“La Fiscalía no ha podido probar nada”, gritó Quispe al salir de la audiencia cautelar, en la que la Juez Cuarto Anticorrupción, Melina Lima, determinó una fianza de Bs 15 mil para el legislador, además de presentarse a la firma del libro de registro cada semana en la Fiscalía de Distrito de La Paz.
Una grabación con la presunta voz de Quispe fue el detonante del proceso, cuando este conversaba con el concejal de El Alto, Óscar Huanca y un abogado, con quienes se esperaba definir el futuro legal del también edil Edgar Calderón, que había chocado un vehículo oficial a principios de año.
El fiscal Ramiro Jarandilla, dijo a los medios de cobertura, que si bien la juez determinó la liberación del diputado, ellos insistirán en la investigación, pues existe probabilidad de autoría en el caso. “El proceso continúa”, dijo.
Para el diputado de Unida Demócrata – UD, Wilson Santamaría, la sola aprehensión de Quispe vulneró dos artículos de la Constitución Política del Estado – CPE, referidos a la inviolabilidad de los legisladores. Asimismo, señaló que la justicia actuó de forma política al haber mantenido al diputado aymara entre rejas.
Rafael Quispe, antes de ser retenido por orden del Ministerio Público, había anunciado que impugnaría al actual fiscal de Distrito de La Paz, Edwin Blanco, mano derecha del fiscal general, Ramiro Guerrero, que se encuentra en la lista de postulantes al máximo cargo de esa instancia estatal.
“Vamos a impugnar con pruebas, porque es conocido que el fiscal Blanco es un pegamujeres”, citó la anterior semana, en referencia a un caso de violencia contra la mujer que involucró al funcionario en 2017. (VisorBolivia)
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