Ante la inminente aprobación de la Ley de Incentivos en la Cámara de Diputados, el asesor de la Gobernación de Santa Cruz, José Luis Parada, calificó de “confiscatorio”, el proyecto gubernamental y estimó un recorte de $us 200 millones del IDH, que afectará a alcaldías, gobernaciones y universidades en los sectores de salud y educación. Parada, en una entrevista con una emisora local, ayer, expresó que el Gobierno no tiene recursos y que el proyecto de ley “muestra el fracaso de la política hidrocarburífera en manos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)”.
DIPUTADOS
La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, negó que se trate de una confiscación y justificó el proyecto de ley que cursa en el Órgano Legislativo. La presidenta de la Cámara Baja, entrevistada por radio Patria Nueva, señaló que es vital garantizar la producción de hidrocarburos, así como reducir el IDH para las regiones y universidades y municipios.
La representante de dicho poder camaral aseguró que “es un buen negocio para las gobernaciones, ya que invertirán un dólar y recibirán casi 10 a cambio, mientras los municipio por un dólar que aporten su retorno se cuadriplicaría, al igual que las universidades”.
RIESGO
El consultor en energía, Boris Gómez Úzqueda, señaló que el sector de hidrocarburos es un negocio de riesgo, y que si el Gobierno busca incentivar la producción, debería elaborar una nueva ley de hidrocarburos y de electricidad.
Parada, en sus declaraciones, explicó que hace ocho años que el Gobierno confiscó a las gobernaciones el 60 por ciento de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburo (IDH), y a la fecha la suma acumulada bordearía los $us 2.500 millones.
“A las empresas estratégicas que pagaban la renta dignidad, se les quitó el peso y se pasó a las gobernaciones. Las compañías estatales no tenían déficit; esos recursos podrían haber servido para exploración y explotación, y parece que se fueron a áreas que no corresponden”, advirtió.
AUSTERIDAD
Más adelante, cuestionó que el Gobierno, en vez de “confiscar” nuevamente a las gobernaciones y municipios, debería implementar un plan de austeridad. Explicó que de los $us 31.000 millones que señala el Ejecutivo en materia presupuestaria, un 1 por ciento que se destine a esta iniciativa representaría $us 300 millones, más otros $us 350 millones que vendrían del ahorro del subsidio a la importación de diésel, la suma total alcanzaría a $us 650 millones para el fondo.
COMPETENCIAS
El asesor de la Gobernación de Santa Cruz aclaró que la competencia sobre el tema de hidrocarburos es del Gobierno central, y si las universidades acordaron invertir debe ser a cambio de un acuerdo colateral.
ACUERDO
Al respecto, la presidenta de la Cámara Baja dijo que las universidades aceptaron y plantearon varias propuestas, algunas para modificar algunos acápites del proyecto, y otros que autorizan destinar los recursos a otras áreas y no necesariamente en equipamiento.
SALUD Y EDUCACIÓN
Parada reiteró que no se puede obligar a municipios a destinar recursos para el fondo, ya que los dineros son exclusivamente para salud, educación y desarrollo productivo. Lamentó que por los precios del petróleo en el mercado internacional, los ingresos hayan disminuido, no sólo para el Gobierno sino también para las entidades subnacionales y ahora sobre mojado llovido, nuevamente buscan recortar con la aplicación de la ley de incentivos, cuestionó. (EPI)
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