Friday, April 27, 2018
Wednesday, April 25, 2018
UD denuncia a fiscal por favorecimiento a exalcalde
El diputado de Unidad Demócrata (UD), Tomás Monasterio, presentó ayer una querella penal ante el Ministerio Público contra del fiscal departamental de Cochabamba, Oscar Vera, por una supuesta presión ejercida por esa autoridad judicial para que fiscales de materia desistan de presentar una acusación formal contra el exalcalde de esa región, Edwin Castellanos, por el caso de un puente caído en 2015.
“Hemos presentado una denuncia formal contra el señor Vera, fiscal de distrito de esta capital”, dijo a los periodistas.
Ese caso fue denunciado por el senador de UD, Yerko Núñez, con el apoyo del audio de una conversación entre Vera y tres fiscales que estaban a cargo del proceso judicial contra el exalcalde, Edwin Castellanos, y otros.
Monasterios explicó que la demanda planteada pide que el Fiscal Departamental sea procesado por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, prevaricato, negativa y retardación de justicia e incumplimiento de deberes.
“Queremos que cuanto antes se pueda proceder a un procesamiento pronto y oportuno para poder castigar este hecho”, dijo.
Por su parte, el senador por UD, Edwin Rodríguez, anunció que una comitiva de ese partido viajará mañana, miércoles, a la ciudad de Sucre, para exigir al fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, que Vera sea destituido e investigado por fiscales superiores.
El fiscal departamental de Cochabamba dijo, por su lado, que asumirá “su derecho a la defensa” en el caso de la denuncia planteada en su contra.
“Hemos presentado una denuncia formal contra el señor Vera, fiscal de distrito de esta capital”, dijo a los periodistas.
Ese caso fue denunciado por el senador de UD, Yerko Núñez, con el apoyo del audio de una conversación entre Vera y tres fiscales que estaban a cargo del proceso judicial contra el exalcalde, Edwin Castellanos, y otros.
Monasterios explicó que la demanda planteada pide que el Fiscal Departamental sea procesado por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, prevaricato, negativa y retardación de justicia e incumplimiento de deberes.
“Queremos que cuanto antes se pueda proceder a un procesamiento pronto y oportuno para poder castigar este hecho”, dijo.
Por su parte, el senador por UD, Edwin Rodríguez, anunció que una comitiva de ese partido viajará mañana, miércoles, a la ciudad de Sucre, para exigir al fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, que Vera sea destituido e investigado por fiscales superiores.
El fiscal departamental de Cochabamba dijo, por su lado, que asumirá “su derecho a la defensa” en el caso de la denuncia planteada en su contra.
Friday, April 20, 2018
UD resuelve conflicto interno
El conflicto interno que se generó en la bancada de Unidad Demócrata (UD) por la jefatura de Bancada fue resuelto y la directiva de la Cámara de Diputados decidió entregar los ambientes al diputado Gonzalo Barrientos, tras permanecer, por más de un mes, en una oficina improvisada en el pasillo de la Asamblea Legislativa.
“Hicimos una convocatoria al diputado Norman Lazarte y a Gonzalo Barrientos propuestos para ser jefe de bancada, hemos logrado acordar con ambos diputados (…) Barrientos asumirá la jefatura de bancada a quien se le hará la entrega de la oficina y lo que corresponde”, informó la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño.
Para esto, el pleno de la Cámara Baja aprobó una dispensación del Reglamento de Diputados, debido a que una de las fracciones de la Bancada de UD presentó, fuera de plazo, la lista de la plancha que planteaba su jefatura de bancada.
Al inicio de las sesiones preparatorias de la Cámara de Diputados, los legisladores de UD presentaron al pleno camaral, 35 notas con sus respectivos postulantes a la jefatura de su Bancada. Similar situación aconteció con los legisladores del Partido Demócrata Cristiano (PDC) quienes para su jefatura de Bancada presentaron 10 cartas, evidenciando, por tercer año consecutivo, la fractura interna que existe en la oposición legislativa.
DISPUTA
La mayor fricción se notó en la bancada de UD, donde se conformaron dos frentes, los que apoyaban la jefatura de Lazarte y los que respaldaban a Barrientos. El primer grupo obtuvo el apoyo de 27 asambleístas y presentó la lista en el plazo establecido.
En el segundo caso se retrasaron en la remisión de la plancha parlamentaria, y tuvieron el respaldo de 40 legisladores. Según denuncias de Jimena Costa, muchos de los diputados suplentes fueron presionados por el frente de Barrientos.
Tras estas disputas, no pudieron acceder a los ambientes asignados para cada una de las bancadas, por lo que instalaron una oficina improvisada en el Hall de la Asamblea Legislativa.
Ante esto Barrientos lamentó las acciones tardías por parte de la Presidencia de Diputados al no tomar esta decisión desde el comienzo de la gestión parlamentaria, esperan que el partido oficialista respete la mayoría que obtuvo el frente opositor.
“El MAS no tiene que tomar parte de las decisiones que se determine en el interior de Unidad Demócrata, se eligió al jefe de bancada con una mayoría de los asambleístas (…) esperemos que nos otorguen los ambientes para continuar con el trabajo de fiscalización al estado”, explicó el legislador.
“Hicimos una convocatoria al diputado Norman Lazarte y a Gonzalo Barrientos propuestos para ser jefe de bancada, hemos logrado acordar con ambos diputados (…) Barrientos asumirá la jefatura de bancada a quien se le hará la entrega de la oficina y lo que corresponde”, informó la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño.
Para esto, el pleno de la Cámara Baja aprobó una dispensación del Reglamento de Diputados, debido a que una de las fracciones de la Bancada de UD presentó, fuera de plazo, la lista de la plancha que planteaba su jefatura de bancada.
Al inicio de las sesiones preparatorias de la Cámara de Diputados, los legisladores de UD presentaron al pleno camaral, 35 notas con sus respectivos postulantes a la jefatura de su Bancada. Similar situación aconteció con los legisladores del Partido Demócrata Cristiano (PDC) quienes para su jefatura de Bancada presentaron 10 cartas, evidenciando, por tercer año consecutivo, la fractura interna que existe en la oposición legislativa.
DISPUTA
La mayor fricción se notó en la bancada de UD, donde se conformaron dos frentes, los que apoyaban la jefatura de Lazarte y los que respaldaban a Barrientos. El primer grupo obtuvo el apoyo de 27 asambleístas y presentó la lista en el plazo establecido.
En el segundo caso se retrasaron en la remisión de la plancha parlamentaria, y tuvieron el respaldo de 40 legisladores. Según denuncias de Jimena Costa, muchos de los diputados suplentes fueron presionados por el frente de Barrientos.
Tras estas disputas, no pudieron acceder a los ambientes asignados para cada una de las bancadas, por lo que instalaron una oficina improvisada en el Hall de la Asamblea Legislativa.
Ante esto Barrientos lamentó las acciones tardías por parte de la Presidencia de Diputados al no tomar esta decisión desde el comienzo de la gestión parlamentaria, esperan que el partido oficialista respete la mayoría que obtuvo el frente opositor.
“El MAS no tiene que tomar parte de las decisiones que se determine en el interior de Unidad Demócrata, se eligió al jefe de bancada con una mayoría de los asambleístas (…) esperemos que nos otorguen los ambientes para continuar con el trabajo de fiscalización al estado”, explicó el legislador.
Thursday, April 19, 2018
Alcalde Leyes denuncia persecución
El alcalde del municipio de Cochabamba, José María Leyes, llegó hasta la ciudad de La Paz para asegurar que el Gobierno central y el MAS conspiran en su contra y pretenden dar un “golpe de Estado” por la defensa del 21F y porque su persona significa una amenaza electoral. El oficialismo niega esa postura.
“Lo que hace el MAS no es investigar el caso de las mochilas, sino utiliza para el escándalo en los medios de comunicación, a ellos no les interesa la investigación, lo que ellos quieren hacer es una difamación pública para justificar el golpe contra el alcalde, y quieren poner un alcalde que se arrodille ante el MAS y no defienda el 21F”, manifestó Leyes.
El pasado 6 de abril, el Gobierno a través del Ministro de Justicia hizo oficial la denuncia contra el alcalde José María Leyes del municipio de Cochabamba, a raíz de las supuestas evidencias que habría presentado la concejal Rocío Molina (MAS) y el viceministro de Transparencia Institucional, Diego Jiménez, quien se apersonó ante la Fiscalía de Cochabamba para coadyuvar en el caso.
Al respecto, Leyes apuntó a tres elementos que el MAS y el gobierno, están usando con relación a “las mochilas escolares”, para defenestrarlo.
“Primer elemento: Aclarar que para la mochila escolar, se presentó una licitación pública, no fue una invitación directa y no es cierto que la alcaldía de Cochabamba haya importado desde la China. Tres empresas se presentaron con el precio de referencia del 10%, el MAS hace pensar que se habría comprado de forma directa, lo cual es falso”, señaló.
“El segundo elemento es que el Gobierno y el MAS, están manejando la versión de que se habría pagado un sobreprecio, aspecto que también es falso”, aseguró Leyes.
“El MAS dice que se ha pagado sobreprecio y esto debo explicar que cuando se hace la denuncia lo primero que hago es instruir a la Dirección de Transparencia que inicie la investigación (03/04/2018), y el mismo día solicitamos que se haga la “auditoria especial” de tres gestiones 2016, 2017 y 2018 y el 6 de abril me presenté en la fiscalía de Cochabamba”, aseveró.
Y como tercer punto explicó: “Cuando conozco la denuncia y pido a Transparencia que se investigue, es esta misma Dirección que me señala que suspenda el pago hasta que concluya la investigación y el 10 de abril, emito el memorándum para suspender el pago de la “mochila escolar”, hasta que la investigación concluya o sea, no se ha pagado, es falso lo que dice el MAS”.
Leyes aseguró también que el Ministro de Justicia, el Fiscal General del Estado y el de Distrito de Cochabamba se reunieron en esa ciudad. ¿Qué tiene que hacer el Ministro de Justicia con el ente de investigación? dar órdenes? ¿Sabían que han cambiado a los fiscales?”.
MAS
Por su parte, para el oficialismo lo único que debe hacer Leyes es someterse a la justicia para que esa instancia esclarezca la denuncia.
«Decirle al alcalde que no eche la culpa al MAS, sino que diga la verdad y responda a la justicia, la cual será la que diga la verdad y quien esclarezca el tema», afirmó el diputado Lucio Gómez.
El diputado del MAS, Víctor Borda, afirmó que Leyes «no es ningún perseguido político, sino que es un perseguido corrupto» porque siendo la máxima autoridad de la Alcaldía de Cochabamba fue quien realizó el proceso de contratación de las mochilas.
“Lo que hace el MAS no es investigar el caso de las mochilas, sino utiliza para el escándalo en los medios de comunicación, a ellos no les interesa la investigación, lo que ellos quieren hacer es una difamación pública para justificar el golpe contra el alcalde, y quieren poner un alcalde que se arrodille ante el MAS y no defienda el 21F”, manifestó Leyes.
El pasado 6 de abril, el Gobierno a través del Ministro de Justicia hizo oficial la denuncia contra el alcalde José María Leyes del municipio de Cochabamba, a raíz de las supuestas evidencias que habría presentado la concejal Rocío Molina (MAS) y el viceministro de Transparencia Institucional, Diego Jiménez, quien se apersonó ante la Fiscalía de Cochabamba para coadyuvar en el caso.
Al respecto, Leyes apuntó a tres elementos que el MAS y el gobierno, están usando con relación a “las mochilas escolares”, para defenestrarlo.
“Primer elemento: Aclarar que para la mochila escolar, se presentó una licitación pública, no fue una invitación directa y no es cierto que la alcaldía de Cochabamba haya importado desde la China. Tres empresas se presentaron con el precio de referencia del 10%, el MAS hace pensar que se habría comprado de forma directa, lo cual es falso”, señaló.
“El segundo elemento es que el Gobierno y el MAS, están manejando la versión de que se habría pagado un sobreprecio, aspecto que también es falso”, aseguró Leyes.
“El MAS dice que se ha pagado sobreprecio y esto debo explicar que cuando se hace la denuncia lo primero que hago es instruir a la Dirección de Transparencia que inicie la investigación (03/04/2018), y el mismo día solicitamos que se haga la “auditoria especial” de tres gestiones 2016, 2017 y 2018 y el 6 de abril me presenté en la fiscalía de Cochabamba”, aseveró.
Y como tercer punto explicó: “Cuando conozco la denuncia y pido a Transparencia que se investigue, es esta misma Dirección que me señala que suspenda el pago hasta que concluya la investigación y el 10 de abril, emito el memorándum para suspender el pago de la “mochila escolar”, hasta que la investigación concluya o sea, no se ha pagado, es falso lo que dice el MAS”.
Leyes aseguró también que el Ministro de Justicia, el Fiscal General del Estado y el de Distrito de Cochabamba se reunieron en esa ciudad. ¿Qué tiene que hacer el Ministro de Justicia con el ente de investigación? dar órdenes? ¿Sabían que han cambiado a los fiscales?”.
MAS
Por su parte, para el oficialismo lo único que debe hacer Leyes es someterse a la justicia para que esa instancia esclarezca la denuncia.
«Decirle al alcalde que no eche la culpa al MAS, sino que diga la verdad y responda a la justicia, la cual será la que diga la verdad y quien esclarezca el tema», afirmó el diputado Lucio Gómez.
El diputado del MAS, Víctor Borda, afirmó que Leyes «no es ningún perseguido político, sino que es un perseguido corrupto» porque siendo la máxima autoridad de la Alcaldía de Cochabamba fue quien realizó el proceso de contratación de las mochilas.
Wednesday, April 18, 2018
Declarará el viernes ante Fiscalía Leyes denunció “macabro plan”
Después de la denuncia que realizó la Bancada Demócrata sobre audios de un “complot”; el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, denunció que existe la intención de detenerlo el viernes, durante su declaración en la Fiscalía Anticorrupción por el caso mochilas.
“Qué casualidad de que mi declaración la hayan señalado un día viernes a las cinco de la tarde. En esas declaraciones van a tratar de detenerme, van a tratar de encarcelarme para dar un golpe a la Alcaldía”.
La autoridad denunció ayer que el Movimiento al Socilialismo (MAS) está planificando “destruir” su liderazgo y pretende colocar a la concejala Célima Torrico como nueva autoridad publicó el periódico Los Tiempos, en su edición digital.
“El MAS ya tiene su propio candidato, sabemos que el MAS quiere a Célima Torrico como la nueva alcaldesa, encarcelarlo al Alcalde. Esa es la estrategia del MAS”, enfatizó.
PLAN
Leyes, en la conferencia de prensa, aseguró que el audio en el que se escucha al líder de la iniciativa de revocatorio en su contra, José Luis Rodo devela un plan “macabro” para “dar un golpe”.
“El Movimiento al Socialismo no perdona que hayamos ido a La Haya a defender el 21 de febrero, a denunciar que se está vulnerando el voto del pueblo. El MAS no perdona que hayamos apoyado los paros ciudadanos del 16 de enero y el 21 de Febrero (...), por eso están inventando una estrategia llena de mentiras y llena de calumnias”, indicó.
La concejal del Movimiento al Socialismo (MAS), Rocío Molina, denunció ayer que el alcalde Leyes envió un anteproyecto de ley al Concejo Municipal, que le permitirá quedarse en su cargo por 90 días si es aprehendido por el caso de la compra con presunto sobreprecio de útiles y mochilas escolares de este año.
“Qué casualidad de que mi declaración la hayan señalado un día viernes a las cinco de la tarde. En esas declaraciones van a tratar de detenerme, van a tratar de encarcelarme para dar un golpe a la Alcaldía”.
La autoridad denunció ayer que el Movimiento al Socilialismo (MAS) está planificando “destruir” su liderazgo y pretende colocar a la concejala Célima Torrico como nueva autoridad publicó el periódico Los Tiempos, en su edición digital.
“El MAS ya tiene su propio candidato, sabemos que el MAS quiere a Célima Torrico como la nueva alcaldesa, encarcelarlo al Alcalde. Esa es la estrategia del MAS”, enfatizó.
PLAN
Leyes, en la conferencia de prensa, aseguró que el audio en el que se escucha al líder de la iniciativa de revocatorio en su contra, José Luis Rodo devela un plan “macabro” para “dar un golpe”.
“El Movimiento al Socialismo no perdona que hayamos ido a La Haya a defender el 21 de febrero, a denunciar que se está vulnerando el voto del pueblo. El MAS no perdona que hayamos apoyado los paros ciudadanos del 16 de enero y el 21 de Febrero (...), por eso están inventando una estrategia llena de mentiras y llena de calumnias”, indicó.
La concejal del Movimiento al Socialismo (MAS), Rocío Molina, denunció ayer que el alcalde Leyes envió un anteproyecto de ley al Concejo Municipal, que le permitirá quedarse en su cargo por 90 días si es aprehendido por el caso de la compra con presunto sobreprecio de útiles y mochilas escolares de este año.
Tuesday, April 17, 2018
Tuesday, April 3, 2018
Por asesinato de tres policías UD pide recaptura de 8 cocaleros sentenciados
Los senadores Arturo Murillo y Yerko Núñez (Unidad Demócrata) pidieron, ayer, que el Ministerio de Gobierno “recapture” a ocho cocaleros, quienes, pese a tener 30 años de sentencia por el asesinato de tres policías en Epizana (Cochabamba), fueron beneficiados por un juez con medidas sustitutivas.
“Le mandamos una carta al ministro de Gobierno, Carlos Romero, para que ordene inmediatamente la recaptura de los ocho asesinos de los tres policías. Sabemos dónde están, les estamos haciendo seguimiento (…). Ha existido proteccionismo político”, declaró el senador Murillo.
También envió una carta al Comandante de la Policía para que responda sobre las acciones que asumió para hacer seguimiento a los sentenciados a 30 años de cárcel, sin derecho a indulto, y que por permisividad judicial están libres con medidas sustitutivas.
El 26 de febrero de 2008, los policías Eloy Yupanqui, Wálter Ávila y Willy Álvarez intentaron “voltear” un cargamento de droga que salía de ese municipio, pero fueron capturados por los pobladores que los torturaron, les arrojaron agua hervida y les estrangularon, según reporte de Opinión.
Tras una investigación, 13 linchadores fueron identificados, pero fueron liberados de culpa irregularmente (hubo denuncias de pagos de 10.000 dólares) por el exfiscal de Distrito César Cartagena y el exfiscal el caso Irving Avendaño. Ambos funcionarios fueron procesados por la Inspectoría y salieron del Ministerio Público.
Los 13 acusados fueron recapturados y enjuiciados. El 24 de junio de 2010, ocho de ellos fueron sentenciados a 30 años de cárcel, tras valorar las pruebas en su contra: Zenón Soria Orellana, Juan Israel Rodríguez, Trifón Huayllani Pizarro, Félix Zapata Torrico, Santiago Jiménez, Crescencio Jiménez Balderrama, Ángel Rosendo Cossío y Nicolás Rojas Calvi.
Sin embargo, a 10 años del triple crimen sus sentencias no han sido ejecutoriadas y, desde el año 2011, empezaron a pedir su libertad, argumentando que ya estaban más de 36 meses presos, sin sentencia ejecutoriada.
Murillo cuestionó que mientras estas personas están libres, pese a la dimensión de sus delitos, cientos de personas están en las cárceles con detenciones preventivas por delitos menores y sin sentencia.
Por esta razón, el parlamentario exigió que el Consejo de la Magistratura suspenda a los jueces que dictaron la libertad de los sentenciados y sean juzgados por prevaricato.
Por otra parte, solicitó también al ministro de Justicia, Héctor Arce, que intervenga en el caso. “Él habla tanto de justicia transparente, le pedimos que haga las investigaciones en este caso”, sostuvo.
“Le mandamos una carta al ministro de Gobierno, Carlos Romero, para que ordene inmediatamente la recaptura de los ocho asesinos de los tres policías. Sabemos dónde están, les estamos haciendo seguimiento (…). Ha existido proteccionismo político”, declaró el senador Murillo.
También envió una carta al Comandante de la Policía para que responda sobre las acciones que asumió para hacer seguimiento a los sentenciados a 30 años de cárcel, sin derecho a indulto, y que por permisividad judicial están libres con medidas sustitutivas.
El 26 de febrero de 2008, los policías Eloy Yupanqui, Wálter Ávila y Willy Álvarez intentaron “voltear” un cargamento de droga que salía de ese municipio, pero fueron capturados por los pobladores que los torturaron, les arrojaron agua hervida y les estrangularon, según reporte de Opinión.
Tras una investigación, 13 linchadores fueron identificados, pero fueron liberados de culpa irregularmente (hubo denuncias de pagos de 10.000 dólares) por el exfiscal de Distrito César Cartagena y el exfiscal el caso Irving Avendaño. Ambos funcionarios fueron procesados por la Inspectoría y salieron del Ministerio Público.
Los 13 acusados fueron recapturados y enjuiciados. El 24 de junio de 2010, ocho de ellos fueron sentenciados a 30 años de cárcel, tras valorar las pruebas en su contra: Zenón Soria Orellana, Juan Israel Rodríguez, Trifón Huayllani Pizarro, Félix Zapata Torrico, Santiago Jiménez, Crescencio Jiménez Balderrama, Ángel Rosendo Cossío y Nicolás Rojas Calvi.
Sin embargo, a 10 años del triple crimen sus sentencias no han sido ejecutoriadas y, desde el año 2011, empezaron a pedir su libertad, argumentando que ya estaban más de 36 meses presos, sin sentencia ejecutoriada.
Murillo cuestionó que mientras estas personas están libres, pese a la dimensión de sus delitos, cientos de personas están en las cárceles con detenciones preventivas por delitos menores y sin sentencia.
Por esta razón, el parlamentario exigió que el Consejo de la Magistratura suspenda a los jueces que dictaron la libertad de los sentenciados y sean juzgados por prevaricato.
Por otra parte, solicitó también al ministro de Justicia, Héctor Arce, que intervenga en el caso. “Él habla tanto de justicia transparente, le pedimos que haga las investigaciones en este caso”, sostuvo.
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