El exprefecto de Beni y líder opositor de la alianza de Unidad Demócrata (UD) Ernesto Suárez, afirmó que con la realización de la consulta para la aprobación de los estatutos autonómicos de ese departamento no se cometió ningún daño económico al Estado y más bien se generó un ahorro por lo que el juicio en su contra es desde todo punto de vista político, razón por la que espera que la justicia falle a su favor y lo absuelva como pasó con el gobernador electo de Santa Cruz. Rubén Costas.
Desde la vereda del frente, el vicepresidente Álvaro García afirmó que las consultas realizadas pasaron por “encima de la estructura jerárquica constitucional”.
“Nosotros no hicimos ningún daño económico al Estado, nos adelantamos (…) Nosotros no hicimos malversación de fondos. Nosotros lo que hicimos fue un ahorro en el gasto corriente para poder llevar adelante el referéndum para el proceso autonómico”, afirmó Suárez en contacto con EL DIARIO.
El pasado miércoles un juzgado del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz absolvió de culpa a Rubén Costas y a otros 22 exfuncionarios de la extinta Prefectura de Santa Cruz (la actual Gobernación) que fueron procesados por la Contraloría General del Estado que los acusó por malversación de recursos.
En dicha consulta que se realizó en mayo de 2008 se gastaron más de 10 millones de bolivianos. En junio de ese mismo año, en los departamentos de Beni y Pando se llevaron a cabo las mismas consultas por las que el Estado inició procesos judiciales a los entonces prefectos: Ernesto Suárez y Leopoldo Fernández, respectivamente. Ambos piden que la justicia también los absuelva.
Según Suárez, la Prefectura beniana (actual Gobernación) transfirió a la entonces Corte Electoral Departamental (ahora Tribunal) la suma de tres millones doscientos mil bolivianos para la consulta autonómica.
“Normalmente se gastaba más de tres millones y medio de bolivianos o cerca de cuatro millones 250 mil bolivianos que se gastaban en procesos normales de elecciones. En el caso nuestro, cuando llevamos adelante la aprobación de nuestro estatuto fue alrededor de 3 millones doscientos mil o sea un millón menos de lo que se gastaba normalmente en procesos eleccionarios”, explicó Suárez.
Agregó que el “mismo gasto que hicimos en su momento se lo está realizando ahora en otros departamentos que no aprobaron los estatutos”.
El exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, tiene similar criterio y pide a la Justicia que también lo absuelvan del juicio en su contra.
“A nosotros nos corresponde lo mismo, se nos debe absolver de pena y culpa”, afirmó según la página web de El Deber de Santa Cruz.
Fernández enfrenta un proceso judicial que le inició la Contraloría por un supuesto uso indebido de recursos públicos por autorizar el desembolso de más de dos millones de bolivianos a favor de la entonces Corte Electoral Departamental de Pando para que realice la consulta autonómica.
En el caso de la absolución de Rubén Costas el vicepresidente Álvaro García afirmó que rompió la estructura jerárquica constitucional vigente en 2008 al promover una referéndum autonómico departamental sin respetar la autoridad del extinto Congreso Nacional. “Se manejó dinero de manera inconsulta, se hizo una convocatoria rompiendo la estructura de jerarquía que establecía la antigua Constitución”.
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