La senadora de Unidad Demócrata (UD), Jeanine Añez, cuestionó la forma en que se asumen acciones en contra del exgobernador de Beni, Ernesto Suárez. Señaló que se trata de un perseguido político, mientras que el senador oficialista, René Joaquino, pidió no victimizarlo.
“La persecución política que sufre el subjefe de los Demócratas es continua porque ahora resulta que no están utilizando Ministerio Público y al Poder Judicial como un sistema de persecución política sino también a la Contraloría”, dijo Añez.
Esta declaración la realizó luego que la Contraloría General del Estado conminara al exprefecto de Beni a un plazo de 10 días para que pague 6 millones de bolivianos que supuestamente habría desembolsado indebidamente en su gestión (2006).
De acuerdo con Añez, el dinero fue depositado hace 10 años a una cuenta fiscal y no a una particular, de ahí que cree que solamente se busca perjudicar al exgobernador.
En criterio del senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), René Joaquino, no se debe victimizar a una persona. “Como ciudadano digo que la persecución política se lo ha utilizado como una muletilla de comunicación para desvirtuar cualquier acusación”.
Señaló que al exgobernador no le encontraron indicios de responsabilidad penal, por tanto, lo que se está haciendo es más administrativo- técnico.
Joaquino también criticó que después de 10 años la Contraloría basó en la Constitución Política del Estado (CPE), siga buscando responsables sobre un hecho concreto.
“Yo fui quien observó un artículo de la CPE que dice que las deudas del Estado no prescriben, eso es lo peor que se ha hecho, tienen que prescribir porque no se puede premiar al Estado su voluntad de hacer auditorias después de 15, 20, 50 años, ¡no!”, declaró.
Entrevistado por un canal de televisión, Suárez exigió que, dentro del proceso que sigue la Contraloría, deba también incluir al ministro de Economía Luis Arce por autorizar, mediante la creación de cuentas fiscales, los desembolsos que la misma Contraloría observó.
La Contraloría acusa al exprefecto de realizar desembolsos sin sustento legal entre los años 2007 a 2009.
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