El jefe de bancada de Unidad Demócrata (UD) al interior de la Cámara de Senadores, Óscar Ortiz, manifestó que tras haber recurrido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para demandar la nulidad del proceso de reforma a la Constitución Política del Estado (CPE), que viabiliza otra candidatura más del presidente Evo Morales, ahora resta esperar que el órgano internacional tome las medidas precautorias del caso, etapa que debe ser resuelta “en plazos más cortos”.
El opositor indicó que formalizaron la denuncia en la sede del CIDH, en Washington (EEUU) en contra del Estado boliviano por las violaciones de los derechos protegidos en la Convención, la Carta Democrática Interamericana, por la reforma ilegal de la Constitución Política del Estado que pretenden hacer para garantizar “la permanencia y prolongación” en el poder de Evo Morales.
UD solicitó al ente internacional instruir la nulidad de todo el proceso desarrollado hasta la fecha por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), la Asamblea Legislativa (ALP) y el Órgano Electoral.
“El recurso es contra todo el proceso de reforma constitucional que se ha venido desarrollando para habilitar una nueva reelección del Presidente y Vicepresidente. Argumentamos ante la Comisión en función de que no respetaron nuestro derecho al debido proceso y a la defensa, presentamos una serie de impugnaciones, acciones, recursos y demandas ante el TSE que falló sin respondernos previamente. También presentamos pruebas sobre la actuación del TCP que demuestran la parcialización de estos órganos con el oficialismo del Ejecutivo en Bolivia”, declaró Ortiz.
En ese entendido, explicó que tras la presentación de la demanda la CIDH se acogerá a sus plazos para decidir inicialmente la admisión, y posteriormente, las medidas precautorias que podrían desencadenar en la instrucción de suspender el proceso electoral hasta solucionar las controversias.
“La CIDH tiene unos días para decidir su admisión y evaluar nuestro requerimiento de medidas precautorias, posteriormente si admitiera, tendría que convocar al Ejecutivo nacional y a los representantes de los Órganos del Estado para que puedan ir a responder nuestras objeciones al proceso”, aseveró.
Sostuvo además que se plantearon medidas precautorias, porque ello tiene plazos mucho más reducidos. Añadió que en función de las medidas precautorias, la CIDH podría dictaminar la suspensión de futuras a actuaciones, y que obviamente, aquello debiera parar el proceso de convocatoria al referéndum hasta que se resuelva el fondo de la objeción que se planteó.
Asimismo, auguró el legislador una respuesta en las semanas próximas tomando en cuenta que la solicitud de la tienda opositora advierte al organismo internacional que los comicios se desarrollarán en febrero próximo, por lo que las resoluciones deben emanarse antes de la fecha fijada.
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