La aplicación del Observatorio de Seguridad Ciudadana de El Alto podría sufrir una demora debido al retraso en la aprobación del proyecto presentado por el Municipio al Viceministerio de Seguridad Ciudadana.
“Estamos esperando pacientemente que nos remitan la documentación porque nosotros (como Alcaldía) estamos listos para llevar adelante este proyecto. Somos uno de los pocos municipios del país que ha garantizado un presupuesto para consolidar este pilar de nuestro Plan Estratégico de Seguridad Ciudadana”, informó el secretario municipal de Seguridad Ciudadana de El Alto, Dorian Ulloa.
El funcionario explicó que la comuna alteña destinará cerca de medio millón de bolivianos, provenientes de recursos propios, para la adquisición del equipamiento requerido para el adecuado funcionamiento de la dependencia edil encargada de registrar las zonas en que se producen los hechos delictivos y de violencia para emitir informes periódicos que mejoren los controles policiales.
De acuerdo con estimaciones de Ulloa, el centro de monitoreo de El Alto debía iniciar sus operaciones a la brevedad posible debido a los avances durante la ‘V Cumbre de Seguridad Ciudadana’, desarrollada entre el 23 y 24 de julio en Cochabamba, donde la alcaldesa Soledad Chapetón expuso los beneficios del proyecto municipal.
“Según la información que tenemos, el retraso en la aprobación de nuestro proyecto se debe a que (en el Viceministerio) están trabajando para enviarlo a todos los municipios del país, porque se han dado cuenta que esta es una medida fundamental para el equipamiento de la Policía”, aseveró Ulloa.
Anunció que como institución precursora, la Alcaldía de El Alto está predispuesta a colaborar en la réplica de la iniciativa en diferentes localidades del país, sin embargo, por la misma razón, esperan tener la prioridad en la aprobación de la documentación presentada.
Con la puesta en marcha del observatorio, El Alto se convertirá en el primer municipio de Bolivia en luchar contra la delincuencia con el empleo de una instancia que trabaje conforme a las políticas del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, dependiente del Ministerio de Gobierno, y en coordinación con el Comando Regional de la Policía.
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