El alcalde del municipio de Achacachi, Edgar Ramos Laura (MAS), tiene la protección y el encubrimiento de las autoridades del Gobierno central que lo protegen para que no se den a conocer los supuestos actos de corrupción que incurrió durante su gestión municipal, según los parlamentarios de la oposición. Los pobladores de esa región movilizados desde hace un mes repudian esta administración por lo que piden su renuncia inmediata.
“Es un conflicto regional que puede solucionarse con la intervención de las entidades nacionales de Gobierno, entendiendo que la dependencia político partidaria del Movimiento al Socialismo podría coadyuvar orgánicamente a que esta autoridad renuncie al cargo o que pida licencia indefinidamente, mientras las investigaciones se desarrollen”, argumentó Wilson Santamaría, diputado de Unidad Demócrata (UD).
En tanto, el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas coincidió con el asambleísta de oposición, al indicar que el Gobierno está encubriendo a aquellos alcaldes del partido oficialista que tiene serias denuncias por presuntos hechos de corrupción.
“El alcalde Ramos debe convencerse que no puede continuar en el poder y su permanencia traerá más conflictos, por otra parte que el Gobierno deje de protegerlo, porque cometió actos de corrupción. El ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, lo reconoció y los vecinos de Achacachi mostraron pruebas contundentes del mal manejo”, enfatizó.
Anteriormente, la autoridad observada, Édgar Ramos, aseguró que no “renunciará a su cargo jamás de los jamases” y anunció que se someterá al proceso revocatorio de su mandato.
LENTA INVESTIGACIÓN
Por su parte, Santamaría cuestionó también el accionar del Ministerio Público al no comenzar con las investigaciones contra Ramos, tomando en cuenta que el pasado 2 de mayo el presidente del Concejo Municipal presentó una querella contra el burgomaestre, por hechos de corrupción.
“Habrá que preguntar al fiscal general, Ramiro Guerrero, y al fiscal de Distrito, Edwin Blanco, por qué no realizaron actuado alguno, pese a tener las denuncias contra el Alcalde”, dijo.
PRESUNTO SECUESTRO
El defensor del Pueblo, David Tezanos, denunció que el dirigente de los ponchos rojos, Modesto Clares, fue secuestrado por los vecinos movilizados y que habría sido golpeado. Esto fue ratificado por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien aseguró que no intervendrá la Policía en la presunta retención.
Sin embargo, horas más tarde, Clares aseguró que no está secuestrado y que permanece en el lugar por voluntad propia. Pidió al Alcalde del municipio que dé un paso al costado para solucionar el conflicto, porque sus hermanos están sufriendo, están dolidos y resentidos.
Los dirigentes de los ponchos rojos se declararon en estado de emergencia, después del supuesto secuestro de Clares y anunciaron asumir medidas legales contra los vecinos de Achacachi y el ex dirigente campesino Felipe Quispe.
PÉSIMO ACCIONAR
Sobre estos acontecimientos, Cárdenas lamentó que el defensor del Pueblo, David Tezanos, haya brindado información errónea y sin verificar el estado del dirigente, que está por voluntad propia con los movilizados, espera que estas acciones no traigan consecuencias por actos violentos.
“Me preocupan las declaraciones torpes de autoridades gubernamentales y del Defensor del Pueblo, cuando sin tener información clara echó más fuego a este conflicto, al denunciar que Modesto Clares estaba secuestrado (…) esto es una mancha más para esta institución que supuestamente debe llevar calma y tranquilidad y no contribuir al nerviosismo de la población”, puntualizó.
Finalmente, aseveró que estos actos demuestran que el rol de esta institución es defender las ambiciones del Gobierno y no resguardar los intereses de la población.
CONTRA ALCALDES
Otro punto que observó la oposición fue la postura del Gobierno central contra los alcaldes de la oposición, como es el caso del alcalde de La Paz, Luis Revilla, líder de Sol.bo, y Soledad Chapetón, alcaldesa de El Alto, militante de Unidad Nacional, quienes de forma constante, a través de sus organizaciones sociales, como las juntas vecinales paralelas y los gremiales. El objetivo de tales organizaciones y sus protestas es pedir la revocatoria de estas autoridades municipales.
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