La diputada Eliane Capobianco, a nombre de la bancada parlamentaria del Movimiento Demócrata Social, auguró ayer un nuevo fracaso en las elecciones judiciales debido a la decisión del oficialismo de mantener sin cambios la convocatoria de preselección de candidatos a altos cargos del Órgano Judicial, la que a su juicio no cuenta con la confianza del pueblo boliviano.
UD predice nuevo fracaso en las elecciones judiciales
“El MAS solo quiso ampliar el plazo (de inscripción de postulantes) y ahora vemos que se presentan muchos funcionarios de ministerios, asesores del Gobierno y exmagistrados, es decir, gente con afinidad por el partido de Gobierno que se está postulando por esa cercanía”, manifestó la parlamentaria. Capobianco señaló que el pedido de cambiar la convocatoria que hizo la oposición tenía la finalidad de garantizar la postulación de los mejores abogados del país, en un proceso en el cual se respete la capacidad y no que los cargos queden en manos de la injerencia política. “Queda claro que al no haber postulantes en la fecha establecida (26 de mayo) es porque los abogados no se presentaron por la desconfianza que hay en el proceso. Ahora (en el MAS) hablan de más de 100 precandidatos, pero estos en su mayoría son afines al MAS y eso lo vamos a demostrar cuando llegue el momento de la revisión de currículos”, agregó la legisladora Demócrata. Finalmente, la diputada Capobianco reiteró que todos los indicios de cómo se está llevando esta etapa de preselección apunta a que después de las elecciones no habrá independencia del Poder Judicial y por el contrario se prevé un “resultado desastroso”. “Creemos que habrá un nuevo fracaso en la Justicia, pero el MAS no escucha al pueblo ni a la oposición”, concluyó la legisladora de oposición.
Tuesday, May 30, 2017
Por presunta discriminación Demócratas piden procesar a Ministra de Comunicación
Asambleístas de Unidad Demócrata del departamento de Santa Cruz acordaron pedir al viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, que presente una demanda penal contra la ministra de Comunicación, Gisela López, por los afiches discriminatorios que hizo publicar la semana pasada, informó el senador Carlos Pablo Klinsky.
“Se presentó una denuncia ante el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, con el propósito de que pueda iniciar una acción penal contra la Ministra de Comunicación y todos aquellos que sean responsables de esa publicación, existen todos los elementos para continuar con esa denuncia”, añadió Klinsky.
JUICIO A LÓPEZ
En caso de que la autoridad no inicie la denuncia contra la Ministra de Comunicación, los legisladores de esa tienda política anunciaron que presentarán una demanda penal contra López y también contra Félix Cárdenas, por incumplimiento de deberes y por no haber actuado de oficio, en contraste en relación a otros casos, en que actuó de manera rápida.
“Queremos ver cómo es que esta autoridad actúa ante esta solicitud, él denunció a diferentes parlamentarios de oposición por discriminación y racismo, que lo haga también en este caso, debe hacerlo contra la Ministra de Comunicación por estas publicaciones que atentan contra la población de Santa Cruz”, manifestó.
AFICHE DISCRIMINATORIO
El pasado 24 de mayo se recordó el Día Nacional de Lucha Contra el Racismo y la Discriminación. Con tal motivo, el Ministerio de Comunicación difundió un afiche que circuló en redes sociales, en el que se mostraba a una mujer, vestida con una sudadera con los colores verde y blanco, agrediendo a una mujer de pollera con un látigo. Este afiche generó una ola de protestas en Santa Cruz y el resto del país.
Otra medida de los legisladores cruceños de UD es el envío de una carta al presidente Evo Morales, en la que le piden que destituya a la Ministra de Comunicación, “puesto que es responsable de las publicaciones que salen de las unidades de ese Ministerio de su dependencia”.
Asimismo, se remitió una Petición de Informe Escrito para que se dé con la persona que elaboró estos mensajes racistas en contra de Santa Cruz.
OPOSITORES DEMANDADOS
Entre los casos por presunto racismo y discriminación, en contra de los opositores, está el caso de la diputada del Partido Demócrata Cristiano Norma Piérola, a quien procesa el Ministerio Público por el delito de discriminación, porque se negó dar la mano al presidente Evo Morales, en un acto público.
La semana pasada, el Ministerio Público la citó para que se presente a declarar a esas instancias, empero la legisladora no se presentó porque no tiene abogado, ya que ningún jurista desearía defenderla, según testimonio de Piérola.
“El hecho de no haberle dado la mano al señor Evo Morales y haber emitido una opinión afirmando que me alegraba por la candidatura de (Felipa) Huanca, por ser mujer, pero que La Paz se merecía una con mayor formación, no es discriminar (...). Cárdenas se encarga de hacer persecución política y le voy a iniciar una acción penal por acoso y violencia política hacia la mujer”, declaró Piérola.
ESTIGMATIZACIÓN
La diputada Eliane Capobianco apuntó a la titular de Comunicación como “responsable de la campaña que difundió, con publicaciones en las que hace ver como racista a todo el pueblo cruceño, hombres y mujeres”. Ese tipo de campañas –dijo Capobianco– distorsiona la imagen de los cruceños y “nos estigmatiza como racistas, discriminadores y golpeadores”. Añadió que “en lugar de disculparse, elude responsabilidades y asegura que ‘la realidad ha sido más cruel’, ratificándose en el sentido de sus mensajes”.
“Se presentó una denuncia ante el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, con el propósito de que pueda iniciar una acción penal contra la Ministra de Comunicación y todos aquellos que sean responsables de esa publicación, existen todos los elementos para continuar con esa denuncia”, añadió Klinsky.
JUICIO A LÓPEZ
En caso de que la autoridad no inicie la denuncia contra la Ministra de Comunicación, los legisladores de esa tienda política anunciaron que presentarán una demanda penal contra López y también contra Félix Cárdenas, por incumplimiento de deberes y por no haber actuado de oficio, en contraste en relación a otros casos, en que actuó de manera rápida.
“Queremos ver cómo es que esta autoridad actúa ante esta solicitud, él denunció a diferentes parlamentarios de oposición por discriminación y racismo, que lo haga también en este caso, debe hacerlo contra la Ministra de Comunicación por estas publicaciones que atentan contra la población de Santa Cruz”, manifestó.
AFICHE DISCRIMINATORIO
El pasado 24 de mayo se recordó el Día Nacional de Lucha Contra el Racismo y la Discriminación. Con tal motivo, el Ministerio de Comunicación difundió un afiche que circuló en redes sociales, en el que se mostraba a una mujer, vestida con una sudadera con los colores verde y blanco, agrediendo a una mujer de pollera con un látigo. Este afiche generó una ola de protestas en Santa Cruz y el resto del país.
Otra medida de los legisladores cruceños de UD es el envío de una carta al presidente Evo Morales, en la que le piden que destituya a la Ministra de Comunicación, “puesto que es responsable de las publicaciones que salen de las unidades de ese Ministerio de su dependencia”.
Asimismo, se remitió una Petición de Informe Escrito para que se dé con la persona que elaboró estos mensajes racistas en contra de Santa Cruz.
OPOSITORES DEMANDADOS
Entre los casos por presunto racismo y discriminación, en contra de los opositores, está el caso de la diputada del Partido Demócrata Cristiano Norma Piérola, a quien procesa el Ministerio Público por el delito de discriminación, porque se negó dar la mano al presidente Evo Morales, en un acto público.
La semana pasada, el Ministerio Público la citó para que se presente a declarar a esas instancias, empero la legisladora no se presentó porque no tiene abogado, ya que ningún jurista desearía defenderla, según testimonio de Piérola.
“El hecho de no haberle dado la mano al señor Evo Morales y haber emitido una opinión afirmando que me alegraba por la candidatura de (Felipa) Huanca, por ser mujer, pero que La Paz se merecía una con mayor formación, no es discriminar (...). Cárdenas se encarga de hacer persecución política y le voy a iniciar una acción penal por acoso y violencia política hacia la mujer”, declaró Piérola.
ESTIGMATIZACIÓN
La diputada Eliane Capobianco apuntó a la titular de Comunicación como “responsable de la campaña que difundió, con publicaciones en las que hace ver como racista a todo el pueblo cruceño, hombres y mujeres”. Ese tipo de campañas –dijo Capobianco– distorsiona la imagen de los cruceños y “nos estigmatiza como racistas, discriminadores y golpeadores”. Añadió que “en lugar de disculparse, elude responsabilidades y asegura que ‘la realidad ha sido más cruel’, ratificándose en el sentido de sus mensajes”.
Friday, May 26, 2017
Ven estrategia para reelegir a Evo en la elección judicial
Analistas y asambleístas coinciden que la única alternativa para forzar una tercera reelección del actual presidente Evo Morales Ayma, para los comicios de 2019 es llevando adelante la elección judicial, y con ello lograr que el nuevo Poder Judicial realice una interpretación constitucional. "Cualquier otro mecanismo, como la reforma constitucional, implicará realizar un referéndum, situación al que políticamente, con las actuales condiciones de caída de popularidad del Gobierno, no es posible. Entonces acudirán a la fórmula nicaragüense de la interpretación constitucional", explicó Víctor Hugo Cárdenas, ex vicepresidente de la república.
La politóloga y diputada de Unidad Demócrata(UD), Jimena Costa, señala que en este escenario nacional, los del MAS saben que les conviene mantener un control a través de una elección judicial que ir a una reforma constitucional que directamente exige un referéndum, lo que puede resolver una de las cuatro formas: garantizar la reelección de Evo. "Entonces, con querer abrir la constitución y hacer vía un referéndum, saben que pierden; mucho más grave de lo que fue el año pasado (21 de febrero)", precisó,
Otros juristas. El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, manifestó ayer que será viabilizada la propuesta del vicepresidente Álvaro García Linera de aplicar la cadena perpetua para violaciones seguidas de asesinato, a cuyo efecto se hará un referéndum.
Advirtió que para aplicar esa pena, necesariamente se debe reformar la Constitución Política del Estado, "no se puede prohibir, ni susceptibilizar una reforma constitucional", agregó.
El analista y abogado, William Bascopé, respondió que cualquier intención de hurgar la Constitución Política del Estado (CPE), requiere todo un proceso, incluso a partir de realizar una constituyente. En ese ámbito, enfatizó que el rostro político de Evo Morales y Álvaro García Linera está totalmente desgastado, por lo que la elección judicial se constituye la única opción a sus intenciones. "Aunque no hay ninguna posibilidad constitucional para una nueva reelección de Evo Morales, el MAS tratará de forzar ese propósito a como sea. Pero la población sabe que no permitirá esa situación. Además, de alguna manera, con la elección judicial, el MAS presentará nuevos rostros en esos altos cargos de la justicia, para forzar esos propósitos", manifestó.
Amilcar Barral, diputado de UD, señaló que el MAS, bajo cualquier pretexto, con temas como pena de muerte, cadena perpetua y la misma elección judicial, está orientando sus acciones desesperadas para viabilizar la reelección judicial. "El único objetivo es meter de contrabando la repostulación del presidente. Pero el Gobierno lanza globos de ensayo con cuál me irá mejor para generar afectos donde ya no los hay. Hay una especie de desesperación más aún cuando la elección judicial tropieza con una ausencia total de postulantes", finalizó.
Asamblea
La ALP debatirá hoy modificar el reglamento
Inscritos. Ante la escasa presencia de postulantes inscritos ante la Comisión Mixta, la Asamblea Legislativa debatirá hoy la ampliación de plazo de 15 días para registrar mayor número de aspirantes a la alta magistratura del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional.
Modificación. Norma Piérola, diputada de la oposición, informó que en lo posible la modificación al reglamento no solo debe ser a la ampliación de plazo, sino a los requisitos como la independencia política. "No hay un magistrado de carrera que se precie de serlo y que no se preste a este manoseo político. Eso debe cambiar", señaló.
Punto de vista
Willian Bascopé
Abogado Constitucionalista
"La reforma constitucional implica una Constituyente'
“Una simple modificación de la Constitución Política del Estado(CPE), como se empecina el MAS de llevar adelante, esto se modifica en la Asamblea Constituyentes. Para ello debemos primero ir a un referéndum para constituir la Asamblea Constituyente. Por un artículo no se puede ir a un referéndum, debe hacerse una reforma constitucional.
En ese contexto, no es posible que el MAS nos quiera sorprender queriendo llevarnos a una constituyente seguramente para evitar debatir el tema de su reelección, como está sucediendo en Venezuela con Maduro. Lo mismo está haciendo García Linera (vicepresidente) al decir todo ello para encaramarse en el poder. Eso es inaceptable.
Ahora en el tema de la elección judicial, la no presentación de profesionales, demuestra la desconfianza respecto al poder político. Esas son señales también de fracaso".
La politóloga y diputada de Unidad Demócrata(UD), Jimena Costa, señala que en este escenario nacional, los del MAS saben que les conviene mantener un control a través de una elección judicial que ir a una reforma constitucional que directamente exige un referéndum, lo que puede resolver una de las cuatro formas: garantizar la reelección de Evo. "Entonces, con querer abrir la constitución y hacer vía un referéndum, saben que pierden; mucho más grave de lo que fue el año pasado (21 de febrero)", precisó,
Otros juristas. El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, manifestó ayer que será viabilizada la propuesta del vicepresidente Álvaro García Linera de aplicar la cadena perpetua para violaciones seguidas de asesinato, a cuyo efecto se hará un referéndum.
Advirtió que para aplicar esa pena, necesariamente se debe reformar la Constitución Política del Estado, "no se puede prohibir, ni susceptibilizar una reforma constitucional", agregó.
El analista y abogado, William Bascopé, respondió que cualquier intención de hurgar la Constitución Política del Estado (CPE), requiere todo un proceso, incluso a partir de realizar una constituyente. En ese ámbito, enfatizó que el rostro político de Evo Morales y Álvaro García Linera está totalmente desgastado, por lo que la elección judicial se constituye la única opción a sus intenciones. "Aunque no hay ninguna posibilidad constitucional para una nueva reelección de Evo Morales, el MAS tratará de forzar ese propósito a como sea. Pero la población sabe que no permitirá esa situación. Además, de alguna manera, con la elección judicial, el MAS presentará nuevos rostros en esos altos cargos de la justicia, para forzar esos propósitos", manifestó.
Amilcar Barral, diputado de UD, señaló que el MAS, bajo cualquier pretexto, con temas como pena de muerte, cadena perpetua y la misma elección judicial, está orientando sus acciones desesperadas para viabilizar la reelección judicial. "El único objetivo es meter de contrabando la repostulación del presidente. Pero el Gobierno lanza globos de ensayo con cuál me irá mejor para generar afectos donde ya no los hay. Hay una especie de desesperación más aún cuando la elección judicial tropieza con una ausencia total de postulantes", finalizó.
Asamblea
La ALP debatirá hoy modificar el reglamento
Inscritos. Ante la escasa presencia de postulantes inscritos ante la Comisión Mixta, la Asamblea Legislativa debatirá hoy la ampliación de plazo de 15 días para registrar mayor número de aspirantes a la alta magistratura del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional.
Modificación. Norma Piérola, diputada de la oposición, informó que en lo posible la modificación al reglamento no solo debe ser a la ampliación de plazo, sino a los requisitos como la independencia política. "No hay un magistrado de carrera que se precie de serlo y que no se preste a este manoseo político. Eso debe cambiar", señaló.
Punto de vista
Willian Bascopé
Abogado Constitucionalista
"La reforma constitucional implica una Constituyente'
“Una simple modificación de la Constitución Política del Estado(CPE), como se empecina el MAS de llevar adelante, esto se modifica en la Asamblea Constituyentes. Para ello debemos primero ir a un referéndum para constituir la Asamblea Constituyente. Por un artículo no se puede ir a un referéndum, debe hacerse una reforma constitucional.
En ese contexto, no es posible que el MAS nos quiera sorprender queriendo llevarnos a una constituyente seguramente para evitar debatir el tema de su reelección, como está sucediendo en Venezuela con Maduro. Lo mismo está haciendo García Linera (vicepresidente) al decir todo ello para encaramarse en el poder. Eso es inaceptable.
Ahora en el tema de la elección judicial, la no presentación de profesionales, demuestra la desconfianza respecto al poder político. Esas son señales también de fracaso".
Thursday, May 25, 2017
Senador Ortiz “Achá debe ser incluido en compra ilegal de taladros”
El senador opositor Óscar Ortiz denunció que la Fiscalía de La Paz pone cortapisas para procesar su denuncia destinada a incluir al presidente de YPFB, Guillermo Achá, en calidad de denunciado en la investigación iniciadas por las autoridades, luego de las graves irregularidades incurridas por los ejecutivos y personal administrativo de YPFB en la compra de tres taladros de uso petrolero a la firma italiana Drillmec.
NEGOCIADO
Esos equipos fueron valorados en $us 148 millones. Hay un grupo de 15 servidores que son procesados a denuncia del Ministerio de Justicia, pero aparentemente por razones políticas, ningún personero jerárquico de YPFB, fue citado a prestar declaraciones, tal el caso de los miembros que presidieron la Comisión de Adjudicaciones, gerencia administrativa ni al directorio que administra la firma estatal.
INTENCIÓN
Achá declaró esta semana que estaría dispuesto a presentarse a la Fiscalía a objeto de declarar sobre el caso. Con anterioridad, el principal responsable de la estatal petrolera deslindó responsabilidades y no pudo justificar por qué razones –entre otras graves irregularidades– autorizó la modificación de los precios referenciales en la segunda convocatoria, supuestamente para favorecer a la empresa adjudicada.
PROTECCIÓN POLÍTICA
Ortiz dio a entender que el ejecutivo gozaría de protección de altas esferas políticas del Gobierno, involucradas en actos de corrupción como el presente caso.
MINISTERIO DE JUSTICIA
Lamentó que en base a su denuncia trabaje el Ministerio de Justicia pero sólo tocando a los de abajo pero no al jefe.
“Ese es el gran problema. (Guillermo) Achá tiene un conflicto de intereses porque claramente, si es uno de los posibles presuntos responsables no tiene ningún interés que avance la investigación”, manifestó al señalar que esa también es la causa para no renunciar al cargo.
RESPONSABILIDAD EJECUTIVA
Sostuvo que el mismo Achá, firmó la resolución que autoriza el inicio del proceso de contratación donde asume responsabilidad, pero se lava las manos y echa la culpa a sus funcionarios en una demostración que hay evidentes irregularidades.
“Él tiene que ser incluido en el proceso y si cree que es inocente, que vaya a un proceso a defender y que no mande a los de abajo y se quede a un lado”, manifestó en declaraciones de prensa ofrecidas en la ciudad de Santa Cruz.
NEGOCIADO
Esos equipos fueron valorados en $us 148 millones. Hay un grupo de 15 servidores que son procesados a denuncia del Ministerio de Justicia, pero aparentemente por razones políticas, ningún personero jerárquico de YPFB, fue citado a prestar declaraciones, tal el caso de los miembros que presidieron la Comisión de Adjudicaciones, gerencia administrativa ni al directorio que administra la firma estatal.
INTENCIÓN
Achá declaró esta semana que estaría dispuesto a presentarse a la Fiscalía a objeto de declarar sobre el caso. Con anterioridad, el principal responsable de la estatal petrolera deslindó responsabilidades y no pudo justificar por qué razones –entre otras graves irregularidades– autorizó la modificación de los precios referenciales en la segunda convocatoria, supuestamente para favorecer a la empresa adjudicada.
PROTECCIÓN POLÍTICA
Ortiz dio a entender que el ejecutivo gozaría de protección de altas esferas políticas del Gobierno, involucradas en actos de corrupción como el presente caso.
MINISTERIO DE JUSTICIA
Lamentó que en base a su denuncia trabaje el Ministerio de Justicia pero sólo tocando a los de abajo pero no al jefe.
“Ese es el gran problema. (Guillermo) Achá tiene un conflicto de intereses porque claramente, si es uno de los posibles presuntos responsables no tiene ningún interés que avance la investigación”, manifestó al señalar que esa también es la causa para no renunciar al cargo.
RESPONSABILIDAD EJECUTIVA
Sostuvo que el mismo Achá, firmó la resolución que autoriza el inicio del proceso de contratación donde asume responsabilidad, pero se lava las manos y echa la culpa a sus funcionarios en una demostración que hay evidentes irregularidades.
“Él tiene que ser incluido en el proceso y si cree que es inocente, que vaya a un proceso a defender y que no mande a los de abajo y se quede a un lado”, manifestó en declaraciones de prensa ofrecidas en la ciudad de Santa Cruz.
Wednesday, May 24, 2017
UD califica de ‘fracaso’ fase de postulaciones al Judicial y demanda nueva convocatoria
La alianza opositora Unidad Demócrata (UD) en el Legislativo considera que el proceso para las postulaciones a magistrados del Órgano Judicial es un “fracaso” debido a la injerencia del Movimiento Al Socialismo (MAS), razón por la cual demanda una nueva convocatoria.
“Ha sido un fracaso porque esta manipulado por el MAS”, señaló la diputada de ese frente Eliana Capobianco”, mientras que su colega en el Senado Arturo Murillo sostuvo que “deberíamos empezar una nueva convocatoria, con nuevas reglas, como habíamos planteado para poder darle confianza a la población”.
Las declaraciones de los opositores, divulgadas a título del bloque, surgen horas después de que el vicepresidente y presidente nato de la Asamblea Legislativa, Álvaro García, convocara a una sesión del pleno fijada para este viernes 26 de mayo con el fin de ampliar el plazo de postulaciones por una semana ante la baja adscripción.
Un reciente reporte que citó la autoridad da cuenta que hay 300 trámites en curso en las reparticiones que acreditan los requisitos de personas que alistan su postulación. Hasta el mediodía de este miércoles los inscritos solo eran 33 a menos de tres días del cierre del plazo.
“Si van a querer ampliar el plazo va suceder lo mismo, no hay credibilidad en este sistema, en el reglamento que ha planteado el MAS”, alertó Capobianco respecto de la normativa que aprobó el oficialismo el 29 de abril sin respaldo de la oposición.
Los detractores al gobierno del presidente Evo Morales cuestionaron el proceso por la tímida participación del sistema universitario, cuya inédita inclusión al proceso había sido ponderada y luego cuestionada porque fue excluida de la fase de entrevistas, la última de las tres etapas del proceso de evaluación de los postulantes.
“La población nos está dando una oportunidad de oro. Tenemos una escuálida lista de postulantes que se han registrado. Ninguno es una eminencia en Derecho para refundar la Justicia”, sostuvo Murillo, quien, en palabras a Morales, señaló: “nosotros le pedimos como UD al presidente que abra el corazón y escuche al pueblo de Bolivia”.
La convocatoria para la sesión de la Asamblea fue fijada para las 9.00 de este viernes y el orden del día establece el tratamiento del proceso de preselección de candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura. (24/05/2017)
Senador Murillo demanda a viceministro Cárdenas
El senador Arturo Murillo (UD) interpuso una denuncia penal al viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, ante la Fiscalía de La Paz por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes al faltar a la Constitución Política del Estado (CPE).
“Formalizo una denuncia en contra del señor Félix Cárdenas Aguilar por el delito tipificado en el artículo 154 (incumplimiento de deberes) del Código Penal al haber incumplido sus deberes establecidos en la Ley 045”, dice el memorial que presentó en la Fiscalía Departamental de La Paz.
El legislador argumentó que el pasado 23 de noviembre del 2016 remitió al viceministro Cárdenas un memorial en el que le solicitó que se constituya en parte denunciante para procesar a Richard Sánchez administrador de la cuenta de La Mala Palabra, por el presunto delito de “discriminación”.
Su denuncia fue producto de un tuit que fue lanzado el año pasado desde la cuenta de “La Mala Palabra”, cuando la ciudadanía paceña pasaba por una crisis del agua, criticando a quienes reclamaban por el desabastecimiento de agua en la zona Sur de La Paz.
“Marcha de culitos blancos (Gallo dixit) a las 7 en San Miguel. Dicen que se les acabó el agua de sus piscinas y yacuzis. Inhumano es estar así”, se publicó en tuitter. Una masiva participación de usuarios de las redes sociales criticó el mensaje e identificaron a Sánchez como el responsable.
Tras este incidente La Mala Palabra cerró su cuenta, asumiendo su equivocación. Para Murillo esta es una admisión del delito en el que incurrió Sánchez, razón por la que planteó su denuncia ante el viceministro de Discriminación que a seis meses del hecho no asumió ninguna acción.
“Han pasado siete meses y este señor no hizo ninguna acción contra La Mala Palabra, pero contrariamente hace varias acciones contra los opositores. Hemos enviado una denuncia penal por incumplimiento de deberes contra el señor Cárdenas”, reiteró el legislador.
Manifestó que ese despacho no es para perseguir opositores como cree el viceministro Cárdenas, “queremos aclararle que su trabajo es luchar en contra de todas las formas de discriminación y racismo”.
Cárdenas impulsa procesos contra opositores, contra el propio Murillo por unas declaraciones que hizo en relación a los campesinos, la corrupción y el Fondo Indígena y contra la diputada Norma Piérola por señalar que la excandidata a la Gobernación, Felipa Huanca “no tiene la formación suficiente”.
La pasada semana el senador opositor fue citado por la fiscalía, pidió la suspensión de su declaración porque se encontraba con actividades legislativas, la fiscalía no esperó más y fijo de manera inmediata que comparezca este martes a las 17.30 para dar su versión respecto la acusación de Cárdenas.
Murillo lamentó la celeridad con la que no solo el viceministerio sino la fiscalía actúan con celeridad cuando las denuncias son en contra de los opositores, pero no cuando se trata de autoridades o gente afín al Gobierno. (ANF
“Formalizo una denuncia en contra del señor Félix Cárdenas Aguilar por el delito tipificado en el artículo 154 (incumplimiento de deberes) del Código Penal al haber incumplido sus deberes establecidos en la Ley 045”, dice el memorial que presentó en la Fiscalía Departamental de La Paz.
El legislador argumentó que el pasado 23 de noviembre del 2016 remitió al viceministro Cárdenas un memorial en el que le solicitó que se constituya en parte denunciante para procesar a Richard Sánchez administrador de la cuenta de La Mala Palabra, por el presunto delito de “discriminación”.
Su denuncia fue producto de un tuit que fue lanzado el año pasado desde la cuenta de “La Mala Palabra”, cuando la ciudadanía paceña pasaba por una crisis del agua, criticando a quienes reclamaban por el desabastecimiento de agua en la zona Sur de La Paz.
“Marcha de culitos blancos (Gallo dixit) a las 7 en San Miguel. Dicen que se les acabó el agua de sus piscinas y yacuzis. Inhumano es estar así”, se publicó en tuitter. Una masiva participación de usuarios de las redes sociales criticó el mensaje e identificaron a Sánchez como el responsable.
Tras este incidente La Mala Palabra cerró su cuenta, asumiendo su equivocación. Para Murillo esta es una admisión del delito en el que incurrió Sánchez, razón por la que planteó su denuncia ante el viceministro de Discriminación que a seis meses del hecho no asumió ninguna acción.
“Han pasado siete meses y este señor no hizo ninguna acción contra La Mala Palabra, pero contrariamente hace varias acciones contra los opositores. Hemos enviado una denuncia penal por incumplimiento de deberes contra el señor Cárdenas”, reiteró el legislador.
Manifestó que ese despacho no es para perseguir opositores como cree el viceministro Cárdenas, “queremos aclararle que su trabajo es luchar en contra de todas las formas de discriminación y racismo”.
Cárdenas impulsa procesos contra opositores, contra el propio Murillo por unas declaraciones que hizo en relación a los campesinos, la corrupción y el Fondo Indígena y contra la diputada Norma Piérola por señalar que la excandidata a la Gobernación, Felipa Huanca “no tiene la formación suficiente”.
La pasada semana el senador opositor fue citado por la fiscalía, pidió la suspensión de su declaración porque se encontraba con actividades legislativas, la fiscalía no esperó más y fijo de manera inmediata que comparezca este martes a las 17.30 para dar su versión respecto la acusación de Cárdenas.
Murillo lamentó la celeridad con la que no solo el viceministerio sino la fiscalía actúan con celeridad cuando las denuncias son en contra de los opositores, pero no cuando se trata de autoridades o gente afín al Gobierno. (ANF
Tuesday, May 23, 2017
Ernesto Suárez enfrenta inicio de dos juicios orales
El exgobernador de Beni, Ernesto Suárez, enfrentará en el próximo mes el inicio de dos juicios orales en ese departamento.
Los delitos por los que se defenderá Suárez son malversación económica, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Para el 6 de junio está marcado el inicio de uno de los juicios orales, el segundo es para el 16 de junio del mismo mes.
Procesos. El primer caso es por la construcción del camino de conexión entre los municipios San Ramón, San Joaquín y Bella Vista, los mismos que según la acusación no se habrían ejecutado, pero si se habrían hecho los descargos.
El segundo caso es por la construcción de la segunda planta de la comandancia policial de este departamento, la misma que según la denuncia no sería competencia de la Gobernación, sino del municipio de esa localidad, Trinidad.
Además de estos casos, Suárez enfrenta más de una decena de procesos en su contra. Inclusive hace algunas semanas recién quedó en libertad, después de que pasara varios días con detención preventiva en el penal de Mocoví en Beni.
Defensa. El abogado defensor de la exautoridad beniana, Fernando Galindo, explicó en contacto a El Día, que en ninguno de los dos casos existen los sustentos necesarios para que se dicte una sentencia con afectación al exgobernador y que en su defensa cuentan con la documentación y los respaldos suficientes para desmentir tal situación. "Vamos a defendernos conforme a nuestros argumentos, estamos preparados para ir al juicio oral. Lamentablemente creemos que no están dadas las condiciones para obtener una sentencia imparcial en donde prevalezca la verdad, porque existen otros intereses", manifestó Galindo.
Observación. Sobre esto, el analista político, Paúl Artunduaga, indicó que Suárez aún sigue teniendo la imagen dura de liderazgo en Beni y que esta situación podría ser un motivo para que la exautoridad aún continúe siendo el blanco de ataques por parte de las autoridades oficialistas del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Señaló que el actual gobernador de Beni, Alex Ferrier (MAS), no ha logrado concentrar el favoritismo de la población beniana en este tiempo como máxima autoridad, lo que en un futuro podría significar una pérdida para el MAS en las elecciones próximas. "Queramos o no aún sigue siendo la especie de un cacique, mantiene un liderazgo regional y se lo ataca para evitar que tome fuerza para que en un futuro no pueda presentarse a ninguna candidatura porque podría ocasionar la derrota para el MAS", dijo el politólogo.
Los delitos por los que se defenderá Suárez son malversación económica, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Para el 6 de junio está marcado el inicio de uno de los juicios orales, el segundo es para el 16 de junio del mismo mes.
Procesos. El primer caso es por la construcción del camino de conexión entre los municipios San Ramón, San Joaquín y Bella Vista, los mismos que según la acusación no se habrían ejecutado, pero si se habrían hecho los descargos.
El segundo caso es por la construcción de la segunda planta de la comandancia policial de este departamento, la misma que según la denuncia no sería competencia de la Gobernación, sino del municipio de esa localidad, Trinidad.
Además de estos casos, Suárez enfrenta más de una decena de procesos en su contra. Inclusive hace algunas semanas recién quedó en libertad, después de que pasara varios días con detención preventiva en el penal de Mocoví en Beni.
Defensa. El abogado defensor de la exautoridad beniana, Fernando Galindo, explicó en contacto a El Día, que en ninguno de los dos casos existen los sustentos necesarios para que se dicte una sentencia con afectación al exgobernador y que en su defensa cuentan con la documentación y los respaldos suficientes para desmentir tal situación. "Vamos a defendernos conforme a nuestros argumentos, estamos preparados para ir al juicio oral. Lamentablemente creemos que no están dadas las condiciones para obtener una sentencia imparcial en donde prevalezca la verdad, porque existen otros intereses", manifestó Galindo.
Observación. Sobre esto, el analista político, Paúl Artunduaga, indicó que Suárez aún sigue teniendo la imagen dura de liderazgo en Beni y que esta situación podría ser un motivo para que la exautoridad aún continúe siendo el blanco de ataques por parte de las autoridades oficialistas del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Señaló que el actual gobernador de Beni, Alex Ferrier (MAS), no ha logrado concentrar el favoritismo de la población beniana en este tiempo como máxima autoridad, lo que en un futuro podría significar una pérdida para el MAS en las elecciones próximas. "Queramos o no aún sigue siendo la especie de un cacique, mantiene un liderazgo regional y se lo ataca para evitar que tome fuerza para que en un futuro no pueda presentarse a ninguna candidatura porque podría ocasionar la derrota para el MAS", dijo el politólogo.
Ortiz ve 'arreglo' tras la sentencia contra Zapata
El senador de Unidad Demócrata (UD), Oscar Ortiz, advirtió que tras la sentencia de 10 años de cárcel contra Gabriela Zapata existe un "arreglo". Lamentó que el juicio no llegara a investigar a profundidad los nexos de la expareja de Evo Morales con autoridades de Gobierno.
"Indignación por la sentencia que se le ha dado a la señora Zapata, porque creo que todo eso ha sido arreglado, es un juicio donde se han hecho a un lado los delitos que debían haber sido juzgados, como uso indebido de influencias y conducta antieconómica, por todos los daños que fueron evidentes", explicó el opositor.
En la madrugada la exgerente de la empresa China CAMC recibió su sentencia, por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegítimas y uso de bienes y servicios públicos.
"En ningún momento de este juicio se incluyó a los ejecutivos de CAMC, tampoco a ministros y autoridades estatales que hicieron negocios con CAMC. Este juicio solo responsabilizó a Zapata de delitos menores", agregó el asambleísta.
Como representante del MAS, el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, evitó comentar el fallo contra la mujer y se limitó a indicar que la justicia cumple con su trabajo en ese y otros procesos.
" Yo las sentencias no las comento, yo digo que la justicia hace su trabajo, para algunos estará bien, para otros estará mal. La justicia hace su trabajo, lo he dicho siempre", aseveró el legislador oficialista.
Friday, May 19, 2017
Oposición pide informe de millonaria inversión
El senador de la opositora Unidad Demócrata (UD), Oscar Ortiz, informó el jueves que solicitó un informe escrito al presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Acha, y al ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, sobre los procesos de contratación para la construcción de la planta de Propileno y Polipropileno.
“Ayer hice el pedido de informe escrito al presiente de YPFB pidiendo que haga público los tres procesos de contratación para la planta de Propileno, porque sería la contratación más grande en la historia nacional”, indicó a los periodistas.
También dijo que solicitó un informe oral al Ministro de Hidrocarburos para que explique el proceso de contratación de una misma empresa, para que realice la preinversión, diseño y construcción de la planta.
ADJUDICACIÓN
Ortiz explicó que existe preocupación al saber que la empresa italiana Tecnimont fue la única que se adjudicó los tres contratos para la construcción de la planta de Propileno, es decir, la de preinversión, diseño y construcción de la planta, que tendrá un costo de alrededor de 2.200 millones de dólares.
“Está claro que Bolivia no tiene las reservas suficientes garantizadas para un proyecto tan grande, la planta separado de líquidos de Gran Chaco que provee la materia prima a la planta de Propileno funciona a menos del 15 por ciento de su capacidad, y ahora se quiere gastar 2 mil millones de dólares para una planta que no tiene la materia prima, eso debe responder el ministro”,
Agregó que, por este tema, incluso la oposición pidió al jefe de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Edmundo Novillo, realice una investigación sobre los tres procesos de contratación y haga conocer las conclusiones a su debido tiempo.
“Ayer hice el pedido de informe escrito al presiente de YPFB pidiendo que haga público los tres procesos de contratación para la planta de Propileno, porque sería la contratación más grande en la historia nacional”, indicó a los periodistas.
También dijo que solicitó un informe oral al Ministro de Hidrocarburos para que explique el proceso de contratación de una misma empresa, para que realice la preinversión, diseño y construcción de la planta.
ADJUDICACIÓN
Ortiz explicó que existe preocupación al saber que la empresa italiana Tecnimont fue la única que se adjudicó los tres contratos para la construcción de la planta de Propileno, es decir, la de preinversión, diseño y construcción de la planta, que tendrá un costo de alrededor de 2.200 millones de dólares.
“Está claro que Bolivia no tiene las reservas suficientes garantizadas para un proyecto tan grande, la planta separado de líquidos de Gran Chaco que provee la materia prima a la planta de Propileno funciona a menos del 15 por ciento de su capacidad, y ahora se quiere gastar 2 mil millones de dólares para una planta que no tiene la materia prima, eso debe responder el ministro”,
Agregó que, por este tema, incluso la oposición pidió al jefe de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Edmundo Novillo, realice una investigación sobre los tres procesos de contratación y haga conocer las conclusiones a su debido tiempo.
Wednesday, May 17, 2017
Con la Ley de Empresas Sociales todas las estatales tendrían que pasar a los trabajadores
El senador Oscar Ortiz (UD) manifestó que si el proyecto de Ley de Empresas Sociales se aplicaría a las empresas estatales todas tendrían que ser traspasadas a los trabajadores, por la situación en la que se encuentran estas compañías.
El legislador protestó porque el Gobierno y el MAS impulsan reglas para el sector público y otras diferentes para el sector privado, como si la economía no fuera la misma. “Si esas reglas que se aprobaron en Diputados las aplicaran a las empresas estatales toditas se tendrían que traspasar”, afirmó Ortiz.
Calificó como un proyecto “confiscatorio” porque prevé el traspaso de las empresas cuando éstas estén en dificultades económicas o cuando bajen su productividad, lo que generaría una inseguridad jurídica para el sector.
Ortiz añadió que hace tres años que las empresas han bajado su producción. Entre un 20 y 30 por ciento la producción descendió entre el 2015 y 2016.
“El otro tema es que en una parte dice que ya se podía pedir el traspaso de la empresa a los trabajadores con solo tres meses de retraso en los aportes laborales. No se puede decir que hay que acabar y traspasar las empresas a los tres meses”, declaró.
La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Empresas Estatales y remitió al Senado, sin embargo a pedido del presidente Evo Morales su tratamiento de paralizó entre tanto se realicen ajustes a la propuesta y el viernes se reúnan con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y la Cámara de Industria y Comercio.
El Gobierno negó que se trate de una figura de confiscación sino de dar seguridad laboral a los trabajadores.
El legislador protestó porque el Gobierno y el MAS impulsan reglas para el sector público y otras diferentes para el sector privado, como si la economía no fuera la misma. “Si esas reglas que se aprobaron en Diputados las aplicaran a las empresas estatales toditas se tendrían que traspasar”, afirmó Ortiz.
Calificó como un proyecto “confiscatorio” porque prevé el traspaso de las empresas cuando éstas estén en dificultades económicas o cuando bajen su productividad, lo que generaría una inseguridad jurídica para el sector.
Ortiz añadió que hace tres años que las empresas han bajado su producción. Entre un 20 y 30 por ciento la producción descendió entre el 2015 y 2016.
“El otro tema es que en una parte dice que ya se podía pedir el traspaso de la empresa a los trabajadores con solo tres meses de retraso en los aportes laborales. No se puede decir que hay que acabar y traspasar las empresas a los tres meses”, declaró.
La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Empresas Estatales y remitió al Senado, sin embargo a pedido del presidente Evo Morales su tratamiento de paralizó entre tanto se realicen ajustes a la propuesta y el viernes se reúnan con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y la Cámara de Industria y Comercio.
El Gobierno negó que se trate de una figura de confiscación sino de dar seguridad laboral a los trabajadores.
Monday, May 15, 2017
UN presenta proyecto para combatir el nepotismo en el país
La Bancada de Unidad Nacional (UN) presentó este lunes ante el Senado un proyecto de ley para combatir los casos de nepotismo en las instituciones del Estado. De acuerdo con los proyectistas, esta norma permitirá sancionar las actuales “trampas” que se utilizan para beneficiar con cargos públicos a familiares de altas autoridades.
El proyecto de siete artículos prohíbe ejercer función pública en instituciones del Estado a los familiares con vínculos de parentesco de hasta cuatro grado de consanguinidad y segundo de afinidad con el Presidente, Vicepresidente, ministros y presidentes de las cámaras de Diputados o Senadores.
“Planteamos que los que no cumplan sean destituidos y sean sancionados mediante el Código Penal. Si se aprobaría esta ley, el Gobierno ganaría mucho y nos daría una señal muy positiva de cambio”, afirmó el jefe de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, en una conferencia de prensa en la que anunció la presentación del proyecto.
La iniciativa prevé dos excepciones, la primera para el caso que los parientes que trabajen en el Estado con anterioridad al nombramiento de la autoridad en un alto cargo.
La segunda excepción permite a los parientes trabajar en instituciones del Estado cuando sus cualidades profesionales sean notables. Para ello, se plantea la declaratoria de una contratación de interés nacional mediante un Decreto Supremo.
Al justificar la presentación de la iniciativa, Doria Medina dijo que que se han evidenciado casos en los que las autoridades “acomodan” en diferentes cargos a sus parientes y cercanos en otras instituciones del Estado y no en la de directa dependencia, a cambio de recibir a personas “recomendadas” por otras autoridades.
Presidente: ‘No creo que sea delito o pecado que nuestros familiares trabajen (en el Estado)’
Representantes de la oposición denunciaron durante las semanas pasadas casos de familiares de autoridades de Gobierno que trabajan en la administración pública y se generó una polémica sobre el nepotismo. El presidente Evo Morales afirmó que no es “pecado” ni “delito” que se registren casos en otras dependencias. (15/05/2017)
Wednesday, May 10, 2017
Demócratas critican plan de empleo del Gobierno
El senador Oscar Ortiz, del Movimiento Demócrata Social, criticó el plan de empleo anunciado ayer por la administración de Evo Morales, ya que en su opinión los problemas económicos del país continuarán mientras el Gobierno continúe asfixiando al sector productivo-empresarial.
10 de Mayo de 2017
Demócratas critican plan de empleo del Gobierno
“El tema de fondo es que el mercado se está contrayendo, las ventas están cayendo, los ingresos están disminuyendo y todo esto ocasiona una serie de despidos. Además, tenemos entidades públicas, como el Servicio de Impuestos o la Autoridad de Fiscalización y Control de Empresas que están asfixiando al sector con multas que no se justifican. Por tanto, este plan es menor en comparación a la asfixia que está generando el Gobierno sobre el sector empresarial productivo formal”, explicó el parlamentario.
Lo peor, continuó Ortiz, es que los que más sufren por esta contracción de la economía y por el desempleo son los pequeños y medianos empresarios, quienes tienen menos capacidad de resistir la presión que generan las entidades públicas cobrando multas por doquier.
10 de Mayo de 2017
Demócratas critican plan de empleo del Gobierno
“El tema de fondo es que el mercado se está contrayendo, las ventas están cayendo, los ingresos están disminuyendo y todo esto ocasiona una serie de despidos. Además, tenemos entidades públicas, como el Servicio de Impuestos o la Autoridad de Fiscalización y Control de Empresas que están asfixiando al sector con multas que no se justifican. Por tanto, este plan es menor en comparación a la asfixia que está generando el Gobierno sobre el sector empresarial productivo formal”, explicó el parlamentario.
Lo peor, continuó Ortiz, es que los que más sufren por esta contracción de la economía y por el desempleo son los pequeños y medianos empresarios, quienes tienen menos capacidad de resistir la presión que generan las entidades públicas cobrando multas por doquier.
Por compra de dron en Bs 3 millones Piden informe escrito a Subcontralor del Beni
La bancada de Unidad Demócrata (UD) solicitará una Petición de Informe Escrito (PIE) al contralor departamental del Beni, de la auditoría que se hizo a la Gobernación de la región por la compra de un dron (vehículo aéreo no tripulado) en Bs 3 millones, tomando en cuenta que los gastos no estaban contemplados en el Plan Operativo Anual de la región, informó la diputada Jeanine Añez.
“Estamos solicitando un informe oral al Subcontralor Departamental de la región para que explique sobre la auditoría que se hizo a la compra de un dron que está instalado en la ciudad de Guayaramerín, además tenemos conocimiento de que este dron no está funcionando y tiene un costo de Bs 3 millones”, precisó.
La gestión pasada, la Gobernación del departamento del Beni adquirió un dron para coadyuvar con la seguridad ciudadana en la ciudad de Guayaramerín, frontera con el país del Brasil donde se registraron varios hechos delictivos por temas de narcotráfico y secuestros.
IRREGULARIDADES
La legisladora indicó que este instrumento fue vendido por la empresa Westeco al Gobierno Departamental, la empresa Army Security compró este equipo de la empresa mencionada en $us 60 mil y, posteriormente, fue revendida a la instancia departamental en $us 90 mil, proceso que es irregular. Esta firma también se vio involucrada en la compra irregular de un dron por la alcaldía de Santa Cruz.
Al momento el propietario de la firma, Paul Cuellar es procesado por estas anomalías. En las investigaciones los fiscales mostraron su extrañeza porque Westeco no figuraba en el proceso de contratación. Entonces, el fiscal Iván Ortiz señaló que, aparentemente, Carlos Padilla, dueño de Army Security, era un palo blanco. En el transcurso de la investigación, la fiscalía estableció que se firmó la recepción del equipo, casi dos meses antes de que el mismo llegara al país.
“Estamos solicitando un informe oral al Subcontralor Departamental de la región para que explique sobre la auditoría que se hizo a la compra de un dron que está instalado en la ciudad de Guayaramerín, además tenemos conocimiento de que este dron no está funcionando y tiene un costo de Bs 3 millones”, precisó.
La gestión pasada, la Gobernación del departamento del Beni adquirió un dron para coadyuvar con la seguridad ciudadana en la ciudad de Guayaramerín, frontera con el país del Brasil donde se registraron varios hechos delictivos por temas de narcotráfico y secuestros.
IRREGULARIDADES
La legisladora indicó que este instrumento fue vendido por la empresa Westeco al Gobierno Departamental, la empresa Army Security compró este equipo de la empresa mencionada en $us 60 mil y, posteriormente, fue revendida a la instancia departamental en $us 90 mil, proceso que es irregular. Esta firma también se vio involucrada en la compra irregular de un dron por la alcaldía de Santa Cruz.
Al momento el propietario de la firma, Paul Cuellar es procesado por estas anomalías. En las investigaciones los fiscales mostraron su extrañeza porque Westeco no figuraba en el proceso de contratación. Entonces, el fiscal Iván Ortiz señaló que, aparentemente, Carlos Padilla, dueño de Army Security, era un palo blanco. En el transcurso de la investigación, la fiscalía estableció que se firmó la recepción del equipo, casi dos meses antes de que el mismo llegara al país.
Senador Ortiz pide dar más importancia a empleos que a obras sobredimensionadas
El senador de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz, pidió este martes al Gobierno nacional dejar de invertir en megaobras sobredimensionadas, que no tienen certeza de ser viables, y apostar por la generación de empleos ante la actual crisis laboral que afronta el país.
“El gran problema está en que mientras no se diversifique la economía y casi todos los recursos del Estado vayan simplemente a una megaobra en la mayoría sobredimensionada, obviamente no estamos apostando a crear fuentes de empleo”, manifestó Ortiz en rueda de prensa desde Santa Cruz.
El presidente Evo Morales anunció este martes la implementación de un programa integral para la generación de empleo que demandará una inversión de más de $us 346 millones en infraestructura urbana, protección y rehabilitación de áreas productivas, inserción laboral, incentivo a la generación de trabajo y un fondo de semilla.
Morales admitió que en los últimos años el desempleo aumentó a 4,5% y dijo que con este programa se estima que vamos a bajar a 2,7% en coordinación con el sector privado y los gobiernos municipales.
El senador dijo que el tema de fondo en la economía boliviana es que “el mercado se está contrayendo, las ventas se están cayendo, los ingresos desde una pulpería hasta la empresa más grande están disminuyendo”.
Esta situación, agregó, está ocasionando una serie de despidos en las empresas, que además se ven afectadas por entidades públicas como el Servicio de Impuestos Nacionales y la Autoridad de Empresas (Aempe) que están asfixiándolas.
“Las asfixian con multas muchas veces forzadas, que no se justifican, y por lo tanto estas ayudas (del Gobierno) son temas menores en comparación a lo que causa el mismo Gobierno”, remarcó. (EL DÍA)
“El gran problema está en que mientras no se diversifique la economía y casi todos los recursos del Estado vayan simplemente a una megaobra en la mayoría sobredimensionada, obviamente no estamos apostando a crear fuentes de empleo”, manifestó Ortiz en rueda de prensa desde Santa Cruz.
El presidente Evo Morales anunció este martes la implementación de un programa integral para la generación de empleo que demandará una inversión de más de $us 346 millones en infraestructura urbana, protección y rehabilitación de áreas productivas, inserción laboral, incentivo a la generación de trabajo y un fondo de semilla.
Morales admitió que en los últimos años el desempleo aumentó a 4,5% y dijo que con este programa se estima que vamos a bajar a 2,7% en coordinación con el sector privado y los gobiernos municipales.
El senador dijo que el tema de fondo en la economía boliviana es que “el mercado se está contrayendo, las ventas se están cayendo, los ingresos desde una pulpería hasta la empresa más grande están disminuyendo”.
Esta situación, agregó, está ocasionando una serie de despidos en las empresas, que además se ven afectadas por entidades públicas como el Servicio de Impuestos Nacionales y la Autoridad de Empresas (Aempe) que están asfixiándolas.
“Las asfixian con multas muchas veces forzadas, que no se justifican, y por lo tanto estas ayudas (del Gobierno) son temas menores en comparación a lo que causa el mismo Gobierno”, remarcó. (EL DÍA)
Tuesday, May 9, 2017
Samuel aboga por baja de impuestos para empresas
El jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, sugirió al Gobierno del presidente Evo Morales "bajar "impuestos a empresas privadas para hacer sostenible el incremento salarial para esta gestión, que llega al 7%.
"Si queremos cuidar la economía boliviana, es necesario bajar impuestos a pequeñas y medianas empresas para sustentar incremento salarial" (sic), escribió en su cuenta oficial en Twitter.
Esta jornada el primer mandatario aseguró que el incremento salarial dispuesto por el gobierno, garantiza la estabilidad política y social, a tiempo de anticipar la atención de los 10 puntos planteados por los empresarios privados.
"Es imprescindible generar inversión y emprendimiento sostenible. Aumentar funcionarios públicos no es solución", agregó el opositor, frente a la iniciativa estatal que busca generar más trabajos.
Hoy Evo anunció el plan que busca pagar el 30% del salario mínimo nacional de nuevos trabajadores en el ámbito privado, mientras que el restante 70% será responsabilidad del empleador.
La iniciativa consiste en infraestructura urbana, rehabilitación de áreas productivas, inserción laboral, fondo semilla y nuevos empleos.
A su turno, el senador demócrata, Oscar Ortiz, criticó el plan de empleo del Gobierno, debido a que a su juicio no se resuelven de fondo los problemas económicos que afronta el país.
Monday, May 8, 2017
Plantean ley que impida a familiares trabajar en el Estado
El jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, propone la existencia de una norma que prohíba a familiares de políticos trabajar en el ámbito público. La sugerencia surge ante las últimas denuncias que vinculan a autoridades del Movimiento Al Socialismo (MAS).
"Bolivia necesita una ley contundente prohibiendo que familiares de políticos trabajen en el Estado. La haremos" (sic), escribió el opositor en su cuenta oficial en Twitter.
Según publicó ayer 'Séptimo Día', contratos de consultoría y, en algunos casos, ítemes de designación es lo que tienen los familiares de varias autoridades, que lograron cupos laborales en la administración del Estado.
La diputada Valeria Silva (MAS), confirmó que sus familiares laboran en el Estado y defendió su contratación. Su papá es Óscar Silva, fue viceministro de Comunicación y hoy realiza consultorías para el Gobierno. Su hermana, Lucía Silva, trabaja en el estatal Banco Unión; su otra hermana, Gabriela Silva, trabaja en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Otras denuncias involucraron a los ministros René Martínez, Eugenio Rojas y Héctor Arce. En su momento el presidente Evo Morales aseguró que "no es delito ni pecado" que algunas autoridades tengan a sus familiares trabajando en instancias del Gobierno.
Elecciones judiciales Rafael Quispe iniciará campaña por voto nulo
Ante el proceso de elección de nuevas autoridades al Órgano Judicial, el diputado suspendido de Unidad Demócrata Rafael Quispe, en coordinación con los pueblos originarios que no son afines al Gobierno, promoverán el voto nulo o blanco para las próximas elecciones de los magistrados, debido a las irregularidades que están presentes en la preselección, y de esta manera evitar que Morales se eternice en el poder.
“Con mis hermanos indígenas vamos a promover el voto nulo y el voto en blanco para que los magistrados sean ilegítimos, como en la anterior elección y en el 2019 revocar sus mandatos”, explicó el legislador.
Por su parte, el líder de oposición de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, indicó que convocaría al voto nulo, en el caso de que el Movimiento al Socialismo pretenda politizar la preselección de aspirantes al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional. Además de que el partido oficialista no aprendió la lección de las elecciones del 2011, cuando preseleccionó a sus militantes o afines, para ocupar los altos cargos de las cuatro instancias del poder judicial.
Estas posturas surgen tras que los asambleístas de la bancada de Unidad Demócrata (UD) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) abandonaron la mesa multipartidaria, donde se plantearon las modificaciones a las leyes del Régimen Electoral, Órgano Judicial y Tribunal Constitucional, además de la reglamentación para la convocatoria para la preselección.
CÓMPLICES
En ese caso, Quispe manifestó que es necesario que los miembros de la comisión académica, donde se encuentra el Comité Ejecutivo de Universidades Bolivianas (CEUB) y la bancada opositora deben retirarse de este proceso de selección para que el partido oficialista elija a sus representantes y este proceso sea ilegitimo.
“Pedimos que la CEUB y a los opositores se aparten del proceso de selección y que el MAS elija a sus autoridades, para que estas elecciones sean ilegitimas; caso contrario, si continúan serán cómplices y culpables de que Evo Morales intente perpetuarse en el poder”, expresó.
VOTACIÓN CONCERTADA
Ante estas declaraciones, el analista político Iván Arias indicó a El Diario que hace falta que los líderes opositores se pongan de acuerdo sobre las acciones que realizarán a partir de ahora. Si están rechazando de manera contundente este proceso deben consensuar por qué opción harán campaña: por el voto nulo, voto en blanco o la abstención a sufragar.
“Los grupos de oposición, los grupos ciudadanos, tienen que sentarse y tener una posición en común, que no se repita lo que pasó en las anteriores elecciones judiciales de 2011, donde algunos grupos pongan la abstención, otros el voto nulo, otros el voto blanco, con eso, lo único que hace es dispersar las percepciones de la población. Si la oposición quiere tener éxito y rechazar esta nueva preselección, que es la misma que antes, deben ponerse de acuerdo por una de las tres opciones”, puntualizó.
SEXTETO OPOSITOR
Arias manifestó que durante este proceso de preselección de las autoridades judiciales, será importante el pronunciamiento del “Sexteto de líderes políticos de oposición”, ya que las posturas serán orientadoras para la decisión de la población a la hora de acudir a las urnas.
“Va a ser muy importante lo que diga el ‘sexteto’, este que se presentó hace unas semanas atrás; esperamos que se pronuncien en algún momento, ojalá que este conjunto no vuelva a desaparecer, porque sus puntos de vista serán muy orientadores para la población, para definir qué es lo que deben hacer”, expresó.
ETERNIZACIÓN EN EL PODER
Asimismo, el asambleísta suspendido indicó que el Gobierno quiere manipular el poder judicial para que estos habiliten a Evo Morales para las próximas elecciones presidenciales de 2019, por lo que pretende eternizarse en el poder y no dar paso a que otros líderes indígenas puedan llegar a este cargo.
“El MAS se lo ha tomado de manera muy personal, la propuesta inicial, era que se establecería una rotación de los indígenas en el poder. Este tema estaba concertado con los hermanos del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) y con la Confederación de Pueblos Indígenas del oriente boliviano (Cidob), pero Evo Morales quiere eternizarse en el poder”, sostuvo.
Mientras tanto, el analista político indicó que otro de los puntos preocupantes es que el Estado quiere tener poder sobre la justicia, y es para evitar que se les inicie procesos penales y se los coloque en el banco de los acusados por los diversos casos de corrupción que se registraron en los últimos años.
“Al Gobierno le interesa tener una justicia dominada para evitar que se les inicie juicios, impedir ser enviados a los estrados judiciales por los diversos casos de corrupción que hay, una vez más vamos a tener un poder judicial sumiso al poder político”, declaró.
Por último, las nuevas autoridades del poder judicial serán manejadas para perseguir a los políticos de oposición, de tal manera que no existen voces contrarias a las acciones que realice el Gobierno.
“Con mis hermanos indígenas vamos a promover el voto nulo y el voto en blanco para que los magistrados sean ilegítimos, como en la anterior elección y en el 2019 revocar sus mandatos”, explicó el legislador.
Por su parte, el líder de oposición de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, indicó que convocaría al voto nulo, en el caso de que el Movimiento al Socialismo pretenda politizar la preselección de aspirantes al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional. Además de que el partido oficialista no aprendió la lección de las elecciones del 2011, cuando preseleccionó a sus militantes o afines, para ocupar los altos cargos de las cuatro instancias del poder judicial.
Estas posturas surgen tras que los asambleístas de la bancada de Unidad Demócrata (UD) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) abandonaron la mesa multipartidaria, donde se plantearon las modificaciones a las leyes del Régimen Electoral, Órgano Judicial y Tribunal Constitucional, además de la reglamentación para la convocatoria para la preselección.
CÓMPLICES
En ese caso, Quispe manifestó que es necesario que los miembros de la comisión académica, donde se encuentra el Comité Ejecutivo de Universidades Bolivianas (CEUB) y la bancada opositora deben retirarse de este proceso de selección para que el partido oficialista elija a sus representantes y este proceso sea ilegitimo.
“Pedimos que la CEUB y a los opositores se aparten del proceso de selección y que el MAS elija a sus autoridades, para que estas elecciones sean ilegitimas; caso contrario, si continúan serán cómplices y culpables de que Evo Morales intente perpetuarse en el poder”, expresó.
VOTACIÓN CONCERTADA
Ante estas declaraciones, el analista político Iván Arias indicó a El Diario que hace falta que los líderes opositores se pongan de acuerdo sobre las acciones que realizarán a partir de ahora. Si están rechazando de manera contundente este proceso deben consensuar por qué opción harán campaña: por el voto nulo, voto en blanco o la abstención a sufragar.
“Los grupos de oposición, los grupos ciudadanos, tienen que sentarse y tener una posición en común, que no se repita lo que pasó en las anteriores elecciones judiciales de 2011, donde algunos grupos pongan la abstención, otros el voto nulo, otros el voto blanco, con eso, lo único que hace es dispersar las percepciones de la población. Si la oposición quiere tener éxito y rechazar esta nueva preselección, que es la misma que antes, deben ponerse de acuerdo por una de las tres opciones”, puntualizó.
SEXTETO OPOSITOR
Arias manifestó que durante este proceso de preselección de las autoridades judiciales, será importante el pronunciamiento del “Sexteto de líderes políticos de oposición”, ya que las posturas serán orientadoras para la decisión de la población a la hora de acudir a las urnas.
“Va a ser muy importante lo que diga el ‘sexteto’, este que se presentó hace unas semanas atrás; esperamos que se pronuncien en algún momento, ojalá que este conjunto no vuelva a desaparecer, porque sus puntos de vista serán muy orientadores para la población, para definir qué es lo que deben hacer”, expresó.
ETERNIZACIÓN EN EL PODER
Asimismo, el asambleísta suspendido indicó que el Gobierno quiere manipular el poder judicial para que estos habiliten a Evo Morales para las próximas elecciones presidenciales de 2019, por lo que pretende eternizarse en el poder y no dar paso a que otros líderes indígenas puedan llegar a este cargo.
“El MAS se lo ha tomado de manera muy personal, la propuesta inicial, era que se establecería una rotación de los indígenas en el poder. Este tema estaba concertado con los hermanos del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) y con la Confederación de Pueblos Indígenas del oriente boliviano (Cidob), pero Evo Morales quiere eternizarse en el poder”, sostuvo.
Mientras tanto, el analista político indicó que otro de los puntos preocupantes es que el Estado quiere tener poder sobre la justicia, y es para evitar que se les inicie procesos penales y se los coloque en el banco de los acusados por los diversos casos de corrupción que se registraron en los últimos años.
“Al Gobierno le interesa tener una justicia dominada para evitar que se les inicie juicios, impedir ser enviados a los estrados judiciales por los diversos casos de corrupción que hay, una vez más vamos a tener un poder judicial sumiso al poder político”, declaró.
Por último, las nuevas autoridades del poder judicial serán manejadas para perseguir a los políticos de oposición, de tal manera que no existen voces contrarias a las acciones que realice el Gobierno.
Friday, May 5, 2017
Montaño y Murillo cruzan acusaciones por familiares en entidades estatales
El senador Arturo Murillo (UD) y la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, se acusaron ayer de tener familiares en cargos del aparato estatal.
Por un lado, Murillo informó que Fabián Alejandro Restivo, esposo de Montaño, trabaja en una repartición del Ministerio de Desarrollo Productivo.
“Al parecer se está volviendo una costumbre, el señor Fabián Alejandro Restivo, esposo de Gabriela Montaño (presidenta de la Cámara de Diputados), según la declaración jurada de la Contraloría del Estado, trabaja desde el 2014 en dependencias del ministerio de desarrollo productivo, nos preocupa que exista un abuso de poder”, declaró
Según el talón de pago del Ministerio de Economía, el aludido trabaja en las oficinas del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas, del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, recibe un sueldo de Bs 9.214 mensuales.
Ante estas declaraciones la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, admitió que su pareja, Fabián Alejandro Restivo, trabaja en esa institución; sin embargo indicó que fue contratado por el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas, debido a su trayectoria en el rubro de la comunicación, ya que cuenta con 35 años de experiencia.
“El Sedem lo contrato en el área de comunicación como técnico, en ese tema no hay nepotismo porque no trabaja en la Asamblea, desempeña cargos en otra institución, no hay ninguna inmoralidad porque mi compañero y yo ganamos un salario por el trabajo que realizamos que es honesto, no tenemos de qué avergonzarnos”, destacó.
En ese marco, Montaño indicó que la hermana de Arturo Murillo, Martha Mireya Murillo, trabaja en la Alcaldía de la ciudad de Cochabamba, donde el burgomaestre de esta región, José María Leyes, es del partido de Unidad Demócrata.
“Pero como yo no soy como el señor Murillo, yo no me manejo en esos términos (…) no sé cómo ingresó a trabajar a la Alcaldía de Cochabamba, no sé qué profesión tiene por lo tanto no la voy a denunciar por nepotismo, como lo están haciendo los de oposición”, indicó Montaño.
PRESIDENTE
En una anterior intervención, el presidente Evo Morales indicó que la contratación de familiares de sus ministros para servidores públicos en las estructuras del Estado, no es pecado, aunque reafirmó que él tiene vetado a sus familiares para trabajar en la administración pública.
De esa manera se refirió a las recientes denuncias de la oposición en sentido que los cuatro hermanos del ministro de la Presidencia, René Martínez, ocupen cargos públicos. Tres en la administración central del Estado y uno en la Alcaldía de Sucre.
El diputado Amilcar Barral denunció que Juan Adhemar Martínez Callahuanca trabaja en Insumos-Bolivia; Nelson Eddy Martínez Callahuanca en YPFB; José Luis Martínez Callahuanca en la flamante Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Nacional de Salud y Sandro Martínez Callahuanca, en el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. Todos ellos son hermanos del ministro de la Presidencia, René Martínez.
Otro de los casos denunciados es de Marco Cuba, exesposo de la hermana del Ministro de Justicia, que es Director del Servicio General de Identificación Personal (Segip), quien fue observado por la adquisición de 365 escáneres digitales con sobreprecio.
Por un lado, Murillo informó que Fabián Alejandro Restivo, esposo de Montaño, trabaja en una repartición del Ministerio de Desarrollo Productivo.
“Al parecer se está volviendo una costumbre, el señor Fabián Alejandro Restivo, esposo de Gabriela Montaño (presidenta de la Cámara de Diputados), según la declaración jurada de la Contraloría del Estado, trabaja desde el 2014 en dependencias del ministerio de desarrollo productivo, nos preocupa que exista un abuso de poder”, declaró
Según el talón de pago del Ministerio de Economía, el aludido trabaja en las oficinas del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas, del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, recibe un sueldo de Bs 9.214 mensuales.
Ante estas declaraciones la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, admitió que su pareja, Fabián Alejandro Restivo, trabaja en esa institución; sin embargo indicó que fue contratado por el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas, debido a su trayectoria en el rubro de la comunicación, ya que cuenta con 35 años de experiencia.
“El Sedem lo contrato en el área de comunicación como técnico, en ese tema no hay nepotismo porque no trabaja en la Asamblea, desempeña cargos en otra institución, no hay ninguna inmoralidad porque mi compañero y yo ganamos un salario por el trabajo que realizamos que es honesto, no tenemos de qué avergonzarnos”, destacó.
En ese marco, Montaño indicó que la hermana de Arturo Murillo, Martha Mireya Murillo, trabaja en la Alcaldía de la ciudad de Cochabamba, donde el burgomaestre de esta región, José María Leyes, es del partido de Unidad Demócrata.
“Pero como yo no soy como el señor Murillo, yo no me manejo en esos términos (…) no sé cómo ingresó a trabajar a la Alcaldía de Cochabamba, no sé qué profesión tiene por lo tanto no la voy a denunciar por nepotismo, como lo están haciendo los de oposición”, indicó Montaño.
PRESIDENTE
En una anterior intervención, el presidente Evo Morales indicó que la contratación de familiares de sus ministros para servidores públicos en las estructuras del Estado, no es pecado, aunque reafirmó que él tiene vetado a sus familiares para trabajar en la administración pública.
De esa manera se refirió a las recientes denuncias de la oposición en sentido que los cuatro hermanos del ministro de la Presidencia, René Martínez, ocupen cargos públicos. Tres en la administración central del Estado y uno en la Alcaldía de Sucre.
El diputado Amilcar Barral denunció que Juan Adhemar Martínez Callahuanca trabaja en Insumos-Bolivia; Nelson Eddy Martínez Callahuanca en YPFB; José Luis Martínez Callahuanca en la flamante Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Nacional de Salud y Sandro Martínez Callahuanca, en el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. Todos ellos son hermanos del ministro de la Presidencia, René Martínez.
Otro de los casos denunciados es de Marco Cuba, exesposo de la hermana del Ministro de Justicia, que es Director del Servicio General de Identificación Personal (Segip), quien fue observado por la adquisición de 365 escáneres digitales con sobreprecio.
Thursday, May 4, 2017
Demócratas presentan propuesta para reformar el sistema judicial
Los miembros del partido político de oposición Demócratas, presentaron ayer, en conferencia de prensa, realizada en horas de la mañana, en las oficinas de coordinación del partido, su propuesta para la reforma del sistema de administración de justicia, que es parte del proyecto de ley que fue presentado en la Asamblea Plurinacional, por diputados de esta agrupación política.
Fue el asambleísta departamental, William Tórrez, el encargado de desglosar los ocho puntos, en los cuales han resumido, esta propuesta, que según los demócratas, sería importante para mejorar el cuestionado sistema de justicia del país.
"Demócratas, en los últimos meses, ha estado trabajando en esta propuesta, resumida en 8 puntos, que ahora estamos socializando a toda la población en general, esperando que esta la tome en cuenta para ver que sí, es posible mejorar nuestro actual sistema de justicia, siendo la piedra angular de esta propuesta, la cultura de paz", indicó el asambleísta departamental. William Tórrez.
El asambleísta dijo, que el primer punto refiere a la independencia judicial a través de la construcción de institucionalidad en el marco de un Estado de derecho; el segundo aspecto consigna la cultura constitucional en el sistema educativo escolar; el tercer aspecto refiere a la formación de operadores de justicia con cultura de paz; el cuarto aspecto es de la formación y capacitación continua mediante una escuela de jueces y fiscales en convenio con las universidades.
El quinto punto propuesto, se refiere a la inversión y el presupuesto para el funcionamiento del sistema judicial; la sexta propuesta habla del acceso a la justicia y la descentralización; el séptimo punto hace referencia a los criterios y procedimientos de preselección de las autoridades judiciales; y finalmente el último punto, propone la evaluación continua de la justicia, mediante la creación de un Observatorio de la Justicia en Bolivia (Ojubol).
INVITACIÓN
En la ocasión, el líder departamental de Demócratas en Oruro, Franz Choque Ulloa, reiteró el llamado de invitación a los profesionales abogados idóneos de Oruro, para que se presenten a la elección de nuevos magistrados, para recuperar la justicia en el país y que esta no sea más un instrumento de persecución para quienes no condicen con el partido de gobierno.
Fue el asambleísta departamental, William Tórrez, el encargado de desglosar los ocho puntos, en los cuales han resumido, esta propuesta, que según los demócratas, sería importante para mejorar el cuestionado sistema de justicia del país.
"Demócratas, en los últimos meses, ha estado trabajando en esta propuesta, resumida en 8 puntos, que ahora estamos socializando a toda la población en general, esperando que esta la tome en cuenta para ver que sí, es posible mejorar nuestro actual sistema de justicia, siendo la piedra angular de esta propuesta, la cultura de paz", indicó el asambleísta departamental. William Tórrez.
El asambleísta dijo, que el primer punto refiere a la independencia judicial a través de la construcción de institucionalidad en el marco de un Estado de derecho; el segundo aspecto consigna la cultura constitucional en el sistema educativo escolar; el tercer aspecto refiere a la formación de operadores de justicia con cultura de paz; el cuarto aspecto es de la formación y capacitación continua mediante una escuela de jueces y fiscales en convenio con las universidades.
El quinto punto propuesto, se refiere a la inversión y el presupuesto para el funcionamiento del sistema judicial; la sexta propuesta habla del acceso a la justicia y la descentralización; el séptimo punto hace referencia a los criterios y procedimientos de preselección de las autoridades judiciales; y finalmente el último punto, propone la evaluación continua de la justicia, mediante la creación de un Observatorio de la Justicia en Bolivia (Ojubol).
INVITACIÓN
En la ocasión, el líder departamental de Demócratas en Oruro, Franz Choque Ulloa, reiteró el llamado de invitación a los profesionales abogados idóneos de Oruro, para que se presenten a la elección de nuevos magistrados, para recuperar la justicia en el país y que esta no sea más un instrumento de persecución para quienes no condicen con el partido de gobierno.
Wednesday, May 3, 2017
Suspenden audiencia de Rubén Costas
La juez anticorrupción, Albania Caballero, determinó hoy suspender hasta 30 de mayo la audiencia cautelar del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, por el caso de los terrenos de Cadepia.
La suspensión se debió a que la defensa presentó incidentes que se deben resolver, informó el secretario Jurídico de la Gobernación, Luis Fernando Roca.
"La audiencia se ha suspendido porque nosotros consideramos que la Fiscalía y la parte denunciante han presentado prueba ilegal de otro proceso. Ante estos incidentes que son importantes para defensa, la juez decidió suspender la audiencia", dijo Roca.
Por este caso también están imputados Guillermo Saucedo, Luis Fernando Roca y el secretario general de la Gobernación, Roly Aguilera.
Tuesday, May 2, 2017
Opositor denuncia que el BCB compró $us 191,2 MM en letras de país con calificación de riesgo
El Gobierno invirtió en diciembre de 2016 al menos $us 191,2 millones
en Letras del Tesoro (LETE) de El Salvador, que registra baja
calificación de riesgo a nivel internacional, denunció el senador de la
opositora Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz.
El Banco Central del Estado (BCB) "sí compró el 2016 tres emisiones de
letras del Tesoro del El Salvador que suman $us 192 millones”, insistió
apoyado en un informe solicitado al ente emisor.
En abril, el país caribeño entró en mora por el impago de $us 55
millones a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que
desencadenó una baja en las calificaciones de riesgo de esa nación, y de
sus bancos y empresas, que fijan las agencias Standard & Poor's
(S&P), Moody's y Fitch Ratings.
“El problema está en que en el momento de la compra de las acciones, El
Salvador no cumplía las requisitos exigidos por el mismo reglamento de
inversión de las reservas del Banco que exigen una calificación A y en
ese momento tenía B”, añadió.
El expresidente del BCB Marcelo Zabalaga dimitió, precisamente, en
medio de una denuncia sobre la compra de letras del Tesoro de el
Salvador, que generó polémica y susceptibilidades.
“Mintieron al pueblo boliviano. Sí habían comprado letras de El
Salvador y no cumplía, no cumple, ni cumplirá las normas de seguridad
para garantizar la recuperabilidad de nuestras inversiones”, advirtió
el opositor.
El documento precisa que “las inversiones en LETES de El Salvador
fueron autorizadas por el Directorio del Banco Central de Bolivia por un
importe de hasta $us 200 millones”, de los que se concretó $us 191,2
millones, según el reporte oficial.
Ante esa revelación, Ortiz solicitó la ampliación del informe “para que
todos los directores” respondan ante los Justicia “por haber vulnerado
las propias normas bolivianas, arriesgado las reservas internaciones del
país y por haber actuado en contra de los intereses del “Estado”.
(02/05/2017)
Monday, May 1, 2017
Según oposición MAS busca control de justicia para repostular a Evo Morales
Parlamentarios de oposición aseguran que los asambleístas afines al partido de gobierno no quisieron incluir más representantes de entidades colegiadas para el proceso de preselección de postulantes al Órgano Judicial porque buscan tener el control del Tribunal Constitucional y, a través de ello, garantizar una futura reelección del presidente Morales o una modificación de la actual Constitución Política del Estado (CPE).
Después que la mayoría oficialista de la Asamblea Legislativa aprobara el sábado el reglamento de preselección para postular a cargos del sistema judicial, surgieron muchas críticas por parte de parlamentarios de la oposición.
El diputado de la alianza Unidad Demócrata (UD) de la que es parte el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Miguel Ojopi, consideró que el próximo 22 de octubre se repetirá la misma historia del 2011, donde la mayoría de los ciudadanos votó nulo y blanco.
Recordó que es importante la participación de instancias que no sean gubernamentales como el Colegio de Abogados, entre otros que puedan garantizar que en el país existan autoridades judiciales probas y la una dañada como la que actualmente existe.
Asimismo, considera que el Movimiento al Socialismo (MAS), no quiere incluir más instancias, aparte de las universidades, para el proceso de preselección porque buscaría obtener el poder del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a fin de tener alguna alternativa para reformar la CPE o buscar una reelección del presidente Morales.
“Apuntan al Tribunal Constitucional con la finalidad que estos magistrados, nuevos electos, vayan a favorecer de alguna manera la posibilidad de una reelección del Presidente o un cambio en una reforma a la CPE, eso es lo que busca y la gente claro que lo concibe”, aseguró.
Del mismo modo, el diputado por UD Wilson Santamaría cree que el MAS busca controlar la justicia con el nuevo reglamento de preselección “impuesto” y aprobado el sábado.
“La mayoría dice ellos quiere pisotear el mandato de la Constitución (…) creemos que el MAS nunca tuvo la predisposición de ceder porque no está en sus planes ceder el control del Tribunal Constitucional (…) de esto depende”, declaró Santamaría.
Mientras que la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, señaló que el proceso de preselección y de elección de las autoridades judiciales en el país serán transparentes y no así como sucedía con gobiernos anteriores, donde los mandatarios ponían a dedo a los magistrados.
“Lamento tener que poner antecedentes. La metodología que utilizaban ellos (los gobiernos antecesores de Evo Morales), esa misma oposición, el senador (Edwin) Rodríguez, (Oscar) Ortiz, la diputada Lourdes Millares, etcétera, eran también parte del viejo Congreso. Estos eran los titulares: MNR, ADN, MIR ya tienen candidatos para la Suprema”, recordó.
La diputada Montaño señaló que hace años no había evaluación de la meritocracia ni puntajes como se dará en las próximas elecciones judiciales.
Sostuvo que la propuesta de la oposición es similar como se elegía anteriormente a las autoridades judiciales, en reuniones privadas y la Asamblea Legislativa solamente levanta la mano.
“Nosotros no vamos a retroceder, la conquista es que el pueblo boliviano es quien elija, va ir a una papeleta donde todas las personas que va a estar ahí son personas probas, hombres y mujeres”, añadió Montaño.
REGLAMENTO REQUISITOS
La mayoría oficialista aprobó el sábado el reglamento de preselección de autoridades judiciales, documento que consta de 26 artículos.
Entre los artículos que se pueden destacar está el 9, de requisitos comunes. Los aspirantes a cargos de magistrados no deben tener sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal pendiente de cumplimiento, no deben tener militancia en alguna organización política al menos cinco años antes del momento de la postulación-
Además, no tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con el presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional, senadoras, senadores, diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
No tener en su contra procesos de violencia intrafamiliar ni procesos penales de acción pública con imputación formal que comprometan la ética y la probidad de la o del postulante.
El artículo 10, sobre requisitos específicos para aspirar al Tribunal Constitucional Plurinacional, se exige que el postulante no deba haber participado de la conformación de gobiernos dictatoriales, no haber patrocinado sistemáticamente a personas que hayan sido condenadas con sentencia ejecutoriada por delitos de narcotráfico, con excepción de los defensores públicos, entre otros aspectos.
EVALUACIÓN
La fase de evaluación tendrá tres etapas: la primera que revisará la parte curricular en un plazo de siete días, la segunda será el examen escrito y tendrá dos días para su realización y la tercera fase será la de la entrevista, tarea que se efectuará durante 15 días. Asimismo, el Reglamento precisa que el puntaje que se otorga al currículo de los postulantes será del 40%, a la prueba escrita del 30% y a la entrevista el restante 30%.
CONVOCATORIA
La convocatoria fue publicada ayer y desde el 2 de mayo los postulantes podrán presentar sus documentos durante 25 días, es decir hasta el 26 del mismo mes.
Después que la mayoría oficialista de la Asamblea Legislativa aprobara el sábado el reglamento de preselección para postular a cargos del sistema judicial, surgieron muchas críticas por parte de parlamentarios de la oposición.
El diputado de la alianza Unidad Demócrata (UD) de la que es parte el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Miguel Ojopi, consideró que el próximo 22 de octubre se repetirá la misma historia del 2011, donde la mayoría de los ciudadanos votó nulo y blanco.
Recordó que es importante la participación de instancias que no sean gubernamentales como el Colegio de Abogados, entre otros que puedan garantizar que en el país existan autoridades judiciales probas y la una dañada como la que actualmente existe.
Asimismo, considera que el Movimiento al Socialismo (MAS), no quiere incluir más instancias, aparte de las universidades, para el proceso de preselección porque buscaría obtener el poder del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a fin de tener alguna alternativa para reformar la CPE o buscar una reelección del presidente Morales.
“Apuntan al Tribunal Constitucional con la finalidad que estos magistrados, nuevos electos, vayan a favorecer de alguna manera la posibilidad de una reelección del Presidente o un cambio en una reforma a la CPE, eso es lo que busca y la gente claro que lo concibe”, aseguró.
Del mismo modo, el diputado por UD Wilson Santamaría cree que el MAS busca controlar la justicia con el nuevo reglamento de preselección “impuesto” y aprobado el sábado.
“La mayoría dice ellos quiere pisotear el mandato de la Constitución (…) creemos que el MAS nunca tuvo la predisposición de ceder porque no está en sus planes ceder el control del Tribunal Constitucional (…) de esto depende”, declaró Santamaría.
Mientras que la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, señaló que el proceso de preselección y de elección de las autoridades judiciales en el país serán transparentes y no así como sucedía con gobiernos anteriores, donde los mandatarios ponían a dedo a los magistrados.
“Lamento tener que poner antecedentes. La metodología que utilizaban ellos (los gobiernos antecesores de Evo Morales), esa misma oposición, el senador (Edwin) Rodríguez, (Oscar) Ortiz, la diputada Lourdes Millares, etcétera, eran también parte del viejo Congreso. Estos eran los titulares: MNR, ADN, MIR ya tienen candidatos para la Suprema”, recordó.
La diputada Montaño señaló que hace años no había evaluación de la meritocracia ni puntajes como se dará en las próximas elecciones judiciales.
Sostuvo que la propuesta de la oposición es similar como se elegía anteriormente a las autoridades judiciales, en reuniones privadas y la Asamblea Legislativa solamente levanta la mano.
“Nosotros no vamos a retroceder, la conquista es que el pueblo boliviano es quien elija, va ir a una papeleta donde todas las personas que va a estar ahí son personas probas, hombres y mujeres”, añadió Montaño.
REGLAMENTO REQUISITOS
La mayoría oficialista aprobó el sábado el reglamento de preselección de autoridades judiciales, documento que consta de 26 artículos.
Entre los artículos que se pueden destacar está el 9, de requisitos comunes. Los aspirantes a cargos de magistrados no deben tener sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal pendiente de cumplimiento, no deben tener militancia en alguna organización política al menos cinco años antes del momento de la postulación-
Además, no tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con el presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional, senadoras, senadores, diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
No tener en su contra procesos de violencia intrafamiliar ni procesos penales de acción pública con imputación formal que comprometan la ética y la probidad de la o del postulante.
El artículo 10, sobre requisitos específicos para aspirar al Tribunal Constitucional Plurinacional, se exige que el postulante no deba haber participado de la conformación de gobiernos dictatoriales, no haber patrocinado sistemáticamente a personas que hayan sido condenadas con sentencia ejecutoriada por delitos de narcotráfico, con excepción de los defensores públicos, entre otros aspectos.
EVALUACIÓN
La fase de evaluación tendrá tres etapas: la primera que revisará la parte curricular en un plazo de siete días, la segunda será el examen escrito y tendrá dos días para su realización y la tercera fase será la de la entrevista, tarea que se efectuará durante 15 días. Asimismo, el Reglamento precisa que el puntaje que se otorga al currículo de los postulantes será del 40%, a la prueba escrita del 30% y a la entrevista el restante 30%.
CONVOCATORIA
La convocatoria fue publicada ayer y desde el 2 de mayo los postulantes podrán presentar sus documentos durante 25 días, es decir hasta el 26 del mismo mes.
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