La bancada de Unidad Demócrata (UD) en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) presentó ayer su propuesta de reglamento para la elección de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en la que plantea que los miembros del Órgano Electoral no podrán haber tenido militancia político partidaria, ni haber hecho campañas a favor de alguna organización política en los últimos diez años.
La propuesta de reglamento que contiene 16 artículos plantea que el proceso de elección de vocales se rija bajo los principios de ética, publicidad, transparencia, idoneidad, responsabilidad, igualdad, equidad, capacidad, meritocracia e imparcialidad.
“Vamos a que todas las comisiones trabajen en todas las etapas de selección y elección, incluidas las entrevistas, con carácter público y de puertas abiertas a los medios de comunicación, y en segundo lugar, buscamos ampliar la trayectoria profesional, por lo menos a diez años de experiencia en el campo que corresponda”, señaló el jefe de la bancada de UD en el Senado, Óscar Ortiz.
Entre las condiciones y causales de inelegibilidad, prohibiciones e incompatibilidades, UD plantea que los y las postulantes al TSE no deberían haber realizado activismo político partidario ni haber realizado proselitismo electoral por ninguna organización política, diez años antes de la convocatoria.
Deberán contar con título profesional en provisión nacional con una antigüedad no menor a los diez años ni tener militancia en ninguna organización política, haber sido dirigente o candidato de ninguna organización política en los diez años anteriores a la fecha de la postulación.
UD también propone que las y los postulantes no tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con ninguna funcionaria o funcionario del mismo TSE, con el Presidente y Vicepresidente del Estado Plurinacional, asambleístas legislativas plurinacional, magistrados y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y miembros del Consejo de la Magistratura ni gobernadores o dirigentes nacionales de organizaciones políticas.
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