Un convenio firmado por la alcaldesa Soledad Chapetón y las juntas escolares de los 14 Distritos de El Alto, puso fin a las medidas de presión ejercidas por los padres de familia.
Entre sus principales determinaciones, el documento indica que no se permitirá la remoción de obras ejecutadas irregularmente durante la gestión edil de Edgar Patana.
“Se ha decidido ceder en el paro. Los padres de familia han comprendido que las demandas son tantas, que son arrastradas desde hace tres o cuatro años y que nosotros en los cuatro meses de gestión que tenemos estamos agilizando nuestro trabajo”, informó la alcaldesa el martes en conferencia de prensa.
Son 130 obras del Programa Mis Escuelas Dignas, entre aulas, muros perimetrales, baterías de baño y laboratorios, que fueron observadas por iniciar su construcción ilegalmente en la gestión de Patana, sin la licitación pública exigida por las normas nacionales de administración de bienes y servicios ni el contrato de relación entre las empresas constructoras y la comuna alteña.
“En este programa hemos identificado la irresponsabilidad que ha tenido la anterior gestión municipal en el manejo de los proyectos y los recursos económicos de todos los alteños”, aseguró Chapetón.
Explicó que en los seis meses anteriores de su posesión como Alcaldesa, la ejecución de obras destinadas al sector educativo en El Alto fueron concluidas solo en un 15 por ciento; en contrapartida, durante los cuatro meses de su gestión, ese número fue incrementado a 28 por ciento.
De las 130 obras paralizadas por las contrariedades administrativas, Chapetón informó que 43 ya ingresaron en una licitación pública con la que se elegirá a la mejor empresa proponente, que cumpla con las especificaciones técnicas y temporales que demanden cada una de las construcciones.
“Producto de la reunión, de manera conjunta, también hemos llegado a la conclusión que ni los padres de familia, ni el municipio, en esta gestión, son responsables de que estas obras no hayan cumplido con la legalidad que amerita el manejo de la administración pública”, argumentó la máxima autoridad alteña.
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