Saturday, June 30, 2018
Wednesday, June 27, 2018
Monday, June 25, 2018
Por violar derechos políticos Nueva denuncia contra el Ejecutivo en la CIDH
El líder del Movimiento Demócrata Social (Demócratas) y gobernador Rubén Costas anunció una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del gobierno de Evo Morales, por violación de los derechos políticos del alcalde de Cochabamba, José María Leyes, quien se encuentra con arresto domiciliario y suspendido de su cargo.
Mediante su cuenta de Twitter: @RubenCostasA escribió: “@JoseMariaLeyes debe volver a su cargo. Presentaremos una denuncia a la @CIDH por la violación de sus derechos políticos, el MAS comete abuso al armar y publicitar un caso que está desvirtuado con documentos de la propia Aduana. Usaron este proceso para sacarlo sin probar nada”.
Al respecto, Vladimir Peña, ejecutivo de los Demócratas en conversación con ANF señaló que la denuncia se basa en el hecho de que la Convención Americana sobre Derechos Humanos que rige el accionar de la CIDH establece que las autoridades electas solo pueden ser suspendidas de sus cargos con sentencia ejecutoriada y no una simple denuncia o imputación.
El también abogado señaló que se desvirtuó el argumento central de la denuncia en contra del Alcalde de Cochabamba, que pretendía hacer ver que había un sobreprecio en la adquisición de mochilas y materiales escolares.
“El Ministro de Justicia dijo que hubo sobreprecios en la adquisición de las mochilas, que se había hecho un contrato por 12 millones y que había un sobreprecio de 10 millones de bolivianos, pero los descargos de los adjudicatarios y hasta de la Aduana demuestran que se facturó por encima de los Bs 10 millones, este dato es fundamental, porque hubo una furibunda presión mediática desde el Gobierno”, señaló.
De acuerdo a un detalle preliminar se establece que el gasto desde el origen hasta la entrega del material escolar a la Alcaldía de Cochabamba, además del pago de impuestos en los que incurrió la Sociedad Accidental 26 de Febrero alcanzó a 10,5 millones de bolivianos, con un margen del 15,5% de utilidades equivalente a Bs 1,9 millones.
Peña también denunció un deliberado retardo judicial, luego que se suspendieran cinco audiencias judiciales y se mantuviera en situación de arresto domiciliario a Leyes, así como el procesamiento de una jueza que rechazó un segundo proceso penal en contra del Alcalde por considerar que se trataba del mismo caso.
“Esto demuestra el abuso por parte de las autoridades del Gobierno que buscaban sacar a Leyes de su cargo y la indefensión en la que se encuentra el Alcalde de Cochabamba, luego que haberse desvirtuado el argumento central del proceso, la violación sistemática de sus derechos”, sostuvo.
Dijo que en el país hay antecedentes al respecto, como cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el artículo de la Ley de Autonomías que planteaba la suspensión de autoridades con solo la presentación de una imputación formal.
“Y a nivel internacional ya hay muchos antecedentes de la persecución política que se está dando no sólo en el país, sino también en otros países de la región. No nos olvidemos las medidas cautelares que sacó la CIDH a favor del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro quien había sido suspendido de su cargo por decisión de la Procuraduría sin una sentencia ejecutoriada”, indicó.
Leyes fue aprehendido el 20 de abril y en los días siguientes suspendido de sus funciones. En criterio de Peña, hay una persecución política evidente en contra de las autoridades subnacionales de oposición por parte del partido de Gobierno que también pretende llevar a la cárcel a la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón.
Mediante su cuenta de Twitter: @RubenCostasA escribió: “@JoseMariaLeyes debe volver a su cargo. Presentaremos una denuncia a la @CIDH por la violación de sus derechos políticos, el MAS comete abuso al armar y publicitar un caso que está desvirtuado con documentos de la propia Aduana. Usaron este proceso para sacarlo sin probar nada”.
Al respecto, Vladimir Peña, ejecutivo de los Demócratas en conversación con ANF señaló que la denuncia se basa en el hecho de que la Convención Americana sobre Derechos Humanos que rige el accionar de la CIDH establece que las autoridades electas solo pueden ser suspendidas de sus cargos con sentencia ejecutoriada y no una simple denuncia o imputación.
El también abogado señaló que se desvirtuó el argumento central de la denuncia en contra del Alcalde de Cochabamba, que pretendía hacer ver que había un sobreprecio en la adquisición de mochilas y materiales escolares.
“El Ministro de Justicia dijo que hubo sobreprecios en la adquisición de las mochilas, que se había hecho un contrato por 12 millones y que había un sobreprecio de 10 millones de bolivianos, pero los descargos de los adjudicatarios y hasta de la Aduana demuestran que se facturó por encima de los Bs 10 millones, este dato es fundamental, porque hubo una furibunda presión mediática desde el Gobierno”, señaló.
De acuerdo a un detalle preliminar se establece que el gasto desde el origen hasta la entrega del material escolar a la Alcaldía de Cochabamba, además del pago de impuestos en los que incurrió la Sociedad Accidental 26 de Febrero alcanzó a 10,5 millones de bolivianos, con un margen del 15,5% de utilidades equivalente a Bs 1,9 millones.
Peña también denunció un deliberado retardo judicial, luego que se suspendieran cinco audiencias judiciales y se mantuviera en situación de arresto domiciliario a Leyes, así como el procesamiento de una jueza que rechazó un segundo proceso penal en contra del Alcalde por considerar que se trataba del mismo caso.
“Esto demuestra el abuso por parte de las autoridades del Gobierno que buscaban sacar a Leyes de su cargo y la indefensión en la que se encuentra el Alcalde de Cochabamba, luego que haberse desvirtuado el argumento central del proceso, la violación sistemática de sus derechos”, sostuvo.
Dijo que en el país hay antecedentes al respecto, como cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el artículo de la Ley de Autonomías que planteaba la suspensión de autoridades con solo la presentación de una imputación formal.
“Y a nivel internacional ya hay muchos antecedentes de la persecución política que se está dando no sólo en el país, sino también en otros países de la región. No nos olvidemos las medidas cautelares que sacó la CIDH a favor del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro quien había sido suspendido de su cargo por decisión de la Procuraduría sin una sentencia ejecutoriada”, indicó.
Leyes fue aprehendido el 20 de abril y en los días siguientes suspendido de sus funciones. En criterio de Peña, hay una persecución política evidente en contra de las autoridades subnacionales de oposición por parte del partido de Gobierno que también pretende llevar a la cárcel a la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón.
Sunday, June 24, 2018
Chapetón le dice al MAS: ‘No nos asustan’
El MAS quiere utilizar a la ‘justicia’ para quitar a los alteños lo que no pudo ganar en elecciones’, aseguró la alcaldesa de la ciudad de El Alto, Soledad Chapetón, a través de su cuenta de Twitter.
"No nos asustan, confiamos en Dios", dijo este sábado la alcaldesa de El Alto Soledad Chapetón, luego de conocer que el Ministerio de Justicia solicitó la detención preventiva en con un juicio ajeno, impulsado por el diputado opositor al gobierno, Rafael Quispe.
Sostiene que el MAS quiere utilizar la justicia para quitar a los alteños, lo que no pudo ganar en elecciones municipales de 2014 cuando enfrentó al candidato del MAS Edgar Patana y lo derrotó en la urnas.
A través de su cuenta twitter, asegura que la frustración política del MAS en su intento de retener la alcaldía, provocó los “actos de resentimiento y boicot permanente” a la gestión edilicia.
"Por mandato de nuestros vecinos dijimos no más corrupción y no cuoteo. No nos asustan, confiamos en Dios", dice Chapetón que logró la detención preventiva del exalcalde Patana, acusado de varios casos de corrupción.
Chapetón deberá presentarse el próximo 28 de junio a una audiencia de medidas cautelares en La Paz, bajo cargos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes a la que sumó el Ministerio de Justicia.
El diputado Quispe denunció a la autoridad local por no haber recuperado en el año 2016 una propiedad municipal de 1.500 metros y al contrario consolidó la titularidad para el funcionamiento de una estación de servicio de combustibles privados.
"No nos asustan, confiamos en Dios", dijo este sábado la alcaldesa de El Alto Soledad Chapetón, luego de conocer que el Ministerio de Justicia solicitó la detención preventiva en con un juicio ajeno, impulsado por el diputado opositor al gobierno, Rafael Quispe.
Sostiene que el MAS quiere utilizar la justicia para quitar a los alteños, lo que no pudo ganar en elecciones municipales de 2014 cuando enfrentó al candidato del MAS Edgar Patana y lo derrotó en la urnas.
A través de su cuenta twitter, asegura que la frustración política del MAS en su intento de retener la alcaldía, provocó los “actos de resentimiento y boicot permanente” a la gestión edilicia.
"Por mandato de nuestros vecinos dijimos no más corrupción y no cuoteo. No nos asustan, confiamos en Dios", dice Chapetón que logró la detención preventiva del exalcalde Patana, acusado de varios casos de corrupción.
Chapetón deberá presentarse el próximo 28 de junio a una audiencia de medidas cautelares en La Paz, bajo cargos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes a la que sumó el Ministerio de Justicia.
El diputado Quispe denunció a la autoridad local por no haber recuperado en el año 2016 una propiedad municipal de 1.500 metros y al contrario consolidó la titularidad para el funcionamiento de una estación de servicio de combustibles privados.
UD pide informe a Fiscalía por retraso de investigación
El diputado de Unidad Demócrata (UD) Gonzalo Barrientos denunció el retraso por parte de la Fiscalía General del Estado para investigar a la empresa USOA SRL que se adjudicó de forma directa el proyecto de sistema CADI-Sucre Segura, Zona Patacón, por más de Bs 11 millones. El legislador solicitó informe escrito para identificar el estado de la investigación.
“Respecto a las denuncias de supuesta corrupción en la Alcaldía de Sucre se han presentado dos peticiones de informe al Fiscal General del Estado para que se informe con documentación cual es la situación de este proceso de investigación, puesto que la denuncia fue desde el pasado 27 de septiembre y hasta el momento no hay respuesta”, dijo el legislador.
A la vez remitió una petición de informe escrito (PIE) al Alcalde de Sucre (MAS), Iván Arciénega, sobre un cuestionado proceso de contratación por invitación directa para la construcción del sistema del Centro Automático de Despacho Integral (CADI) para la seguridad ciudadana, que tendría un sobreprecio de 5 millones de bolivianos.
Barrientos hizo conocer este caso al presidente de la Comisión de la Organización Territorial del Estado y Autonomías, de la Asamblea Legislativa Erik Morón, en el cual se pide que por ese medio el alcalde de Sucre presente un informe escrito sobre el CADI.
Junto a la misiva, se adjunta un documento que contiene todas las interrogantes de una polémica adjudicación para el proyecto, en los que se detalla la contratación directa de la empresa USOA S.R.L que no estaría registrada en Fundempresa y no habría presentado su testimonio de constitución, requisitos indispensables en este tipo de licitaciones, según la denuncia formulada por la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve).
El documento, también señala que el Alcalde Municipal, como máxima autoridad ejecutiva, no tomó ninguna acción correctiva luego de conocer las denuncias sobre las supuestas irregularidades y procedió con la contratación, adjudicación y posterior desembolso del 20% del monto del contrato, que equivale a 11 millones de bolivianos.
“Respecto a las denuncias de supuesta corrupción en la Alcaldía de Sucre se han presentado dos peticiones de informe al Fiscal General del Estado para que se informe con documentación cual es la situación de este proceso de investigación, puesto que la denuncia fue desde el pasado 27 de septiembre y hasta el momento no hay respuesta”, dijo el legislador.
A la vez remitió una petición de informe escrito (PIE) al Alcalde de Sucre (MAS), Iván Arciénega, sobre un cuestionado proceso de contratación por invitación directa para la construcción del sistema del Centro Automático de Despacho Integral (CADI) para la seguridad ciudadana, que tendría un sobreprecio de 5 millones de bolivianos.
Barrientos hizo conocer este caso al presidente de la Comisión de la Organización Territorial del Estado y Autonomías, de la Asamblea Legislativa Erik Morón, en el cual se pide que por ese medio el alcalde de Sucre presente un informe escrito sobre el CADI.
Junto a la misiva, se adjunta un documento que contiene todas las interrogantes de una polémica adjudicación para el proyecto, en los que se detalla la contratación directa de la empresa USOA S.R.L que no estaría registrada en Fundempresa y no habría presentado su testimonio de constitución, requisitos indispensables en este tipo de licitaciones, según la denuncia formulada por la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve).
El documento, también señala que el Alcalde Municipal, como máxima autoridad ejecutiva, no tomó ninguna acción correctiva luego de conocer las denuncias sobre las supuestas irregularidades y procedió con la contratación, adjudicación y posterior desembolso del 20% del monto del contrato, que equivale a 11 millones de bolivianos.
Demócratas: Órgano Electoral busca “entrometerse”
El Movimiento Demócrata Social (MDS) considera que la organización y acompañamiento del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) en las elecciones primarias es una forma de “entrometerse” en las decisiones internas y más aún es para ver como se hace y quienes lo hacen; por lo que no están de acuerdo.
“Advertimos que hay una característica de este régimen, y lo llamativo es que el OEP se constituye en un intervencionista de un régimen, al estilo de un Estado policiaco, que se estaría entrometiendo en las organizaciones políticas para verificar que es lo que se está produciendo”, manifestó Gonzalo Barrientos, secretario de Organización del MDS.
Para la fuerza opositora, la propuesta de las elecciones primarias para definir los candidatos en binomios, planteado por las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), sería una falta de respeto a la autonomía e independencia de las organizaciones políticas.
“Esos procesos de elección de los binomios, en supuestas primarias, que sugiere el TSE y como han declarado algunos vocales, deja mucho que desear, es una total falta de respeto en cuanto a la autonomía e independencia que tiene cada organización política, porque cada una tiene sus estatutos”, señaló Barrientos.
Consideró que cada partido político debería escoger de acuerdo a su estatuto sin la “intromisión” de querer participar al interior.
“El OEP plantea que bajo supervisión (…) creo que cada partido político debe escoger de acuerdo a su estatuto orgánico, pero vemos que está haciendo una intromisión o sea una intervención de participar y estar al interior de decisiones que son propias de una organización política”, aseveró Barrientos.
Lo que llama la atención, dijo, es el tiempo que determina para celebrar las primarias y por otro el carácter vinculante, que beneficiaría la elección primaria del binomio Evo Morales y Álvaro García Linera.
“La otra observación se manifiesta que cuatro meses antes y de manera simultánea y con carácter vinculante sería la elección primaria, entonces aquí va un poco la duda y cuestionante: El MAS elegirá a Evo Morales y Álvaro García Linera y eso será vinculante (…) están buscando un intervencionismo del TSE, y eso no es lo aconsejable”, explicó.
ANÁLISIS
Sobre este punto, el politólogo Marcelo Peralta, considera que dicha actividad interna en las organizaciones políticas democratizará y erradicará cierto nivel de caudillismo y “oligarquización”, que está muy asentado en Bolivia.
“Considero que la organización de primarias que evita la oligarquización, de los partidos político, es decir, que los candidatos con mayores recursos económicos puedan acaparar la dirección total del partido (…) y que se pueda erradicar con la política caudillista o tradicional”, manifestó Marcelo Peralta, politólogo y director de la Carrera de Ciencias Políticas, Umsa.
Señaló que es necesario implementar la propuesta de las primarias al interior de los partidos y organizaciones políticas, ya que constituiría una mejor representación, que incluso involucra a los simpatizantes, y esta decisión será más meritoria porque destacará el rol de las mismas.
“Es necesario destacar el rol de los partidos políticos al interior de la democracia representativa, porque es un mecanismo de mediación entre la sociedad civil y la sociedad política”, manifestó Peralta.
Es a partir de la democracia representativa, que se dejaría de lado los intereses corporativos o los reivindicativos coyunturales, que de alguna forma influyen en el espectro político.
“El partido político es por antonomasia el instrumento de mediación entre la sociedad civil y Estado, entonces es necesario fortalecerlos; priorizar los grupos corporativos como empresarios, movimientos sociales de carácter reivindicacionista coyuntural como cocalero, mineros u otros con intereses corporativos en desmedro de los nacional no es lo mejor”, puntualizó.
“Advertimos que hay una característica de este régimen, y lo llamativo es que el OEP se constituye en un intervencionista de un régimen, al estilo de un Estado policiaco, que se estaría entrometiendo en las organizaciones políticas para verificar que es lo que se está produciendo”, manifestó Gonzalo Barrientos, secretario de Organización del MDS.
Para la fuerza opositora, la propuesta de las elecciones primarias para definir los candidatos en binomios, planteado por las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), sería una falta de respeto a la autonomía e independencia de las organizaciones políticas.
“Esos procesos de elección de los binomios, en supuestas primarias, que sugiere el TSE y como han declarado algunos vocales, deja mucho que desear, es una total falta de respeto en cuanto a la autonomía e independencia que tiene cada organización política, porque cada una tiene sus estatutos”, señaló Barrientos.
Consideró que cada partido político debería escoger de acuerdo a su estatuto sin la “intromisión” de querer participar al interior.
“El OEP plantea que bajo supervisión (…) creo que cada partido político debe escoger de acuerdo a su estatuto orgánico, pero vemos que está haciendo una intromisión o sea una intervención de participar y estar al interior de decisiones que son propias de una organización política”, aseveró Barrientos.
Lo que llama la atención, dijo, es el tiempo que determina para celebrar las primarias y por otro el carácter vinculante, que beneficiaría la elección primaria del binomio Evo Morales y Álvaro García Linera.
“La otra observación se manifiesta que cuatro meses antes y de manera simultánea y con carácter vinculante sería la elección primaria, entonces aquí va un poco la duda y cuestionante: El MAS elegirá a Evo Morales y Álvaro García Linera y eso será vinculante (…) están buscando un intervencionismo del TSE, y eso no es lo aconsejable”, explicó.
ANÁLISIS
Sobre este punto, el politólogo Marcelo Peralta, considera que dicha actividad interna en las organizaciones políticas democratizará y erradicará cierto nivel de caudillismo y “oligarquización”, que está muy asentado en Bolivia.
“Considero que la organización de primarias que evita la oligarquización, de los partidos político, es decir, que los candidatos con mayores recursos económicos puedan acaparar la dirección total del partido (…) y que se pueda erradicar con la política caudillista o tradicional”, manifestó Marcelo Peralta, politólogo y director de la Carrera de Ciencias Políticas, Umsa.
Señaló que es necesario implementar la propuesta de las primarias al interior de los partidos y organizaciones políticas, ya que constituiría una mejor representación, que incluso involucra a los simpatizantes, y esta decisión será más meritoria porque destacará el rol de las mismas.
“Es necesario destacar el rol de los partidos políticos al interior de la democracia representativa, porque es un mecanismo de mediación entre la sociedad civil y la sociedad política”, manifestó Peralta.
Es a partir de la democracia representativa, que se dejaría de lado los intereses corporativos o los reivindicativos coyunturales, que de alguna forma influyen en el espectro político.
“El partido político es por antonomasia el instrumento de mediación entre la sociedad civil y Estado, entonces es necesario fortalecerlos; priorizar los grupos corporativos como empresarios, movimientos sociales de carácter reivindicacionista coyuntural como cocalero, mineros u otros con intereses corporativos en desmedro de los nacional no es lo mejor”, puntualizó.
Wednesday, June 20, 2018
Para juegos Odesur Ortiz denunció anomalías en contratos de 11 proyectos
La empresa Suárez Consultoría y Construcción se adjudicó por la modalidad de contratación directa 11 proyectos por casi Bs 100 millones. El senador Oscar Ortiz denunció que la Procuraduría rescindió un contrato con esta compañía, pero la misma se adjudicó la construcción del Complejo Hípico para los Juegos Odesur, además de otras obras en el marco de la Unidad de Proyectos Especiales del Ministerio de la Presidencia.
De acuerdo a la información que presentó Ortiz, en una petición de informe escrito de 2016-2017 el Ministerio de la Presidencia informó que esta misma empresa tuvo cinco adjudicaciones por la vía directa por la UPRE.
Cuatro se adjudicaron en la gestión 2013 referidos a la construcción de dos coliseos, una unidad educativa, el mantenimiento y reparación del equipo pesado Ferreco y el 2014 la construcción del edificio de la Procuraduría. El monto de inversión alcanzó a 67,8 millones de bolivianos.
Y los otros seis proyectos de construcción del Complejo Hípico en sus módulos 2, 3, 7, 8, 9 y 10, por un monto total de 28 millones de bolivianos en fecha 29 de octubre de 2014.
El legislador no entiende las razones por las que esta empresa se beneficia con contratos por la vía directa, pese a que el 2015, la Procuraduría General del Estado, en la gestión de Héctor Arce rescindió un contrato porque habría detectado un “contubernio y corruptela” con la empresa supervisora Sarmiento.
Pero además Ortiz señala que la empresa Suárez se adjudicó seis de los ocho contratos para la construcción del Complejo Hípico de la Escuela de Sargentos, por un monto de 28 millones de bolivianos, una de las observaciones principales es que el registro en el Sicoes se lo hizo dos años después de las adjudicaciones.
“Primero estas adjudicaciones son de 2014, pero recién fueron subidas al Sicoes el 2017, dos años después y solo subieron los contratos pero no subieron los informes de la comisión”, declaró el legislador.
“Ante los posibles indicios de favorecimiento e irregularidades de estos 11 procesos de contratación adjudicados a la empresa Suárez Consultoría y Construcción (…), presentó denuncia en contra del señor Alexis Vladimir Mercado Condori, director general Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE). (ANF)
De acuerdo a la información que presentó Ortiz, en una petición de informe escrito de 2016-2017 el Ministerio de la Presidencia informó que esta misma empresa tuvo cinco adjudicaciones por la vía directa por la UPRE.
Cuatro se adjudicaron en la gestión 2013 referidos a la construcción de dos coliseos, una unidad educativa, el mantenimiento y reparación del equipo pesado Ferreco y el 2014 la construcción del edificio de la Procuraduría. El monto de inversión alcanzó a 67,8 millones de bolivianos.
Y los otros seis proyectos de construcción del Complejo Hípico en sus módulos 2, 3, 7, 8, 9 y 10, por un monto total de 28 millones de bolivianos en fecha 29 de octubre de 2014.
El legislador no entiende las razones por las que esta empresa se beneficia con contratos por la vía directa, pese a que el 2015, la Procuraduría General del Estado, en la gestión de Héctor Arce rescindió un contrato porque habría detectado un “contubernio y corruptela” con la empresa supervisora Sarmiento.
Pero además Ortiz señala que la empresa Suárez se adjudicó seis de los ocho contratos para la construcción del Complejo Hípico de la Escuela de Sargentos, por un monto de 28 millones de bolivianos, una de las observaciones principales es que el registro en el Sicoes se lo hizo dos años después de las adjudicaciones.
“Primero estas adjudicaciones son de 2014, pero recién fueron subidas al Sicoes el 2017, dos años después y solo subieron los contratos pero no subieron los informes de la comisión”, declaró el legislador.
“Ante los posibles indicios de favorecimiento e irregularidades de estos 11 procesos de contratación adjudicados a la empresa Suárez Consultoría y Construcción (…), presentó denuncia en contra del señor Alexis Vladimir Mercado Condori, director general Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE). (ANF)
Gobierno elabora norma para la protección de datos digitales
Las autoridades del Ejecutivo y Legislativo trabajarán en la elaboración de un proyecto de ley para la Protección de Datos digitales de la población, con la que se podrá viabilizar la Ciudadanía Digital, proyecto que será debatido en la Cámara de Diputados.
“Hemos iniciado el proceso de elaboración de la ley de protección de datos que es muy amplia. Vamos a iniciar un debate con profesionales y entendidos en la materia, se lo hace a solicitud de los presidentes de ambas cámaras del Legislativo para que contemos con la ley y tengamos la certeza de que nuestros datos estén protegidos”, dijo Nicolás Laguna, director ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic).
También presentó el proyecto de ley de Ciudadanía Digital a la Cámara de Diputados. La norma tiene el propósito de garantizar el acceso a la información a través de la tecnología y facilitar la vida de los bolivianos.
La diputada de Unidad Demócrata (UD), Fernanda San Martín dijo que la aprobación de la Ley de Protección de Datos debe llevarse a la par de la Ciudadanía Digital, porque garantizará que la información personal estará bajo resguardo.
Laguna explicó que un primer alcance es reconocer como Estado la condición de ciudadanos digitales a las personas y garantizarles la realización de trámites, acceso a los diversos servicios que ofrecen las entidades públicas, acceso a la información pública y el control social y participación ciudadana en la formulación de políticas públicas.
“Esta ley lo que está tratando es que el Estado se ponga al servicio del ciudadano a través del mundo digital, que respetemos y garanticemos el ejercicio de los derechos de los ciudadanos a través del uso de tecnologías de información y comunicación”, indicó.
“Hemos iniciado el proceso de elaboración de la ley de protección de datos que es muy amplia. Vamos a iniciar un debate con profesionales y entendidos en la materia, se lo hace a solicitud de los presidentes de ambas cámaras del Legislativo para que contemos con la ley y tengamos la certeza de que nuestros datos estén protegidos”, dijo Nicolás Laguna, director ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic).
También presentó el proyecto de ley de Ciudadanía Digital a la Cámara de Diputados. La norma tiene el propósito de garantizar el acceso a la información a través de la tecnología y facilitar la vida de los bolivianos.
La diputada de Unidad Demócrata (UD), Fernanda San Martín dijo que la aprobación de la Ley de Protección de Datos debe llevarse a la par de la Ciudadanía Digital, porque garantizará que la información personal estará bajo resguardo.
Laguna explicó que un primer alcance es reconocer como Estado la condición de ciudadanos digitales a las personas y garantizarles la realización de trámites, acceso a los diversos servicios que ofrecen las entidades públicas, acceso a la información pública y el control social y participación ciudadana en la formulación de políticas públicas.
“Esta ley lo que está tratando es que el Estado se ponga al servicio del ciudadano a través del mundo digital, que respetemos y garanticemos el ejercicio de los derechos de los ciudadanos a través del uso de tecnologías de información y comunicación”, indicó.
Saturday, June 16, 2018
UD pide conocer hoja de vida del Presidente ai. de ABC
La bancada de Unidad Demócrata (UD) envió una petición de informe a Carlos Ortuño, ministro de Medio Ambiente y Agua, para que informe sobre el currículum de Luis Sánchez-Gómez, presidente interino de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
“Estamos pidiendo información la sobre la fecha de posesión, los requerimientos para acceder al cargo, la profesión y la especialidad que tiene Luis Sánchez Gómez, ya que desempeñó cargos ejecutivo en la ABC y en el Ministerio de Medio Ambiente, sin cumplir con el perfil para esos cargos”, indicó Yerko Nuñez, senador de Unidad Demócrata (UD).
El actual presidente interino (ai.) de ABC, Luis Sánchez-Gómez Cuquerella, fue designado en ese cargo el 28 de mayo, después de haber desempeñado el mismo, hace cinco años atrás, entre 2009 y 2013, cuando estaba Vladimir Sánchez como ministro de Obras Públicas.
Según las denuncias de la bancada de oposición, el actual presidente de ABC, ocupó un cargo en la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (Emagua), instancia que depende del Ministerio de Medio Ambiente y Agua a donde se remitió la petición de informe con once preguntas para que responda el ministro Ortuño.
“Resulta que tanto el señor Sánchez-Gómez y Erick de las Heras, son abogados uno pasa a ser Director de ABC y luego pasa a Emagua y retornan a la ABC, estos son excesos y seguramente son amigos del Presidente Evo Morales, que pueden rotar y circular por los cargos que ellos quieran, por eso hay que institucionalizar los cargos”, aseveró Nuñez.
Por eso agregó que también están solicitando en el informe, sobre Erick Jesús de las Heras Arce, que también había cumplido funciones en Emagua, y está siendo acusado de haber beneficiado a su tío, con una obra de cien millones de bolivianos en ABC.
“En ABC deberíamos tener un ingeniero civil a un administrador de empresas. Y resulta que en ABC también trabaja el señor Erick de las Heras quien parece que favoreció a su tío con más de 100 millones de bolivianos en obras, o sea cuales son los nexos? Quienes son los padrinos?”, se preguntó Nuñez.
SANTAMARÍA
“Quiero dejar claro para que no me acusen de discriminación, que la Constitución garantiza el derecho al trabajo a todos; opositores, oficialistas, no importan la circunstancia de condición de gobierno, pero hay un límite y se llama principios y ética”
El legislador denunció que los cargos en el Ejecutivo están siendo manejados como un “pasanaku”, lo cual devela que el Movimiento Al Socialismo (MAS) ya no tiene gente.
“Esta rotación de exautoridades devela tres cosas: Que ya no hay ética, que el MAS ya no tiene gente y que ante esa falta de gente hay que aplicar el pasanaku”, manifestó Santamaría.
El pasanaku es un sistema de ahorro que consiste en un crédito rotatorio grupal. Esta práctica se hace sin la participación de una entidad financiera.
“Estamos pidiendo información la sobre la fecha de posesión, los requerimientos para acceder al cargo, la profesión y la especialidad que tiene Luis Sánchez Gómez, ya que desempeñó cargos ejecutivo en la ABC y en el Ministerio de Medio Ambiente, sin cumplir con el perfil para esos cargos”, indicó Yerko Nuñez, senador de Unidad Demócrata (UD).
El actual presidente interino (ai.) de ABC, Luis Sánchez-Gómez Cuquerella, fue designado en ese cargo el 28 de mayo, después de haber desempeñado el mismo, hace cinco años atrás, entre 2009 y 2013, cuando estaba Vladimir Sánchez como ministro de Obras Públicas.
Según las denuncias de la bancada de oposición, el actual presidente de ABC, ocupó un cargo en la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (Emagua), instancia que depende del Ministerio de Medio Ambiente y Agua a donde se remitió la petición de informe con once preguntas para que responda el ministro Ortuño.
“Resulta que tanto el señor Sánchez-Gómez y Erick de las Heras, son abogados uno pasa a ser Director de ABC y luego pasa a Emagua y retornan a la ABC, estos son excesos y seguramente son amigos del Presidente Evo Morales, que pueden rotar y circular por los cargos que ellos quieran, por eso hay que institucionalizar los cargos”, aseveró Nuñez.
Por eso agregó que también están solicitando en el informe, sobre Erick Jesús de las Heras Arce, que también había cumplido funciones en Emagua, y está siendo acusado de haber beneficiado a su tío, con una obra de cien millones de bolivianos en ABC.
“En ABC deberíamos tener un ingeniero civil a un administrador de empresas. Y resulta que en ABC también trabaja el señor Erick de las Heras quien parece que favoreció a su tío con más de 100 millones de bolivianos en obras, o sea cuales son los nexos? Quienes son los padrinos?”, se preguntó Nuñez.
SANTAMARÍA
“Quiero dejar claro para que no me acusen de discriminación, que la Constitución garantiza el derecho al trabajo a todos; opositores, oficialistas, no importan la circunstancia de condición de gobierno, pero hay un límite y se llama principios y ética”
El legislador denunció que los cargos en el Ejecutivo están siendo manejados como un “pasanaku”, lo cual devela que el Movimiento Al Socialismo (MAS) ya no tiene gente.
“Esta rotación de exautoridades devela tres cosas: Que ya no hay ética, que el MAS ya no tiene gente y que ante esa falta de gente hay que aplicar el pasanaku”, manifestó Santamaría.
El pasanaku es un sistema de ahorro que consiste en un crédito rotatorio grupal. Esta práctica se hace sin la participación de una entidad financiera.
Friday, June 15, 2018
Ante la Fiscalía UD denunció a Montaño por interinatos
La oposición presentó una denuncia a la Fiscalía General del Estado contra la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, debido al retraso de la propuesta para la designación del nuevo presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) que está a cargo del jefe de Estado.
“Hemos presentado la denuncia en contra de la autoridad y esperamos que el Ministerio Público actúe y no se olvide que todos los bolivianos somos iguales, que no se puede dar preferencia por ningún ciudadano y que debe sancionar a quienes vulneran la Constitución y las leyes en nuestra país”, dijo el senador de Unidad Demócrata (UD) Yerko Nuñez.
La denuncia fue presentada el pasado miércoles a la Fiscalía departamental de La Paz, por el supuesto delito de incumplimiento de deberes, tomando en cuenta que los interinatos en esa unidad daña la institucionalidad.
INTERINATOS
El pasado 29 mayo, Luis Sánchez fue posesionado nuevamente como Director Ejecutivo interino de la ABC, ya que el 2009 al 2013 ya estaba al frente de esa entidad. Reemplazó Marcos Loayza, quien se alejó del cargo una semana antes de esa designación por problemas de salud.
Loayza estuvo en el puesto desde el pasado 21 de agosto de 2017, en sustitución de Noemí Villegas, que es investigada por presuntas irregularidades en su gestión. Fue posesionada el 18 de noviembre de 2014.
Antonio Mullisaca también estuvo al frente de la ABC de forma interina durante un año y siete meses, su cambio no fue explicado por el entonces ministro de obras publica, Vladimir Sánchez.
Desde el 2009 es que la ABC tuvo cinco interinatos y no se designó a la cabeza del sector tal como lo establece la Constitución Política del Estado y se vulneró el decreto supremo 25749 que establece que los cargos interinos deben ser por un periodo de 90 días.
NORMAS
Núñez señala que la Cámara de Diputados tiene la obligación de conformar ternas y presentarlas al presidente Evo Morales, con la finalidad de que elija a la nueva autoridad conforme a la las normas.
El numeral del artículo 159 de la CPE señala “Proponer ternas a la Presidenta o al Presidente del Estado para la designación de presidentas o presidentes de entidades económicas y sociales, y otros cargos en que participe el Estado, por mayoría absoluta de acuerdo con la Constitución.”
DENUNCIAS
El legislador de oposición lamentó que hasta el momento el legislativo no haya puesto atención a esta demanda y que no se estén realizando las fiscalizaciones correspondientes por las diversas denuncias de corrupción que se presentaron en esa entidad pública.
En pasados días el ministerio público imputó formalmente a la exejecutiva Noemí Villegas por delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y asociación delictuosa.
Se identificaron presuntos actos irregulares en la adjudicación de tres contratos por un valor de 100 millones de bolivianos. Los contratos identificados son con la Asociación Accidental “Consorcio Integración”, el Consorcio “Integración del Sur” y el Consorcio “Integración Norte”.
“Hemos presentado la denuncia en contra de la autoridad y esperamos que el Ministerio Público actúe y no se olvide que todos los bolivianos somos iguales, que no se puede dar preferencia por ningún ciudadano y que debe sancionar a quienes vulneran la Constitución y las leyes en nuestra país”, dijo el senador de Unidad Demócrata (UD) Yerko Nuñez.
La denuncia fue presentada el pasado miércoles a la Fiscalía departamental de La Paz, por el supuesto delito de incumplimiento de deberes, tomando en cuenta que los interinatos en esa unidad daña la institucionalidad.
INTERINATOS
El pasado 29 mayo, Luis Sánchez fue posesionado nuevamente como Director Ejecutivo interino de la ABC, ya que el 2009 al 2013 ya estaba al frente de esa entidad. Reemplazó Marcos Loayza, quien se alejó del cargo una semana antes de esa designación por problemas de salud.
Loayza estuvo en el puesto desde el pasado 21 de agosto de 2017, en sustitución de Noemí Villegas, que es investigada por presuntas irregularidades en su gestión. Fue posesionada el 18 de noviembre de 2014.
Antonio Mullisaca también estuvo al frente de la ABC de forma interina durante un año y siete meses, su cambio no fue explicado por el entonces ministro de obras publica, Vladimir Sánchez.
Desde el 2009 es que la ABC tuvo cinco interinatos y no se designó a la cabeza del sector tal como lo establece la Constitución Política del Estado y se vulneró el decreto supremo 25749 que establece que los cargos interinos deben ser por un periodo de 90 días.
NORMAS
Núñez señala que la Cámara de Diputados tiene la obligación de conformar ternas y presentarlas al presidente Evo Morales, con la finalidad de que elija a la nueva autoridad conforme a la las normas.
El numeral del artículo 159 de la CPE señala “Proponer ternas a la Presidenta o al Presidente del Estado para la designación de presidentas o presidentes de entidades económicas y sociales, y otros cargos en que participe el Estado, por mayoría absoluta de acuerdo con la Constitución.”
DENUNCIAS
El legislador de oposición lamentó que hasta el momento el legislativo no haya puesto atención a esta demanda y que no se estén realizando las fiscalizaciones correspondientes por las diversas denuncias de corrupción que se presentaron en esa entidad pública.
En pasados días el ministerio público imputó formalmente a la exejecutiva Noemí Villegas por delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y asociación delictuosa.
Se identificaron presuntos actos irregulares en la adjudicación de tres contratos por un valor de 100 millones de bolivianos. Los contratos identificados son con la Asociación Accidental “Consorcio Integración”, el Consorcio “Integración del Sur” y el Consorcio “Integración Norte”.
Thursday, June 14, 2018
Monday, June 11, 2018
Cuanto Ganan los Activistas Mario Duran, Ivan Canelas o Gabriela Cossio al Servicio del MAS?
Vea 👇👇 los sueldos del personal de la Dirección de Redes Sociales. Los salarios oscilan entre Bs 18.000, 16.000, 15.000 y por debajo. "Ahí están los guerreros digitales con esos sueldos para atacar a los opositores", denuncia el senador, Arturo Murillo
Sunday, June 10, 2018
Alcaldesa niega responsabilidad por presunta transferencia de terreno
La alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, informó que aún no fue notificada para la audiencia programada para el próximo 13 de junio, sobre el proceso interpuesto por el diputado Rafael Quispe. La autoridad municipal negó tener alguna responsabilidad en el hecho y su partido, Unidad Nacional (UN) denunció persecución política.
“Me quieren inculpar de la transferencia de un predio público a un privado, cuando en realidad este predio, donde está funcionando un surtidor, fue transferido desde hace más de 20 años en la ciudad de El Alto”, acotó Chapetón, “si a algún alcalde le tienen que reprochar, procesar, cuestionar por esta transferencia, debe ser al alcalde de ese entonces, nosotros no tenemos ninguna corresponsabilidad en este caso”, enfatizó Chapetón.
Dicha denuncia fue interpuesta por Fernando Montalbán, abogado del diputado Rafael Quispe, acusación en la que la primera autoridad de la ciudad más alta del país es acusada por incumplimiento de deberes, favorecimiento al enriquecimiento ilícito y uso indebido de bienes y servicios públicos.
La denuncia está relacionada con un terreno destinado para área verde ubicado en el Distrito 4 de El Alto.
Sobre el hecho, Chapetón afirmó: “Nos hemos presentado, hemos prestado nuestra declaración, hemos presentado documentación respaldatoria”, refiriéndose al proceso en su contra.
Chapetón aclaró que durante su gestión, en el marco del cumplimento de sus funciones, logró movilizar el trámite del proceso civil que se tiene instaurado en contra del propietario de la propiedad en disputa.
“Lo que hemos hecho, porque este era un predio municipal, es seguir un proceso civil en contra de la persona que se habría beneficiado y apropiado de este terreno hace más de 20 años”, aclaró la alcaldesa de la comuna alteña.
En tanto, el diputado de Unidad Nacional (UN), Wilson Santamaría, aseguró que Chapetón es víctima de persecución política porque dicha autoridad no tiene ningún tipo de responsabilidad en el hecho.
“La denuncia trata sobre un predio que de acuerdo a una planimetría fue destinada para equipamiento que antes que Soledad Chapetón llegue a la Alcaldía Municipal fue edificado un surtidor por privados y hoy se pretende establecer responsabilidad sobre ella. La Fiscalía pretende amedrentarla”, afirmó Santamaría.
“Me quieren inculpar de la transferencia de un predio público a un privado, cuando en realidad este predio, donde está funcionando un surtidor, fue transferido desde hace más de 20 años en la ciudad de El Alto”, acotó Chapetón, “si a algún alcalde le tienen que reprochar, procesar, cuestionar por esta transferencia, debe ser al alcalde de ese entonces, nosotros no tenemos ninguna corresponsabilidad en este caso”, enfatizó Chapetón.
Dicha denuncia fue interpuesta por Fernando Montalbán, abogado del diputado Rafael Quispe, acusación en la que la primera autoridad de la ciudad más alta del país es acusada por incumplimiento de deberes, favorecimiento al enriquecimiento ilícito y uso indebido de bienes y servicios públicos.
La denuncia está relacionada con un terreno destinado para área verde ubicado en el Distrito 4 de El Alto.
Sobre el hecho, Chapetón afirmó: “Nos hemos presentado, hemos prestado nuestra declaración, hemos presentado documentación respaldatoria”, refiriéndose al proceso en su contra.
Chapetón aclaró que durante su gestión, en el marco del cumplimento de sus funciones, logró movilizar el trámite del proceso civil que se tiene instaurado en contra del propietario de la propiedad en disputa.
“Lo que hemos hecho, porque este era un predio municipal, es seguir un proceso civil en contra de la persona que se habría beneficiado y apropiado de este terreno hace más de 20 años”, aclaró la alcaldesa de la comuna alteña.
En tanto, el diputado de Unidad Nacional (UN), Wilson Santamaría, aseguró que Chapetón es víctima de persecución política porque dicha autoridad no tiene ningún tipo de responsabilidad en el hecho.
“La denuncia trata sobre un predio que de acuerdo a una planimetría fue destinada para equipamiento que antes que Soledad Chapetón llegue a la Alcaldía Municipal fue edificado un surtidor por privados y hoy se pretende establecer responsabilidad sobre ella. La Fiscalía pretende amedrentarla”, afirmó Santamaría.
Subscribe to:
Posts (Atom)