Desde ayer, las comisiones de Constitución y de justicia trabajan por tiempo y materia en la apertura de los sobres de los aspirantes para verificar los requisitos de los postulantes.
Esta fase tendrá el plazo de seis días, el séptimo día se publicará la lista de los habilitados para la fase del examen escrito.
A la vez, se tendrá un plazo de cinco días para que las organizaciones sociales, personas y otras instancias puedan impugnar las postulaciones.
En ese punto, parlamentarios de Unidad Demócrata adelantaron que están elaborando una lista que hasta el momento cuenta con alrededor de 250 aspirantes a ser candidatos mismos que serán impugnados, es decir, que objetará su participación por tratarse de exfuncionarios o funcionarios públicos, afines al Movimiento al Socialismo.
En ese marco, el diputado suspendido de UD, Rafael Quispe, comenzó desde el viernes su particular campaña por el voto nulo para demostrar el rechazo de la población a la estrategia del MAS por la toma del poder.
Quispe portó un cartel en el que se ve a Morales de la mano de la justicia, representada en una mujer con rasgos sexualizados.
“Debemos decirle no a esta comedia barata y no al juego sucio del gobierno de Evo Morales”, dijo el legislador.
Dentro de los inscritos figuran algunos nombres que dan razón a las susceptibilidades de la oposición como la exsenadora oficialista Mirtha da Costa o el actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Pastor Mamani, quien se declaró este año “admirador del liderazgo de Evo Morales” y que ahora postula al Tribunal Constitucional.
En este proceso de evaluación que ya comenzó ayer por tiempo y materia, se prevé la participación de dos representantes del Consejo Universitario, luego de la salida de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) que observó la presencia de algunos exfuncionarios estatales que se encargarán de revisar los documentos de los inscritos.
En tanto, el oficialismo argumentó que el proceso fue legal y público, registrado por un notario, ante las distintas observaciones por ejemplo, por la admisión de sobres pasadas las 19.00 horas del viernes que era el tiempo límite de la convocatoria ampliada.
La diputada Susana Rivero señaló, a través de sus cuentas de redes sociales, que el proceso logró superar y “alejar el pesimismo de la oposición”, que creía que no iba a existir convocatoria para los profesionales en derecho.
Sin embargo, desde la oposición se considera el proceso como una estrategia política del oficialismo para “volver a someter a la justicia” y sobre todo, ir al plan mayor que es la habilitación por interpretación constitucional del mandatario Evo Morales a las elecciones de 2019.
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