La oposición criticó la designación de la exministra de Agua y Medio Ambiente Alexandra Moreira como en diplomática en México, imputada por el desabastecimiento de agua que se generó en La Paz; entretanto el ministro de la Presidencia, René Martínez, afirmó que la autoridad se presentará cuando la justicia lo requiera.
“Llama la atención que se la designe como autoridad en el exterior, hay que ser incapaz para luego terminar premiado, con la actitud cómplice por parte del Gobierno, que sabe que enfrenta una acción penal que no avanza y que la responsabilidad por la crisis de agua en La Paz es de ella”, señaló el diputado de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría.
La declaración jurada que está registrada en el portal digital de la Contraloría General del Estado (CGE), en fecha 25 de agosto del año en curso, establece que trabaja en el Ministerio de Relaciones Exteriores. La exautoridad fue designada como segunda secretaria en la Embajada de Bolivia en México.
DEMANDA
El pasado 8 de noviembre de 2016, la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas) que suministra de agua a La Paz y la ciudad de El Alto y otros municipios aledaños, impuso un plan de racionamiento del servicio debido a la reducción del embalse de Hampaturi.
Alrededor de 120 zonas de ambas urbes fueron afectadas por este racionamiento, el cual generó que los vecinos damnificados protesten contra la mala administración de la empresa y el Ministerio de Agua y Medio Ambiente.
Los vecinos afectados presentaron una demanda penal en contra de los responsables de Epsas, de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (Aaps) y la exministra Alexandra Moreira. En junio, la Fiscalía la imputó formalmente por el delito de incumplimiento de deberes.
DESIGNACIÓN
Sobre este punto, el abogado Ernesto Vásquez manifestó que la designación como representante del Estado boliviano en el exterior no entorpecerá las investigaciones, debido a que no es necesaria su presencia en todos los actuados que realice el Ministerio Público.
A la vez, aseguró que se presentará ante la convocatoria del Ministerio Público para la audiencia de medidas cautelares.
Para el diputado de oposición, el Ministerio Público debió tomar las medidas requeridas para garantizar su presencia en las actuaciones que se desarrollará dentro del proceso, tal es el caso de arraigo que evitaría que salga del país.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, afirmó que estas designaciones son del Órgano Ejecutivo y que no pasan por la Asamblea Legislativa.
“Son decisiones que nos desbordan. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad de decir nada, son decisiones que se toman en el Ejecutivo. Como cualquier ciudadano tenemos nuestras apreciaciones, pero reitero son decisiones del Ejecutivo, que no pasan por el ámbito de la Asamblea”, declaró.
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