Según secretario Vladimir Peña “Reactivación de juicio a Rubén es política y busca inhabilitarlo”

Ante un comunicado de prensa de parte de la Fiscalía General, donde se informa sobre una acusación formal contra Rubén Costas por la compra de 40 camionetas en 2007, Vladimir Peña, secretario de Gobierno de la Gobernación, calificó la reactivación del juicio como política, que solo buscan desgastar la imagen de Rubén Costas e inhabilitarlo para una posible o futura candidatura presidencial, explicando que los plazos judiciales según estipula la Ley, ya concluyeron, siendo acusaciones absolutamente políticas.

Peña reveló que desconocía de la acusación de la Fiscalía, debido a que no se les ha notificado nada oficial al respecto, afirmando de todas maneras que el gobernador y líder de los Demócratas no se irá del país, y que se presentará dónde se lo convoque.

“Si no encontramos la justicia aquí, iremos a los estrados y tribunales internacionales para denunciar todo este atropello”, dijo la autoridad.

Asimismo recordó que semanas atrás se presentó información pública donde detalla los pormenores de la investigación que se le hace al gobernador por la compra de las 40 camionetas, que se hicieron para precautelar la seguridad y salud ante las emergencias y desbordes de los ríos.

Según prensa de la Gobernación, antes Prefectura de Santa Cruz, tuvo un ahorro de 30% de los recursos, es decir 320.400 dólares en la compra de las 40 camionetas. En 2007 una camioneta doble cabina Nissan Frontier tenía un precio comercial de 26.900 $us y fueron adquiridas en 18.890 $us, por liberación impositiva. En el proceso de compra participó las Naciones Unidad dando legalidad y transparencia.

Las leyes bolivianas establecen una duración máxima de los procesos penales de tres años, sin embargo en el presente caso, el gobernador y sus colaboradores llevan más de 6 años procesados, debiendo declararse la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso. En base al peritaje del IDIF el 2013, la denuncia fue rechazada. Estando el proceso archivado, los denunciantes (Gobierno del MAS) después de tres años volvieron a reabrir esta causa.

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz presentó acusación formal en contra del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, por la presunta comisión de los delitos de Malversación, Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica.

El caso data de 2007, cuando Costas era prefecto. Según la acusación, la autoridad cruceña utilizó recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para la compra presuntamente irregular de 40 camionetas.

Según el presupuesto de 2007, el dinero estaba destinado a la seguridad ciudadana, pero Costas usó 6 millones de bolivianos para comprar las camionetas y supuestamente atender emergencias, pero la Fiscalía sostiene que no se usaron para ese fin.