El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, y la presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, serán convocados por la bancada de Unidad Demócrata para que esclarezcan y detallen el operativo de lucha contra el contrabando que se realizaba en la frontera con Chile cuando fueron detenidos por carabineros del vecino país.
“Se convocará al Ministro de Defensa (Reymi Ferreira) para que explique esta situación y a la Presidenta de la Aduana Nacional (Marlene Ardaya), las Fuerzas Armadas tiene un canal sumario donde los uniformados deberán informar que es lo que pasó, cómo se trasladaron, el plan de operaciones que debían seguir, quien instruyó el operativo; lo mismo debe realizar la Aduana”, explicó la senadora Jeanine Añez.
Durante los últimos días, los asambleístas de oposición indicaron que es necesario que se realice una investigación por la vía administrativa contra los nueve connacionales debido a que existen algunas irregularidades, por ejemplo, se presume que tres de ellos no son funcionarios de la Aduana Nacional porque sus nombres no están registrados en la Contraloría General en la Declaración Jurada de Bienes.
Ante esto el diputado oficialista Lino Cárdenas criticó la postura de la oposición y afirmó que lo único que pretenden es “generar dudas respecto a la actuación y la denuncia por la violación de sus derechos humanos”.
Por su parte, Santamaría aclaró que la investigación que se realice en el país permitirá a las autoridades del Gobierno continuar con la denuncia ante instancias internacionales con un fundamento sólido.
Thursday, June 29, 2017
Tuesday, June 27, 2017
Quispe presentará denuncia contra Morales y García por caso Fondioc
Rafael Quispe, diputado por Unidad Demócrata (UD), anunció que en julio presentará una denuncia penal ante la Fiscalía, por el delito de incumplimiento de deberes, contra el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García, en relación al desfalco que sufrió el exFondo Indígena.
En puertas de la Fiscalía Departamental, ayer Quispe manifestó que siendo el Fondo Indígena una institución creada para ejecutar políticas de gobierno, dirigidas a mejorar la producción de comunidades, estas dos autoridades desatendieron las denuncias que se les hizo sobre los malos manejos.
“El delito se comete por acción y omisión, por eso vamos a presentar esa denuncia ante la Fiscalía”, aseveró.
DOCUMENTOS
Por otro lado, explicó que en la denuncia se adjuntará parte de la documentación recolectada en los diferentes procesos penales que se abrió, luego de que junto a su abogado Eduardo León, denunciara el desfalco en el Fondo Indígena por un daño económico mayor a los 172 millones de bolivianos, según informes oficiales.
Quispe asegura que existe un compromiso firmado el año 2011, por el cual se afirma que Morales ya tenía conocimiento del caso, “se ha comprometido a la completa reestructuración del Fondo Indígena, pero no ha hecho nada”, aseguró.
Otro elemento que presentará es la transcripción de las declaraciones de la exministra de Desarrollo Rural y Tierras Nemesia Achacollo, efectuadas cuando fue sometida a audiencia de medidas cautelares. La exautoridad aseguró que tanto el presidente Morales como los ministros conocían el mal manejo de los recursos del Fondo.
“Sabemos que el fiscal general (Ramiro Guerrero) se parcializa con el Gobierno, pero hay que ganarle en cancha”, declaró Quispe, sobre la sospecha de que dicha denuncia no será admitida ni investigada en la Fiscalía.
EN INVESTIGACIÓN
El Ministerio Público, a denuncia de la Contraloría General del Estado, investiga 153 proyectos financiados por el Fondo Indígena, los cuales fueron remitidos por la interventora a la entidad.
Por este caso se hallan con detención preventiva, desde 2015, los exdirectores de la entidad indígena Elvira Parra, Marco Antonio Aramayo, la exministra Julia Ramos, los dirigentes indígenas campesinos Félix Becerra, Damián Condori, Melba Hurtado y otros.
En puertas de la Fiscalía Departamental, ayer Quispe manifestó que siendo el Fondo Indígena una institución creada para ejecutar políticas de gobierno, dirigidas a mejorar la producción de comunidades, estas dos autoridades desatendieron las denuncias que se les hizo sobre los malos manejos.
“El delito se comete por acción y omisión, por eso vamos a presentar esa denuncia ante la Fiscalía”, aseveró.
DOCUMENTOS
Por otro lado, explicó que en la denuncia se adjuntará parte de la documentación recolectada en los diferentes procesos penales que se abrió, luego de que junto a su abogado Eduardo León, denunciara el desfalco en el Fondo Indígena por un daño económico mayor a los 172 millones de bolivianos, según informes oficiales.
Quispe asegura que existe un compromiso firmado el año 2011, por el cual se afirma que Morales ya tenía conocimiento del caso, “se ha comprometido a la completa reestructuración del Fondo Indígena, pero no ha hecho nada”, aseguró.
Otro elemento que presentará es la transcripción de las declaraciones de la exministra de Desarrollo Rural y Tierras Nemesia Achacollo, efectuadas cuando fue sometida a audiencia de medidas cautelares. La exautoridad aseguró que tanto el presidente Morales como los ministros conocían el mal manejo de los recursos del Fondo.
“Sabemos que el fiscal general (Ramiro Guerrero) se parcializa con el Gobierno, pero hay que ganarle en cancha”, declaró Quispe, sobre la sospecha de que dicha denuncia no será admitida ni investigada en la Fiscalía.
EN INVESTIGACIÓN
El Ministerio Público, a denuncia de la Contraloría General del Estado, investiga 153 proyectos financiados por el Fondo Indígena, los cuales fueron remitidos por la interventora a la entidad.
Por este caso se hallan con detención preventiva, desde 2015, los exdirectores de la entidad indígena Elvira Parra, Marco Antonio Aramayo, la exministra Julia Ramos, los dirigentes indígenas campesinos Félix Becerra, Damián Condori, Melba Hurtado y otros.
UD exige auditar la compra de seguros para aeronaves
El senador de Unidad Demócrata, Pablo Klinsky, denunció la existencia de un sobreprecio de Bs 200 millones en la compra de seguros a la empresa Conesa Kieffer & Asociados Corredores de Reaseguros S.A. para aeronaves del Ministerio de Gobierno y el Ministerio de defensa, por lo que exigen a la Contraloría General del Estado realizar un auditoria a la adquisición de estos seguros.
“Estamos solicitando a la Contraloría General del Estado que realice una auditoria por la compra irregular de estos seguros a la empresa Conesa Kieffer & Asociados Corredores de Reaseguros S.A, a la vez una Petición de Informe Escrito a La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS)”, indicó Klinsky.
Por su parte, el senador del Movimiento al Socialismo (MAS), René Joaquino, indicó que en caso de que estas irregularidades sean comprobadas se debe impulsar una investigación por parte de las autoridades competentes de justicia para dar con los responsables y cuantificar el daño económico al Estado.
“En caso de que fuera real lo que corresponde es actuar de manera inmediata a las entidades competentes, el Ministerio Público y los que conozcan este hecho tienen la obligación de hacer la denuncia”, resaltó.
SOBREPRECIO
Según la denuncia, el Transporte Aéreo Boliviano adquirió un seguro en Londres con un monto de $us 795.602, sin embargo el Estado compró una póliza de seguro de la empresa mencionada en la suma de $us 795.602, generando un daño económico de más del 50 por ciento.
Otro caso irregular se presentó en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral contra el Narcotráfico (Uelin), donde adquirió una póliza en $us 21,4 millones, en Londres. Este seguro tiene un costo de $us 8 millones, en consecuencia se registró un sobreprecio de más del 200 por ciento.
Klinsky señaló que esta empresa aseguradora tiene monopolizado el mercado de los seguros en el país, puesto que el 99 por ciento de las pólizas que requiere el Gobierno es adjudicado a la empresa.
DESCONFIANZA
Sobre estas irregularidades Joaquino señaló que estas acciones generan desconfianza, rabia e impotencia en la población, puesto que estos presuntos casos de corrupción no se deben generar en instancias del estado.
“Estos temas generan rabia, impotencia porque se habla de un daño económico al estado de millones de bolivianos. Muchos ciudadanos confían en las autoridades y estas acciones generan desconfianza, rechazo y duda sobre todo las conductas que adoptan algunas autoridades quienes deben ser sancionados”, resaltó el oficialista.
“Estamos solicitando a la Contraloría General del Estado que realice una auditoria por la compra irregular de estos seguros a la empresa Conesa Kieffer & Asociados Corredores de Reaseguros S.A, a la vez una Petición de Informe Escrito a La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS)”, indicó Klinsky.
Por su parte, el senador del Movimiento al Socialismo (MAS), René Joaquino, indicó que en caso de que estas irregularidades sean comprobadas se debe impulsar una investigación por parte de las autoridades competentes de justicia para dar con los responsables y cuantificar el daño económico al Estado.
“En caso de que fuera real lo que corresponde es actuar de manera inmediata a las entidades competentes, el Ministerio Público y los que conozcan este hecho tienen la obligación de hacer la denuncia”, resaltó.
SOBREPRECIO
Según la denuncia, el Transporte Aéreo Boliviano adquirió un seguro en Londres con un monto de $us 795.602, sin embargo el Estado compró una póliza de seguro de la empresa mencionada en la suma de $us 795.602, generando un daño económico de más del 50 por ciento.
Otro caso irregular se presentó en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral contra el Narcotráfico (Uelin), donde adquirió una póliza en $us 21,4 millones, en Londres. Este seguro tiene un costo de $us 8 millones, en consecuencia se registró un sobreprecio de más del 200 por ciento.
Klinsky señaló que esta empresa aseguradora tiene monopolizado el mercado de los seguros en el país, puesto que el 99 por ciento de las pólizas que requiere el Gobierno es adjudicado a la empresa.
DESCONFIANZA
Sobre estas irregularidades Joaquino señaló que estas acciones generan desconfianza, rabia e impotencia en la población, puesto que estos presuntos casos de corrupción no se deben generar en instancias del estado.
“Estos temas generan rabia, impotencia porque se habla de un daño económico al estado de millones de bolivianos. Muchos ciudadanos confían en las autoridades y estas acciones generan desconfianza, rechazo y duda sobre todo las conductas que adoptan algunas autoridades quienes deben ser sancionados”, resaltó el oficialista.
Denuncia de Unidad Demócrata Exdiputado del MAS implicado en explotación ilegal de madera
El senador de Unidad Demócrata (UD) Yerko Núñez denunció que la empresa del exdiputado del Movimiento al Socialismo (MAS) Miguel Ruiz está explotando ilegalmente madera en la comunidad Santa Rosita, del municipio de Ixiamas, por lo que ha solicitado una Petición de Informe Escrito (PIE) a la Autoridad de Bosque y Tierras (ABT).
“El empresario y exdiputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Miguel Ruiz, está implicado en la explotación ilegal de madera de la localidad Santa Rosita, del municipio de Ixiamas, en el norte de La Paz, estamos solicitando una Petición de Informe Escrito, tomando en cuenta que está prohibida la explotación de madera”, explicó el senador.
En ese marco, el director de Recursos Naturales de la Gobernación de La Paz, Octavio Lobo, indicó que el pasado 4 de junio llegaron hasta la región para verificar esta denuncia, que en un principio fue realizada por los comunarios de Santa Rosita.
El 11 de enero de 2008, Andrés Torrez Estívares, quien estaba a cargo de la ABT del Beni, otorgó a la empresa de Miguel Ruiz el permiso de desmonte, pese a ser declarada reserva forestal mediante decreto supremo.
EXPLOTACIÓN ILEGAL
Núñez manifestó que la empresa de Ruiz desmontó alrededor de mil troncas de madera mara, cedro y maramacho, hasta llegar la localidad de Riberalta, para comercializarla en el exterior y en el mercado interno. El traslado fue por vía pluvial a través de los ríos Manurimi y Madre de Dios, para llegar finalmente a su destino.
Al respecto, Lobo indicó que el empresario cuestionado no cuenta con los permisos respectivos para la explotación de estas especies madereras, por lo que realiza un acto ilegal. Cuestionó que los responsables de la ABT de Beni hayan otorgado el permiso de explotación en una reserva forestal.
Según el Decreto Supremo Nº 23022, del 23 de diciembre de 1991, en su artículo 5, declara Reserva Forestal de Inmovilización la superficie geográfica de la provincia Iturralde del departamento de La Paz. Además que queda prohibida todo permiso o concesión de tierras con fines agropecuarios o de colonización.
“Estamos proponiendo impulsar un proyecto de Ley a la cabeza del Gobierno Departamental de La Paz, para prohibir la tala indiscriminada de árboles, puesto que el actual Decreto Supremo 23022 data de hace 26 años”, destacó el técnico de la Gobernación.
INVESTIGACIÓN
Sobre la explotación ilegal de madera en esa región, el senador Núñez solicitó también una PIE al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, además a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), para que expliquen si esta empresa cuenta con los permisos respectivos para explotar madera en una reserva forestal.
El director departamental de la ABT La Paz, David Gueber, indicó que este conflicto se conoció desde el pasado 4 de junio. Una comisión interinstitucional decidió ingresar al lugar para certificar esta denuncia, sin embargo no se concretó, debido a que no se contaban con las garantías correspondientes porque los comunarios anunciaron asumir medidas de protesta.
“Se prevé que el 28 de este mes esta comisión se traslade a esa región, para continuar con las investigaciones y se actuará conforme a la Ley 700, que es una norma vigente. Se pedirá el apoyo de los efectivos militares para evitar cualquier enfrentamiento”, precisó.
MOVILIZADOS
- Según Núñez, los comunarios del municipio de Ixiamas comenzaron una marcha rumbo a La Paz para que los gobiernos nacional y departamental atiendan y solucionen el conflicto. Se prevé que en las próximas horas lleguen a la sede de Gobierno.
- Como protesta por la tala ilegal, el pasado fin de semana los comunarios de Ixiamas tomaron de rehén a un trabajador de la empresa que está explotando el material, no será liberado hasta que las autoridades del Gobierno central resuelvan estas irregularidades.
- Por último, Núñez manifestó que también están retenidas alrededor de mil troncas de madera, en la localidad de Santa Rosita, del municipio de Ixiamas, hasta que se resuelva el conflicto.
“El empresario y exdiputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Miguel Ruiz, está implicado en la explotación ilegal de madera de la localidad Santa Rosita, del municipio de Ixiamas, en el norte de La Paz, estamos solicitando una Petición de Informe Escrito, tomando en cuenta que está prohibida la explotación de madera”, explicó el senador.
En ese marco, el director de Recursos Naturales de la Gobernación de La Paz, Octavio Lobo, indicó que el pasado 4 de junio llegaron hasta la región para verificar esta denuncia, que en un principio fue realizada por los comunarios de Santa Rosita.
El 11 de enero de 2008, Andrés Torrez Estívares, quien estaba a cargo de la ABT del Beni, otorgó a la empresa de Miguel Ruiz el permiso de desmonte, pese a ser declarada reserva forestal mediante decreto supremo.
EXPLOTACIÓN ILEGAL
Núñez manifestó que la empresa de Ruiz desmontó alrededor de mil troncas de madera mara, cedro y maramacho, hasta llegar la localidad de Riberalta, para comercializarla en el exterior y en el mercado interno. El traslado fue por vía pluvial a través de los ríos Manurimi y Madre de Dios, para llegar finalmente a su destino.
Al respecto, Lobo indicó que el empresario cuestionado no cuenta con los permisos respectivos para la explotación de estas especies madereras, por lo que realiza un acto ilegal. Cuestionó que los responsables de la ABT de Beni hayan otorgado el permiso de explotación en una reserva forestal.
Según el Decreto Supremo Nº 23022, del 23 de diciembre de 1991, en su artículo 5, declara Reserva Forestal de Inmovilización la superficie geográfica de la provincia Iturralde del departamento de La Paz. Además que queda prohibida todo permiso o concesión de tierras con fines agropecuarios o de colonización.
“Estamos proponiendo impulsar un proyecto de Ley a la cabeza del Gobierno Departamental de La Paz, para prohibir la tala indiscriminada de árboles, puesto que el actual Decreto Supremo 23022 data de hace 26 años”, destacó el técnico de la Gobernación.
INVESTIGACIÓN
Sobre la explotación ilegal de madera en esa región, el senador Núñez solicitó también una PIE al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, además a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), para que expliquen si esta empresa cuenta con los permisos respectivos para explotar madera en una reserva forestal.
El director departamental de la ABT La Paz, David Gueber, indicó que este conflicto se conoció desde el pasado 4 de junio. Una comisión interinstitucional decidió ingresar al lugar para certificar esta denuncia, sin embargo no se concretó, debido a que no se contaban con las garantías correspondientes porque los comunarios anunciaron asumir medidas de protesta.
“Se prevé que el 28 de este mes esta comisión se traslade a esa región, para continuar con las investigaciones y se actuará conforme a la Ley 700, que es una norma vigente. Se pedirá el apoyo de los efectivos militares para evitar cualquier enfrentamiento”, precisó.
MOVILIZADOS
- Según Núñez, los comunarios del municipio de Ixiamas comenzaron una marcha rumbo a La Paz para que los gobiernos nacional y departamental atiendan y solucionen el conflicto. Se prevé que en las próximas horas lleguen a la sede de Gobierno.
- Como protesta por la tala ilegal, el pasado fin de semana los comunarios de Ixiamas tomaron de rehén a un trabajador de la empresa que está explotando el material, no será liberado hasta que las autoridades del Gobierno central resuelvan estas irregularidades.
- Por último, Núñez manifestó que también están retenidas alrededor de mil troncas de madera, en la localidad de Santa Rosita, del municipio de Ixiamas, hasta que se resuelva el conflicto.
Parlamentarios demandan investigar a 9 sentenciados
Los nueve bolivianos que fueron detenidos en la frontera con Chile, sentenciados por delitos de robo contrabando y porte ilegal de armas y que serán expulsados del vecino país, deben ser investigados en Bolivia y responder sobre lo sucedido el 19 de marzo, en el incidente cuando fueron detenidos por carabineros chilenos, plantearon parlamentarios del oficialismo y oposición.
PEDIDO
El senador de Unidad Demócrata (UD), Yerko Núñez, a tiempo de manifestar su preocupación por el juicio abreviado al cual fueron sometidos los nueve bolivianos, en el que se declararon culpables de los delitos que se les imputa en Chile, en el juicio abreviado al que aceptaron someterse, indicó que el Gobierno nacional debe realizar una investigación profunda sobre el caso.
“Preocupa que los nueve ciudadanos bolivianos se hayan declarado culpables en el hermano país de Chile; sin embargo, se necesita una investigación profunda en nuestro país, cruzar otro país sin saber que estaban ya en territorio chileno, creo que esto tiene que investigarse a fondo, también son responsables las altas autoridades de no buscar los mecanismos diplomáticos”, dijo Núñez.
Por su parte, el senador por el Movimiento al Socialismo (MAS) René Joaquino coincidió con Núñez y señaló que el país necesita conocer de las autoridades bolivianas un informe de lo sucedido el 19 de marzo en la frontera con Chile.
Indicó que la información debe ser esclarecida por parte de las autoridades de la Aduana Nacional de Bolivia y del Ejército boliviano.
“Nos interesa conocer qué pasó (…) Es importante que pueda darse una información oficial, porque de lo contrario va haber bastante especulación. Hasta ahora se especuló mucho en el sentido en el que no todos eran servidores públicos, segundo que estaban en territorio chileno y tercero que estaban más bien cometiendo hechos ilícitos”, sostuvo Joaquino.
El diputado por UD Amilcar Barral se refirió también a la necesidad de realizar un proceso administrativo de investigación a los nueve bolivianos.
“Debe efectuarse un proceso administrativo de investigación por lo menos, para ver si estaban cumpliendo sus funciones o estaban cometiendo un delito”, declaró Barral.
Indicó que el 2 de abril, UD solicitó un informe a la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia, Marlene Ardaya para que responder sobre los funcionarios detenidos en Chile, hasta la fecha no existe respuesta alguna.
DECLARACIONES JURADAS
De acuerdo a Barral, de los siete funcionarios de la Aduana solamente cuatro figuran en la lista de la Contraloría General del Estado.
EL DIARIO buscó en el sistema de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, los nombres de los funcionarios aduaneros en donde figuran: David Quenallata Laurel, Karl Luis Guachalla Rada, Ediberto Raúl Flores Mamani y Juan José Tórrez Gonzales.
Sin embargo, los nombres de los otros tres ciudadanos: Arsenio Choque Gonzales, Brian Leandro Quenallata Méndez y Diego Guzmán, no se encuentran registrados como funcionarios públicos, pese a que se recurrió a todas las posibilidades en la búsqueda de sus nombres, siendo vanos los resultados.
NORMA
Según el artículo 4, Capítulo I, Decreto Supremo 1233, los y las servidoras y servidores públicos deben presentar su Declaración Jurada de Bienes y Rentas antes, durante y después del ejercicio del cargo.
Se debe aclarar también que desde la Contraloría se informó que, de acuerdo con el artículo 18 del DS 1233, el “resumen de la última Declaración Jurada de Bienes y Rentas (…) será publicada a través de la Página Web de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, conteniendo: Nombres y apellidos, fecha del formulario de la Declaración, Total de: Activos, Pasivos, Patrimonio y Rentas, y dejará de ser publicada cuando dicha fecha del formulario de declaración no sea la última o cuando su fecha de presentación tenga antigüedad superior a dos (2) años”.
De ahí que el diputado Barral solicitó información a la Aduana Nacional para que explique sobre los nueve bolivianos, considerando que quienes no figuran podrían tener años de antigüedad.
LO SUCEDIDO
- Tras la sentencia de la justicia chilena, el presidente Evo Morales declaró “mártires de la demanda marítima” a los nueve bolivianos sentenciados. Él y varias autoridades calificaron como injusta la sentencia chilena.
- El oficialismo adelantó que los connacionales serán homenajeados y condecorados cuando retornen al país. El miércoles, el Gabinete ministerial definirá si los condecoran o no.
- La oposición política rechazó la declaratoria de mártires y posibles condecoraciones y el diputado chileno Jorge Tarud afirmó que Evo Morales “va a condecorar a delincuentes comunes”.
PEDIDO
El senador de Unidad Demócrata (UD), Yerko Núñez, a tiempo de manifestar su preocupación por el juicio abreviado al cual fueron sometidos los nueve bolivianos, en el que se declararon culpables de los delitos que se les imputa en Chile, en el juicio abreviado al que aceptaron someterse, indicó que el Gobierno nacional debe realizar una investigación profunda sobre el caso.
“Preocupa que los nueve ciudadanos bolivianos se hayan declarado culpables en el hermano país de Chile; sin embargo, se necesita una investigación profunda en nuestro país, cruzar otro país sin saber que estaban ya en territorio chileno, creo que esto tiene que investigarse a fondo, también son responsables las altas autoridades de no buscar los mecanismos diplomáticos”, dijo Núñez.
Por su parte, el senador por el Movimiento al Socialismo (MAS) René Joaquino coincidió con Núñez y señaló que el país necesita conocer de las autoridades bolivianas un informe de lo sucedido el 19 de marzo en la frontera con Chile.
Indicó que la información debe ser esclarecida por parte de las autoridades de la Aduana Nacional de Bolivia y del Ejército boliviano.
“Nos interesa conocer qué pasó (…) Es importante que pueda darse una información oficial, porque de lo contrario va haber bastante especulación. Hasta ahora se especuló mucho en el sentido en el que no todos eran servidores públicos, segundo que estaban en territorio chileno y tercero que estaban más bien cometiendo hechos ilícitos”, sostuvo Joaquino.
El diputado por UD Amilcar Barral se refirió también a la necesidad de realizar un proceso administrativo de investigación a los nueve bolivianos.
“Debe efectuarse un proceso administrativo de investigación por lo menos, para ver si estaban cumpliendo sus funciones o estaban cometiendo un delito”, declaró Barral.
Indicó que el 2 de abril, UD solicitó un informe a la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia, Marlene Ardaya para que responder sobre los funcionarios detenidos en Chile, hasta la fecha no existe respuesta alguna.
DECLARACIONES JURADAS
De acuerdo a Barral, de los siete funcionarios de la Aduana solamente cuatro figuran en la lista de la Contraloría General del Estado.
EL DIARIO buscó en el sistema de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, los nombres de los funcionarios aduaneros en donde figuran: David Quenallata Laurel, Karl Luis Guachalla Rada, Ediberto Raúl Flores Mamani y Juan José Tórrez Gonzales.
Sin embargo, los nombres de los otros tres ciudadanos: Arsenio Choque Gonzales, Brian Leandro Quenallata Méndez y Diego Guzmán, no se encuentran registrados como funcionarios públicos, pese a que se recurrió a todas las posibilidades en la búsqueda de sus nombres, siendo vanos los resultados.
NORMA
Según el artículo 4, Capítulo I, Decreto Supremo 1233, los y las servidoras y servidores públicos deben presentar su Declaración Jurada de Bienes y Rentas antes, durante y después del ejercicio del cargo.
Se debe aclarar también que desde la Contraloría se informó que, de acuerdo con el artículo 18 del DS 1233, el “resumen de la última Declaración Jurada de Bienes y Rentas (…) será publicada a través de la Página Web de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, conteniendo: Nombres y apellidos, fecha del formulario de la Declaración, Total de: Activos, Pasivos, Patrimonio y Rentas, y dejará de ser publicada cuando dicha fecha del formulario de declaración no sea la última o cuando su fecha de presentación tenga antigüedad superior a dos (2) años”.
De ahí que el diputado Barral solicitó información a la Aduana Nacional para que explique sobre los nueve bolivianos, considerando que quienes no figuran podrían tener años de antigüedad.
LO SUCEDIDO
- Tras la sentencia de la justicia chilena, el presidente Evo Morales declaró “mártires de la demanda marítima” a los nueve bolivianos sentenciados. Él y varias autoridades calificaron como injusta la sentencia chilena.
- El oficialismo adelantó que los connacionales serán homenajeados y condecorados cuando retornen al país. El miércoles, el Gabinete ministerial definirá si los condecoran o no.
- La oposición política rechazó la declaratoria de mártires y posibles condecoraciones y el diputado chileno Jorge Tarud afirmó que Evo Morales “va a condecorar a delincuentes comunes”.
Sunday, June 25, 2017
Proceso de elección judicial UD habla de engaño y pide nulidad del proceso
El jefe de bancada de Unidad Democrática (UD), Edwin Rodríguez, señaló este sábado que la convocatoria para elegir a los postulantes al Tribunal Supremo de Justicia y al Tribunal Constitucional es “un engaño” y exigió que todo el proceso judicial sea declarado desierto para iniciar de cero.
“Esto es un engaño, es hacerse la burla del país. Todos los postulantes se van a mantener y lo único que hará es recibir nuevos candidatos con nuevas reglas y más ventajas, por tanto lo único que se ha hecho es ganar tiempo para tener mayores postulantes. Hoy lo estamos haciendo patente y pedimos que se declare desierto este proceso judicial y comencemos de nuevo con un nuevo reglamento que garantice la independencia de la justicia”, indicó.
Rodríguez señaló que al final del proceso serán los diputados y senadores del MAS quienes pondrán la nota final a los postulantes y por ello aseguró que debe crearse una comisión independiente integrado por universidades, abogados y juristas indígenas que evalué previamente a los candidatos, para luego seleccionar a los profesionales idóneos.
“Al final, el MAS va a calificar a los postulantes y por supuesto van a favorecer al 80% de exfuncionarios y trabajadores públicos, la mitad viene de esa justicia podrida, esa justicia vapuleada y si alguno de ellos, funcionarios de Evo Morales, resulta electo, qué garantías va ofrecer al pueblo boliviano”, sostuvo.
Un día antes, el senador Rodríguez denunció que en el actual reglamento, en el caso del criterio de género se establece que el 50 por ciento de participación de mujeres será tomado en cuenta a nivel nacional y no así por cada departamento.
“Solo se toma en cuenta la participación de las mujeres a nivel nacional, ya no será a nivel departamental como está señalado en el anterior precepto”, indicó el senador de unidad demócrata Edwin Rodríguez.
MODIFICACIONES
El artículo 25 de reglamento de preselección fue modificado, ahora señala que la “Asamblea Legislativa garantizará que el 50 por ciento de las personas preseleccionadas en las listas de las instituciones serán mujeres, así como la inclusión de postulantes de origen indígena originario”.
Sin embargo en el anterior reglamento, en el artículo 25, parágrafo I, establece que para el Tribunal Constitucional Plurinacional se debe garantizar hasta cuatro postulantes por cada departamento, donde el 50 por ciento de los preseleccionados deben ser mujeres y al menos una persona de origen indígena.
En el parágrafo II, el Legislativo debe garantizar al menos la postulación de cuatro representantes, el 50 por ciento debe ser mujer y al menos un representante indígena.
“Esto es una trampa, es decir, lo van a juntar los nueve departamentos y ahí debe cumplirse con el principio del 50 por ciento de participación de mujeres. Es una vulneración y un engaño al país”, precisó Rodríguez.
“Esto es un engaño, es hacerse la burla del país. Todos los postulantes se van a mantener y lo único que hará es recibir nuevos candidatos con nuevas reglas y más ventajas, por tanto lo único que se ha hecho es ganar tiempo para tener mayores postulantes. Hoy lo estamos haciendo patente y pedimos que se declare desierto este proceso judicial y comencemos de nuevo con un nuevo reglamento que garantice la independencia de la justicia”, indicó.
Rodríguez señaló que al final del proceso serán los diputados y senadores del MAS quienes pondrán la nota final a los postulantes y por ello aseguró que debe crearse una comisión independiente integrado por universidades, abogados y juristas indígenas que evalué previamente a los candidatos, para luego seleccionar a los profesionales idóneos.
“Al final, el MAS va a calificar a los postulantes y por supuesto van a favorecer al 80% de exfuncionarios y trabajadores públicos, la mitad viene de esa justicia podrida, esa justicia vapuleada y si alguno de ellos, funcionarios de Evo Morales, resulta electo, qué garantías va ofrecer al pueblo boliviano”, sostuvo.
Un día antes, el senador Rodríguez denunció que en el actual reglamento, en el caso del criterio de género se establece que el 50 por ciento de participación de mujeres será tomado en cuenta a nivel nacional y no así por cada departamento.
“Solo se toma en cuenta la participación de las mujeres a nivel nacional, ya no será a nivel departamental como está señalado en el anterior precepto”, indicó el senador de unidad demócrata Edwin Rodríguez.
MODIFICACIONES
El artículo 25 de reglamento de preselección fue modificado, ahora señala que la “Asamblea Legislativa garantizará que el 50 por ciento de las personas preseleccionadas en las listas de las instituciones serán mujeres, así como la inclusión de postulantes de origen indígena originario”.
Sin embargo en el anterior reglamento, en el artículo 25, parágrafo I, establece que para el Tribunal Constitucional Plurinacional se debe garantizar hasta cuatro postulantes por cada departamento, donde el 50 por ciento de los preseleccionados deben ser mujeres y al menos una persona de origen indígena.
En el parágrafo II, el Legislativo debe garantizar al menos la postulación de cuatro representantes, el 50 por ciento debe ser mujer y al menos un representante indígena.
“Esto es una trampa, es decir, lo van a juntar los nueve departamentos y ahí debe cumplirse con el principio del 50 por ciento de participación de mujeres. Es una vulneración y un engaño al país”, precisó Rodríguez.
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