La bancada de Unidad Demócrata (UD) en la Cámara de Senadores ve una “estrategia de encubrimiento” en el informe que brindó la interventora del Fondo Indígena, Lariza Fuentes. El senador y jefe de Bancada opositora, Óscar Ortiz, exigió continuar las investigaciones. Identificó a senadores del Movimiento Al Socialismo (MAS), implicados en las irregularidades.
“Quiero expresar mi entera preocupación por el informe que ha presentado la interventora del Fondo Indígena, claramente hay una actitud que trata, nuevamente, de echar toda la culpa a los de abajo, que trata de proteger y dar impunidad a los miembros del Directorio que son enteramente corresponsables de la mala administración de estos recursos y trata de hacer a un lado a los cuatro ministerios que participaron durante todo el tiempo del Directorio del Fondo Indígena, y por último, que busca mantener, a como dé lugar, en el cargo a la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, (Nemesia) Achacollo”, denostó el legislador.
Ortiz señaló como una de las principales responsables del desvío de casi 200 millones de bolivianos a Achacollo, a tiempo de calificar el informe presentado por Fuentes, como “limitado”, porque el mismo no haría referencia al monto depositado en cuentas personales.
“Este es un informe absolutamente limitado, no dice qué pasó con los cientos de millones de bolivianos que se depositaron en cuentas personales, contraviniendo la ley. Recibieron recursos públicos del Fondo Indígena, los cuales tienen que rendir cuentas y tienen que devolver los recursos al Estado. Se debe procesar a los responsables por haber transferido dinero a cuentas personales cuando eso no está permitido”, enfatizó el senador.
Denunció que desde el Ejecutivo se pretende esconder el monto total del dinero depositado en cuentas personales y la identidad de los beneficiarios. Al respecto, el senador opositor entregó a la prensa una nómina extensa con números de cédula de Identidad (CI) y cuentas bancarias de los presuntos implicados en el caso.
Entre algunos, mencionó a algunos senadores del MAS, además de los dirigentes del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), y una dirigente de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (Cnmciob “BS”), entre otros dirigentes y autoridades masistas a lo largo del territorio nacional.
“Son solo algunos ejemplos. Escuchaba las palabras del presidente (Evo Morales) y no decimos que las organizaciones son las responsables, las responsables son las personas y por qué no se las procesa, por qué no se pide que devuelvan los recursos”, demandó Ortiz.
TRANSFORMACIÓN EN EL FONDIOC
Durante una conferencia de prensa, el presidente Evo Morales anunció que los autores de los malos manejos al interior del Fondo Indígena serán procesados, sin importar si son afines o no al partido oficialista. Anticipó que el gabinete analiza las modificaciones al decreto de creación de esa institución para consolidar su transformación.
“Habrá un equipo, no conozco mucho de temas legales, para que los que hicieron mucho daño al Fondo Indígena sean procesados, caiga quien caiga, eso dijo el Pacto de Unidad”, aseveró el mandatario.
Morales manifestó que el gabinete analiza las modificaciones del decreto de creación de esa entidad para limitar sus atribuciones, exclusivamente, al apoyo de proyectos productivos, y la facilitación de la elección de un nuevo directorio.
“El gabinete, a la cabeza del Vicepresidente sigue debatiendo el decreto supremo (...) esperamos antes de irme a Pando, firmar el decreto, hay que elegir un director del nuevo Fondo Indígena, no podemos tener paralizado”, mencionó.
En la oportunidad, el Presidente desmintió que la intervención y posterior investigación de lo ocurrido en el Fondo Indígena señale como blancos a los disidentes del MAS y a opositores, aseguró que el proceso “no fue parcializado”.
INTERVENTORA
El martes, la interventora del Fondo Indígena, Lariza Fuentes, reveló que se descubrió 30 proyectos “fantasmas” por un monto de 14.514.349,97 bolivianos y advirtió de un daño económico al Estado de 102.253.728 bolivianos, 30 millones más que el daño que denunció la Contraloría en febrero tras una auditoría.
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