El acoso político a esposas de la oposición es un hecho, más aún cuando se ingresa en el terreno de conocer las acciones del Gobierno o que apuntan a liderizar o entrar en la investigación de algunos temas que vinculan a autoridades nacionales.
Las esposas de los opositores sufren acoso político, debido a que saben las acciones del Gobierno, y la actual administración ingresa en el plano de la persecución política, según un análisis de la excandidata a la Gobernación de La Paz por Unidad Nacional (UN), Elizabeth Reyes.
Pero no solo se presenta en el plano legislativo, sino también municipal, como es el caso de una concejala de la Alcaldía de Viacha, que falleció hace un par de semanas, y el Concejo de La Paz se pronunció por el esclarecimiento del deceso.
Reyes señala que el acoso se pronuncia más en el caso de que las esposas apuntan al liderazgo o a la investigación de temas de fondo y coyunturales, como las irregularidades en el ex Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc) y el caso de Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales.
En la actualidad se hace seguimiento de los casos de acoso político a las mujeres, como también se trabaja con organizaciones sociales, en defensa de los derechos de la mujer, señaló la entrevistada.
MUJERES ACOSADAS
En criterio de Reyes, el Gobierno ha demostrado que no tiene límites a la hora que iniciar persecuciones políticas, esto puede evidenciarse con procesos iniciados a Naneth Aponte, esposa del exgobernador del Beni, Ernesto Suárez; Graciela Mendoza, esposa de Eduardo León, exabogado de Gabriela Zapata, quien era pareja del presidente Evo Morales; esposas de los legisladores procesados por el Gobierno en el Comité de Ética del Legislativo; y el caso de Jimena Fortún, hija del opositor fallecido de Acción Demócrata Nacionalista (ADN), Guillermo Fortún.
Aseguró que el Gobierno realiza estas acciones con la finalidad de evitar que prosigan las denuncias en su contra, porque cruza el límite de intimidar a la familia, aspecto que hace con la esposa de Suárez, ya que suman los procesos por legitimación de ganancias ilícitas, cuando se conoce que ambos tienen bienes en común desde que se casaron.
En el caso de Eduardo León, abogado que no solo atendió el caso Zapata, también fue parte querellante en el caso de ex Fondioc, y envió a la cárcel al exalcalde del Movimiento Al Socialismo (MAS) en El Alto Édgar Patana.
Explicó que fue acoso político del Gobierno contra la esposa, debido a que esta se le pidió que deje el caso Zapata, y es así que el jurista terminó cediendo al pedido.
AMEDRENTAMIENTO A FAMILIARES
“Es lamentable (el actuar) del Gobierno, metiéndose con los familiares y, en especial, con las esposas de los líderes políticos. La sociedad boliviana, al enterarse de estas noticias, se siente ofendida, ya que las imágenes muestran a esposas llorando y sufriendo por la situación de sus esposos, que son líderes políticos o abogados querellantes contra el Gobierno”, manifestó.
Reyes consideró que también sufren de acoso político las legisladoras nacionales, departamentales y de municipios, en el que subrayó el caso de la concejala Juana Quispe, caso de violencia política que hasta el momento está quedando en la impunidad.
PARTICIPACIÓN DE LA MUJER
La excandidata a gobernadora resaltó la participación de la mujer en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Asambleas Departamentales y Concejos Municipales, porque en la actualidad se nota la presencia y el rol que desempañan, aportando con ideas y proyectos para el país.
También destacó el trabajo que asumió la alcaldesa del El Alto, Soledad Chapetón, porque gobierna y lleva adelante cambios importantes para la ciudad más joven del país, pese a los amedrentamientos que sufrió con la quema del edificio edil, que dejó como saldo seis funcionarios fallecidos.
COORDINADORA DE LA MUJER
Por su parte, la directora de la Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo, dijo que la institución trabaja en el respeto de los derechos de la mujer, aspecto que involucra al rol de la mujer en la política y los delitos que se cometen sobre ellas.
El trabajo de la institución, en las últimas elecciones subnacionales, llenó de satisfacción a las mujeres, debido a los resultados positivos; la participación de concejalas a nivel nacional, llegó al 53 por ciento y de asambleístas departamentales al 45 por ciento, indicó Mollino.
Sin embargo, lamentó que no suceda lo mismo en el Ejecutivo de los municipios y gobernaciones, ya que solo el ocho por ciento tiene participación la mujer en cargos importantes o de autoridad.
Aseguró que la Coordinadora de la Mujer atendió ocho casos de acoso político, los cuales están quedando en la impunidad, además porque las legisladoras departamentales y municipales prefieren que los casos no sean públicos.
MINISTERIO DE JUSTICIA
La ministra de Justicia, Virginia Velasco, indicó que el Gobierno trabaja en políticas de prevención para que el acoso político no crezca a futuro en el país, y con la finalidad de que la mujer no se sienta sola, cuando se trate de delitos de violencia política y acoso político.
Aseguró que el Ministerio de Justicia hizo seguimiento a los casos de acoso político a alcaldesas y concejalas, aspecto que demuestra que sigue el machismo dentro de la sociedad boliviana, cuya presencia debe ser eliminada.
Consideró un logro importante la promulgación de la Ley 243 de Acoso y Violencia Política, ya que sanciona a las personas que cometen delitos en contra de las mujeres.
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