Siglo XXI para compartir los valores democráticos, que garanticen una sociedad justa fundada en la libertad como son los pilares de la Internacional Socialista.
Precisó que la respuesta debe estar orientada hacia una democracia ciudadana, un Estado consagrado a una sociedad del bienestar con igualdad de oportunidades, con una economía mixta, con estado de derecho y con paz y multilateralismo entre los pueblos y reconociendo las diferencias de identidades.
Aseguró que Bolivia tiene pendiente el gran cambio histórico que permita caminar hacia un modelo de convivencia moderno y democrático, justo y próspero, aunque sostuvo que en esta búsqueda se presentaron paradojas porque existen una infinidad de “propuestas de corte autoritario, nacionalismos populismos colectivismo cerrados individualista tajantes y (una) larga lista (de) tentaciones tiránicas y esencialistas”.
Doria Medina a tiempo de presentarse dijo que enfrentó un secuestro, un accidente de avión pero que ahora está frente a un desafío más complicado que es sobrevivir a los 15 intentos del Gobierno de Bolivia de enjuiciarlo y meterlo preso, pero que todos estos afanes no tuvieron éxito porque su vida se caracterizó por la “transparencia”.
Al final de su discurso también dijo que como política de Estado, Bolivia espera retornar a una costa marítima.
“El desenlace en Venezuela tendrá repercusiones muy importantes en todo el continente -por ejemplo- vemos que si Maduro se mantuviera en el poder mucho tiempo, eso va a animar a Morales a querer hacer una constituyente para tratar de eternizarse en el poder”, afirmó Doria Medina.
Su posición la expresó en el marco de la reunión del Consejo de la Internacional Socialista donde participan líderes y dirigentes políticos de la socialdemocracia y laboristas de diferentes países, al referirse a los retos de la democracia ante el Siglo XXI.
Asimismo, dejó sentado que el apoyo del Gobierno boliviano al gobierno venezolano no es reflejo de la mayoría del pueblo, no apoya el “autoritarismo de (Nicolás) Maduro”.
Hizo un llamado a derrotar el “autoritarismo” y las posturas “demagógicas”, porque no solo Bolivia sino varios países de América Latina están frente a los desafíos del Siglo XXI para compartir los valores democráticos, que garanticen una sociedad justa fundada en la libertad como son los pilares de la Internacional Socialista.
Precisó que la respuesta debe estar orientada hacia una democracia ciudadana, un Estado consagrado a una sociedad del bienestar con igualdad de oportunidades, con una economía mixta, con estado de derecho y con paz y multilateralismo entre los pueblos y reconociendo las diferencias de identidades.
Aseguró que Bolivia tiene pendiente el gran cambio histórico que permita caminar hacia un modelo de convivencia moderno y democrático, justo y próspero, aunque sostuvo que en esta búsqueda se presentaron paradojas porque existen una infinidad de “propuestas de corte autoritario, nacionalismos populismos colectivismo cerrados individualista tajantes y (una) larga lista (de) tentaciones tiránicas y esencialistas”.
Doria Medina a tiempo de presentarse dijo que enfrentó un secuestro, un accidente de avión pero que ahora está frente a un desafío más complicado que es sobrevivir a los 15 intentos del Gobierno de Bolivia de enjuiciarlo y meterlo preso, pero que todos estos afanes no tuvieron éxito porque su vida se caracterizó por la “transparencia”.
Al final de su discurso también dijo que como política de Estado, Bolivia espera retornar a una costa marítima.
Thursday, July 13, 2017
Estado pagó 8 veces más por seguros de aviones
El senador de Unidad Demócrata (UD), Carlos Pablo Klinsky, denunció ayer que el 2015 el Estado contrató pólizas de seguro para aviones del Grupo de Tarea Diablos Negros por 17 millones de bolivianos, mientras que el 2016, por el mismo seguro, pagó 4 millones, y el 2017, solamente 2 millones.
Esta situación, según el legislador de oposición, obedece a una práctica monopólica que benefició a la empresa reaseguradora Conesa Kieffer, que se adjudicó el 99 por ciento de los seguros en los últimos 5 años.
Klinsky dijo que existe un daño económico al Estado y que estas supuestas irregularidades fueron informadas a la directora de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), Patricia Mirabal, quien no inició ninguna acción al respecto.
“No ha cumplido su función y no solamente eso, sino creemos que ha protegido a una empresa reaseguradora para que se puedan llevar adelante todas estas prácticas monopólicas”, agregó. El legislador solicitó información al Ministerio de Gobierno respecto a los seguros contratados por los Diablos Negros en 2013 y 2014 y posteriormente convocará a Mirabal a brindar un informe oral.
UD cuestiona preguntas sin calidad y en memoria flash
Los jefes de bancada de Unidad Demócrata, Edwin Rodríguez y Wilson Santamaría, cuestionaron que el Sistema Universitario haya entregado el banco de preguntas en la madrugada del día de examen al Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental y en un “memory flash”.
13 de Julio de 2017
El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) recibió las preguntas de la comisión de profesionales de docentes a la 01.30. Mientras que la CEUB entregó a las 06.00 en un “memory flash” la batería de preguntas para el examen escrito en las áreas del Consejo de la Magistratura (CM) y Tribunal Agroambiental (TA). “Miembros de la comisión (universitarios) entregaron a la 01.30 recién la batería de preguntas pero no pasó por un control de calidad no pasó por una evaluación sobre si estaban bien o mal, si tenían el nivel de complejidad para autoridades del Órgano Judicial”, protestó Santamaría. La CEUB en la carta de respuesta al senador Rodríguez, se refiere a los cuestionamientos que hizo el legislador respecto a quiénes elaboraron las preguntas, ¿Por qué se entregó la batería de preguntas en la madrugada del 4 de julio? ¿Por qué se entregó en una memoria flash? ¿Quién recibió este trabajo?
13 de Julio de 2017
El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) recibió las preguntas de la comisión de profesionales de docentes a la 01.30. Mientras que la CEUB entregó a las 06.00 en un “memory flash” la batería de preguntas para el examen escrito en las áreas del Consejo de la Magistratura (CM) y Tribunal Agroambiental (TA). “Miembros de la comisión (universitarios) entregaron a la 01.30 recién la batería de preguntas pero no pasó por un control de calidad no pasó por una evaluación sobre si estaban bien o mal, si tenían el nivel de complejidad para autoridades del Órgano Judicial”, protestó Santamaría. La CEUB en la carta de respuesta al senador Rodríguez, se refiere a los cuestionamientos que hizo el legislador respecto a quiénes elaboraron las preguntas, ¿Por qué se entregó la batería de preguntas en la madrugada del 4 de julio? ¿Por qué se entregó en una memoria flash? ¿Quién recibió este trabajo?
Samuel critica que no se resuelva la inseguridad
El jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, se pronunció en su cuenta oficial en Twitter frente al violento intento de atraco en Santa Cruz, que deparó una balacera que dejo víctimas fatales y varios heridos.
"En la mañana se dió fuerte enfrentamiento de la Policía con atracadores, se frustró el atracó, la seguridad ciudadana: problema irresuelto!" (sic), escribió en su perfil en esa red social, acompañando el mensaje con imágenes del operativo policial.
Un tuit anterior cuestionaba el trabajo del Gobierno nacional. "Cuánto dinero más despilfarrará el Régimen, antes de entender prioridades de los bolivianos", en referencia al museos que el Gobierno inauguró en Orinoca, poblado natal del primer mandatario.
Cinco personas perdieron la vida en el intento de atraco a la la relojería Eurochronos en Santa Cruz. Una balacera de al menos 45 minutos tuvo lugar cerca de la avenida Irala en la capital cruceña.
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparicio, informó que los asaltantes tenían ametralladoras M16 y varios cargadores con más de 100 proyectiles. El hecho aún está en investigación.
Wednesday, July 12, 2017
Legislador denuncia pérdidas millonarias en “Museo de Evo”
El senador de Unidad Demócrata (UD) por el Beni, Yerko Núñez, publicó en sus redes sociales el resultado de una petición de informe escrito solicitado al Ministerio de Culturas, respecto al gasto mensual que significa el funcionamiento y mantenimiento del Museo de la Revolución Democrática y Cultural, conocido como el museo de Evo Morales, en su natal pueblo de Orinoca, del departamento de Oruro. De acuerdo con la denuncia, la pérdida es de más de Bs 250.000.
“Según datos proporcionados por el Ministerio de Culturas, el presupuesto mensual para el funcionamiento del Museo de Orinoca es de Bs 91.189,00. En tanto, la recaudación mensual por ingreso al museo es reducido, de acuerdo con el siguiente informe:
Febrero: Bs 7.075,00 - Bs 91.189 = - Bs 84.114,00 de saldo negativo.
Marzo: Bs 3.255,00 - Bs 91.189 = - Bs 87.934,00 de pérdida.
Abril: Bs 10.660,00 - Bs 91.189, = - Bs 80.529,00 de saldo negativo.
El saldo negativo del Museo de Orinoca en tres meses es de Bs 252.577, que pudieron haber sido invertidos en el sector Salud”, dice Núñez en su cuenta.
El senador, en contacto con EL DIARIO, indicó que el Museo de Orinoca es uno de los gastos absurdos del actual Gobierno, que no piensa en las necesidades y prioridades de todos los bolivianos, como el de salud. En La Paz todos los hospitales públicos están en la miseria, cuyos detalles se están informando en estas páginas.
Lamentó Núñez que se haya invertido más de siete millones de dólares en la construcción de esta infraestructura cuando el país tiene otras prioridades.
“No podemos entender que se recurra a taladros de carpintería para atender en los hospitales a gente que no tiene dinero para ir a un hospital privado. Además, en los hospitales públicos no hay médicos, equipamiento y carecen de buenas infraestructuras, pero hay dinero para construir palacios, comodidades y para satisfacer el ego del señor Presidente. No hay dinero para promocionar la cultura, seguridad ciudadana, salud”, lamentó.
VISITAS OBLIGATORIAS
El 31 de mayo, EL DIARIO publicó una nota respecto a que se difundió en las redes sociales la denuncia sobre una presunta instructiva emanada de la Dirección Distrital de Educación de Oruro, para que los estudiantes de colegios en ese departamento sean obligados a visitar el llamado Museo de la Revolución, más conocido como “Museo de Evo”.
UD anunció que pedirá un informe para comprobar lo que sería un exceso de adoctrinamiento. El ciudadano Herbet Baradi manifestó su indignación, pues en la escuela Ferroviaria se obligó a los estudiantes a asistir al polémico museo, donde la mayor parte de objetos en exposición corresponden a regalos, propiedades, vestimenta y referencias al mandatario del Estado Plurinacional.
“Qué de bueno aprenderán viendo las poleras de él, los regalos, pura idolatría, por favor no hay nada de la historia de Bolivia. Ahora quieren que nosotros mantengamos el museo de Evo”, escribió el denunciante.
“Según datos proporcionados por el Ministerio de Culturas, el presupuesto mensual para el funcionamiento del Museo de Orinoca es de Bs 91.189,00. En tanto, la recaudación mensual por ingreso al museo es reducido, de acuerdo con el siguiente informe:
Febrero: Bs 7.075,00 - Bs 91.189 = - Bs 84.114,00 de saldo negativo.
Marzo: Bs 3.255,00 - Bs 91.189 = - Bs 87.934,00 de pérdida.
Abril: Bs 10.660,00 - Bs 91.189, = - Bs 80.529,00 de saldo negativo.
El saldo negativo del Museo de Orinoca en tres meses es de Bs 252.577, que pudieron haber sido invertidos en el sector Salud”, dice Núñez en su cuenta.
El senador, en contacto con EL DIARIO, indicó que el Museo de Orinoca es uno de los gastos absurdos del actual Gobierno, que no piensa en las necesidades y prioridades de todos los bolivianos, como el de salud. En La Paz todos los hospitales públicos están en la miseria, cuyos detalles se están informando en estas páginas.
Lamentó Núñez que se haya invertido más de siete millones de dólares en la construcción de esta infraestructura cuando el país tiene otras prioridades.
“No podemos entender que se recurra a taladros de carpintería para atender en los hospitales a gente que no tiene dinero para ir a un hospital privado. Además, en los hospitales públicos no hay médicos, equipamiento y carecen de buenas infraestructuras, pero hay dinero para construir palacios, comodidades y para satisfacer el ego del señor Presidente. No hay dinero para promocionar la cultura, seguridad ciudadana, salud”, lamentó.
VISITAS OBLIGATORIAS
El 31 de mayo, EL DIARIO publicó una nota respecto a que se difundió en las redes sociales la denuncia sobre una presunta instructiva emanada de la Dirección Distrital de Educación de Oruro, para que los estudiantes de colegios en ese departamento sean obligados a visitar el llamado Museo de la Revolución, más conocido como “Museo de Evo”.
UD anunció que pedirá un informe para comprobar lo que sería un exceso de adoctrinamiento. El ciudadano Herbet Baradi manifestó su indignación, pues en la escuela Ferroviaria se obligó a los estudiantes a asistir al polémico museo, donde la mayor parte de objetos en exposición corresponden a regalos, propiedades, vestimenta y referencias al mandatario del Estado Plurinacional.
“Qué de bueno aprenderán viendo las poleras de él, los regalos, pura idolatría, por favor no hay nada de la historia de Bolivia. Ahora quieren que nosotros mantengamos el museo de Evo”, escribió el denunciante.
Senador fundamentará su recurso contra Ley de Coca
El senador de la alianza Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz, anunció ayer que presentará toda la documentación que respalde el recurso de inconstitucionalidad que presentó ante el Tribunal Constitucional Plurinacional contra la Ley General de la Coca que autoriza la ampliación de cultivos de coca tradicional en el Chapare.
“Estamos prestos para fundamentar todos los argumentos que ya mostramos y si el Tribunal Constitucional requiere algún complemento, para tener mayores elementos de juicio y asegurar que Bolivia sólo tenga coca para consumir humano (tradicional), se lo hará”, aseguró el líder opositor.
En el recurso que presentó Ortiz al Tribunal Constitucional pide que declare la inconstitucionalidad de los artículos 15, 16 y 17 de la Ley General de la Coca.
Esta norma establece que hay 14.300 hectáreas de cultivos de coca en La Paz y autoriza 7.700 hectáreas en el Chapare (Cochabamba).
El último estudio sobre el consumo de coca se hizo en 2012 y estuvo a cargo de la Unión Europea, se estableció que en Bolivia se requería la producción de 14.705 hectáreas para abastecer la demanda interna para el consumo tradicional o el acullicu.
CULTIVOS ILEGALES
En este caso, la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) afirma que los cultivos de coca del Trópico no son ni originarios ni ancestrales, como señala la Constitución Política del Estado, por lo que deben ser declarados como ilegales.
Ortiz coincide con las afirmaciones de los productores de la hoja milenaria de Los Yungas, por lo que establece que la Carta Magna sólo reconoce los cultivos legales de coca, que están enmarcados en las zonas tradicionales. Sostuvo que más del 90 por ciento de la producción del Chapare es desviada hacia el narcotráfico, porque además no es apropiada para la masticación.
El artículo 384 de la CPE dice: “El Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia y como factor de cohesión social; en su estado natural no es estupefaciente. La revalorización, producción, comercialización e industrialización se regirá mediante ley”.
OTRO RECURSO
Por otra parte, el diputado de (UD) Wilson Santamaría presentó también un recurso legal contra el artículo 16, de La Ley General de La Hoja de Coca, pedido que aún está en la Comisión de Admisión del TCP, donde se analizará si es o no aceptada, precisó Osvaldo Valencia, presidente de esa instancia judicial, quien opinó que ambas acciones plantean “prácticamente lo mismo”.
PROYECTOS MILLONARIOS
En tanto, el presidente Evo Morales, en acto realizado ayer en la localidad de Irupana (Sud Yungas), ofreció millonarios proyectos de infraestructura en salud, deportiva y educativa. Además, convocó a la unidad de la “familia cocalera”.
En su discurso resaltó que junto a la organización sindical del Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz (Cofecay) priorizaron algunos proyectos en esa región, como la construcción de un hospital de segundo nivel, con la inversión de Bs 100 millones.
“Mi pedido es, díganme dónde quieren”, les dijo al solicitar que el único requisito es que le ofrezcan un terreno para construir el centro de salud.
“Estamos prestos para fundamentar todos los argumentos que ya mostramos y si el Tribunal Constitucional requiere algún complemento, para tener mayores elementos de juicio y asegurar que Bolivia sólo tenga coca para consumir humano (tradicional), se lo hará”, aseguró el líder opositor.
En el recurso que presentó Ortiz al Tribunal Constitucional pide que declare la inconstitucionalidad de los artículos 15, 16 y 17 de la Ley General de la Coca.
Esta norma establece que hay 14.300 hectáreas de cultivos de coca en La Paz y autoriza 7.700 hectáreas en el Chapare (Cochabamba).
El último estudio sobre el consumo de coca se hizo en 2012 y estuvo a cargo de la Unión Europea, se estableció que en Bolivia se requería la producción de 14.705 hectáreas para abastecer la demanda interna para el consumo tradicional o el acullicu.
CULTIVOS ILEGALES
En este caso, la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) afirma que los cultivos de coca del Trópico no son ni originarios ni ancestrales, como señala la Constitución Política del Estado, por lo que deben ser declarados como ilegales.
Ortiz coincide con las afirmaciones de los productores de la hoja milenaria de Los Yungas, por lo que establece que la Carta Magna sólo reconoce los cultivos legales de coca, que están enmarcados en las zonas tradicionales. Sostuvo que más del 90 por ciento de la producción del Chapare es desviada hacia el narcotráfico, porque además no es apropiada para la masticación.
El artículo 384 de la CPE dice: “El Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia y como factor de cohesión social; en su estado natural no es estupefaciente. La revalorización, producción, comercialización e industrialización se regirá mediante ley”.
OTRO RECURSO
Por otra parte, el diputado de (UD) Wilson Santamaría presentó también un recurso legal contra el artículo 16, de La Ley General de La Hoja de Coca, pedido que aún está en la Comisión de Admisión del TCP, donde se analizará si es o no aceptada, precisó Osvaldo Valencia, presidente de esa instancia judicial, quien opinó que ambas acciones plantean “prácticamente lo mismo”.
PROYECTOS MILLONARIOS
En tanto, el presidente Evo Morales, en acto realizado ayer en la localidad de Irupana (Sud Yungas), ofreció millonarios proyectos de infraestructura en salud, deportiva y educativa. Además, convocó a la unidad de la “familia cocalera”.
En su discurso resaltó que junto a la organización sindical del Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz (Cofecay) priorizaron algunos proyectos en esa región, como la construcción de un hospital de segundo nivel, con la inversión de Bs 100 millones.
“Mi pedido es, díganme dónde quieren”, les dijo al solicitar que el único requisito es que le ofrezcan un terreno para construir el centro de salud.
Tuesday, July 11, 2017
Elecciones judiciales UD afirma que el 72 por ciento de postulantes son funcionarios
La bancada de Unidad Demócrata (UD) denunció ayer que el 70 por ciento de los postulantes al Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura que aprobaron la etapa de evaluación son funcionarios públicos.
“El 72 por ciento de los candidatos son ex y actuales funcionarios de Gobierno, en algunos casos hicieron un pasanaku de cargos, trabajaron en el Ministerio Rural y Tierras, luego pasaron al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA); en otros casos son magistrados del Tribunal Agroambiental, miembros del Tribunal Departamental de Justicia”, aseguró el senador de oposición, Edwin Rodríguez.
La Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa habilitó a 47 de los 95 postulantes, 24 al Consejo de la Magistratura y 23 al Tribunal Agroambiental, tras culminar las tres fases de la etapa de evaluación a la que fueron sometidos.
FUNCIONARIOS
Una de las más criticadas postulaciones es la de Zenón Bacarreza Morales, que actualmente es magistrado del Tribunal Agroambiental y se postuló para al Consejo de la Magistratura. La autoridad cuenta con cinco procesos penales en su contra por presuntos hechos de corrupción durante su gestión en esa instancia judicial.
Lilian Sandy y Francisco Tarquino eran exrepresentantes departamentales del Consejo de la Magistratura, ambos fueron habilitados para a la Asamblea Legislativa
En el caso del Tribunal Agroambiental se registró la postulación de Javier Aramayo exmagistrado de esa instancia judicial, renunció a su cargo para ocupar la Dirección General de Régimen Penitenciario.
PROCESO EXIGENTE
Por otra parte, el senador del Movimiento al Socialismo (MAS) Milton Barón calificó el proceso de preselección de los candidatos para ambas instancias como “sumamente exigente”, por la evaluación que se realizó a los candidatos.
“Este ha sido un proceso sumamente exigente, por eso mucha gente ha quedado en el camino. Queda totalmente desvirtuada aquella infame acusación de la oposición que este proceso ha sido fácil”, declaró Barón, presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural.
Sostiene su afirmación en los resultados de la evaluación a los aspirantes a ambos cargos. Explicó que de 185 candidatos que se inscribieron al inicio del proceso, quedaron habilitados 138 y que de este conjunto, en el camino, pasaron al Legislativo 47 candidatos.
CALIFICACIÓN
Un 23 por ciento tiene notas entre 56 a 59 puntos y un 77 por ciento entre 60 a 88 puntos, para Barón esta calificación en cualquier parte del mundo es muy buena, de tal manera que el país contará con “los mejores profesionales” para ocupar los cargos para magistrados del Órgano Judicial.
De los 24 postulantes al Consejo de la Magistratura, 6 son mujeres, 3 indígenas y 18 varones, por lo que se cumple con el criterio de género y plurinacionalidad. En el caso del Tribunal Agroambiental son 23 habilitados 8 mujeres 15 hombres y 7 indígenas. Se cuenta con suficientes candidatos en ambas instancias.
“El 72 por ciento de los candidatos son ex y actuales funcionarios de Gobierno, en algunos casos hicieron un pasanaku de cargos, trabajaron en el Ministerio Rural y Tierras, luego pasaron al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA); en otros casos son magistrados del Tribunal Agroambiental, miembros del Tribunal Departamental de Justicia”, aseguró el senador de oposición, Edwin Rodríguez.
La Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa habilitó a 47 de los 95 postulantes, 24 al Consejo de la Magistratura y 23 al Tribunal Agroambiental, tras culminar las tres fases de la etapa de evaluación a la que fueron sometidos.
FUNCIONARIOS
Una de las más criticadas postulaciones es la de Zenón Bacarreza Morales, que actualmente es magistrado del Tribunal Agroambiental y se postuló para al Consejo de la Magistratura. La autoridad cuenta con cinco procesos penales en su contra por presuntos hechos de corrupción durante su gestión en esa instancia judicial.
Lilian Sandy y Francisco Tarquino eran exrepresentantes departamentales del Consejo de la Magistratura, ambos fueron habilitados para a la Asamblea Legislativa
En el caso del Tribunal Agroambiental se registró la postulación de Javier Aramayo exmagistrado de esa instancia judicial, renunció a su cargo para ocupar la Dirección General de Régimen Penitenciario.
PROCESO EXIGENTE
Por otra parte, el senador del Movimiento al Socialismo (MAS) Milton Barón calificó el proceso de preselección de los candidatos para ambas instancias como “sumamente exigente”, por la evaluación que se realizó a los candidatos.
“Este ha sido un proceso sumamente exigente, por eso mucha gente ha quedado en el camino. Queda totalmente desvirtuada aquella infame acusación de la oposición que este proceso ha sido fácil”, declaró Barón, presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural.
Sostiene su afirmación en los resultados de la evaluación a los aspirantes a ambos cargos. Explicó que de 185 candidatos que se inscribieron al inicio del proceso, quedaron habilitados 138 y que de este conjunto, en el camino, pasaron al Legislativo 47 candidatos.
CALIFICACIÓN
Un 23 por ciento tiene notas entre 56 a 59 puntos y un 77 por ciento entre 60 a 88 puntos, para Barón esta calificación en cualquier parte del mundo es muy buena, de tal manera que el país contará con “los mejores profesionales” para ocupar los cargos para magistrados del Órgano Judicial.
De los 24 postulantes al Consejo de la Magistratura, 6 son mujeres, 3 indígenas y 18 varones, por lo que se cumple con el criterio de género y plurinacionalidad. En el caso del Tribunal Agroambiental son 23 habilitados 8 mujeres 15 hombres y 7 indígenas. Se cuenta con suficientes candidatos en ambas instancias.
Friday, July 7, 2017
Caso 33 vehículos Alcaldesa: “Estamos disconformes y apelaremos sentencia a Patana”
La alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, anunció que se apelará la sentencia de cuatro años de cárcel para el exburgomaestre Edgar Patana (MAS), por el delito de incumplimiento de deberes ante la desaparición de 33 vehículos municipales.
“En este caso, lo que el Gobierno Municipal hará es apelar esta determinación del Juzgado, en el sentido de que no se ha tomado en cuenta -a cabalidad- la demanda de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica del exalcalde. Este proceso aún no ha concluido y es importante que la población lo conozca, pues estamos disconformes con esta determinación”, expresó la Alcaldesa a los medios de comunicación.
ANÁLISIS JUDICIAL
Asimismo, detalló que la Unidad Jurídica del Municipio analiza y avalúa los parámetros legales para apelar la determinación del juez que dictó la sentencia a Patana, ya que no tomó en cuenta el daño económico que causó esta exautoridad al Municipio de El Alto.
“Vamos a valorar y respetar la decisión del Juez, pero creemos que cuatro años es insuficiente en el entendido de que la denuncia también involucra el daño económico y la conducta antieconómica por la desaparición de 33 vehículos, siendo dinero de todos los alteños”, recalcó la primera autoridad municipal.
Por otro lado, el diputado suplente opositor Rafael Quispe anunció ayer que apelará la sentencia condenatoria de 4 años de cárcel dictada por un juez anticorrupción en contra del exalcalde de El Alto, Edgar Patana, porque durante la lectura de la resolución judicial no se cuantificó el daño civil por la pérdida de 33 vehículos de propiedad municipal.
Dijo que él presentó querella el año 2015 y que en cumplimiento de la Ley 004 la actual alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, se ha adherido al proceso que finalmente logró una sentencia de cárcel en San Pedro de La Paz.
Indicó que una vez leída la totalidad de la sentencia fijada el próximo 7 de julio, inmediatamente apelará porque al parecer la resolución judicial es incompleta al no haber establecido el daño económico con la pérdida de 33 vehículos, presuntamente entregados a organizaciones sociales afines al MAS.
“La norma es bien clara, se contabiliza el tiempo que ha estado detenido en el penal. Si estuvo un año y medio, estará medio año y podría salir en libertad, entonces es una condena sospechosa. “, declaró al reconocer sin embargo que el Tribunal dio la pena correcta de 4 años para el delito de incumplimiento de deberes, pero no cualificó el daño económico. (AMI y Erbol)
“En este caso, lo que el Gobierno Municipal hará es apelar esta determinación del Juzgado, en el sentido de que no se ha tomado en cuenta -a cabalidad- la demanda de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica del exalcalde. Este proceso aún no ha concluido y es importante que la población lo conozca, pues estamos disconformes con esta determinación”, expresó la Alcaldesa a los medios de comunicación.
ANÁLISIS JUDICIAL
Asimismo, detalló que la Unidad Jurídica del Municipio analiza y avalúa los parámetros legales para apelar la determinación del juez que dictó la sentencia a Patana, ya que no tomó en cuenta el daño económico que causó esta exautoridad al Municipio de El Alto.
“Vamos a valorar y respetar la decisión del Juez, pero creemos que cuatro años es insuficiente en el entendido de que la denuncia también involucra el daño económico y la conducta antieconómica por la desaparición de 33 vehículos, siendo dinero de todos los alteños”, recalcó la primera autoridad municipal.
Por otro lado, el diputado suplente opositor Rafael Quispe anunció ayer que apelará la sentencia condenatoria de 4 años de cárcel dictada por un juez anticorrupción en contra del exalcalde de El Alto, Edgar Patana, porque durante la lectura de la resolución judicial no se cuantificó el daño civil por la pérdida de 33 vehículos de propiedad municipal.
Dijo que él presentó querella el año 2015 y que en cumplimiento de la Ley 004 la actual alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, se ha adherido al proceso que finalmente logró una sentencia de cárcel en San Pedro de La Paz.
Indicó que una vez leída la totalidad de la sentencia fijada el próximo 7 de julio, inmediatamente apelará porque al parecer la resolución judicial es incompleta al no haber establecido el daño económico con la pérdida de 33 vehículos, presuntamente entregados a organizaciones sociales afines al MAS.
“La norma es bien clara, se contabiliza el tiempo que ha estado detenido en el penal. Si estuvo un año y medio, estará medio año y podría salir en libertad, entonces es una condena sospechosa. “, declaró al reconocer sin embargo que el Tribunal dio la pena correcta de 4 años para el delito de incumplimiento de deberes, pero no cualificó el daño económico. (AMI y Erbol)
Vulneración de derechos laborales Oposición pide informe sobre personal de empresas chinas
Senadores de la bancada de Unidad Demócrata (UD) plantearon peticiones de informe escrito a cuatro ministerios de Estado, para conocer el porcentaje de ciudadanos extranjeros contratos por empresas chinas y la vulneración de derechos laborales a trabajadores bolivianos.
Los ministerios que deben responder a las peticiones de informe escrito son: de Relaciones Exteriores, Trabajo, Gobierno y Obras Públicas, la senadora Jeanine Añez, se refirió específicamente a denuncias que recibió de las empresas que se adjudicaron para la construcción de la carretera Rurrenabaque-Riberalta.
La legisladora opositora citó varias presuntas irregularidades y vulneración a normativa boliviana por parte de las empresas chinas contratadas por el Estado boliviano para la construcción de la vía.
Denunciaron “abuso laboral” de las empresas extranjeras contra mano de obra del país, incumplimiento contratos con los trabajadores de Bolivia, queremos saber qué está haciendo el Ministerio de Trabajo, sostuvo Añez.
El otro tema preocupante dijo, es la cantidad de ciudadanos chinos contratados por estas empresas, en qué porcentaje hay trabajadores del país y del extranjero. De acuerdo a la información que cuenta Añez los campamentos estarían llenos de ciudadanos chinos muchos entre 20 y 25 años.
Los ministerios que deben responder a las peticiones de informe escrito son: de Relaciones Exteriores, Trabajo, Gobierno y Obras Públicas, la senadora Jeanine Añez, se refirió específicamente a denuncias que recibió de las empresas que se adjudicaron para la construcción de la carretera Rurrenabaque-Riberalta.
La legisladora opositora citó varias presuntas irregularidades y vulneración a normativa boliviana por parte de las empresas chinas contratadas por el Estado boliviano para la construcción de la vía.
Denunciaron “abuso laboral” de las empresas extranjeras contra mano de obra del país, incumplimiento contratos con los trabajadores de Bolivia, queremos saber qué está haciendo el Ministerio de Trabajo, sostuvo Añez.
El otro tema preocupante dijo, es la cantidad de ciudadanos chinos contratados por estas empresas, en qué porcentaje hay trabajadores del país y del extranjero. De acuerdo a la información que cuenta Añez los campamentos estarían llenos de ciudadanos chinos muchos entre 20 y 25 años.
En exámenes judiciales Sólo el MAS elaboró las preguntas para entrevistas
La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Norma Piérola denunció que los asambleístas de la Comisión Mixta de Justicia Plural, todos del Movimiento al Socialismo (MAS), realizaron las preguntas para la etapa de entrevista a los postulantes a dos órganos judiciales.
“Nosotros tenemos derecho a preguntar, cómo es posible que nos quiten hasta esa atribución de evaluar. Por lo menos, cada titular de la comisión tiene la potestad de realizar una interrogante a los candidatos, tenemos entendido que los oficialistas realizaron las preguntas”, en estos términos exteriorizó su malestar por lo sucedido.
Comenzó ayer la entrevista a los 74 aspirantes que siguen en carrera para postular al Tribunal Agroambiental (TA) y al Consejo de la Magistratura (CM).
Sobre este punto, el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Víctor Borda, confirmó que las preguntas para la fase de entrevista fueron realizadas por la Comisión de Justicia Plural del Legislativo, que en su mayoría son oficialistas.
“La Comisión Mixta es la que elaboró las preguntas para esta etapa, porque es una atribución de esta instancia, además de calificar a los postulantes. Las preguntas tienen que ser de desarrollo, conceptuales, dogmáticas y doctrinales,”, explicó Borda.
VEEDORES
Gustavo Rojas, presidente del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), ratificó que el Sistema Universitario ya no participó de la elaboración de las preguntas para la etapa de entrevista, puesto que sólo son veedores en la última etapa de evaluación. Sin embargo, indicó que emitirán sus observaciones si es que se registra alguna irregularidad.
Los representantes Enrique Cortez, de la Universidad Autónoma San Francisco Xavier (Uasfx), de Chuquisaca; Sonia Llanos, de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (Uajms), de Tarija; Héctor Araoz, delegado de la Universidad Técnica de Oruro (UTO) y Luis Alberto Arellano de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Cochabamba, estaban presentes en esta etapa.
DESARROLLO
La última fase de evaluación, que es la entrevista, debió empezar al mediodía de ayer, pero se demoró una hora, por el retraso de algunos legisladores y la falta de preparación del ambiente de la comisión mixta de justicia, lugar donde se desarrolló la primera jornada de la evaluación.
24 de los 74 postulantes que aprobaron el examen escrito pasaron a la fase de entrevista, 11 aspirantes al Tribunal Agroambiental (TA) y 13 al Consejo de la Magistratura (CM). Los postulantes deben responder a tres preguntas, en el plazo de 5 minutos. Cada una de ellas tiene el valor de 10 puntos.
Con relación a esto, el diputado Borda indicó que se elaboraron tres tipos de preguntas: la primera de conocimiento general, la segunda de conocimiento específico y, la tercera, respecto a una propuesta o visión de justicia que se tiene.
“Nosotros tenemos derecho a preguntar, cómo es posible que nos quiten hasta esa atribución de evaluar. Por lo menos, cada titular de la comisión tiene la potestad de realizar una interrogante a los candidatos, tenemos entendido que los oficialistas realizaron las preguntas”, en estos términos exteriorizó su malestar por lo sucedido.
Comenzó ayer la entrevista a los 74 aspirantes que siguen en carrera para postular al Tribunal Agroambiental (TA) y al Consejo de la Magistratura (CM).
Sobre este punto, el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Víctor Borda, confirmó que las preguntas para la fase de entrevista fueron realizadas por la Comisión de Justicia Plural del Legislativo, que en su mayoría son oficialistas.
“La Comisión Mixta es la que elaboró las preguntas para esta etapa, porque es una atribución de esta instancia, además de calificar a los postulantes. Las preguntas tienen que ser de desarrollo, conceptuales, dogmáticas y doctrinales,”, explicó Borda.
VEEDORES
Gustavo Rojas, presidente del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), ratificó que el Sistema Universitario ya no participó de la elaboración de las preguntas para la etapa de entrevista, puesto que sólo son veedores en la última etapa de evaluación. Sin embargo, indicó que emitirán sus observaciones si es que se registra alguna irregularidad.
Los representantes Enrique Cortez, de la Universidad Autónoma San Francisco Xavier (Uasfx), de Chuquisaca; Sonia Llanos, de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (Uajms), de Tarija; Héctor Araoz, delegado de la Universidad Técnica de Oruro (UTO) y Luis Alberto Arellano de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Cochabamba, estaban presentes en esta etapa.
DESARROLLO
La última fase de evaluación, que es la entrevista, debió empezar al mediodía de ayer, pero se demoró una hora, por el retraso de algunos legisladores y la falta de preparación del ambiente de la comisión mixta de justicia, lugar donde se desarrolló la primera jornada de la evaluación.
24 de los 74 postulantes que aprobaron el examen escrito pasaron a la fase de entrevista, 11 aspirantes al Tribunal Agroambiental (TA) y 13 al Consejo de la Magistratura (CM). Los postulantes deben responder a tres preguntas, en el plazo de 5 minutos. Cada una de ellas tiene el valor de 10 puntos.
Con relación a esto, el diputado Borda indicó que se elaboraron tres tipos de preguntas: la primera de conocimiento general, la segunda de conocimiento específico y, la tercera, respecto a una propuesta o visión de justicia que se tiene.
Wednesday, July 5, 2017
Tuesday, July 4, 2017
UD pide que canciller aclare dudas sobre nueve bolivianos
Parlamentarios de oposición plantean una “sesión reservada” para que el canciller Fernando Huanacuni responda a 14 preguntas vinculadas al caso de los nueve bolivianos que fueron detenidos en la frontera con Chile y expulsados la semana pasada del mismo país.
El diputado Wilson Santamaría (UD) reiteró la importancia de investigar a los nueve connacionales que fueron detenidos el 31 de marzo en un incidente en la frontera con Chile, es por eso que pide que sea el canciller Huanacuni quien responda varias preguntas sobre el incidente.
“Se trata de un tema de seguridad nacional, por tanto, el canciller debe responder en una sesión reservada”, declaró.
El asambleísta prevé presentar hoy la solicitud formal ante el presidente de la Asamblea Legislativa, Álvaro García, quien deberá poner fecha y hora para dar procedimiento a la misma, en caso de ser aceptada la solicitud.
Debido a la delicadeza del tema, las 14 preguntas no serán reveladas debido a que en las sesiones de carácter reservadas tratan temas de seguridad nacional.
QUÉ ES UNA SESIÓN RESERVADA
A diferencia de otras sesiones, según el artículo 88 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, las sesiones reservadas son secretas y pueden ser decretadas a “pedido del Órgano Ejecutivo o a moción de una diputada o diputado apoyada (o) por cinco. En cualquiera de estos casos se calificará el motivo a puerta cerrada y se resolverá la reserva, por dos tercios de votos”.
El artículo 89 señala que el procedimiento se registrará “solo y exclusivamente por la Oficial o el Oficial Mayor que estará asistido por la directora o director de redacción y una o un técnico en grabación. Dichos funcionarios deberán prestar juramento de guardar secreto de lo que fuere tratado en la reunión”.
CANCILLER
Consultado sobre el tema, el canciller Huanacuni dijo que está dispuesto a demostrar con documentos, así como se lo realizó en Chile, lo sucedido el 19 de marzo en la frontera con Chile.
Sin embargo, criticó a los parlamentarios de la oposición señalando que solamente pretenden hacer daño a los nueve connacionales que ahora están en territorio boliviano y junto a sus familias, después de haber pasado momentos de tortura y encierro injusto en un penal chileno.
“Estamos dispuestos para poder mostrar como lo hemos mostrado en el proceso en Chile (…). El pueblo boliviano ha estado informado en su momento (…) creo que la oposición no va en la construcción de un diálogo sincero de poder visibilizar aspectos internos cumpliendo cómo que se están aliando a las posturas de Chile”, sostuvo.
El diputado Wilson Santamaría (UD) reiteró la importancia de investigar a los nueve connacionales que fueron detenidos el 31 de marzo en un incidente en la frontera con Chile, es por eso que pide que sea el canciller Huanacuni quien responda varias preguntas sobre el incidente.
“Se trata de un tema de seguridad nacional, por tanto, el canciller debe responder en una sesión reservada”, declaró.
El asambleísta prevé presentar hoy la solicitud formal ante el presidente de la Asamblea Legislativa, Álvaro García, quien deberá poner fecha y hora para dar procedimiento a la misma, en caso de ser aceptada la solicitud.
Debido a la delicadeza del tema, las 14 preguntas no serán reveladas debido a que en las sesiones de carácter reservadas tratan temas de seguridad nacional.
QUÉ ES UNA SESIÓN RESERVADA
A diferencia de otras sesiones, según el artículo 88 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, las sesiones reservadas son secretas y pueden ser decretadas a “pedido del Órgano Ejecutivo o a moción de una diputada o diputado apoyada (o) por cinco. En cualquiera de estos casos se calificará el motivo a puerta cerrada y se resolverá la reserva, por dos tercios de votos”.
El artículo 89 señala que el procedimiento se registrará “solo y exclusivamente por la Oficial o el Oficial Mayor que estará asistido por la directora o director de redacción y una o un técnico en grabación. Dichos funcionarios deberán prestar juramento de guardar secreto de lo que fuere tratado en la reunión”.
CANCILLER
Consultado sobre el tema, el canciller Huanacuni dijo que está dispuesto a demostrar con documentos, así como se lo realizó en Chile, lo sucedido el 19 de marzo en la frontera con Chile.
Sin embargo, criticó a los parlamentarios de la oposición señalando que solamente pretenden hacer daño a los nueve connacionales que ahora están en territorio boliviano y junto a sus familias, después de haber pasado momentos de tortura y encierro injusto en un penal chileno.
“Estamos dispuestos para poder mostrar como lo hemos mostrado en el proceso en Chile (…). El pueblo boliviano ha estado informado en su momento (…) creo que la oposición no va en la construcción de un diálogo sincero de poder visibilizar aspectos internos cumpliendo cómo que se están aliando a las posturas de Chile”, sostuvo.
Saturday, July 1, 2017
Sandoval se queja con Morales por obstruir fiscalización
La diputada Rose Marie Sandoval (UD) denunció ayer que de 20 peticiones de informe escrito formuladas este 2017, el Ejecutivo respondió apenas seis. Mediante una carta al presidente Evo Morales alertó de una “obstrucción” de los ministerios a la labor de fiscalización.
“Solicito que por medio de su autoridad se instruya a los ministros que no entorpezcan el trabajo del Órgano Legislativo y cumplan con las fechas estipuladas en el Reglamento General de la Cámara de Diputados para dar respuesta a las peticiones de informe escrito.
La legisladora adjuntó la lista de las 20 peticiones de informe que hizo a diferentes despachos del Órgano Ejecutivo entre ellos: Ministerio de Obras Públicas, de Defensa, de Gobierno, de Hidrocarburos y Relaciones Exteriores.
Del conjunto de las solicitudes fueron respondidos seis por el Ministerio de la Presidencia, de Educación, dos del Ministerio de Defensa y una de Obras Públicas.
Dijo que en su carta le pide que haga ajustes en sus ministerios para que respondan en los plazos establecidos a las peticiones de informe escrito.
El diputado Amilcar Barral lamentó que el ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas, haya pedido postergar la interpelación prevista para este 1 de julio por razones de salud.
No entendemos por qué la petición de postergación cuando sabemos que la autoridad está en su despacho cumpliendo sus funciones dijo Barral.
Rojas debía responder a un pliego interpelatorio por la empresa Quipus. (ANF)
“Solicito que por medio de su autoridad se instruya a los ministros que no entorpezcan el trabajo del Órgano Legislativo y cumplan con las fechas estipuladas en el Reglamento General de la Cámara de Diputados para dar respuesta a las peticiones de informe escrito.
La legisladora adjuntó la lista de las 20 peticiones de informe que hizo a diferentes despachos del Órgano Ejecutivo entre ellos: Ministerio de Obras Públicas, de Defensa, de Gobierno, de Hidrocarburos y Relaciones Exteriores.
Del conjunto de las solicitudes fueron respondidos seis por el Ministerio de la Presidencia, de Educación, dos del Ministerio de Defensa y una de Obras Públicas.
Dijo que en su carta le pide que haga ajustes en sus ministerios para que respondan en los plazos establecidos a las peticiones de informe escrito.
El diputado Amilcar Barral lamentó que el ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas, haya pedido postergar la interpelación prevista para este 1 de julio por razones de salud.
No entendemos por qué la petición de postergación cuando sabemos que la autoridad está en su despacho cumpliendo sus funciones dijo Barral.
Rojas debía responder a un pliego interpelatorio por la empresa Quipus. (ANF)
UD pide explicación a cuatro entidades sobre detenidos
La bancada de Unidad Demócrata amplió la solicitud de Petición de Informe Oral al Ministerio de Economía, Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas y Aduana Nacional, entidades estatales que deben explicar sobre la situación de los nueve detenidos que fueron sentenciados y expulsados por la justicia de Chile.
“En el marco establecido en la Constitución Política del Estado y en el reglamento interno de la Asamblea Legislativa, enviamos solicitudes de petición de informe escrito el Ministerio de Economía, Ministerio de Defensa, Aduana Nacional y a las Fuerzas Armadas, para que aclaren estas acusaciones y esos supuestos. Se debe realizar una investigación”, precisó el diputado opositor Wilson Santamaría.
En el recibimiento que se hizo a los 9 bolivianos por parte de las autoridades del Gobierno, en la localidad de Pisiga, frontera entre Bolivia y Chile, un pequeño grupo se apostó para observarlos e indicaron que uno de ellos era “chutero” (contrabandista de autos ilegales).
Durante el acto se escuchó decir es culpable “Arsenio Choque para llevarles a los militares; él es el autor. Él está acostumbrado. Es chutero, es el que lleva por los caminos clandestinos”, gritó en pleno acto Luis Condori, que se identificó como transportista de carga pesada.
Sobre estas declaraciones, la presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, criticó a la oposición por plantear que se investigue las circunstancias de la detención de los nueve bolivianos expulsados de Chile y en particular a Arsenio Choque, quien fue denunciado por ser presuntamente “el guía de los chuteros”.
“Repiten argumentos de ciertos sectores de la política chilena como loros. ¿Cómo puede ser que diputados de oposición se comporten de esa manera? Una persona que estuvo sometida a más de 100 días a distancia de sus familiares, atacarlos de esa manera representa una falta de humanidad absoluta”, afirmó Montaño.
INFORME
El diputado de Unidad Demócrata, Amílcar Barral, indicó que desde el pasado mes de abril se solicitó los expedientes y las hojas de vida de los funcionarios aduaneros y de los militares, pero hasta el momento las autoridades competentes no remetieron esta información, por lo que presumen que existe irregularidades.
Además que la Aduana Nacional no lo reconoció como uno de los funcionarios pertenecientes a esa institución, por lo que generó dudas en la oposición y en otros sectores sociales.
En el aviso se indicó que Brian Quenallata Mendo, David Cimar Quenallata Laurel, Diego Guzmán Vásquez, Ediberto Raúl Mamani, Juan José Tórrez y Karl Luis Guachalla tienen un puesto en esa instancia aduanera, en el cargo de “Técnico en Control Aduanero”. En ese documento se hizo alusión a Choque como un “conductor legalmente contratado por la Gerencia Regional de Oruro”.
“En el marco establecido en la Constitución Política del Estado y en el reglamento interno de la Asamblea Legislativa, enviamos solicitudes de petición de informe escrito el Ministerio de Economía, Ministerio de Defensa, Aduana Nacional y a las Fuerzas Armadas, para que aclaren estas acusaciones y esos supuestos. Se debe realizar una investigación”, precisó el diputado opositor Wilson Santamaría.
En el recibimiento que se hizo a los 9 bolivianos por parte de las autoridades del Gobierno, en la localidad de Pisiga, frontera entre Bolivia y Chile, un pequeño grupo se apostó para observarlos e indicaron que uno de ellos era “chutero” (contrabandista de autos ilegales).
Durante el acto se escuchó decir es culpable “Arsenio Choque para llevarles a los militares; él es el autor. Él está acostumbrado. Es chutero, es el que lleva por los caminos clandestinos”, gritó en pleno acto Luis Condori, que se identificó como transportista de carga pesada.
Sobre estas declaraciones, la presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, criticó a la oposición por plantear que se investigue las circunstancias de la detención de los nueve bolivianos expulsados de Chile y en particular a Arsenio Choque, quien fue denunciado por ser presuntamente “el guía de los chuteros”.
“Repiten argumentos de ciertos sectores de la política chilena como loros. ¿Cómo puede ser que diputados de oposición se comporten de esa manera? Una persona que estuvo sometida a más de 100 días a distancia de sus familiares, atacarlos de esa manera representa una falta de humanidad absoluta”, afirmó Montaño.
INFORME
El diputado de Unidad Demócrata, Amílcar Barral, indicó que desde el pasado mes de abril se solicitó los expedientes y las hojas de vida de los funcionarios aduaneros y de los militares, pero hasta el momento las autoridades competentes no remetieron esta información, por lo que presumen que existe irregularidades.
Además que la Aduana Nacional no lo reconoció como uno de los funcionarios pertenecientes a esa institución, por lo que generó dudas en la oposición y en otros sectores sociales.
En el aviso se indicó que Brian Quenallata Mendo, David Cimar Quenallata Laurel, Diego Guzmán Vásquez, Ediberto Raúl Mamani, Juan José Tórrez y Karl Luis Guachalla tienen un puesto en esa instancia aduanera, en el cargo de “Técnico en Control Aduanero”. En ese documento se hizo alusión a Choque como un “conductor legalmente contratado por la Gerencia Regional de Oruro”.
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