La diputada opositora Fernanda San Martin denunció ayer que el anuncio sobre despidos de funcionarios públicos que habrían votado por el NO originaría una “cacería de brujas”, lo que en su criterio es una decisión errada porque muestra que en el país solo rige un partido único y un único proyecto, donde el resto estaría penalizado.
“Ningún funcionario público está obligado a votar por la opción del partido gobernante”, declaró la diputada al rechazar las amenazas de las organizaciones y del propio Gobierno de hacer una limpieza en la administración público.
La legisladora sostuvo que las autoridades ingresarán en una “cacería de brujas”, porque no lograron ganar en el referéndum y pretenden asumir medidas contra quienes supuestamente serían los culpables de esa derrota.
En tanto, su colega, Gonzalo Barrientos, calificó de “intolerantes” las amenazas de las autoridades y de las organizaciones sociales, porque pretenden forzar a los servidores públicos alinearse a la política partidaria del Movimiento Al Socialismo.
POSiCIONES REVANCHISTAS
“Son posiciones revanchistas y solo demuestran el abuso de poder y la soberbia del Gobierno”, sostuvo Barrientos, para quien las reacciones son un efecto de su derrota en el referéndum.
Ambos coincidieron en que los actos y el trabajo de los servidores públicos se deben al país y no al partido gobernante y que la Constitución garantiza la libertad que tienen los ciudadanos para elegir y decidir en un proceso electoral.
“Los funcionarios no responden a intereses del país sino a intereses del partido de gobierno”, reprochó la legisladora San Martín.
La semana pasada, Morales dijo que los dirigentes de las organizaciones sociales le pidieron que se proceda a “purgar y cernir” a los funcionarios públicos que no estarían comprometidos con el proyecto político del gobierno.
En las últimas horas, el mandatario incluso les dijo que deberían “dejar de trabajar” esas personas que estuvieron de acuerdo con el NO, porque eso representa estar en contra de la agenda 2025.
Durante la campaña, funcionarios, bajo el anonimato, denunciaron las presiones que existían en algunas entidades públicas para salir en movilizaciones a hacer campaña, algunos incluso filtraron audios sobre las presiones y algunas instrucciones para el día de votación, aunque las autoridades negaron que existieran estos extremos.
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