Parlamentarios de oposición aseguran que los asambleístas afines al partido de gobierno no quisieron incluir más representantes de entidades colegiadas para el proceso de preselección de postulantes al Órgano Judicial porque buscan tener el control del Tribunal Constitucional y, a través de ello, garantizar una futura reelección del presidente Morales o una modificación de la actual Constitución Política del Estado (CPE).
Después que la mayoría oficialista de la Asamblea Legislativa aprobara el sábado el reglamento de preselección para postular a cargos del sistema judicial, surgieron muchas críticas por parte de parlamentarios de la oposición.
El diputado de la alianza Unidad Demócrata (UD) de la que es parte el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Miguel Ojopi, consideró que el próximo 22 de octubre se repetirá la misma historia del 2011, donde la mayoría de los ciudadanos votó nulo y blanco.
Recordó que es importante la participación de instancias que no sean gubernamentales como el Colegio de Abogados, entre otros que puedan garantizar que en el país existan autoridades judiciales probas y la una dañada como la que actualmente existe.
Asimismo, considera que el Movimiento al Socialismo (MAS), no quiere incluir más instancias, aparte de las universidades, para el proceso de preselección porque buscaría obtener el poder del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a fin de tener alguna alternativa para reformar la CPE o buscar una reelección del presidente Morales.
“Apuntan al Tribunal Constitucional con la finalidad que estos magistrados, nuevos electos, vayan a favorecer de alguna manera la posibilidad de una reelección del Presidente o un cambio en una reforma a la CPE, eso es lo que busca y la gente claro que lo concibe”, aseguró.
Del mismo modo, el diputado por UD Wilson Santamaría cree que el MAS busca controlar la justicia con el nuevo reglamento de preselección “impuesto” y aprobado el sábado.
“La mayoría dice ellos quiere pisotear el mandato de la Constitución (…) creemos que el MAS nunca tuvo la predisposición de ceder porque no está en sus planes ceder el control del Tribunal Constitucional (…) de esto depende”, declaró Santamaría.
Mientras que la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, señaló que el proceso de preselección y de elección de las autoridades judiciales en el país serán transparentes y no así como sucedía con gobiernos anteriores, donde los mandatarios ponían a dedo a los magistrados.
“Lamento tener que poner antecedentes. La metodología que utilizaban ellos (los gobiernos antecesores de Evo Morales), esa misma oposición, el senador (Edwin) Rodríguez, (Oscar) Ortiz, la diputada Lourdes Millares, etcétera, eran también parte del viejo Congreso. Estos eran los titulares: MNR, ADN, MIR ya tienen candidatos para la Suprema”, recordó.
La diputada Montaño señaló que hace años no había evaluación de la meritocracia ni puntajes como se dará en las próximas elecciones judiciales.
Sostuvo que la propuesta de la oposición es similar como se elegía anteriormente a las autoridades judiciales, en reuniones privadas y la Asamblea Legislativa solamente levanta la mano.
“Nosotros no vamos a retroceder, la conquista es que el pueblo boliviano es quien elija, va ir a una papeleta donde todas las personas que va a estar ahí son personas probas, hombres y mujeres”, añadió Montaño.
REGLAMENTO REQUISITOS
La mayoría oficialista aprobó el sábado el reglamento de preselección de autoridades judiciales, documento que consta de 26 artículos.
Entre los artículos que se pueden destacar está el 9, de requisitos comunes. Los aspirantes a cargos de magistrados no deben tener sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal pendiente de cumplimiento, no deben tener militancia en alguna organización política al menos cinco años antes del momento de la postulación-
Además, no tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con el presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional, senadoras, senadores, diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
No tener en su contra procesos de violencia intrafamiliar ni procesos penales de acción pública con imputación formal que comprometan la ética y la probidad de la o del postulante.
El artículo 10, sobre requisitos específicos para aspirar al Tribunal Constitucional Plurinacional, se exige que el postulante no deba haber participado de la conformación de gobiernos dictatoriales, no haber patrocinado sistemáticamente a personas que hayan sido condenadas con sentencia ejecutoriada por delitos de narcotráfico, con excepción de los defensores públicos, entre otros aspectos.
EVALUACIÓN
La fase de evaluación tendrá tres etapas: la primera que revisará la parte curricular en un plazo de siete días, la segunda será el examen escrito y tendrá dos días para su realización y la tercera fase será la de la entrevista, tarea que se efectuará durante 15 días. Asimismo, el Reglamento precisa que el puntaje que se otorga al currículo de los postulantes será del 40%, a la prueba escrita del 30% y a la entrevista el restante 30%.
CONVOCATORIA
La convocatoria fue publicada ayer y desde el 2 de mayo los postulantes podrán presentar sus documentos durante 25 días, es decir hasta el 26 del mismo mes.
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