El presidente de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena del Senado, Óscar Ortiz, reprochó que la liquidadora del Fondo Indígena, Larisa Fuentes, envió documentación incompleta de las actas notariadas y exigió que remita la información completa.
“Hemos reclamado que cuando nos enviaron las actas oficialmente, no nos enviaron todas las actas, después vimos que aparecían por los medios de comunicación nuevas actas, por lo tanto, hemos pedido a la interventora todas las actas”, declaró el senador.
Ortiz convocó a Fuentes a una petición de informe oral el año pasado, también solicitó información documentada, aunque dejó información, según el legislador no fue completa.
En definitiva Ortiz sostiene que ni la Contraloría General del Estado ni el Ministerio Público tienen la voluntad de realizar una verdadera investigación sobre el caso y que se actúa con criterios parciales para encarar la problemática.
Respecto a la Contraloría dijo que hasta la fecha no se avanzaron en las auditorías, trabajo que ya se debió encarar; mientras que sobre la Fiscalía dijo que de más de 60 miembros de los directorios, apenas cuatro están con detención preventiva.
“No entendemos por qué hasta la fecha no se convocó al conjunto de los directorios, todos tienen responsabilidad”, sostuvo Ortiz, quien desde que asumió la presidencia de la Comisión de Pueblos Indígenas ha realizado seguimiento a este caso.
Asimismo, cuestionó que, por ejemplo, el Ministerio Público tampoco la convoque a la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, porque ella aprobó y decidió sobre las miles de resoluciones de proyectos.
Achacollo era la presidenta del directorio, por sus manos pasaban la mayoría de las decisiones, porque esa instancia de la institución era decisoria. “La ministra no dice la verdad sobre el Fondo Indígena”, insiste.
Ortiz cree que hasta la fecha no se sabe el monto preciso del posible daño al Estado. Un primer informe de la Contraloría sobre 153 proyectos encontró un presunto daño económico de 71 millones de bolivianos; mientras que en el reporte de la liquidadora por otro conjunto de planes se identificó un posible daño económico de 102 millones de bolivianos.
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