El senador de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz, cree que entre las autoridades del Gobierno se repite un mismo patrón de conducta en las presuntas irregularidades que se comenten en sus fuentes laborales, que busca implicar solo a mandos medios.
El Asambleísta declaró de esta manera, en referencia al caso que el Ministerio Público investiga, sobre posibles irregularidades en la licitación y adquisición de tres taladros de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a la empresa italiana Drillmec Spa.
“Me preocupa que no se esté incluyendo al conjunto de la cadena de autoridad administrativa que existe en YPFB y que nuevamente se busque repetir ese patrón de conducta donde se busca concentrar toda responsabilidad en algunas personas, detenerlas para que no hagan declaraciones a los medios ni digan su verdad. Y mientras tanto, le siguen dando tiempo, esperando que las cosas se diluyan para que las personas de más alto rango, se puedan librar del proceso correspondiente”, manifestó Ortiz.
De igual manera, detectó que lo que se está haciendo es deja solo dos delitos como incumplimiento de deberes y uso indebido de influencia y sacar del proceso los presuntos delitos de firma de contratos lesivos al estado y conducta antieconómica.
“Hemos sido testigos del caso Zapata cuando hicieron un show con los delitos y sacaron del proceso los delitos que podrían involucrar a otras personas. Con esta acción, pasará que el presunto sobreprecio que en mi forma de ver es evidente, estaría siendo dejado de lado, cuando es el principal problema por el que se hizo la denuncia porque se iban a pagar casi $us 30 millones más a la empresa más cara (Drillmec) que se adjudicó la adquisición”, mencionó el cruceño.
Ortiz cree el presidente de YPFB, Guillermo Achá debe ser incluido en las investigaciones porque ser la autoridad que definió el aumento del precio de los taladros entre la primera y segunda licitación (2015-2016). La Comisión de Fiscales aún no ha definido citarlo.
Mientras tanto, cinco funcionarios de bajo nivel de la petrolera estatal ya se encuentran guardando detención preventiva en las cárceles de Palmasola en Santa Cruz y San Pedro en La Paz.
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