Monday, November 16, 2015

UD formaliza denuncia ante CIDH contra aprobación de reforma constitucional

El senador por Unidad Demócrata, Óscar Ortiz, informó que el viernes 13 de noviembre se presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA contra el proceso de aprobación de la convocatoria a referéndum de 2016 para la reforma constitucional, para frenar la reelección del presidente y vicepresidente.

"Hemos invocado la protección de la Convención Interamericana de DDHH; hemos demandado que se haga respetar nuestras garantías al debido proceso y defensa; hemos argumentado que no se ha seguido el procedimiento correcto, que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no ha actuado con independencia y tampoco el Tribunal Supremo Electoral (TSE)", señaló Ortiz.

El senador, mediante un comunicado, indicó que se está solicitando que "la CIDH disponga la anulación de todo lo actuado hasta el momento, pero también se requirió medidas cautelares para que no puedan desarrollarse nuevas actuaciones (como el referéndum), hasta que la entidad se pronuncie sobre el fondo de la petición Demócrata".

La denuncia contra el Estado boliviano se la efectuó ante el secretario Ejecutivo de la CODH, Emilio Álvarez Icasa, bajo los argumentos de vulneración del debido proceso y derecho a la defensa que se encuentran en el Pacto de San José de Costa Rica.

Además, la Carta Democrática indica que todos tienen derecho a vivir en un sistema democrático republicano.

"En Bolivia este derecho está en riesgo, pues se viola la independencia y separación de poderes de manera permanente. Además, existe un Tribunal Supremo Electoral (TSE) totalmente parcializado para favorecer al partido gobernante" y pusieron como ejemplo la inhabilitación en marzo de los 228 candidatos de Unidad Demócrata en Beni en las elecciones subnacionales.

Mediante la carta dirigida a la CIHD, los demócratas exigen, entre otras cosas, el respeto por parte del gobierno de Bolivia a los tratados internacionales; que se instruya la nulidad de todo el procedimiento constitucional ilegal; y que se instruya la independencia y separación de poderes respecto a los Órgano Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Tribunal Constitucional.

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