El gobernador Rubén Costas, acompañado del equipo jurídico de la Gobernación y el secretario de Gobierno, Vladimir Peña, expuso ante la Federación de Profesionales las acciones que encara el ente departamental en defensa de las regalías por Incahuasi. La autoridad explicó los efectos de la resolución 046/18 que anula los límites históricos precisos y oficiales entre Santa Cruz y Chuquisaca, y que encauzó la retención de recursos que le corresponden a la región.
“Hay que respetar las leyes que son históricas. Esta intención de congelarnos los recursos no es un mal que le hacen a Rubén Costas, es contra todos, porque están queriendo conculcar los recursos de las próximas generaciones, porque este megacampo se va convertir en el mayor productor de gas de Bolivia”, puntualizó.
El Gobierno Autónomo Departamental desde septiembre de 2017 dejó de percibir los recursos por las regalías de Incahuasi, que por mes equivale a Bs 33 millones, el 50% de ingresos que recibe la región por la explotación de recursos hidrocarburíferos. Son Bs 132 millones que Santa Cruz dejó de percibir desde enero a la fecha por la retención de regalías.
En tanto, el presidente de la Federación de Profesionales, Marcelo Arrázola, brindó su respaldo a todo el equipo técnico de la Gobernación en todas sus demandas que se hace en defensa de los recursos por Incahuasi, agregando que existe un interés político que afecta a la región. “Pedimos a Yacimiento y al Tribunal Departamental que den una solución a este tema y no perjudicar los proyectos económicos de Santa Cruz, caso contrario iniciaremos acciones en defensa de los interese de nuestro departamento”, expresó.
PIDEN RETRACTACION
Según la Gobernación, durante la semana en los diferentes medios de comunicación se han transmitido diversas opiniones sobre el campo hidrocarburífero, pero ha llamado la atención que la senadora del MAS Adriana Salvatierra haya realizado acusaciones en contra del equipo jurídico de la Gobernación, argumentando insidiosamente que la defensa jurídica en el tema de Incahuasi se resume a un simple memorial, motivo por el cual se habrían suspendido el pago de regalías al Departamento de Santa Cruz.
En tal sentido, la Directora de Asuntos Jurídicos de la Gobernación, Carolina Ortuste, en representación del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, hizo llegar una carta a la Senadora Salvatierra, donde se le solicita pueda rectificarse y retractarse públicamente de sus declaraciones, ya que las mismas no concuerda con todas las acciones que ha desarrollado la Gobernación a defensa del campo Incahuasi.
Junto a la solicitud de retractación se ha hecho llegar toda la documentación impresa y digital a la autoridad nacional para que verifique todo el proceso que viene desarrollando el ente departamental.
Informacion de Unidad Nacional, Democratas y los aliados de este gran partido
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Thursday, March 29, 2018
Wednesday, March 28, 2018
Gobernador de Santa Cruz: “La defensa del mar y de la democracia no son contrarias”
La defensa del mar como política de Estado que demanda a Chile un acceso soberano al Pacífico, así como la defensa de la democracia en el país, no son actividades contrarias, puntualizó el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, tras las críticas del oficialismo por aprovechar su viaje a Europa y no sólo asistir a la defensa de los alegatos en La Haya, Holanda, sino también socializar la defensa del 21F en el Parlamento Europeo.
“No hay contradicciones a la hora de defender las causas de los bolivianos, porque no hay búsquedas de protagonismos ni fisuras. A Europa fuimos con dos propósitos, el primordial fue a La Haya, acompañando todo el proceso marítimo y, el otro, era hacer conocer el irrespeto al referéndum (…), que es un sentimiento de la mayoría de los bolivianos”, señaló.
En la conferencia de prensa que dio ayer en la ciudad de Santa Cruz, la autoridad regional expresó que tiene la conciencia tranquila, porque en el viaje que realizó ha cumplido con lo que le encargó la población.
“Yo me siento muy tranquilo con mi consciencia, me siento satisfecho con la responsabilidad de haber llevado el mandato de la población en su mayoría, porque Bolivia dijo No; lo hicimos con total responsabilidad y no tiene que molestar a nadie, y si les molesta ni modo, por qué vamos a ocultar nuestra libertad en democracia, que es por lo que nos pronunciamos”, indicó.
Asimismo, informó que tuvo la posibilidad de reunirse con distintos organismos de Europa. “Después de La Haya estuvimos en Bruselas, en el Parlamento Europeo, luego en Ginebra con la Comisión de Derechos Humanos, en Madrid en el Congreso de Diputados; y hemos sido muy claros para hacer respetar y hacer valer estas causas y no hay ninguna dicotomía”, aseveró.
Refirió también que antes de retornar a Bolivia logró reunirse con residentes bolivianos, “en Madrid nos reunimos con bolivianos, nos visitaron de Barcelona, Murcia y otros lugares más, fueron un centenar de personas donde cantamos el himno nacional”, contó.
Y, además, señaló que “el 80% de residentes bolivianos en España dijo No a la modificación de la CPE. Casi son 200 mil bolivianos legales; y alrededor de 100 bolivianos nacionalizados, quienes que no dejan de pensar en el país y luchar por su democracia”, destacó.
Rubén Costas tiene un arraigo desde el 2016, por un proceso que le inició la Fiscalía, en razón de una supuesta “adquisición ilegal de 40 camionetas”, la misma derivó en el inicio de un proceso judicial y este ingresó ya a la fase oral del proceso
“ANTIBOLIVIANOS”
No son del agrado del oficialismo las otras actividades que realizaron Costas junto al senador Oscar Ortiz y el alcalde de Cochabamba, José María Leyes.
Por ejemplo, el senador del Movimiento al Socialismo (MAS) Pedro Montes califica como “antibolivianos” a quienes aprovecharon el viaje a La Haya para cumplir una agenda paralela.
“Hay que decir que en la comisión (comitiva oficial) y en las ciudades hay todavía antibolivianos, porque están empezando a manejar de otra forma los viajes, están aprovechando con otra situación y eso está muy mal”, indicó.
En este sentido, Montes expresó que el gobernador de Santa Cruz “debe reflexionar” para que “no vaya por otras cosas, sino que vaya reclamar el derecho al mar, que acompañe a rescatar y darle fuerza a ese cuerpo jurídico”, señaló. Además aclaró que no tenía otras finalidades el viaje, manifestó el parlamentario oficialista.
“No hay contradicciones a la hora de defender las causas de los bolivianos, porque no hay búsquedas de protagonismos ni fisuras. A Europa fuimos con dos propósitos, el primordial fue a La Haya, acompañando todo el proceso marítimo y, el otro, era hacer conocer el irrespeto al referéndum (…), que es un sentimiento de la mayoría de los bolivianos”, señaló.
En la conferencia de prensa que dio ayer en la ciudad de Santa Cruz, la autoridad regional expresó que tiene la conciencia tranquila, porque en el viaje que realizó ha cumplido con lo que le encargó la población.
“Yo me siento muy tranquilo con mi consciencia, me siento satisfecho con la responsabilidad de haber llevado el mandato de la población en su mayoría, porque Bolivia dijo No; lo hicimos con total responsabilidad y no tiene que molestar a nadie, y si les molesta ni modo, por qué vamos a ocultar nuestra libertad en democracia, que es por lo que nos pronunciamos”, indicó.
Asimismo, informó que tuvo la posibilidad de reunirse con distintos organismos de Europa. “Después de La Haya estuvimos en Bruselas, en el Parlamento Europeo, luego en Ginebra con la Comisión de Derechos Humanos, en Madrid en el Congreso de Diputados; y hemos sido muy claros para hacer respetar y hacer valer estas causas y no hay ninguna dicotomía”, aseveró.
Refirió también que antes de retornar a Bolivia logró reunirse con residentes bolivianos, “en Madrid nos reunimos con bolivianos, nos visitaron de Barcelona, Murcia y otros lugares más, fueron un centenar de personas donde cantamos el himno nacional”, contó.
Y, además, señaló que “el 80% de residentes bolivianos en España dijo No a la modificación de la CPE. Casi son 200 mil bolivianos legales; y alrededor de 100 bolivianos nacionalizados, quienes que no dejan de pensar en el país y luchar por su democracia”, destacó.
Rubén Costas tiene un arraigo desde el 2016, por un proceso que le inició la Fiscalía, en razón de una supuesta “adquisición ilegal de 40 camionetas”, la misma derivó en el inicio de un proceso judicial y este ingresó ya a la fase oral del proceso
“ANTIBOLIVIANOS”
No son del agrado del oficialismo las otras actividades que realizaron Costas junto al senador Oscar Ortiz y el alcalde de Cochabamba, José María Leyes.
Por ejemplo, el senador del Movimiento al Socialismo (MAS) Pedro Montes califica como “antibolivianos” a quienes aprovecharon el viaje a La Haya para cumplir una agenda paralela.
“Hay que decir que en la comisión (comitiva oficial) y en las ciudades hay todavía antibolivianos, porque están empezando a manejar de otra forma los viajes, están aprovechando con otra situación y eso está muy mal”, indicó.
En este sentido, Montes expresó que el gobernador de Santa Cruz “debe reflexionar” para que “no vaya por otras cosas, sino que vaya reclamar el derecho al mar, que acompañe a rescatar y darle fuerza a ese cuerpo jurídico”, señaló. Además aclaró que no tenía otras finalidades el viaje, manifestó el parlamentario oficialista.
Cámara de Diputados Todos tienen oficina, menos UD
Son casi dos meses que la bancada de Unidad Demócrata (UD) en la Cámara de Diputados cumple sus funciones a medias en el edificio del Legislativo, ya que la presidenta de dicha instancia, Gabriela Montaño, no dio autorización para que usen ninguna oficina.
“Aún continuamos en estas instalaciones: el pasillo de la Asamblea Legislativa, llevamos 60 días desde el 19 de enero y así permaneceremos mientras dure el golpe parlamentario que sufrimos, pero seguiremos en la resistencia democrática, estamos aquí bajo las gradas”, señaló Barrientos.
Desde el comienzo de la legislatura 2018, UD la representación política opositora más numerosa frente al oficialismo no cuenta con oficinas, hecho que llama la atención porque es la primera vez que parlamentarios elegidos mediante voto democrático son sometidos a este trato.
Según el Reglamento de la Cámara de Diputados, toda agrupación política que supere los tres diputados, debe tener las condiciones mínimas para funcionar, ya que se trata de una representación poblacional de Bolivia.
En ese entendido se le consultó a la autoridad legislativa si no habían considerado acogerse a un proceso judicial u otro aspecto para defender sus derechos; comentó que hace dos semanas la presidente de la Cámara de Diputados hizo una propuesta.
“La Presidenta de la Cámara de Diputados sugirió hace dos semanas atrás, dividir las oficinas y le dijimos que es ilegal porque el reglamento establece que debemos elegirnos de manera democrática y así lo hicimos, por eso le hicimos llegar la nota donde hay mayoría de parlamentarios que apoyan mi jefatura”, informó Barrientos.
Por lo tanto, ese espacio parece que se está acostumbrando a la retina diaria de quien visita la Asamblea Legislativa, porque se observan carteles que expresan frases como “basta de intromisión masista” o “Bolivia no es Venezuela”.
“Aún continuamos en estas instalaciones: el pasillo de la Asamblea Legislativa, llevamos 60 días desde el 19 de enero y así permaneceremos mientras dure el golpe parlamentario que sufrimos, pero seguiremos en la resistencia democrática, estamos aquí bajo las gradas”, señaló Barrientos.
Desde el comienzo de la legislatura 2018, UD la representación política opositora más numerosa frente al oficialismo no cuenta con oficinas, hecho que llama la atención porque es la primera vez que parlamentarios elegidos mediante voto democrático son sometidos a este trato.
Según el Reglamento de la Cámara de Diputados, toda agrupación política que supere los tres diputados, debe tener las condiciones mínimas para funcionar, ya que se trata de una representación poblacional de Bolivia.
En ese entendido se le consultó a la autoridad legislativa si no habían considerado acogerse a un proceso judicial u otro aspecto para defender sus derechos; comentó que hace dos semanas la presidente de la Cámara de Diputados hizo una propuesta.
“La Presidenta de la Cámara de Diputados sugirió hace dos semanas atrás, dividir las oficinas y le dijimos que es ilegal porque el reglamento establece que debemos elegirnos de manera democrática y así lo hicimos, por eso le hicimos llegar la nota donde hay mayoría de parlamentarios que apoyan mi jefatura”, informó Barrientos.
Por lo tanto, ese espacio parece que se está acostumbrando a la retina diaria de quien visita la Asamblea Legislativa, porque se observan carteles que expresan frases como “basta de intromisión masista” o “Bolivia no es Venezuela”.
Tuesday, March 27, 2018
Saturday, March 24, 2018
Cambio de color en la bandera marítima agrava crisis de liderazgo del Presidente
Resulta inexplicable que los redactores de aquella Ley hubieran soslayado el color Azul Mar establecido en el Decreto de 1966 —reconocido y admitido por ellos mismos, contradictoriamente—, para yuxtaponerlo con un color de tonalidad totalmente diferente como es el Azul Marino. Y lo llamativo es la indiferencia de los peritos y legisladores opositores que pasaron por alto estos detalles a la hora de debatir y aprobar la norma…
El entorno “quintanista” que rodea a Evo Morales volvió a tenderle una trampa al Jefe del Estado Plurinacional induciéndole a enfrentarse con sectores de la población que, si bien comulgan fervorosamente con el anhelo nacional de recuperar nuestra cualidad de país marítimo, optaron por mirar de palco la multitudinaria marcha de miles de adherentes del Presidente portando una tela azul de casi 200 kilómetros de longitud sobre la carretera entre Oruro y La Paz.
El “banderazo” de ayer tuvo los ribetes de una movilización épica protagonizada por miles de servidores públicos, estudiantes, militares, conscriptos y comunarios, además de activistas y otros beneficiarios que militan en el Movimiento al Socialismo (MAS). Pero aquel acontecimiento que devino en un exitoso acto de proselitismo electoral, no activó la emoción cívica de quienes no militan en el partido gobernante ni están sometidos a las presiones de la dependencia laboral o contractual en entidades y empresas del Estado.
“Yo voté por el NO en el Reférendum, oponiéndome a la nueva repostulación de Evo Morales” —comenta Carmen Benavidez, profesora jubilada que radica en Cochabamba—, “pero me parecía justo respaldar activamente la política de Evo para volver al mar; y sin embargo me volví a decepcionar cuando se hizo tan notoria la manipulación política de ese ‘banderazo’ que derrochó tanta tela diciéndonos que es la bandera de la reivindicación marítima y no es más que la bandera azul del MAS”.
Si el memorable “banderazo” de este 10 de marzo hubiera enarbolado el color original del Pabellón Naval creado en 1966, el resto del país —que observó con indiferencia ese acto partidario— se habría sumado al movimiento con un sentido de unidad nacional que en este caso no existió y sólo sí, una vez más, esa marcada tendencia a la polarización política y a la creciente y peligrosa odiosidad entre los bolivianos.
El temido objetivo neo-estalinista del Siglo XXI de instaurar en el país un régimen de Partido Único (con una cierta hegemonía narco-mafiosa además), volvió a alejar a Evo Morales de la posibilidad de ejercer un liderazgo democrático recuperando los votos y la simpatía que perdió en los dos 21 de Febrero: en el Referéndum del 2016 y en el Cabildo Ciudadano del 2018. Nadie le habría negado al Presidente añadir más kilómetros de tela a su “banderazo”, si el tono del azul en el color del género hubiera sido el correcto: Azul Mar SI, Azul Marino NO.
Cuando mi colega Walter Chávez me preguntó a fines de la década
pasada qué opinión me merecía la idea del entonces Ministro de la
Presidencia, Juan Ramón Quintana, para obligar a las Fuerzas Armadas
adoptar como lema oficial el grito guevarista de “Patria o Muerte”, le
contesté que me parecía una broma de mal gusto; que más digno para
nuestro Ejército sometido a la CIA cuando se tuvo que capturar y
asesinar al Che, sería adoptar la consigna inmortal del valeroso
guerrillero de la Independencia Tambor Vargas: “Moriremos si somos
sonsos”. A los pocos días de aquella sarcástica conversa con mi colega
peruano, leí la noticia de que el Comando en Jefe de las FF.AA., por
órdenes de su Capitán General, había adoptado oficialmente aquel slogan
“sugerido” por el ahora Embajador en Cuba.
Un lustro después, en septiembre del 2015 —a pocos días de conocerse la resolución del Tribunal de La Haya que había rechazado la impugnación chilena negando competencia de aquella Corte para admitir la demanda boliviana—, una instrucción emanada desde el mismo Ministerio de la Presidencia obligó a modificar el color del Pabellón de la Fuerza Naval Boliviana, usando el azul oscuro y añadiendo en la franja superior izquierda de esa bandera, junto a la tricolor, la wiphala. Surgió así el nuevo emblema denominado Bandera de la Reivindicación Marítima del Estado Plurinacional de Bolivia.
En espera de la decisión anunciada por la Corte de La Haya para el 24
de septiembre del 2015, el presidente Evo Morales izó por primera vez
aquella bandera marítima, cuyo tono azul oscuro, desembozadamente
similar a la bandera proselitista del partido dominante, no guardaba
relación alguna con el Pabellón Naval original creado en 1966 —como
emblema patrio de la naciente Armada Boliviana— por la Junta Militar que
presidía el general Alfredo Ovando Candia, tras la crisis del desvío
del río Lauca perpetrado por la oligarquía chilena en 1962.
Aquella bandera color “azul marino” que suplanta al pabellón color “azul mar” de Ovando, fue finalmente instituída como emblema marítimo oficial mediante una contradictoria Ley promulgada el 27 de marzo del pasado año 2017, y de ese modo el Pabellón Naval terminó fusionándose con la bandera partidaria del régimen.
La política de reivindicación marítima emprendida por el presidente
Morales mediante su revolucionaria iniciativa ante la Corte de La Haya,
es considerada uno de los mayores aciertos del régimen evista. Sin
embargo, el error de modificar el color del emblema naval para favorecer
sectariamente el potenciamiento electoral de su partido, podría echar
por tierra esa estrategia unificadora de la identidad marítima nacional,
aun siendo favorable el cercano fallo de La Haya.
El Presidente transita por una senda que lo va aislando de un país crecientemente no masista; parece resignado a encabezar un proceso de rupturas y confrontaciones para constituir por vías violentas un gobierno prorroguista a ultranza, excluyente y hermético, cercado por un puñado de represores profesionales, ávidos de poder totalitario que no vacilan en transformar las más nobles causas de interés nacional y popular en motivo de chantaje, insulto y persecución. A esa perspectiva sombría que apunta hacia la instauración de un régimen de Partido Único y Total, parece estar contribuyendo cierta sinuosa oposición ultraderechista que reinstaura el racismo en la sociedad boliviana a partir de propalar un odio visceral contra Evo Morales debido a sus recurrentes impertinencias, fruto de malos consejeros y buenos lisonjeros que lo acompañan inamoviblemente buscando eternizar la impunidad de un mal Gobierno.
La Ley 920 que Morales promulgó hace un año para “legalizar” la fusión del Pabellón Naval con la bandera partidaria, podría ser un boomerang contra el propio Evo.
Dicha Ley se basa inicialmente en lo que dispone y estipula el Decreto de Ovando Candia en cuanto a las características fundamentales de la Bandera Naval, incluyendo el color original: azul “mar”. Teóricamente, la única variante consistiría en añadir junto a la tricolor boliviana, en el cuartel superior del campo, la wiphala, símbolo oficial del Estado Plurinacional. Sin embargo, en su mismo tenor, la Ley 920 introduce un artículo que abroga de facto el Decreto 7583, sustituyendo el azul “mar” con un azul “marino”, más oscuro.
Llama la atención que ningún legislador de la oposición, ni ningún especialista del tema marítimo, advirtió de esa anomalía, permitiendo que un nuevo error político y legal se sume a la kilométrica cadena de errores que están llevando al Presidente hacia el debilitamiento de un liderazgo que se torna cada vez menos indígena y mucho menos democrático.
El Decreto 7583 del 13 de abril de 1966 creó el “Pabellón de la
Fuerza Naval Boliviana” como complemento a un decreto anterior dictado
el 8 de enero de ese año cuando la antigua Fuerza Fluvial y Lacustre
(sólo dedicada a controlar ríos y lagos) fue reemplazada por la Fuerza
Naval Boliviana, conocida también como Armada Boliviana, en acto de
reafirmación marítima de las FF.AA. ante la agresión chilena de desviar
el cauce del río Lauca. Dicho Pabellón Naval ya era entonces, por tanto,
un emblema de la Reivindicación Marítima del pueblo boliviano.
El Decreto de Ovando dispone en su artículo único:
Dicha Ley promulgada por el presidente Morales el 27 de marzo del
pasado año, contiene diez artículos y una disposición final. Respecto al
color de la bandera, la norma incurre en una ostensible contradicción
al adoptar el diseño y el tono azul claro (“azul-mar”) del Decreto 7583; y sin embargo más adelante especifica un color más oscuro (“azul marino”)
como si fuese la bandera del MAS. Además, ordena a la Fuerza Naval
Boliviana llevar como emblema de arma el nuevo pabellón con ese color
distinto al originalmente dispuesto en 1966.
En su artículo 4, la Ley 920 mantiene fielmente el color instituido por el Decreto 7583, bajo la siguiente descripción:
Resulta entonces que el nuevo Pabellón Naval lleva exactamente el
mismo color de la bandera proselitista del partido gobernante (azul marino);
y al parecer no por mera casualidad como puede objetivarse en la
contradictoria redacción de la Ley 920, aprobada y sancionada ante la
indiferencia y el silencio cómplice de los mismos legisladores de la
oposición anti-evista.
La nueva bandera es de uso obligatorio en todas las entidades del Estado Plurinacional así como en todas unidades educativas y universidades públicas y privadas, siendo obligatorio izarla “todos los días lunes del mes de marzo de cada año, en el frontis de sus respectivos inmuebles”. También dispone que en todas las efemérides cívicas, “la población civil izará la Bandera de Reivindicación Marítima en sus casas y edificios, siendo extensivo este derecho a los extranjeros que quieran hacerlo”.
Y en su disposición final, la Ley 920 imparte una disposición ya implementada en septiembre del 2015 a iniciativa del entonces Ministro de la Presidencia:
Resulta inexplicable que los autores y redactores de aquella Ley, al tener supuesto conocimiento de la infinidad de tonos registrados en los miles de algoritmos del Código Pantone, hubieran soslayado el color Azul Mar establecido nítidamente en el Decreto de 1966 —reconocido y admitido además por ellos mismos—, para yuxtaponerlo y suplantarlo por un color de tonalidad totalmente diferente como es el Azul Marino.
Pantone es la famosa compañía norteamericana que desarrolló un sistema de identificación y codificación de colores en su más amplia gama y extensa tonalidad, y con más de diez mil nombres por cada color registrado. Su famosa Tabla es utilizada por industrias textileras, fabricantes de pinturas (Monopol en Bolivia, por ejemplo), de productos cosmetológicos como esmaltes de uñas, lápices labiales, etcétera.

Esta trasnacional del color lanzó sus famosas paletas policromáticas en 1963 y varios países incorporaron la codificación Pantone en sus legislaciones, especialmente para las descripciones de los colores de banderas. Desde entonces Pantone fue adoptada como norma internacional en cuestión de coloración de símbolos.
“El Parlamento Escocés ha debatido recientemente definición del color azul de la bandera escocesa como Pantone 300. Asimismo, otros países como Canadá y Corea del Sur indican colores Pantone específicos para la producción de banderas”, explica el experto David Catalán Sainz.
El Decreto 7583 de 1966 emitido durante el gobierno de Ovando se guía por aquella codificación internacional al definir el color del Pabellón Naval de la Armada Boliviana como “Azul Mar” (o “Azul del Mar”) que en la paleta cromática está registrada como Pantone 3015 C.
Si bien bien los artículos 4 y 5 de la Ley 920 reconocen la validez y vigencia del color instituido por el Decreto de Ovando para el Pabellón Naval (Azul Mar = Pantone 3015 C), extrañamente el inciso a) del artículo 6, en la misma Ley, contradice lo estipulado introduciendo —para el mismo pabellón— el Código Pantone 281 C, conocido en español bajo el denominativo de “Azul Marino” (en países como Inglaterra es el “Royal Blue” o en Estados Unidos “Dark Blue”, etcétera).
La diferencia de matices entre el Pantone 3015 C (Azul Mar | #006298) y el Pantone 281 C (Azul Marino | #002868) es abismal. El primero presenta un tono azul suave, casi celeste; mientras el segundo es un azul pesadamente oscuro.

El color Azul Marino suele ser más usado en uniformes escolares y militares. En Bolivia, una mayoría de las unidades educativas exigen ese color para chompas y pantalones de su alumnado. Sustituye al negro tradicional. Puede variar desde un tono azul medianamente oscuro hasta un color negro azulado.
Según informan Maerz & Paul en su “Diccionario del Color”, etimológicamente el Azul Marino, por los marineros, deriva del color usado ampliamente en uniformes de diversas marinas de guerra. Fue usado por los oficiales de la Marina Real Británica desde 1748 y, posteriormente, fue adoptado también por varias armadas del mundo. “Durante el siglo XIX, el color negro tuvo amplio dominio en las indumentarias consideradas serias. Sin embargo, los tintoreros usaron los pigmentos azul de Prusia y añil para lanzar a finales del siglo XIX la moda de telas y vestidos de color azul marino, lo que se convirtió en un fenómeno social. El azul marino ofreció la ventaja de ser tan sobrio como el negro, pero menos duro y sobre todo más barato. Especialmente después de la Primera Guerra Mundial, desplazó al negro en muchas profesiones tales como marinos, militares, gendarmes, policías, bomberos, funcionarios de correos, transportistas, etcétera. Sólo jueces y fiscales mantuvieron su indumentaria negra”.
En cambio el color Azul del Mar, como su nombre indica, simboliza con más exactitud la idea del espacio marítimo como tal. Su suave tono, casi celestial, denota sosiego, esperanza, unidad y armonía. Fue el color perfecto elegido de la paleta Pantone por el gobierno interino del general Alfredo Ovando Candia, cuando la Junta Militar de entonces había dotado a la naciente Armada Boliviana de un hermoso Pabellón Naval, símbolo original de la Reivindicación Marítima del pueblo boliviano. (Como nos recuerda el historiador y diplomático Gustavo Rodríguez Ostria, en su segundo mandato militar, 1969-1970, Ovando Candia nacionalizó la Gulf Oil Company de la mano de su ministro de Minas y Petróleo Marcelo Quiroga Santa Cruz; además de hacer realidad la instalación de la planta metalúrgica de la Empresa Nacional de Fundiciones, ENAF, creada durante su interinado del 66).
Ojalá las buenas conciencias dentro y fuera del Gobierno, y mejor si fuera la del propio Presidente y de los líderes honestos dentro el MAS, pudieran tener la fuerza ética necesaria para exigir la restitución inmediata del original emblema marítimo del país, con su color legal Azul Mar; y que esa bandera unificadora legada por el Gobierno Patriota del general Alfredo Ovando Candia pueda ser dignamente enarbolada en La Haya.
No reparar este error inducido con mala fe por un reducido sector partidocrático y neo-estalinista de la fuerza gobernante, podría causar un daño irreversible a la ya quebrantada unidad nacional.
El entorno “quintanista” que rodea a Evo Morales volvió a tenderle una trampa al Jefe del Estado Plurinacional induciéndole a enfrentarse con sectores de la población que, si bien comulgan fervorosamente con el anhelo nacional de recuperar nuestra cualidad de país marítimo, optaron por mirar de palco la multitudinaria marcha de miles de adherentes del Presidente portando una tela azul de casi 200 kilómetros de longitud sobre la carretera entre Oruro y La Paz.
El “banderazo” de ayer tuvo los ribetes de una movilización épica protagonizada por miles de servidores públicos, estudiantes, militares, conscriptos y comunarios, además de activistas y otros beneficiarios que militan en el Movimiento al Socialismo (MAS). Pero aquel acontecimiento que devino en un exitoso acto de proselitismo electoral, no activó la emoción cívica de quienes no militan en el partido gobernante ni están sometidos a las presiones de la dependencia laboral o contractual en entidades y empresas del Estado.
“Yo voté por el NO en el Reférendum, oponiéndome a la nueva repostulación de Evo Morales” —comenta Carmen Benavidez, profesora jubilada que radica en Cochabamba—, “pero me parecía justo respaldar activamente la política de Evo para volver al mar; y sin embargo me volví a decepcionar cuando se hizo tan notoria la manipulación política de ese ‘banderazo’ que derrochó tanta tela diciéndonos que es la bandera de la reivindicación marítima y no es más que la bandera azul del MAS”.
Si el memorable “banderazo” de este 10 de marzo hubiera enarbolado el color original del Pabellón Naval creado en 1966, el resto del país —que observó con indiferencia ese acto partidario— se habría sumado al movimiento con un sentido de unidad nacional que en este caso no existió y sólo sí, una vez más, esa marcada tendencia a la polarización política y a la creciente y peligrosa odiosidad entre los bolivianos.
El temido objetivo neo-estalinista del Siglo XXI de instaurar en el país un régimen de Partido Único (con una cierta hegemonía narco-mafiosa además), volvió a alejar a Evo Morales de la posibilidad de ejercer un liderazgo democrático recuperando los votos y la simpatía que perdió en los dos 21 de Febrero: en el Referéndum del 2016 y en el Cabildo Ciudadano del 2018. Nadie le habría negado al Presidente añadir más kilómetros de tela a su “banderazo”, si el tono del azul en el color del género hubiera sido el correcto: Azul Mar SI, Azul Marino NO.
Avasallando el sentimiento militar
Desde
septiembre del 2015, incluso antes de aprobarse la Ley 920, la Fuerza
Naval de Bolivia lleva como su emblema oficial de arma la nueva bandera
azul. | Foto archivo
Un lustro después, en septiembre del 2015 —a pocos días de conocerse la resolución del Tribunal de La Haya que había rechazado la impugnación chilena negando competencia de aquella Corte para admitir la demanda boliviana—, una instrucción emanada desde el mismo Ministerio de la Presidencia obligó a modificar el color del Pabellón de la Fuerza Naval Boliviana, usando el azul oscuro y añadiendo en la franja superior izquierda de esa bandera, junto a la tricolor, la wiphala. Surgió así el nuevo emblema denominado Bandera de la Reivindicación Marítima del Estado Plurinacional de Bolivia.
En
octubre de 1969 el presidente Alfredo Ovando Candia nacionalizó la Gulf
Oil Company, por influencia de su ministro Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Tres años antes, siendo Presidente interino durante la Junta Militar que
promovió la candidatura de Barrientos, Ovando fundó la Armada
Boliviana y creó el Pabellón Naval como la primera Bandera de la
Reivindicación Marítima en la historia nacional. | Foto Archivo
Aquella bandera color “azul marino” que suplanta al pabellón color “azul mar” de Ovando, fue finalmente instituída como emblema marítimo oficial mediante una contradictoria Ley promulgada el 27 de marzo del pasado año 2017, y de ese modo el Pabellón Naval terminó fusionándose con la bandera partidaria del régimen.
Evo: crisis de liderazgo y sectarización de la causa marítima
El Presidente durante la campaña para su tercera reelección en 2014. Indumentaria y banderas partidarias “azul marino“. | Foto Archivo
El Presidente transita por una senda que lo va aislando de un país crecientemente no masista; parece resignado a encabezar un proceso de rupturas y confrontaciones para constituir por vías violentas un gobierno prorroguista a ultranza, excluyente y hermético, cercado por un puñado de represores profesionales, ávidos de poder totalitario que no vacilan en transformar las más nobles causas de interés nacional y popular en motivo de chantaje, insulto y persecución. A esa perspectiva sombría que apunta hacia la instauración de un régimen de Partido Único y Total, parece estar contribuyendo cierta sinuosa oposición ultraderechista que reinstaura el racismo en la sociedad boliviana a partir de propalar un odio visceral contra Evo Morales debido a sus recurrentes impertinencias, fruto de malos consejeros y buenos lisonjeros que lo acompañan inamoviblemente buscando eternizar la impunidad de un mal Gobierno.
La Ley 920 que Morales promulgó hace un año para “legalizar” la fusión del Pabellón Naval con la bandera partidaria, podría ser un boomerang contra el propio Evo.
Dicha Ley se basa inicialmente en lo que dispone y estipula el Decreto de Ovando Candia en cuanto a las características fundamentales de la Bandera Naval, incluyendo el color original: azul “mar”. Teóricamente, la única variante consistiría en añadir junto a la tricolor boliviana, en el cuartel superior del campo, la wiphala, símbolo oficial del Estado Plurinacional. Sin embargo, en su mismo tenor, la Ley 920 introduce un artículo que abroga de facto el Decreto 7583, sustituyendo el azul “mar” con un azul “marino”, más oscuro.
Llama la atención que ningún legislador de la oposición, ni ningún especialista del tema marítimo, advirtió de esa anomalía, permitiendo que un nuevo error político y legal se sume a la kilométrica cadena de errores que están llevando al Presidente hacia el debilitamiento de un liderazgo que se torna cada vez menos indígena y mucho menos democrático.
Inexplicable contraposición de dos colores en la Ley 920
El
Pabellón Naval de la Armada Boliviana, creado mediante el Decreto 7583,
el 13 de abril de 1966. Esta norma se halla constitucionalmente vigente
en la actualidad. | Foto Sol de Pando
El Decreto de Ovando dispone en su artículo único:
“Créase el Pabellón de la Fuerza Naval Boliviana, con las siguientes características: Campo, azul-mar;
en el ángulo superior izquierdo la Enseña Nacional con nueve estrellas
que representan a los nueve departamentos del país, al centro, una
estrella de mayor tamaño en representación del Litoral”.
El 21 de marzo del 2017 el Senado Nacional sancionó la Ley 920
creando la Bandera de la Reivindicación Marítima del Estado
Plurinacional. Se mantiene el diseño original del Pabellón Naval de 1966
—pues el Decreto 7583 no fue formalmente derogado ni abrogado—; con el
único añadido en el ángulo superior izquierdo, junto a la tricolor, de
la wiphala que representa al actual proceso de una nueva configuración estatal.
La
Bandera de la Reivindicación Marítima del Estado Plurinacional de
Bolivia, que mediante los artículos 4 y 5 de la Ley 920 actualiza el
Pabellón Naval de 1966 agregando la wiphala y manteniendo la esencia del Decreto 7583, es decir el color Azul Mar. | Foto Sol de Pando
En su artículo 4, la Ley 920 mantiene fielmente el color instituido por el Decreto 7583, bajo la siguiente descripción:
“La Bandera de Reivindicación Marítima del Estado Plurinacional de Bolivia, consta de campo azul mar;
en el cuadrante superior izquierdo la Bandera Tricolor junto a la
Wiphala, con nueve estrellas pequeñas de cinco puntas color dorado
alrededor y en el cuadrante inferior derecho una estrella mediana de
cinco puntas color dorado”.
El artículo 5 referido a la simbología de los colores, vuelve a
ratificar el color semi-celeste instituido en el Decreto de Ovando para
el Pabellón Naval:
“a) Azul Mar. El campo azul mar representa la zona marítima del Océano Pacífico.
b) Bandera Tricolor. Sus colores
representan a los héroes del nacimiento, preservación y consolidación
del Estado, las riquezas minerales del subsuelo, la riqueza de la
naturaleza y la esperanza de Bolivia.
c) Wiphala. Identifica el sistema
comunitario basado en la equidad, la igualdad, la armonía, la
solidaridad y la reciprocidad de Bolivia.
d) Estrellas Doradas. Representan los Departamentos de Bolivia y al histórico Departamento del Litoral Boliviano”.
Sin embargo, en el artículo 6 referido los colores que componen el
nuevo emblema, el color principal es inexplicablemente modificado con un
tono más oscuro:
“Los colores de la Bandera de Reivindicación Marítima, son los siguientes de acuerdo al Código Pantone:
a) Campo Azul Marino, código pantone 281 C.
b) Bandera Tricolor, los señalados en norma específica.
c) Bandera Wiphala, los señalados en norma específica.
d) Estrellas Doradas, código pantone 612 C.”
Inexplicablemente,
el artículo 6 de la Ley 920 promulgado el 27 de marzo de 2017 se
contradice con los artículos 4 y 5 de la misma norma, al adoptar el Azul Marino como color oficial de la Bandera de la Reivindicación Marítima del Estado Plurinacional. | Foto Sol de Pando
La nueva bandera es de uso obligatorio en todas las entidades del Estado Plurinacional así como en todas unidades educativas y universidades públicas y privadas, siendo obligatorio izarla “todos los días lunes del mes de marzo de cada año, en el frontis de sus respectivos inmuebles”. También dispone que en todas las efemérides cívicas, “la población civil izará la Bandera de Reivindicación Marítima en sus casas y edificios, siendo extensivo este derecho a los extranjeros que quieran hacerlo”.
Y en su disposición final, la Ley 920 imparte una disposición ya implementada en septiembre del 2015 a iniciativa del entonces Ministro de la Presidencia:
“Se establece la Bandera de
Reivindicación Marítima del Estado Plurinacional de Bolivia, como
Pabellón Oficial de la Armada Boliviana”.
Que los “operadores” legislativos del “quintanismo” habrían sido
quienes incurrieron en esa suplantación del original color marítimo de
Bolivia, en consonancia con la férrea “voluntad política” del
Estalinismo del Siglo XXI, es comprensible en cierto punto, si damos por
admisibles las enseñanzas de Maquiavelo. Lo llamativo es la
indiferencia y el silencio de los peritos y legisladores opositores que
pasaron por alto estos detalles a la hora de debatir y aprobar la
norma.Azul Mar y Azul Marino en el Código Pantone
En su artículo 3, la misma Ley 920 define el Código Pantone como “el nombre de la guía de colores mediante la cual se norma e identifica internacionalmente, la determinación del tono. Para la producción textil y otros medios de reproducción, los colores de la Bandera de Reivindicación Marítima se seleccionarán manteniendo un criterio de aproximación a los tonos señalados en la presente Ley”.Resulta inexplicable que los autores y redactores de aquella Ley, al tener supuesto conocimiento de la infinidad de tonos registrados en los miles de algoritmos del Código Pantone, hubieran soslayado el color Azul Mar establecido nítidamente en el Decreto de 1966 —reconocido y admitido además por ellos mismos—, para yuxtaponerlo y suplantarlo por un color de tonalidad totalmente diferente como es el Azul Marino.
Pantone es la famosa compañía norteamericana que desarrolló un sistema de identificación y codificación de colores en su más amplia gama y extensa tonalidad, y con más de diez mil nombres por cada color registrado. Su famosa Tabla es utilizada por industrias textileras, fabricantes de pinturas (Monopol en Bolivia, por ejemplo), de productos cosmetológicos como esmaltes de uñas, lápices labiales, etcétera.
Esta trasnacional del color lanzó sus famosas paletas policromáticas en 1963 y varios países incorporaron la codificación Pantone en sus legislaciones, especialmente para las descripciones de los colores de banderas. Desde entonces Pantone fue adoptada como norma internacional en cuestión de coloración de símbolos.
“El Parlamento Escocés ha debatido recientemente definición del color azul de la bandera escocesa como Pantone 300. Asimismo, otros países como Canadá y Corea del Sur indican colores Pantone específicos para la producción de banderas”, explica el experto David Catalán Sainz.
El Decreto 7583 de 1966 emitido durante el gobierno de Ovando se guía por aquella codificación internacional al definir el color del Pabellón Naval de la Armada Boliviana como “Azul Mar” (o “Azul del Mar”) que en la paleta cromática está registrada como Pantone 3015 C.
Si bien bien los artículos 4 y 5 de la Ley 920 reconocen la validez y vigencia del color instituido por el Decreto de Ovando para el Pabellón Naval (Azul Mar = Pantone 3015 C), extrañamente el inciso a) del artículo 6, en la misma Ley, contradice lo estipulado introduciendo —para el mismo pabellón— el Código Pantone 281 C, conocido en español bajo el denominativo de “Azul Marino” (en países como Inglaterra es el “Royal Blue” o en Estados Unidos “Dark Blue”, etcétera).
La diferencia de matices entre el Pantone 3015 C (Azul Mar | #006298) y el Pantone 281 C (Azul Marino | #002868) es abismal. El primero presenta un tono azul suave, casi celeste; mientras el segundo es un azul pesadamente oscuro.
El color Azul Marino suele ser más usado en uniformes escolares y militares. En Bolivia, una mayoría de las unidades educativas exigen ese color para chompas y pantalones de su alumnado. Sustituye al negro tradicional. Puede variar desde un tono azul medianamente oscuro hasta un color negro azulado.
Según informan Maerz & Paul en su “Diccionario del Color”, etimológicamente el Azul Marino, por los marineros, deriva del color usado ampliamente en uniformes de diversas marinas de guerra. Fue usado por los oficiales de la Marina Real Británica desde 1748 y, posteriormente, fue adoptado también por varias armadas del mundo. “Durante el siglo XIX, el color negro tuvo amplio dominio en las indumentarias consideradas serias. Sin embargo, los tintoreros usaron los pigmentos azul de Prusia y añil para lanzar a finales del siglo XIX la moda de telas y vestidos de color azul marino, lo que se convirtió en un fenómeno social. El azul marino ofreció la ventaja de ser tan sobrio como el negro, pero menos duro y sobre todo más barato. Especialmente después de la Primera Guerra Mundial, desplazó al negro en muchas profesiones tales como marinos, militares, gendarmes, policías, bomberos, funcionarios de correos, transportistas, etcétera. Sólo jueces y fiscales mantuvieron su indumentaria negra”.
En cambio el color Azul del Mar, como su nombre indica, simboliza con más exactitud la idea del espacio marítimo como tal. Su suave tono, casi celestial, denota sosiego, esperanza, unidad y armonía. Fue el color perfecto elegido de la paleta Pantone por el gobierno interino del general Alfredo Ovando Candia, cuando la Junta Militar de entonces había dotado a la naciente Armada Boliviana de un hermoso Pabellón Naval, símbolo original de la Reivindicación Marítima del pueblo boliviano. (Como nos recuerda el historiador y diplomático Gustavo Rodríguez Ostria, en su segundo mandato militar, 1969-1970, Ovando Candia nacionalizó la Gulf Oil Company de la mano de su ministro de Minas y Petróleo Marcelo Quiroga Santa Cruz; además de hacer realidad la instalación de la planta metalúrgica de la Empresa Nacional de Fundiciones, ENAF, creada durante su interinado del 66).
Ojalá las buenas conciencias dentro y fuera del Gobierno, y mejor si fuera la del propio Presidente y de los líderes honestos dentro el MAS, pudieran tener la fuerza ética necesaria para exigir la restitución inmediata del original emblema marítimo del país, con su color legal Azul Mar; y que esa bandera unificadora legada por el Gobierno Patriota del general Alfredo Ovando Candia pueda ser dignamente enarbolada en La Haya.
No reparar este error inducido con mala fe por un reducido sector partidocrático y neo-estalinista de la fuerza gobernante, podría causar un daño irreversible a la ya quebrantada unidad nacional.
Tuesday, March 20, 2018
Personas con discapacidad Equipos móviles cumplen con pago de bono
Dos equipos móviles cumplieron con el pago a domicilio del bono a las personas con discapacidad muy grave, informó el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto.
Janeth Apaza, responsable del Pago del Bono Municipal, indicó que se llega atender a alrededor de 120 personas al día, incluidos los pagos por equipo móvil.
“La Alcaldesa ha visto que es una población bastante vulnerable, por eso ha previsto que se haga la cancelación mediante el equipo móvil a las personas con discapacidad muy grave, a partir del 75% de gravedad para arriba”, afirmó Apaza, al referirse a la necesidad de hacer el pago a estas personas que no tienen los recursos necesarios para trasladarse al lugar de cobro.
Horario continuo
El bono es mensual, sin embargo, depende de la decisión de la persona si quiere hacer el cobro de manera bimensual, trimestral o en un solo pago antes del 20 de diciembre.
Se tiene previsto que se realice la cancelación en los primeros quince días hábiles del mes, mientras que en cuanto a tiempos de atención sostuvo que es en horario corrido desde las 09.00 de la mañana hasta las 16.00.
“La cantidad de personas con discapacidad muy grave fue facilitada por la plataforma “Eustaquio -Moto- Méndez” donde se identificó cuantas personas tienen discapacidad muy grave”, manifestó.
En cuanto a los requisitos, indicó que se requiere el certificado de nacimiento original del hijo, cédula de identidad original, carnet de discapacidad original y el carnet de identidad del padre para que se pueda hacer la verificación de familiaridad. Los documentos deben estar vigentes.
Programación
Destacó que el equipo móvil no sólo realiza el pago del bono sino también brinda un apoyo médico.
“La trabajadora social es la que realiza un cronograma, previa verificación, quien se comunica con la familia o el beneficiario y le indica que debido a la dificultad que ellos tienen y la distancia para trasladarse hasta el punto fijo y único de cancelación, se le explica que puede tener el servicio (equipo móvil) donde se le pide la documentación al día. Posteriormente, se le hace la visita donde no solo se hace el pago del bono municipal, sino también es visitada por un especialista en fisioterapia - kinesiología, la enfermera que hace la respectiva curación si es que la persona lo necesita”, recalcó.
Verificación
Mientras los beneficiarios que acuden a las oficinas de Ciudad Satélite tienen el primer contacto con el stand de informaciones donde se realiza la depuración de la documentación.
El segundo paso es el área legal, para la verificación de la legitimidad de los documentos presentados. En el caso de que fuera menor de edad se aplica un tercer paso para proceder a subir la información del certificado de nacimiento y la fotografía del padre a la plataforma, después de estar habilitados por el área legal y sistemas pasan a cajas para hacer el respectivo cobro de los 250 bolivianos. (AMI)
Janeth Apaza, responsable del Pago del Bono Municipal, indicó que se llega atender a alrededor de 120 personas al día, incluidos los pagos por equipo móvil.
“La Alcaldesa ha visto que es una población bastante vulnerable, por eso ha previsto que se haga la cancelación mediante el equipo móvil a las personas con discapacidad muy grave, a partir del 75% de gravedad para arriba”, afirmó Apaza, al referirse a la necesidad de hacer el pago a estas personas que no tienen los recursos necesarios para trasladarse al lugar de cobro.
Horario continuo
El bono es mensual, sin embargo, depende de la decisión de la persona si quiere hacer el cobro de manera bimensual, trimestral o en un solo pago antes del 20 de diciembre.
Se tiene previsto que se realice la cancelación en los primeros quince días hábiles del mes, mientras que en cuanto a tiempos de atención sostuvo que es en horario corrido desde las 09.00 de la mañana hasta las 16.00.
“La cantidad de personas con discapacidad muy grave fue facilitada por la plataforma “Eustaquio -Moto- Méndez” donde se identificó cuantas personas tienen discapacidad muy grave”, manifestó.
En cuanto a los requisitos, indicó que se requiere el certificado de nacimiento original del hijo, cédula de identidad original, carnet de discapacidad original y el carnet de identidad del padre para que se pueda hacer la verificación de familiaridad. Los documentos deben estar vigentes.
Programación
Destacó que el equipo móvil no sólo realiza el pago del bono sino también brinda un apoyo médico.
“La trabajadora social es la que realiza un cronograma, previa verificación, quien se comunica con la familia o el beneficiario y le indica que debido a la dificultad que ellos tienen y la distancia para trasladarse hasta el punto fijo y único de cancelación, se le explica que puede tener el servicio (equipo móvil) donde se le pide la documentación al día. Posteriormente, se le hace la visita donde no solo se hace el pago del bono municipal, sino también es visitada por un especialista en fisioterapia - kinesiología, la enfermera que hace la respectiva curación si es que la persona lo necesita”, recalcó.
Verificación
Mientras los beneficiarios que acuden a las oficinas de Ciudad Satélite tienen el primer contacto con el stand de informaciones donde se realiza la depuración de la documentación.
El segundo paso es el área legal, para la verificación de la legitimidad de los documentos presentados. En el caso de que fuera menor de edad se aplica un tercer paso para proceder a subir la información del certificado de nacimiento y la fotografía del padre a la plataforma, después de estar habilitados por el área legal y sistemas pasan a cajas para hacer el respectivo cobro de los 250 bolivianos. (AMI)
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