El sistema judicial de Bolivia responde al poder político y económico, no existe una verdadera investigación y los penales del país se llenan con detenidos preventivos por meses y hasta años, sin tomar en cuenta que con ello también se destruye a las familias, cuestionó el diputado de Unidad Demócrata (UD), Rafael Quispe.
Aseguró que el actual situación que enfrentan los productores de coca de La Asunta no es nueva, el Gobierno hace lo mismo en cada conflicto social que se presenta.
“El tema de La Asunta es un mensaje reiterado de si estas con Evo hay todo, puedes hacer como en el Chapare, producir coca como en Tipnis, áreas protegidas, pozas de maceración. El tema de fondo es que los cocaleros se han desmarcado del Gobierno. No entienden de que el proceso de persecución es el mismo, pasó en el Porvenir con el descabezamiento de Leopoldo Fernández, así pasaron varios hechos como lo del Cidob, Conamaq, hasta llegar a los cooperativistas con el secuestro de Illanes, muertos y descabezados los dirigentes cooperativistas, los demás sumidos al poder”, recordó.
Asimismo, puso de ejemplo el conflicto de Achacachi, donde pobladores pedían la renuncia del Alcalde de ese municipio, llegando a bloquear la carretera La Paz – Copacabana, en agosto de 2017.
“El conflicto de Achacachi terminó con un supuesto secuestro y 17 dirigentes descabezados y encarcelados y el caso de la Universidad Pública de El Alto (Upea), que si no habría la filmación, hubieran también detenidos, porque ya había dicho el Gobierno de que entre ellos se han matado”, lamentó.
Señaló que lo que está pasando en La Asunta, es similar a lo que pasó con los demás problemas que enfrentó el Gobierno de Morales.
“Lo mismo intentan erradicar la coca, no en la zona excedentaria sino en la permitida, y resulta que hay un muerto que no se sabe cómo y los dirigentes adentro, cocaleros caídos y ningún detenido, el mensaje es claro estás con nosotros y tienes todo hasta puedes robar, pero si no estás con nosotros te desarmo”, afirmó.
NO HAY PRESUNCIÓN
DE INOCENCIA
Un criterio similar tiene el psicoterapeuta Andrés Gautier del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y Violencia Estatal (ITEI), quien manifestó que en Bolivia no se sabe investigar y no se respeta la presunción de inocencia que está estipulado en la Constitución Política del Estado (CPE).
Lamentó que producto de ello muchas personas estén recluidas en diferentes penales del país, con detención preventiva, como el caso del líder de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) Franclin Gutiérrez, quien se encuentra recluido en el penal de San Pedro de La Paz, hace 12 días, o los otros cocaleros que corrieron la misma suerte.
Asimismo recordó el caso del médico Jhiery Fernández que fue sentenciado a 20 años de prisión por el delito de violación del bebé Alexander, pese a que el Colegio de Médicos de La Paz, presentara resultados de un informe de ADN que parece demostrar que el infante no fue violado por ninguno de los imputados en el caso.
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