Wednesday, September 5, 2018

Murillo anunció proceso contra vocales del TSE

Faltas graves y gravísimas” son las figuras jurídicas en las que se basa la denuncia que presentó el senador de Unidad Demócrata (UD) Arturo Murillo contra los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que se reunieron con el presidente Evo Morales a quien le dieron “información privilegiada” sobre la nueva Ley de Organizaciones Políticas incluso antes que la misma sea tratada en el Legislativo.

“Presentamos una denuncia por faltas graves y gravísimas contra los siete vocales del TSE (…) porque hay principios que no se cumplieron como la imparcialidad, sabemos que Morales se aferra a su candidatura ilegal y obtuvo información privilegiada de los vocales, incluso les hizo cambiar lo que él quiso”, afirmó Murillo.

Esta denuncia se asienta en las últimas revelaciones que hizo el presidente Evo Morales en una entrevista a un medio de comunicación cruceño, sobre las reuniones que sostuvo con los vocales del TSE en la Residencia Presidencial encuentros donde fue “sorprendido” con el tema de las primarias.

“Iré a las primarias por decisión del pueblo y del Tribunal Supremo Electoral, que tiene que cumplir con la sentencia constitucional. Recuerdo que hace tiempo nos reunimos con el TSE, aquí en la Residencia, para conocer sobre la ley de partidos políticos. Ahí ellos nos sorprendieron, dijeron que estaban previstas las primarias en enero, me asusté, me sorprendí”, declaró el presidente Morales y ante la pregunta del periodista recalcó que él no tiene por qué mentir sobre ese encuentro.

El hecho causó sorpresa en el sector político de la oposición que adelantó que pedirá una explicación mediante un informe escrito a los vocales del TSE.

En ese marco, Murillo afirmó que las autoridades electorales cometieron indisciplinas administrativas, por lo que ayer en la tarde remitió al TSE un memorial que solicita un proceso contra Katia Uriona, Dunia Sandoval, José Luis Exeni, Antonio Costas, Lucy Cruz, María Eugenia Choque e Idelfonso Mamani.

“Estamos yendo por instancias y la primera es la administrativa disciplinaria, ya que en la ley Nº 018 Órgano Electoral Plurinacional (OEP), artículo 87, existe un procedimiento especial para los vocales del TSE, la ley es clarísima”, explicó Murillo a EL DIARIO.

El legislador fundó el memorial, basado en la Constitución Política del Estado (CPE) y la Sentencia Constitucional Plurinacional SCP 0686/2012, que menciona la separación de poderes como un principio organizativo en nuestro Estado que es una cualidad fundamental que caracteriza a la democracia.

Asimismo, cita que los vocales no realizaron una reunión pública si no una reunión privada que de no ser por el periódico El Deber, el pueblo boliviano jamás se hubiera enterado de esta reunión secreta, lo que demuestra la violación de principios constitucionales de la administración pública.

Murillo destacó en el documento presentado la declaración del Presidente en dos frases: “Hace tiempo nos reunimos con el TSE” y segundo “en esa primera reunión donde nos informaron sobre el proyecto de ley”, lo cual denota que el encuentro TSE – Morales fue tiempo atrás y que no fue una sola vez, “hubieron otras”.

“La reunión oportuna en la cual se podría evidenciar la coordinación entre los Órganos Electoral y Ejecutivo, podría haberse dado de forma correcta a partir de la remisión del proyecto de ley sancionado al Órgano Ejecutivo para su promulgación, ya que el presidente tiene esa atribución (…) pero se aventajó con la misma en beneficio del Presidente”, dijo.

POSTURA DEL TSE

Por su parte el TSE, ayer al finalizar la tarde publicó un comunicado institucional en el que justificó su actuación como cuarto Órgano del Estado en igual jerarquía que los demás, y que tiene la potestad de reunirse con los otros órganos, cimentada esta acción en preceptos de la Constitución Política del Estado.

“El OEP, con igual jerarquía constitucional a los otros Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, goza de autonomía funcional e independencia (…) así establece la CPE y la Ley N° 018 del ÓEP (…) y adopta sus decisiones y resoluciones en el marco de sus competencias y mandato (…) y manifiesta que en diversas ocasiones sostuvo reuniones con los diferentes Órganos del Estado para abordar varios temas”, asiente el comunicado.

Tuesday, September 4, 2018

Oposición TSE debe explicar reunión con Morales

La bancada de Unidad Demócrata (UD) anunció ayer que pedirá un informe escrito al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que explique los motivos de la reunión que sostuvieron con el presidente Evo Morales antes de que se apruebe la ley de organizaciones políticas.

“El TSE tiene que aclarar sobre su reunión con el presidente Evo Morales, donde se consideró esta maldita ley de Organizaciones Políticas que busca violar el voto del pueblo. ¿Dónde queda la independencia de poderes, dónde queda que la ley era producto de la independencia?”, cuestionó Barrientos.

Morales al anunciar que irá a las primarias del MAS en enero de 2019 reveló en entrevista con el diario El Deber que en una reunión con el TSE en la residencia de San Jorge, los vocales “Ahí ellos nos sorprendieron, dijeron que estaban previstas las primarias en enero, me asusté, me sorprendí”.

“Nosotros advertimos un doble discurso y una doble moral (…) dicen una cosa y hacen otra cosa. Dijeron que las primarias debían realizarse hasta el 2024 y luego aceptan para enero, luego dijeron técnicamente inviable ahora dicen que es posible”, es reprochable esta actitud dijo el legislador.

Unidad Demócrata Morales es quien mintió primero al país

Los parlamentarios de la oposición devolvieron gentilezas y dijeron que el residente Evo Morales “no tiene moral” para hablar e impulsar una “ley contra la mentira” porque fue quien primero mintió a todos los bolivianos cuando aseguró que si la población rechaza su repostulación se iría “calladito” y respetaría la decisión del soberano.

En tanto, los parlamentarios del MAS aseguran que el Jefe de Estado responde al pueblo que “clama” por su repostulación en 2019 y en contraste, ayer una multitudinaria marcha de los cocaleros de los Yungas y varios sectores de la sociedad boliviana pidieron a viva voz su renuncia.

Morales reiteró que su Gobierno trabajará en un proyecto de ley contra la mentira, el que será enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional. “Vamos a proyectar la ley contra la mentira, porque ya es hora de moralizar (a los medios)”, dijo Morales al diario cruceño El Deber.

“El menos indicado de hablar de mentiras es Evo Morales, él dijo que respetaría el voto del pueblo ahora dice que no va a respetar. ¿Le creemos o no le creemos? Él es el primer mentiroso del país”, declaró el diputado Gonzalo Barrientos de Unidad Demócrata (UD).

El mandatario en más de una vez dijo que tras terminar su mandato se iría a su Chaco en el trópico de Cochabamba donde anunció que instalaría un restaurante para vivir de esa actividad, además que respetaría los resultados del 21 de febrero de 2016 que rechazó la repostulación de los mandatarios, no obstante ahora tiene previsto ir tras un cuarto mandato.

En diciembre de 2016 sostuvo que “...aunque algunos medios de comunicación dijeron que Evo no está preparado para volver a su chaco, si no estoy preparado, tengo tres años para prepararme y volver a mi chaco. Que no se preocupe la oposición de ese tema”.

El 22 de febrero de 2016, cuando no se conocía el resultado oficial del referéndum del 21F, Morales manifestó: “Aunque con un voto, dos votos, eso se respeta. Es la democracia. Si el pueblo dice No, entonces me tengo que preparar para (concluir) mi gestión”.

La opositora Unidad Demócrata sostiene que el mandatario no cumplió su palabra y le “mintió” al país. El MAS, bajo el argumento que la oposición ganó el 21F basando su campaña en una “mentira” vinculada al caso Gabriela Zapata, impulsó a través del Tribunal Constitucional la reelección indefinida para que Morales vuelva a ser candidato.

Por su parte, el jefe de la bancada del MAS en diputados David Ramos negó que el Jefe de Estado sea un “mentiroso”, porque la decisión de ir a la repostulación en las elecciones de 2019 no es “su voluntad” sino de todo el pueblo boliviano que “clama” por su reelección, sostuvo.

“El compañero presidente si bien ha manifestado esa situación, pero su postulación no es su voluntad es voluntad del pueblo (…). No está mintiendo nuestro hermano presidente, es voluntad soberana del pueblo que lo respalda”, sostuvo Ramos.

El legislador del MAS añadió: “Piden, claman a nivel nacional para que nuestro hermano presidente nuevamente se postule”, afirmó el legislador, pese a que en el país las fuerzas políticas de oposición y las plataformas ciudadanas exigen que el Gobierno cumpla el referéndum del 21F y en ese marco Morales no sea candidato el 2019.

ANP

Al respecto, la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) condenó el reiterado interés presidencial de crear una “ley contra la mentira”, a pesar de las advertencias sobre la vulneración de los derechos fundamentales de las y los ciudadanos bolivianos, protegidos por la Constitución Política del Estado (CPE) y los tratados internacionales de los que Bolivia es signatario.

La entidad recuerda nuevamente que la Declaración de Principios Sobre Libertad de Expresión de la (CIDH) es explícita cuando señala: “Considerando que la libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental; condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales”.

Por segunda vez en menos de un mes, la organización que representa a los diarios, revistas, semanarios y una agencia de noticias, exige que se cumpla la Constitución, la Ley de Imprenta y los tratados internacionales sobre derechos humanos para evitar un periodo de oscurantismo donde se conculquen ideas, pensamientos, diversidad de opiniones y hasta la difusión de hipótesis, con un freno al desarrollo humano, tal como sucedió en la inquisición.

Saturday, September 1, 2018

Diputado Quispe liberado con medidas sustitutivas

Tras dos noches en celdas judiciales, el diputado Rafael Quispe fue liberado la tarde de ayer con las medidas sustitutivas en el caso de presunto uso indebido de influencias, vinculado a un hecho de tránsito, que activó la Fiscalía Departamental, basado en una filmación al político aymara.

“La Fiscalía no ha podido probar nada”, gritó Quispe al salir de la audiencia cautelar, en la que la Juez Cuarto Anticorrupción, Melina Lima, determinó una fianza de Bs 15 mil para el legislador, además de presentarse a la firma del libro de registro cada semana en la Fiscalía de Distrito de La Paz.

Una grabación con la presunta voz de Quispe fue el detonante del proceso, cuando este conversaba con el concejal de El Alto, Óscar Huanca y un abogado, con quienes se esperaba definir el futuro legal del también edil Edgar Calderón, que había chocado un vehículo oficial a principios de año.

El fiscal Ramiro Jarandilla, dijo a los medios de cobertura, que si bien la juez determinó la liberación del diputado, ellos insistirán en la investigación, pues existe probabilidad de autoría en el caso. “El proceso continúa”, dijo.

Para el diputado de Unida Demócrata – UD, Wilson Santamaría, la sola aprehensión de Quispe vulneró dos artículos de la Constitución Política del Estado – CPE, referidos a la inviolabilidad de los legisladores. Asimismo, señaló que la justicia actuó de forma política al haber mantenido al diputado aymara entre rejas.

Rafael Quispe, antes de ser retenido por orden del Ministerio Público, había anunciado que impugnaría al actual fiscal de Distrito de La Paz, Edwin Blanco, mano derecha del fiscal general, Ramiro Guerrero, que se encuentra en la lista de postulantes al máximo cargo de esa instancia estatal.

“Vamos a impugnar con pruebas, porque es conocido que el fiscal Blanco es un pegamujeres”, citó la anterior semana, en referencia a un caso de violencia contra la mujer que involucró al funcionario en 2017. (VisorBolivia)

Friday, August 31, 2018

Conflicto en La Asunta Oposición no cree en informe sobre muerte de cocaleros

El Gobierno para justificar los muertos en La Asunta de los Yungas recién acepta la existencia de grupos irregulares cuando hace mucho tiempo negaba, por tanto, no son creíbles los argumentos del ministro Carlos Romero y de la Policía sobre la muerte de cocaleros, según la bancada opositora de Unidad Demócrata (UD).

“Nos preocupa mucho que el Gobierno admita que existe presencia de grupos irregulares o que pretenda crearlos solo para dividir al movimiento cocalero, hablan de 30 o 40 personas no se dicen su nacionalidad, al final lo que tenemos son compatriotas muertos (…) y lo único que hace es cerrar filas para defender el cultivo de la hoja tradicional”, dijo al respecto el diputado Wilson Santamaría.

El legislador manifestó que en este conflicto solo han presentado imágenes de celulares como supuesta prueba pero nada que sea una prueba material desde la Fiscalía o que se base en la ley orgánica del Ministerio Público.

“Se han presentado argumentos e imágenes pero materialmente no se ha presentado un arma, no se ha demostrado munición, se ha detenido a dirigentes con imágenes de celulares de otros dirigentes, que desde luego no son base material desde la Fiscalía General o cumpliendo la ley Orgánica del Ministerio Público”, afirmó.

Y además sostuvo que en su rol de fiscalizadores están analizando los mecanismos que podrían abordar para aplicar eventualmente una fiscalización.

“Estamos esperando un informe oficial desde el Ministerio de Gobierno para analizar cuáles son los mecanismos de fiscalización que vamos aplicar, eventualmente será una interpelación la que tengamos que plantear para responder sobre todo en este asunto”, señaló.

En ese sentido sugirió Santamaría, que la erradicación no solo se debe remitir a esos lugares son que también deben tomar en cuenta el Polígono 7 el Parque Nacional Carrasco.

“Lo que nosotros exigimos es un trabajo parejo, es decir, comenzar una erradicación en el polígono 7 trabajar en el Parque Nacional Carrasco e iniciar las acciones de erradicación en la áreas no permitidas por la ley como ha establecido a la ley 906 y eso tiene que explicar el Ministerio de Gobierno y de Desarrollo Rural”, expresó.

Por su parte la diputada, Lourdes Millares, dijo que el Movimiento al Socialismo (MAS), siempre busca tomar el mando de las organizaciones sociales y este no sería la excepción, porque casi siempre los mete a la cárcel, como sucede con Franklin Gutiérrez, secretario de la Asociación departamental de productores de la hoja de coca (Adepcoca).

“El MAS siempre busca tomar el mando de las organizaciones y meter a la cabeza detrás de la rejas para controlar las mismas, estamos preocupados sinceramente pensamos que no es posible que en Bolivia se naturalice la perdida de vida humanas de los policías”, afirmó Millares.

TITO VEIZAGA

El diputado del MAS, Tito Veizaga informó que va solicitar sentarse a dialogar entre cocaleros y el Gobierno para que lleguen a una sana conclusión y si es posible interrumpir la erradicación en Los Yungas.

“Entiendo que para sentarse en una mesa de diálogo tiene que haber un cuarto intermedio en la erradicación y parar esta situación, los hermanos de base que están sufriendo, pacíficamente dialoguen y en base a esto se pueda solucionar”, manifestó Veizaga.

Asimismo dijo que no descarta una solicitud de informe para que indique el Ministro de Gobierno informe sobre los acontecimientos y más aun sobre la presencia de extranjeros en territorio yungueño.

“Si realmente es cierto lo que está declarando el Ministro de Gobierno como diputados vamos a solicitar una petición e informe a la Dirección de Migración porque no solo estarían corriendo riesgo los hermanos cocaleros sino toda la población, estamos en nuestro derecho de pedir un informe a Cancillería y Migración”, confirmó Veizaga.

Abogada de Rafael Quispe presentó acción de libertad

La abogada del diputado opositor Rafael Quispe, Zuleyca Lanza, presentó la tarde de ayer una acción de libertad, por la vulneración de derechos y garantías al desconocerse los motivos de su aprehensión.

“Hemos presentado una acción de libertad que está radicada en el juzgado cuarto de Sentencia por la vulneración de derechos y garantías porque hasta ahora no han dado las razones para la aprehensión”, denunció la abogada.

Quispe fue trasladado ayer a celdas judiciales y a las 15:30 de hoy será su audiencia cautelar luego que el miércoles por la noche fuera aprehendido por existir un mandamiento de aprehensión en su contra.

La Fiscalía ordenó la aprehensión del diputado de Unidad Demócrata (UD), Rafael Quispe, puesto que el legislador participó como parte denunciante de un hecho de transito que involucró al concejal de Unidad Nacional (UN), Édgar Calderón.

En octubre de la gestión pasada, Calderón, quien se encontraba en estado de ebriedad y conducía un vehículo oficial, chocó en el municipio de Achocalla contra un vehículo particular. Tras este hecho, Quispe fue la parte denunciante, pero cuando la víctima llegó a un acuerdo con el concejal, el parlamentario se retiró del proceso.

Thursday, August 30, 2018

Uso indebido de influencias Aprehendieron a diputado Rafael Quispe

A denuncia de Guillermo Chávez Guarachi, concejal de la ciudad de El Alto, anoche fue aprehendido el diputado de oposición Rafael Quispe (UN) sindicado de incurrir en abuso de autoridad, mientras que para el diputado Wilson Santamaría este hecho constituye una muestra más de un torcido ejercicio de la justicia.

“Es una venganza de Edwin Blanco, (fiscal de Distrito de La Paz) (...) porque he anunciado que voy a impugnar su postulación (a Fiscal General). No hay razón legal para mi aprehensión, no hay nada en el cuaderno de investigaciones”, afirmó Quispe en declaraciones públicas.

El asambleísta nacional refirió que su captura responde a los temores del fiscal Blanco que, a cuyo decir, no tiene méritos “ni talante” para asumir el cargo de Fiscal General y que desde hace meses intenta intimidarlo.

Explicó que su captura se produjo en circunstancias poco claras porque fue citado para cumplir con declaraciones informativas por un presunto delito de uso indebido de influencias.

Por su parte, el diputado Wilson Santamaría remarcó que esta acción es de amedrentamiento y represalias por las investigaciones que realiza sobre asuntos que comprometerían la fiscal del Distrito La Paz, Edwin Blanco.

“Ha sido conducido a esta instalaciones para aguardar una audiencia de medidas cautelares en las siguientes horas y esperar que se señale el juzgado. (...) lamentamos esta discrecional aplicación del Código (Penal) el pisoteo de garantías”, dijo enfático del diputado tras explicar que Quispe fue convocado a declarar en calidad de testigo.

Horas después, surgieron trascendidos en sentido de que el diputado Quispe fuera liberado de las celdas policiales, versión que en conversación con EL DIARIO fue desmentida por su representante legal, abogada Zuleyka Lanza.