El senador Oscar Ortiz y Vladimir Peña del Movimiento Demócrata Social (MDS) se reunieron ayer con el comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco Eguiguren, para pedir que se resuelva la solicitud de medida cautelar en relación a dejar en suspenso la sentencia del Tribunal Constitucional.
“Demócratas se reunió en Colombia con Francisco Eguiguren -comisionado relator para Bolivia de la CIDH- exponiendo las peticiones realizadas y la necesidad de resolver con urgencia la solicitud de medida cautelar que pide la suspensión de la sentencia del TCP que desconoce el #21F”, escribió el jefe del MDS, Rubén Costas.
El pasado 19 de febrero solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “medidas cautelares” para que deje en suspenso la ejecución de la sentencia 0084/2017 del Tribunal Constitucional que da vía libre a la reelección indefinida.
“Estamos requiriendo a la CIDH se disponga mediante medidas cautelares para la suspensión de la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que permite la reelección indefinida en Bolivia”, declaró Ortiz en esa oportunidad.
Dijo que la decisión fue asumida ante la grave situación de desconocimiento de la Constitución Política del Estado y la posible “ruptura del orden constitucional”, porque el Gobierno y el MAS pretenden hacer prevalecer una candidatura al margen de la Carta Magna.
Una delegación de Demócratas participa en el 167 Periodo de Sesiones de la CIDH que se realiza en Bogotá, Colombia, oportunidad en la que sostuvieron una reunión bilateral de trabajo con Eguiguren, Relator para Bolivia, a quien expusieron los antecedentes de las peticiones que han presentado con relación al fallo del TCP que habilita la reelección presidencial indefinida en Bolivia, así como con relación a la vulneración de los derechos humanos de los principales líderes de la oposición en el país.
Asimismo, se le solicitó al comisionado atender con urgencia la medida cautelar presentada por el gobernador Rubén Costas a nombre de los demócratas en la que se pide la suspensión de la sentencia constitucional 084/2017 del TCP que desconoce el resultado del referendo del 21F.
Los dirigentes demócratas han basado su intervención en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos que garantiza a todos los ciudadanos la participación en los asuntos públicos.
Tuesday, February 27, 2018
Senador de UD Indígenas abandonados por el Gobierno
La presencia de indígenas que piden limosna en las calles de la ciudad de La Paz es el reflejo del incremento de extrema pobreza en Bolivia y también que el Gobierno prioriza una agenda política y no la atención de necesidades urgentes como son educación, salud y empleo, según observan parlamentarios de Unidad Demócrata a propósito de la situación de indígenas de la nación Sirionó Ibiato.
Asimismo, se pidió un informe al gobernador del Beni, Alex Ferrier, al respecto.
“Lamentamos mucho la situación en la que se encuentran las comunidades indígenas y campesinas, y población en general, en nuestro país; están abandonadas por el Gobierno porque ha priorizado una agenda política, no le preocupa la salud, educación y el empleo de los bolivianos”, manifestó Yerko Nuñez, senador opositor.
Las declaraciones de la autoridad legislativa se enmarcan en los problemas que están atravesando las familias de la comunidad indígena, Sirionó Ibiato, que se trasladaron a la ciudad de La Paz, buscando aportes de los paceños para que puedan alimentar a los niños, prioritariamente, en vista que quedaron indefensos por las inundaciones de sus viviendas.
“Esto es una muestra clara que las comunidades han tenido que trasladarse a La Paz porque están abandonadas por este gobierno, que utiliza a los pobres y a las comunidades indígenas como discursos, pero que en la práctica su realidad es la que están viviendo”, protestó Nuñez.
Ante estas contingencias y problemas por los que está pasando la comunidad Ibiato Sirionó, recordó que el año 2014, el Gobierno anunció el “Plan patujú” tras las inundaciones en el Beni. “Esta es la muestra clara, no sabemos a dónde fue a dar la inversión”, observó Nuñez.
Pero aclaró que no sólo es el pueblo Ibiato Sirionó está en problemas, lo mismo sucede con los otros pueblos indígenas de Beni que no tienen ningún tipo de ayuda del Gobierno departamental ni municipal y menos nacional.
Al ser consultado si su bancada como representante de departamento beniano tendría que tomar alguna medida para poder ayudar a los damnificados que están deambulando por las calles paceñas, se limitó a decir que como minoría a lo mucho podrían solicitar son peticiones de informes. No mencionó la intención de impulsar una campaña para ayudar a los indígenas de su departamento.
El único dato es que el 23 de enero UD solicitó un informe escrito al gobernador del Departamento Autónomo del Beni, Alex Ferrier, sobre el plan de contingencia que debería tener para tender a los damnificados por las inundaciones en esa región, pero que hasta el momento no respondió.
EL DIARIO fue hasta las oficinas de Gestión Social, dependiente del Ministerio de la Presidencia a buscar información al respecto, sin embargo, vanos fueron los resultados. Se insistió por teléfono a la directora de la entidad, Virginia Velasco, quien en primera instancia dijo que se atendió a esa comunidad pero sin brindar datos precisos.
Por otro lado, pudimos entrevistar a Gonzalo Vargas, Director General de Organización Territorial del Viceministerio de Autonomías, quien no informó que las competencias en cada nivel territorial responde a cada nivel de gobierno, pero en caso de contingencia debe haber competencias concurrentes, es decir una coordinación entre gobierno local y gobierno central.
“Cuando suceden este tipo de contingencias, son competencias concurrentes con el nivel central, es decir, que debe coordinar el gobierno municipal con el gobierno central, pero parece que de parte del Ministerio de Defensa ya asistieron con ayuda, en el mismo municipio”, aseveró Vargas.
En esa explicación, describió que dentro del diálogo del pacto fiscal se está contemplando los casos de municipios con escaso presupuesto y que son propensos a correr este tipo de riegos y desastres naturales.
“Los pueblos indígenas son municipios chicos y no tienen muchos recursos, porque reciben sus recursos de acuerdo a su población, se está intentado con esto del diálogo pacto fiscal tener otros criterios, parte del número de población, el índice de pobreza para que los municipios chicos puedan tener mejor presupuesto”, explicó Gonzalo Vargas.
Asimismo, se pidió un informe al gobernador del Beni, Alex Ferrier, al respecto.
“Lamentamos mucho la situación en la que se encuentran las comunidades indígenas y campesinas, y población en general, en nuestro país; están abandonadas por el Gobierno porque ha priorizado una agenda política, no le preocupa la salud, educación y el empleo de los bolivianos”, manifestó Yerko Nuñez, senador opositor.
Las declaraciones de la autoridad legislativa se enmarcan en los problemas que están atravesando las familias de la comunidad indígena, Sirionó Ibiato, que se trasladaron a la ciudad de La Paz, buscando aportes de los paceños para que puedan alimentar a los niños, prioritariamente, en vista que quedaron indefensos por las inundaciones de sus viviendas.
“Esto es una muestra clara que las comunidades han tenido que trasladarse a La Paz porque están abandonadas por este gobierno, que utiliza a los pobres y a las comunidades indígenas como discursos, pero que en la práctica su realidad es la que están viviendo”, protestó Nuñez.
Ante estas contingencias y problemas por los que está pasando la comunidad Ibiato Sirionó, recordó que el año 2014, el Gobierno anunció el “Plan patujú” tras las inundaciones en el Beni. “Esta es la muestra clara, no sabemos a dónde fue a dar la inversión”, observó Nuñez.
Pero aclaró que no sólo es el pueblo Ibiato Sirionó está en problemas, lo mismo sucede con los otros pueblos indígenas de Beni que no tienen ningún tipo de ayuda del Gobierno departamental ni municipal y menos nacional.
Al ser consultado si su bancada como representante de departamento beniano tendría que tomar alguna medida para poder ayudar a los damnificados que están deambulando por las calles paceñas, se limitó a decir que como minoría a lo mucho podrían solicitar son peticiones de informes. No mencionó la intención de impulsar una campaña para ayudar a los indígenas de su departamento.
El único dato es que el 23 de enero UD solicitó un informe escrito al gobernador del Departamento Autónomo del Beni, Alex Ferrier, sobre el plan de contingencia que debería tener para tender a los damnificados por las inundaciones en esa región, pero que hasta el momento no respondió.
EL DIARIO fue hasta las oficinas de Gestión Social, dependiente del Ministerio de la Presidencia a buscar información al respecto, sin embargo, vanos fueron los resultados. Se insistió por teléfono a la directora de la entidad, Virginia Velasco, quien en primera instancia dijo que se atendió a esa comunidad pero sin brindar datos precisos.
Por otro lado, pudimos entrevistar a Gonzalo Vargas, Director General de Organización Territorial del Viceministerio de Autonomías, quien no informó que las competencias en cada nivel territorial responde a cada nivel de gobierno, pero en caso de contingencia debe haber competencias concurrentes, es decir una coordinación entre gobierno local y gobierno central.
“Cuando suceden este tipo de contingencias, son competencias concurrentes con el nivel central, es decir, que debe coordinar el gobierno municipal con el gobierno central, pero parece que de parte del Ministerio de Defensa ya asistieron con ayuda, en el mismo municipio”, aseveró Vargas.
En esa explicación, describió que dentro del diálogo del pacto fiscal se está contemplando los casos de municipios con escaso presupuesto y que son propensos a correr este tipo de riegos y desastres naturales.
“Los pueblos indígenas son municipios chicos y no tienen muchos recursos, porque reciben sus recursos de acuerdo a su población, se está intentado con esto del diálogo pacto fiscal tener otros criterios, parte del número de población, el índice de pobreza para que los municipios chicos puedan tener mejor presupuesto”, explicó Gonzalo Vargas.
Bancada de UD Piden ampliar informe sobre ciudadanos chinos
El senador de Unidad Demócrata (UD), Yerko Nuñez, informó que solicitará al Ministerio de Gobierno la ampliación de un informe sobre la presencia de súbditos chinos, en territorio boliviano, ante el incremento de denuncias de explotación y abuso de recursos naturales y trabajadores bolivianos, en las empresas que regentan dichos ciudadanos.
“Ya hicimos una petición de informe y nos respondieron y esperemos que los datos que nos han dado de la Dirección de Migración, sean reales, pero vamos a solicitar una ampliación, porque supuestamente habrían circulado 22 mil súbditos chinos, en calidad de turistas, entre el 2015, 2016 y parte de 2017”, aseveró el senador de UD.
En los últimos meses salen a luz una serie de denuncias contra ciudadanos chinos. Por ejemplo el maltrato a los trabajadores bolivianos; la explotación ilegal de oro en los ríos del norte paceño y la caza ilegal y tráfico de colmillos de jaguar, especie en extinción de la selva boliviana.
“También hemos hecho varias peticiones de informe y hemos anunciado que este negocio continuaba y el día sábado (24), se detuvo a una pareja de chinos que tenían más de 180 colmillos de jaguar y cueros de otros animales, que están en peligro de extinción”, informó Nuñez.
Aseveró que a partir de la detención de la pareja de chinos, se debería realizar una investigación más minuciosa sobre lo que está sucediendo con la venta de este recurso de la fauna boliviana.
“Nosotros consideramos que la detención de la pareja de súbditos chinos, es solo la punta del ovillo y que esto es un gran negociado de empresarios chinos que llegan a nuestro país y que se dedican a comercializar de forma irregular nuestros recursos de la flora, fauna, minerales (oro)”, añadió.
Destacó que es bueno que haya actuado la Gobernación y el municipio de Santa Cruz, para poner como precedente el arresto de estos asiáticos ya que aún el Gobierno central no emite un pronunciamiento al respecto.
“Hay que continuar con las investigaciones ya que consideramos que se trata de bandas gigantescas que están explotando a los bolivianos y se están llevando recursos naturales”, explicó Nuñez.
“Ya hicimos una petición de informe y nos respondieron y esperemos que los datos que nos han dado de la Dirección de Migración, sean reales, pero vamos a solicitar una ampliación, porque supuestamente habrían circulado 22 mil súbditos chinos, en calidad de turistas, entre el 2015, 2016 y parte de 2017”, aseveró el senador de UD.
En los últimos meses salen a luz una serie de denuncias contra ciudadanos chinos. Por ejemplo el maltrato a los trabajadores bolivianos; la explotación ilegal de oro en los ríos del norte paceño y la caza ilegal y tráfico de colmillos de jaguar, especie en extinción de la selva boliviana.
“También hemos hecho varias peticiones de informe y hemos anunciado que este negocio continuaba y el día sábado (24), se detuvo a una pareja de chinos que tenían más de 180 colmillos de jaguar y cueros de otros animales, que están en peligro de extinción”, informó Nuñez.
Aseveró que a partir de la detención de la pareja de chinos, se debería realizar una investigación más minuciosa sobre lo que está sucediendo con la venta de este recurso de la fauna boliviana.
“Nosotros consideramos que la detención de la pareja de súbditos chinos, es solo la punta del ovillo y que esto es un gran negociado de empresarios chinos que llegan a nuestro país y que se dedican a comercializar de forma irregular nuestros recursos de la flora, fauna, minerales (oro)”, añadió.
Destacó que es bueno que haya actuado la Gobernación y el municipio de Santa Cruz, para poner como precedente el arresto de estos asiáticos ya que aún el Gobierno central no emite un pronunciamiento al respecto.
“Hay que continuar con las investigaciones ya que consideramos que se trata de bandas gigantescas que están explotando a los bolivianos y se están llevando recursos naturales”, explicó Nuñez.
Friday, February 23, 2018
Tuesday, February 20, 2018
UD pide medidas cautelares en CIDH para evitar repostulación
El Movimiento Demócrata Social (MDS) informó ayer que solicitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “medidas cautelares” para que esta instancia deje en suspenso la ejecución de la sentencia 0084/2017 que emitió el Tribunal Constitucional para dar vía libre a la reelección indefinida del presidente Evo Morales.
“Estamos requiriendo a la CIDH se disponga, mediante medidas cautelares, para la suspensión de la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que permite la reelección indefinida en Bolivia”, declaró el senador Óscar Ortiz.
Dijo que la decisión fue asumida ante la grave situación de desconocimiento de la Constitución Política del Estado y la posible “ruptura del orden constitucional”, porque el Gobierno y el MAS pretenden hacer prevalecer una candidatura al margen de la Carta Magna.
“Y se pueda evitar cualquier medida que implique desconocimiento del 21F y Constitución Política del Estado como ser la inscripción de un candidato de forma indebida porque la CPE lo inhabilita”, acotó el legislador de Demócratas.
Además, la organización expresó su completa adhesión a la denuncia presentada por cinco expresidentes y líderes políticos de oposición ante la CIDH, en octubre de 2017, contra el Gobierno del MAS, contra varios legisladores del oficialismo y contra el Tribunal Constitucional por la violación del Pacto de San José, en su intención de postular a Morales en 2019.
La solicitud fue dirigida a Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH; está firmada por el presidente nacional del Movimiento Demócrata Social, Rubén Costas Aguilera, y en la misma se pide que se suspenda la ejecución de la Sentencia Constitucional 0084/2017 (que permite la relección indefinida del mandatario boliviano) y que se dé cumplimiento a los resultados de la votación en el referéndum de reforma constitucional del 21 de febrero de 2016.
La organización política también llamó a su militancia a sumarse al paro cívico nacional y a todas las movilizaciones ciudadanas convocadas para este 21 de febrero, orientadas a exigir el respeto a la soberanía popular.
El legislador sostuvo que una medida cautelar puede ser resuelta en un plazo más corto respecto a las demandas que interpusieron para evitar que se consolide la repostulación indefinida en el país.
“Estamos requiriendo a la CIDH se disponga, mediante medidas cautelares, para la suspensión de la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que permite la reelección indefinida en Bolivia”, declaró el senador Óscar Ortiz.
Dijo que la decisión fue asumida ante la grave situación de desconocimiento de la Constitución Política del Estado y la posible “ruptura del orden constitucional”, porque el Gobierno y el MAS pretenden hacer prevalecer una candidatura al margen de la Carta Magna.
“Y se pueda evitar cualquier medida que implique desconocimiento del 21F y Constitución Política del Estado como ser la inscripción de un candidato de forma indebida porque la CPE lo inhabilita”, acotó el legislador de Demócratas.
Además, la organización expresó su completa adhesión a la denuncia presentada por cinco expresidentes y líderes políticos de oposición ante la CIDH, en octubre de 2017, contra el Gobierno del MAS, contra varios legisladores del oficialismo y contra el Tribunal Constitucional por la violación del Pacto de San José, en su intención de postular a Morales en 2019.
La solicitud fue dirigida a Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH; está firmada por el presidente nacional del Movimiento Demócrata Social, Rubén Costas Aguilera, y en la misma se pide que se suspenda la ejecución de la Sentencia Constitucional 0084/2017 (que permite la relección indefinida del mandatario boliviano) y que se dé cumplimiento a los resultados de la votación en el referéndum de reforma constitucional del 21 de febrero de 2016.
La organización política también llamó a su militancia a sumarse al paro cívico nacional y a todas las movilizaciones ciudadanas convocadas para este 21 de febrero, orientadas a exigir el respeto a la soberanía popular.
El legislador sostuvo que una medida cautelar puede ser resuelta en un plazo más corto respecto a las demandas que interpusieron para evitar que se consolide la repostulación indefinida en el país.
Saturday, February 17, 2018
UD impugnará designación de Quispe en Comisión de Ética
La bancada de Unidad Demócrata (UD) impugnará la designación de la diputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Juana Quispe en la Comisión de Ética. La legisladora observada escupió con el acullico de coca que tenía en la boca a los diputados de oposición,
Advierten que esta instancia no tendrá avances en procesos que se presenten contra legisladores oficialistas.
“La próxima semana lo que vamos a hacer es impugnar la designación de Juana Quispe a la Comisión de Ética y vamos a expresar nuestra voz”, explicó a diputada de UD, Rose Marie Sandoval.
La legisladora planteó que Quispe es quien decida y de un paso al costado en base a estos antecedentes y que continúe trabajando con sus bases.
Varios opositores cuestionaron la designación de la diputada, tras el incidente que se produjo en la sesión de la Cámara de Diputados para la abrogación del código de sistema penal, cuando Quispe escupió a sus colegas de oposición, Gonzalo Barrientos y Shirley Franco.
En esa ocasión Barrientos, uno de los agredidos, a través de su cuenta de Tuiter, reclamó: “El Abuso de Poder se Impone...Diputada que arrojó bolo de coca a opositores es miembro de Comisión de Ética”.
Quispe justificó su accionar y descartó pedir una disculpa a ambos legisladores, y calificó a Barrientos y a sus colegas como “vende patrias” y remarcó: “Más bien no he reaccionado con puño”, destacó.
Un día antes, Sandoval, como ex componente de la Comisión de Ética en la gestión 2017, consideró que Quispe, no es idónea para ser parte de la Comisión de Ética.
“Para estar en esta Comisión se necesita idoneidad y la cara transparente, hay que ser una persona con la que se pueda trabajar tranquila sin tener cargas, lo cual para mí, la diputada (Juana Quispe) no tiene idoneidad”, expresó Sandoval.
La legisladora manifestó que cuando era parte de la Comisión de Ética de la Cámara Baja (2016-2017) plantearon la modificación del Reglamento de Ética, porque existen vacíos en esa norma para la designación de los miembros que estuvieron involucrados en este tipo de escándalos.
Sin embargo, este proyecto no fue tomado en cuenta por la presidencia de Diputados, según Sandoval se pretende tergiversar las funciones de la Comisión de Ética.
Advierten que esta instancia no tendrá avances en procesos que se presenten contra legisladores oficialistas.
“La próxima semana lo que vamos a hacer es impugnar la designación de Juana Quispe a la Comisión de Ética y vamos a expresar nuestra voz”, explicó a diputada de UD, Rose Marie Sandoval.
La legisladora planteó que Quispe es quien decida y de un paso al costado en base a estos antecedentes y que continúe trabajando con sus bases.
Varios opositores cuestionaron la designación de la diputada, tras el incidente que se produjo en la sesión de la Cámara de Diputados para la abrogación del código de sistema penal, cuando Quispe escupió a sus colegas de oposición, Gonzalo Barrientos y Shirley Franco.
En esa ocasión Barrientos, uno de los agredidos, a través de su cuenta de Tuiter, reclamó: “El Abuso de Poder se Impone...Diputada que arrojó bolo de coca a opositores es miembro de Comisión de Ética”.
Quispe justificó su accionar y descartó pedir una disculpa a ambos legisladores, y calificó a Barrientos y a sus colegas como “vende patrias” y remarcó: “Más bien no he reaccionado con puño”, destacó.
Un día antes, Sandoval, como ex componente de la Comisión de Ética en la gestión 2017, consideró que Quispe, no es idónea para ser parte de la Comisión de Ética.
“Para estar en esta Comisión se necesita idoneidad y la cara transparente, hay que ser una persona con la que se pueda trabajar tranquila sin tener cargas, lo cual para mí, la diputada (Juana Quispe) no tiene idoneidad”, expresó Sandoval.
La legisladora manifestó que cuando era parte de la Comisión de Ética de la Cámara Baja (2016-2017) plantearon la modificación del Reglamento de Ética, porque existen vacíos en esa norma para la designación de los miembros que estuvieron involucrados en este tipo de escándalos.
Sin embargo, este proyecto no fue tomado en cuenta por la presidencia de Diputados, según Sandoval se pretende tergiversar las funciones de la Comisión de Ética.
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