Los pronunciamientos de legisladores opositores en defensa de los perseguidos políticos pierden fuerza porque el Movimiento al Socialismo (MAS) domina todos los órganos del Estado como el Legislativo, Ejecutivo y Judicial, aseguró a EL DIARIO el exprefecto y candidato a Gobernador del Beni Ernesto Suárez Sattori.
Para el líder opositor, la situación de las organizaciones políticas contrarias al oficialismo es crítica.
“Es difícil tener una voz relevante en el Parlamento porque los legisladores pueden fiscalizar y cuestionar la gestión de autoridades estatales, pero (esa voz) no tiene relevancia, ya que el Gobierno tiene copado dos tercios del Legislativo y la justicia a su merced”, afirmó el líder opositor.
Pocos o nulos son los resultados de las denuncias y protestas de los parlamentarios de la oposición, cuando se refieren a supuesta irregularidades del oficialismo que a criterio de Suárez el MAS hace un mal uso de sus dos tercios en el Parlamento anulando cualquier acción a favor de la oposición, que simplemente es minoría. Dominio que se replica en el Órgano Judicial.
“Mientras el Órgano Judicial esté manejado por el Gobierno, y use de mala manera los dos tercios en el Legislativo, vamos a seguir siendo enjuiciados políticamente”, apuntó
JUICIOS POLÍTICOS
Para Suárez, no cabe la menor duda que la intención del Gobierno en procesar a los principales líderes opositores es una actitud política, con el único objetivo de dañar la imagen del oponente y anular alguna posible postulación electoral.
Citó los casos de Samuel Doria Medina de Unidad Nacional (UN), Luis Revilla de Soberanía y Libertad (Sol.bo), Rubén Costas del Partico Demócratas y otros que tienen ya procesos judiciales por supuestos casos de corrupción contra el Estado.
En ese marco, destacó el manejo mediático de estos casos, ya que se utiliza todos los medios para que la sociedad tenga conocimiento de estos supuestos hechos, haciendo visibles las presuntas faltas, lo que daña la imagen de los políticos procesados.
Enmarcó que el Gobierno inició una persecución judicial y política contra personas que tienen construida una imagen nacional, con la finalidad de lograr un sentencia para el presidente Evo Morales sea el único candidato potencial el 2019.
“Con los procesos judiciales a líderes políticos, el Gobierno está iniciando una persecución judicial para que estos personajes a fin de que tengan una “muerte civil”, teniendo como antecedente un sentencia y con ello desprestigiarlos para que Evo Morales quede como la única opción a nivel nacional a ser presidente en 2019”, afirmó.
Suarez puso como ejemplo el caso de la muerte de cinco cooperativistas mineros y el exviceministro Rodolfo Illanes, caso por el que el ministro de Gobierno, Carlos Romero fue interpelado en el Legislativo, donde el “rodillo” parlamentario del MAS aprobó sus acciones en el manejo del caso. “Pero cuando se trata de enjuiciar a opositores la justicia actúa rápido”, señaló.
Los argumentos de la Fiscalía cuando pide la detención preventiva de opositores, tienen que ver con los riesgos procesales como peligro de fuga, obstaculización de la investigación, son usados políticamente para perseguir a líderes políticos. “La justicia está manejada por el Gobierno”, reiteró.
DORIA MEDINA
Para Suárez, el caso de Doria Medina que enfrenta un proceso penal por supuesto uso indebido de bienes del Estado, entre otras acusaciones, no es la excepción, todos los líderes de la oposición están en la misma situación.
El próximo 3 de noviembre, el jefe de UN, Samuel Doria Medina, será sometido a una audiencia cautelar en la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia en Sucre, según información de la magistrada Maritza Suntura.
La Fiscalía pidió la detención preventiva de Doria Medina y otros ex funcionarios de Estado por los casos del Fondo de Capital en Áreas Secundarias (Focas) y por la capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (Enfe).
El caso de Doria Medina no es el único político opositor que enfrenta casos de presuntas irregularidades y corrupción en el país. También están los del líder demócrata Ernesto Suárez, en el Beni; el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas; y el alcalde de La Paz, Luís Revilla, quien encabeza la lista con más procesos.
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