El jefe de bancada de la opositora Unidad Demócrata (UD) en el Senado, Arturo Murillo, interpuso el lunes una denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) contra el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, por supuesta violación a la prohibición de utilizar bienes, recursos y servicios de instituciones públicas en propaganda electoral en el referéndum del 21 de febrero.
Murillo hace mención en la denuncia que el ministro Quintana habría violado dicha prohibición emitiendo propaganda tanto en actos públicos de campaña como a través de mensajes pagados en medios de comunicación masivos o interactivos, situación que fue corroborada por los audios difundidos la semana pasada en el blog Rimay Pampa, del periodista Andrés Gómez, en los que se le escucha ordenar a los jefes de comunicación de las diferentes reparticiones gubernamentales pagar por visibilidad de la campaña en Facebook.
Murillo alegó en la denuncia: “En ese sentido, haciendo un exégesis a los actos escuchados en el audio por el ministro Juan Ramón Quintana, se evidencia en primer lugar que la reunión no es realizada en su lugar privado, sino en instalaciones del Palacio de Gobierno, es decir se usó este bien inmueble del Estado para planificar y organizar una estrategia meramente política y electoral”.
Según el legislador opositor, si bien no existe constancia fehaciente en el daño económico –aunque se investigara– existe una orden expresa y decisiva para instruir a los ministerios y otras dependencias estatales a utilizar recursos estatales para un fin electoral, incurriendo en una figura penal que se denominada “instigador” según el artículo 22 del Código Penal.
Otro artículo en el que se basa el senador es el 235 de la Constitución, que establece que son obligaciones de las servidoras y los servidores públicos “respetar y proteger los bienes del Estado y abstenerse de utilizarlos para fines electorales y otros ajenos a la función pública”.
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