El jefe de la bancada de Unidad Demócrata (UD), senador Arturo Murillo, pidió al presidente Evo Morales que responda al pedido de devolución de tres autos, que el Ministerio de la Presidencia entregó en calidad de donación a la Fundación Abya Yala – Juan Evo Morales Ayma (JEMA), además explique sobre los contratos de las empresas y entidades públicas con el canal de televisión, presuntamente propiedad del jefe de Estado.
“Hemos presentado una carta al presidente Morales, el 24 der agosto, pidiendo devuelva los vehículos porque hay una colusión o tráfico de influencias; no puede él, el principal hombre del Estado, darse autos para su entidad (porque) Abya Yala está a su nombre (según algunos documentos), pero no acaba ahí porque encontramos un contrato de YPFB con Abya Yala TV – Fundación Juan Evo Morales Ayma, representada por Katarina Gumucio, exrepresentante presidencial en Beni; además otro contrato de YPFB con Abya Yala TV – Fundación Juan Evo Morales Ayma (Canal 41) para la difusión de campaña publicitaria y muchos otros”, afirmó.
La Fundación Abya Yala - Juan Evo Morales Ayma (JEMA) suscribió varios contratos con empresas estatales y entidades públicas a nivel nacional y regionales, que según algunos elementos extraídos del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) del Ministerio de Economía y Finanzas del 2013 al 2015, logró ganar 1,6 millones de bolivianos.
El pasado 24 de agosto la carta fue enviada y recepcionada en el Palacio Quemado, donde el Senador Murillo, en el marco del artículo 24 de la Constitución Política del Estado, pidió la nulidad de las tres minutas de donación suscritas entre la Fundación Abya Yala y el Ministerio de Presidencia porque no se adecuan a los objetivos de acción social que persigue la transferencia de mercancías incautadas.
Los hechos de corrupción en el interior del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), de acuerdo con las encuestas y mediciones sociales de transparencia, está causando preocupación en la ciudadanía pero que el actual régimen no emprende acciones concretas para frenar los hechos irregulares como los contratos de publicidad estatal con la Fundación Abya Yala – JEMA, presuntamente propiedad del jefe de Estado.
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