Tras la detención del asambleísta departamental y jefe de Bancada del MAS en la ALD de Cochabamba, Henry Vásquez, por presuntos actos de corrupción en el Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), la bancada de los Demócratas solicitó que el ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción proporcione información sobre los proyectos que se ejecutaron y se prevén ejecutar en el departamento.
“Hemos hecho ya la invitación a la ministra de Transparencia solicitando su comparecencia, en vista a que ha recibido un informe de la exinterventora, sobre todos los proyectos que se tienen consignados para Cochabamba (…) Lo que queremos saber es cuántos son y qué proyectos tenemos acá, ya que se ha denunciado que varios de ellos, exclusivamente, son proyectos fantasmas”, manifestó Fredy Gonzales, asambleísta por Demócratas.
Mario Orellana, quien también es asambleísta por los Demócratas, aseguró que las investigaciones sobre el Fondioc deben realizarse también a nivel departamental, mediante la Asamblea Legislativa y que todos los miembros del directorio deberían realizar sus declaraciones.
Por su parte, la asambleísta del Movimiento al Socialismo (MAS), Leonilda Zurita indicó que este caso “está en manos de la Justicia Ordinaria”.
“Que se preocupen primero de las anteriores autoridades que tanto han robado (…) hay una comisión que sacará las conclusiones de este caso, no entiendo por qué tanta desesperación de la oposición. Los dirigentes que están involucrados, quizá por no haber hecho un buen informe del proyecto que han recibido, tienen que someterse a la justicia (y ellos) no se están escapando (…) La oposición que convoque a sus anteriores jefes para que vengan a rendir ante la justicia”, indicó Zurita.
El asambleísta Henry Vásquez está acusado por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.
La pesquisa del Fondioc se basó en un informe de la Contraloría General que evidenció que 153 obras financiadas por este fondo estaban inconclusas o nunca fueron ejecutadas, con lo que se causó un daño económico al Estado valuado en 71 millones de bolivianos.
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