Cuatro concejales electos de la alianza opositora Único en los municipios de Shinahota y Entre Ríos fueron expulsados de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba entidad que también determinó, mediante un ampliado, quitarles su cato de coca y su terreno por ser “traidores al instrumento político”, es decir al Movimiento Al Socialismo (MAS).
En tanto la alianza Unidad Demócrata (UD) denunció el hecho como acoso y violencia política contra sus representantes.
El vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Leonardo Loza, declaró a radio Fides que los cocaleros que se adhirieron a alianzas opositoras pierden sus derechos en su organización sindical.
“Quiere decir que automáticamente esos compañeros han renunciado al prestarse a ese partido político ya no pertenecer a un sindicato y no pertenecer a un sindicato significa no tener su cato de coca e inclusive no tener su terreno”, declaró.
Los afectados serían dos concejales electos y sus suplentes por el municipio de Entre Ríos y dos más sus suplentes por Shinahota quienes hace dos semanas ya denunciaron las acciones en su contra.
Los cultivos de coca en el Chapare cochabambino son excedentarios pero el Estado sí permite un cato por familia, gracias a un acuerdo que firmó en 2004 el entonces presidente Carlos Mesa con Evo Morales quien era dirigente máximo de las Seis Federaciones del Trópico como hasta ahora.
Uno de los afectados de la sanción, Zenón Escobar, quien postuló para alcalde de Shinahota por el frente opositor Único, afirmó que las sanciones se asumieron el sábado en una reunión de los cocaleros a la cabeza de Morales, quien aún es presidente de la Coordinadora.
El representante cocalero Loza afirmó que respetarán el trabajo de los concejales electos ya que ganaron por el voto de la población pero están del sindicato de cocaleros y aseguró que no es una manera de amedrentarlos ya que ellos deciden de manera orgánica su accionar.
“Si algunos compañeros quieren apartarse del MAS absolutamente tienen el derecho pero no tienen derecho de dividir federaciones, centrales, sindicatos del trópico de Cochabamba”, señaló.
ACOSO POLÍTICO
Al respecto, la jefa de bancada de la alianza Unidad Demócrata (UD), Jimena Costa, afirmó que este es un acto de violencia y acoso político contra candidatos electos y son actos que van en contra del mandato constitucional.
“Ellos están sufriendo acoso político incluso amenazas de muerte de quitarles sus catos o de expulsión de las comunidades por haber osado ser candidatos de otra fórmula que no sea la del MAS”, afirmó.
Añadió que además de estas violaciones los cocaleros del Chapare están cometiendo abiertamente delitos penales “porque no se pueden apropiar de una tierra que es propiedad privada de algunos de los comunarios. Todas las amenazas caen en todo tipo de delitos penales”.
EL CATO ES INDIVIDUAL
Alejandro Almaraz, el exviceministro de Tierras del primer gobierno de Evo Morales, les recordó a las Seis Federaciones del trópico de Cochabamba, que los catos de coca son de propiedad individual, y por muy opositor que sea un cocalero, no puede ser despojado de sus tierras por decisión de un sindicato.
El experto en temas agrarios afirmó a la ANF que los títulos sobre los catos de coca (40 x 40 metros) no tienen carácter colectivo y, por tanto, los sindicatos no pueden determinar el avasallamiento de la propiedad privada, lo cual está penado por ley.
ZONA SIN LEY
Para la diputada Jimena Costa, las determinaciones de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba denotan supuestas pretensiones de que el Chapare se convierta en un territorio sin ley.
“Lo más preocupante es que parece que en la zona del trópico de Cochabamba lo que se está creando es una especie de territorio liberado como las FARC de Colombia donde no rige la ley donde no hay Estado ni Constitución vigente y deciden de manera completamente autoritaria lo que van hacer con los que viven en el territorio conculcándoles sus derechos humanos”, afirmó.
Un cato de coca equivale a 1.600 metros cuadrados de plantación del arbusto, es decir 40 por 40 metros para cada familia.
En 2014, la Organización de Naciones Unidas alertó que el 92 por ciento de la coca producida en El Chapare no pasa por los mercados legales de comercialización.
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