La inmediata renuncia del viceministro de Régimen Interior, Marcelo Elío, y del comandante regional de Policía de El Alto, coronel José Peña, anuncios de procesos penales contra estas autoridades y peticiones de informe al ministro de Gobierno, Carlos Romero, son las acciones que ayer anunciaron legisladores de la oposición: Unidad Demócrata (UD) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC), después de la violenta toma e incendio de la Alcaldía alteña, lo que ocasionó la muerte de seis funcionarios municipales.
En tanto, los presidentes de la Cámara de Senadores y de Diputados, Alberto Gonzales y Gabriela Montaño, ambos del Movimiento Al Socialismo (MAS), en conferencia de prensa, pidieron no politizar el tema, pese a que el viceministro Elío escribió en su cuenta de Twitter: “Vuelven los gonistas asesinos del Alto con Unidad Nacional y Sol.bo, que provocaron el incendio de la alcaldía del Alto causando 6 muertes”, afirmaciones que fueron repudiadas por la ciudadanía a través de las redes sociales.
CONDENA Y PROCESOS
El jefe de bancada de UD en el Senado, Arturo Murillo, condenó la actitud pasiva de la Policía Nacional para evitar los saqueos, quema de bienes públicos y muerte de seis personas en la Alcaldía alteña y recordó que no es la primera vez que la institución del orden brilla por su inactividad en hechos violentos, citó como ejemplo el caso Porvenir, el caso Caranavi, el conflicto minero de Huanuni, conflictos que se llevaron vidas humanas y la Policía no actuó de forma efectiva.
En ese marco, Murillo criticó la actitud del Comandante de la Policía de El Alto, quien reconoció en un canal de televisión que sabía que se iban a realizar las marchas de protesta el miércoles pasado. “Él ha dicho que desde las seis de la mañana conocía los movimientos, que ha hablado con dirigentes y que le han prometido que no iban a hacer nada. Ahí está la promesa: seis vidas se han perdido”, enfatizó.
“No podemos permitir ese tipo de policías (…) no tienen que proteger a políticos, tienen que proteger al pueblo y esos policías que no han resguardado a su pueblo deben ir a la cárcel y deben confesar quién les ordenó que no actúen, porque esos también deben ir a prisión”, dijo Murillo.
Asimismo, exigió que el viceministro de Régimen Interior, Marcelo Elío, renuncie o sea destituido de su cargo, por actuar de forma política tras la tragedia que enlutó a la ciudad de El Alto.
“Pedimos al Ministro de Gobierno que lo destituya de inmediato (…) porque ha hecho política y está haciendo política con muertos acusando sin ninguna prueba”, sostuvo.
Esos son los argumentos del jefe de bancada de UD, por lo que anunció el inicio de procesos contra estas dos autoridades. Por eso, dijo: “Formalizo la denuncia en contra de los señores Marcelo Elío Chávez, viceministro de Régimen Interior, y del comandante regional de El Alto, José Peña, por los delitos de incumplimiento de deberes”.
La otra denuncia que presentarán en la Fiscalía es en contra de varias personas vinculadas a la instigación. Entre ellos, “Braulio Rocha, dirigente gremial; Henry Alcón, exsecretario de la comuna alteña igual que Nely Mamani, exdirectora de Asuntos Generacionales y el excandidato a concejal Wilmer Apaza Sarzuri por los delitos de “sedición, conspiración, instigación pública a delinquir, impedir o estorbar en el ejercicio de funciones, destrucción de bienes del Estado y robo”.
Un video muestra claramente el momento en que Wilmer Apaza está al frente de la movilización y luego arengando en plena puerta quemada de la Alcaldía, se ve también fotografías de Mamani y Alcón. Por su parte, en el oficialismo dicen que también el diputado Amilcar Barral estuvo en la zona, quien deslindó responsabilidad y argumentó que estuvo en el sitio para reunirse con el diputado Santamaría, para organizar el control electoral del domingo.
En tanto, el diputado opositor Wilson Santa María aseguró que el ataque a la Alcaldía alteña estaba destinado a eliminar pruebas de corrupción de la gestión del exalcalde Édgar Patana. Relató que los vándalos ingresaron directamente a la Dirección Sumariante, lugar donde están depositados todos los documentos relacionados con procesos judiciales. Con lo cual demostraron que conocían exactamente dónde se encontraba la documentación que secuestraron y quemaron.
Reveló que el jueves los responsables de esa Dirección debían presentar información sobre 120 ítems “fantasmas”, así como proyectos de las denominadas “Escuelas Dignas”, que se construyeron sin convocatoria alguna, sumándose a todo ello los procesos de los 33 vehículos adquiridos en la anterior gestión.
Santa María añadió que los CPU de las computadoras fueron quebrados o quemados y que los delincuentes intentaron robar laptops, pero que los funcionarios municipales impidieron que se cometa esa fechoría.
OFENSA A CHAPETÓN
El ministro de Autonomías, Hugo Siles, en su cuenta de Facebook, ofendió a la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, por las lágrimas que derramó en las varias entrevistas que le hicieron los medios de comunicación, después de la tragedia en la ciudad más joven del país donde se perdieron seis vidas.
El ministro se enfrascó en una discusión con un internauta en su cuenta de Facebook ante los cuestionamientos de por qué se continuaron con los cierres de campaña electoral ante el luto que vivía la ciudad de El Alto por los seis muertos registrados el miércoles.
El debate en su muro empezó cuando uno de sus contactos le dijo en tono crítico: “¿Es correcto bailar luego de la barbarie de El Alto?” Eso se dio en alusión a las fotografías que la autoridad publicó de los actos de cierre de campaña electoral.
MAS PIDE NO POLITIZAR TEMA
Los presidentes de la Cámara de Senadores y Diputados instaron a que los muertos en la Alcaldía de la ciudad de El Alto no sean utilizados con fines políticos. Asimismo, calificaron como irresponsable la anticipación de acusaciones, sin una previa investigación de los hechos las afirmaciones del viceministro de Régimen Interior, Marcelo Elío.
El Concejo Municipal de la ciudad de El Alto declaró ayer “persona no grata” a Marcelo Elío e inició otro proceso penal en su contra por la inacción de la Policía.
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