La jefa de bancada de Unidad Demócrata en Diputados, Jimena Costa, presentó ayer una denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) contra el presidente Evo Morales por delitos electorales, pidiendo que se apliquen los artículos 126, parágrafo II y 238 de la Ley del Régimen Electoral relativas a las prohibiciones para servidores públicos y delitos electorales.
Del mismo modo, el senador de UD, Arturo Murillo, presentó, mediante memoriales, dos denuncias a la entidad electoral solicitando que esta instancia se pronuncie, a la brevedad posible, sobre las declaraciones del mandatario y por una nueva vulneración al Reglamento de Propaganda Electoral.
Sin embargo, la diputada Susana Rivero (MAS) manifestó que si bien las leyes y reglamentos están establecidos, “cualquier exceso” puede ser sujeto de ir en consulta al Tribunal Constitucional, por eso el Gobierno interpuso una acción de inconstitucionalidad, para que sea esta instancia la que diga quién interpretó correctamente.
DENUNCIA POR DELITOS
La tarde de ayer, Costa llegó hasta las oficinas del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), dependiente del Órgano Electoral, para presentar una denuncia contra el Jefe de Estado por incumplimiento de los artículos 126 y 238 de la Ley 026.
“Estoy haciendo entrega ante el Tribunal Supremo Electoral de la denuncia para que se abra un proceso sumario contra el ciudadano Evo Morales por cometer delitos electorales cometidos en estos últimos días”, informó Costa.
La legisladora argumentó que Morales violó las normas el pasado 1 de enero, cuando en el municipio de Yacuiba, no sólo desafió al TSE de sancionarlo sino que indujo para que la ciudadanía en el referéndum vote por el SÍ con el objetivo de batir un nuevo récord electoral y alcanzar al 70 por ciento de apoyo electoral.
El parágrafo II del artículo 126 de la Ley 026 señala que cuando se verifique la violación de alguna de las prohibiciones a los servidores públicos el TSE debe remitir antecedentes a la Contraloría General de Estado.
Además, afirmó que Morales en sus intervenciones oficiales en entregas de obras que fueron transmitidos por medios estatales cometió varios delitos electorales por los cuales debiera ser procesado. “Son varios los delitos electorales que se han cometido en esta declaración”, aseguró.
Según Costa, las sanciones por los delitos que hubiera cometido el Presidente son: la pena privativa de libertad por tres o cuatro años o la inhabilitación de la función pública por al menos tres años.
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