Unidad Demócrata (UN), a través del senador Óscar Ortiz y la diputada Lourdes Millares, afirmó ayer que los contratos suscritos entre el Estado boliviano y la empresa china CAMC, precisaban del aval de altas autoridades de Gobierno, por lo que no cree que Gabriela Zapata pudo concretar sola esos millonarios acuerdos.
Millares se pregunta ¿De dónde proviene el poder de Gabriela Zapata?, porque dentro de todo el aparato estatal no existe alguien que tenga poder con autoridades como el presidente de YPFB, el gerente de Misicuni, de la empresa azucarera San Buena Aventura, y el Ministerio de Obras públicas. Según la legisladora, existe alguien con mucho poder detrás de Zapata y que ella, seria únicamente la operadora.
En su opinión, lo que debe investigar la Comisión Especial, es qué hechos sucedieron para que Zapata adquiriera tanto poder para concertar esos acuerdos, considerando que la empresa CAMC obtuvo dos contratos antes de existir jurídicamente en el país.
Mencionó que el tema a investigar es si hubo o no tráfico de influencias que involucra al Primer Mandatario, y si no fue él, cree que posiblemente el responsable sea el Ministro de la Presidencia.
Millares sostuvo que la mera revisión de los contratos podría haberla realizado cualquier auditor debido a que los documentos presentados a la Comisión Mixta fueron previamente “saneados”.
“VISIÓN SESGADA”
La legisladora aclaró que al haber dividido a la comisión en 7 grupos, cada uno de estos tendrá una visión sesgada sobre lo que hizo la empresa china sin compartir una idea integral.
Por su parte, el senador Ortiz ve en el oficialismo una actitud obstruccionista de la investigación, pretendiendo echarle toda la culpa a la señora Zapata para proteger a altas autoridades.
El legislador considera que hay riesgo de impunidad como ocurre con el caso Fondo Indígena y las “barcazas chinas”, porque cree que la estrategia del MAS es culpar a dos o tres personas, dejarlas presas y liberar a las autoridades.
Recordó que en caso del Fondioc, hasta ahora no investigan a la ministra del sector, Nemesia Achacollo, y prefirieron enviar a la cárcel a los más débiles; y en el caso de las “barcazas chinas” solo afectaron al gerente de una empresa naviera y un abogado, pero menos al Ministro de Defensa de esa época.
Dijo que no se puede concebir el trabajo de la comisión sin convocar a ministros cabeza de área, presidentes de empresas públicas, gerentes de la empresa china e incluso la señora Zapata para que en una audiencia pública puedan declarar y ser interrogados por los miembros de la oposición.
OFICIALISMO
A su turno, la diputada oficialista Susana Rivero aclaró que existen tres investigaciones paralelas, la de los delitos que desarrolla el Ministerio Publico, la que efectúa la Contraloría General en el marco de sus competencias y la tercera, la comisión que investiga los contratos de la empresa china con el Estado.
También informó que en la primera fase, el día martes, se entregó la documentación para su estudio, y que este jueves se realizarán visitas de campo. Aclaró que se determinó el estudio de un caso a la vez, y también dijo que hoy se verificarán los proyectos con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Acotó que por iniciativa suya se requirió al fiscal un informe para ver si dentro de los elementos a su cargo existieran datos útiles para la investigación de la Comisión.
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