La bancada de Unidad Demócrata (UD) participará en la nueva comisión especial mixta que investigará el proceso de privatización y capitalización en Bolivia, confirmó hoy el senador Arturo Murillo. En tanto, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) aún analiza si será parte o no de la misma.
Murillo lamentó que la investigación de la anterior legislatura sólo haya buscado castigar a Samuel Doria Medina por ser opositor al Gobierno y ahora se le siga un proceso que, a su criterio, no encontrará nada, porque no existen pruebas de actos irregulares durante su gestión como autoridad de Gobierno en los años 90.
"Vamos a participar, hay que ver lo que están haciendo los del MAS, porque las luchas se las pelean adentro, no se las pelean afuera. Vamos a ir viendo, mostrando a la población cómo ellos van maquillando para tratar de perjudicar a los que se han animado a ser oposición en Bolivia", manifestó Murillo a la ANF.
Por su parte, el senador Víctor Hugo Zamora (PDC) dijo que mañana se reunirá con su bancada para definir si participarán o no en la comisión.
A título personal dijo que sí deberían ser parte de esta nueva comisión, para develar los "malos manejos" que realiza el MAS en busca de perjudicar a la oposición. Este viernes se convocó a la segunda sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa para conformar la comisión especial mixta que continuará la investigación del proceso de privatización y capitalización.
La primera comisión fue conformada por la anterior Asamblea, la cual no tuvo la participación de la oposición y concluyó su informe con dos proposiciones acusatorias contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, el empresario Samuel Doria Medina, quien fuera exministro de Planeamiento, y otras 11 exautoridades por el delito de daño económico contra el Estado a consecuencia de la privatización y la capitalización acaecida en los años 90.
La primera proposición acusatoria tiene que ver con la capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), cuya venta se dio a precio de "gallina muerta", según la investigación. Los acusados son Sánchez de Lozada, los exministros Carlos Sanchez Berzaín, Reynaldo Peters Arzabe, Alfonso Revollo, Jaime Villalobos Sanjinés, Gonzalo Afcha de la Parra, Fernando Candía Castillo, José Luis Landivar y Rolando Suarez Montoya.
La segunda es por la aprobación del Decreto Supremo 23632 del 3 de septiembre de 1993, que transfiere recursos estatales a la Fundación para la Producción (Fundapro), entidad privada que se apropió de dineros públicos procedentes de un crédito con el Gobierno de Estados Unidos.
Los acusados son Sánchez de Lozada y los exministros Carlos Sánchez Berzaín, Fernando Illanes de La Riva, Reynaldo Peters Arzabe, Samuel Doria Medina, Arturo Beltrán Caballero y Flavio Escobar Llanos.
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