La diputada de Unidad Demócrata (UD), Lourdes Millares, sostuvo ayer que los casos de corrupción producidos en el ex Fondo Indígena están aún incomodando al Gobierno, el mismo que ahora lo está utilizando políticamente intentando “lavarse la cara”.
Añadió que se dan casos emblemáticos como el de la exministra Julia Ramos, quien se encuentra detenida, solo con el objetivo de afirmar que la justicia es para todos, lo que en su criterio eso no es cierto.
También mencionó que este caso tal vez sea el hecho de corrupción más grande de la última década y que, además, se convirtió en una gran paradoja, porque estima que quienes hablan de un gran cambio, están ahora inmersos en el pasado neoliberal, lo que fue cuestionado por los actuales gobernantes y el mismo Movimiento Al Socialismo (MAS)
En opinión de la diputada, los movimientos sociales no son el sustento de la gestión masista, sino que sus aliados que forman parte de la distribución en el “cuoteo” de poder en el mismo Órgano Ejecutivo y también en el Legislativo, porque la mayor cantidad de curules están ocupados por miembros de las bartolinas y la confederación de campesinos, tal como lo reconoció recientemente el presidente Evo Morales.
“Entonces, estamos frente a una articulación política en la que si bien los movimientos sociales no son partidos, actúan como tales, cuotean el poder, tienen representación en el órgano judicial con magistrados que responden a estas organizaciones, y por tanto, la corrupción está en el Gobierno y no solo en los movimientos sociales que han cometido malversación de fondos e hicieron uso indebido de bienes del Estado.
En ese marco, dijo que aún se pregunta el porqué aún no se llama a testificar a la exministra Nemesia Achacollo, al ministro de Hacienda, de Planificación y al resto de los titulares de otras carteras de Estado, incluido el Contralor General.
Mencionó que existen documentos de periódicos que hacen mención a la corrupción en el ex Fondioc desde 2011 y 2012, con afirmaciones y denuncias en proyectos iniciados, en “proyectos fantasmas” y en la imposibilidad de continuidad de los mismos.
JOAQUINO
Según el senador de “Alianza Social” que es parte del MAS, René Joaquino, la investigación en el caso del ex Fondo tiene una gran debilidad, pues la Contraloría General aún no determinó responsabilidades en los cuatro ámbitos que señala la ley 1178, es decir Civil, Ejecutiva, Administrativa y Penal.
Explicó que al no establecerse claramente todos estos tipos de responsabilidades y pasar a la justicia penal, todo se ha penalizado.
“Entonces –sostuvo el senador– esto ocasiona retraso en las labores, pues al no presentarse todas las pruebas que el sistema judicial requiere junto a las acciones dilatorias ocasionan lentitud”.
Por ejemplo, señala el senador, si es que se cita a un involucrado, este tendrá primero la posibilidad de presentar sus descargos, los que a su vez tendrá que esperar un informe de parte de la Contraloría para continuar con el proceso.
Informacion de Unidad Nacional, Democratas y los aliados de este gran partido
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Wednesday, January 13, 2016
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