El senador de Unidad Demócrata, Pablo Klinsky, denunció la existencia de un sobreprecio de Bs 200 millones en la compra de seguros a la empresa Conesa Kieffer & Asociados Corredores de Reaseguros S.A. para aeronaves del Ministerio de Gobierno y el Ministerio de defensa, por lo que exigen a la Contraloría General del Estado realizar un auditoria a la adquisición de estos seguros.
“Estamos solicitando a la Contraloría General del Estado que realice una auditoria por la compra irregular de estos seguros a la empresa Conesa Kieffer & Asociados Corredores de Reaseguros S.A, a la vez una Petición de Informe Escrito a La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS)”, indicó Klinsky.
Por su parte, el senador del Movimiento al Socialismo (MAS), René Joaquino, indicó que en caso de que estas irregularidades sean comprobadas se debe impulsar una investigación por parte de las autoridades competentes de justicia para dar con los responsables y cuantificar el daño económico al Estado.
“En caso de que fuera real lo que corresponde es actuar de manera inmediata a las entidades competentes, el Ministerio Público y los que conozcan este hecho tienen la obligación de hacer la denuncia”, resaltó.
SOBREPRECIO
Según la denuncia, el Transporte Aéreo Boliviano adquirió un seguro en Londres con un monto de $us 795.602, sin embargo el Estado compró una póliza de seguro de la empresa mencionada en la suma de $us 795.602, generando un daño económico de más del 50 por ciento.
Otro caso irregular se presentó en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral contra el Narcotráfico (Uelin), donde adquirió una póliza en $us 21,4 millones, en Londres. Este seguro tiene un costo de $us 8 millones, en consecuencia se registró un sobreprecio de más del 200 por ciento.
Klinsky señaló que esta empresa aseguradora tiene monopolizado el mercado de los seguros en el país, puesto que el 99 por ciento de las pólizas que requiere el Gobierno es adjudicado a la empresa.
DESCONFIANZA
Sobre estas irregularidades Joaquino señaló que estas acciones generan desconfianza, rabia e impotencia en la población, puesto que estos presuntos casos de corrupción no se deben generar en instancias del estado.
“Estos temas generan rabia, impotencia porque se habla de un daño económico al estado de millones de bolivianos. Muchos ciudadanos confían en las autoridades y estas acciones generan desconfianza, rechazo y duda sobre todo las conductas que adoptan algunas autoridades quienes deben ser sancionados”, resaltó el oficialista.
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