La alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, anunció que se apelará la sentencia de cuatro años de cárcel para el exburgomaestre Edgar Patana (MAS), por el delito de incumplimiento de deberes ante la desaparición de 33 vehículos municipales.
“En este caso, lo que el Gobierno Municipal hará es apelar esta determinación del Juzgado, en el sentido de que no se ha tomado en cuenta -a cabalidad- la demanda de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica del exalcalde. Este proceso aún no ha concluido y es importante que la población lo conozca, pues estamos disconformes con esta determinación”, expresó la Alcaldesa a los medios de comunicación.
ANÁLISIS JUDICIAL
Asimismo, detalló que la Unidad Jurídica del Municipio analiza y avalúa los parámetros legales para apelar la determinación del juez que dictó la sentencia a Patana, ya que no tomó en cuenta el daño económico que causó esta exautoridad al Municipio de El Alto.
“Vamos a valorar y respetar la decisión del Juez, pero creemos que cuatro años es insuficiente en el entendido de que la denuncia también involucra el daño económico y la conducta antieconómica por la desaparición de 33 vehículos, siendo dinero de todos los alteños”, recalcó la primera autoridad municipal.
Por otro lado, el diputado suplente opositor Rafael Quispe anunció ayer que apelará la sentencia condenatoria de 4 años de cárcel dictada por un juez anticorrupción en contra del exalcalde de El Alto, Edgar Patana, porque durante la lectura de la resolución judicial no se cuantificó el daño civil por la pérdida de 33 vehículos de propiedad municipal.
Dijo que él presentó querella el año 2015 y que en cumplimiento de la Ley 004 la actual alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, se ha adherido al proceso que finalmente logró una sentencia de cárcel en San Pedro de La Paz.
Indicó que una vez leída la totalidad de la sentencia fijada el próximo 7 de julio, inmediatamente apelará porque al parecer la resolución judicial es incompleta al no haber establecido el daño económico con la pérdida de 33 vehículos, presuntamente entregados a organizaciones sociales afines al MAS.
“La norma es bien clara, se contabiliza el tiempo que ha estado detenido en el penal. Si estuvo un año y medio, estará medio año y podría salir en libertad, entonces es una condena sospechosa. “, declaró al reconocer sin embargo que el Tribunal dio la pena correcta de 4 años para el delito de incumplimiento de deberes, pero no cualificó el daño económico. (AMI y Erbol)
Friday, July 7, 2017
Vulneración de derechos laborales Oposición pide informe sobre personal de empresas chinas
Senadores de la bancada de Unidad Demócrata (UD) plantearon peticiones de informe escrito a cuatro ministerios de Estado, para conocer el porcentaje de ciudadanos extranjeros contratos por empresas chinas y la vulneración de derechos laborales a trabajadores bolivianos.
Los ministerios que deben responder a las peticiones de informe escrito son: de Relaciones Exteriores, Trabajo, Gobierno y Obras Públicas, la senadora Jeanine Añez, se refirió específicamente a denuncias que recibió de las empresas que se adjudicaron para la construcción de la carretera Rurrenabaque-Riberalta.
La legisladora opositora citó varias presuntas irregularidades y vulneración a normativa boliviana por parte de las empresas chinas contratadas por el Estado boliviano para la construcción de la vía.
Denunciaron “abuso laboral” de las empresas extranjeras contra mano de obra del país, incumplimiento contratos con los trabajadores de Bolivia, queremos saber qué está haciendo el Ministerio de Trabajo, sostuvo Añez.
El otro tema preocupante dijo, es la cantidad de ciudadanos chinos contratados por estas empresas, en qué porcentaje hay trabajadores del país y del extranjero. De acuerdo a la información que cuenta Añez los campamentos estarían llenos de ciudadanos chinos muchos entre 20 y 25 años.
Los ministerios que deben responder a las peticiones de informe escrito son: de Relaciones Exteriores, Trabajo, Gobierno y Obras Públicas, la senadora Jeanine Añez, se refirió específicamente a denuncias que recibió de las empresas que se adjudicaron para la construcción de la carretera Rurrenabaque-Riberalta.
La legisladora opositora citó varias presuntas irregularidades y vulneración a normativa boliviana por parte de las empresas chinas contratadas por el Estado boliviano para la construcción de la vía.
Denunciaron “abuso laboral” de las empresas extranjeras contra mano de obra del país, incumplimiento contratos con los trabajadores de Bolivia, queremos saber qué está haciendo el Ministerio de Trabajo, sostuvo Añez.
El otro tema preocupante dijo, es la cantidad de ciudadanos chinos contratados por estas empresas, en qué porcentaje hay trabajadores del país y del extranjero. De acuerdo a la información que cuenta Añez los campamentos estarían llenos de ciudadanos chinos muchos entre 20 y 25 años.
En exámenes judiciales Sólo el MAS elaboró las preguntas para entrevistas
La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Norma Piérola denunció que los asambleístas de la Comisión Mixta de Justicia Plural, todos del Movimiento al Socialismo (MAS), realizaron las preguntas para la etapa de entrevista a los postulantes a dos órganos judiciales.
“Nosotros tenemos derecho a preguntar, cómo es posible que nos quiten hasta esa atribución de evaluar. Por lo menos, cada titular de la comisión tiene la potestad de realizar una interrogante a los candidatos, tenemos entendido que los oficialistas realizaron las preguntas”, en estos términos exteriorizó su malestar por lo sucedido.
Comenzó ayer la entrevista a los 74 aspirantes que siguen en carrera para postular al Tribunal Agroambiental (TA) y al Consejo de la Magistratura (CM).
Sobre este punto, el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Víctor Borda, confirmó que las preguntas para la fase de entrevista fueron realizadas por la Comisión de Justicia Plural del Legislativo, que en su mayoría son oficialistas.
“La Comisión Mixta es la que elaboró las preguntas para esta etapa, porque es una atribución de esta instancia, además de calificar a los postulantes. Las preguntas tienen que ser de desarrollo, conceptuales, dogmáticas y doctrinales,”, explicó Borda.
VEEDORES
Gustavo Rojas, presidente del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), ratificó que el Sistema Universitario ya no participó de la elaboración de las preguntas para la etapa de entrevista, puesto que sólo son veedores en la última etapa de evaluación. Sin embargo, indicó que emitirán sus observaciones si es que se registra alguna irregularidad.
Los representantes Enrique Cortez, de la Universidad Autónoma San Francisco Xavier (Uasfx), de Chuquisaca; Sonia Llanos, de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (Uajms), de Tarija; Héctor Araoz, delegado de la Universidad Técnica de Oruro (UTO) y Luis Alberto Arellano de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Cochabamba, estaban presentes en esta etapa.
DESARROLLO
La última fase de evaluación, que es la entrevista, debió empezar al mediodía de ayer, pero se demoró una hora, por el retraso de algunos legisladores y la falta de preparación del ambiente de la comisión mixta de justicia, lugar donde se desarrolló la primera jornada de la evaluación.
24 de los 74 postulantes que aprobaron el examen escrito pasaron a la fase de entrevista, 11 aspirantes al Tribunal Agroambiental (TA) y 13 al Consejo de la Magistratura (CM). Los postulantes deben responder a tres preguntas, en el plazo de 5 minutos. Cada una de ellas tiene el valor de 10 puntos.
Con relación a esto, el diputado Borda indicó que se elaboraron tres tipos de preguntas: la primera de conocimiento general, la segunda de conocimiento específico y, la tercera, respecto a una propuesta o visión de justicia que se tiene.
“Nosotros tenemos derecho a preguntar, cómo es posible que nos quiten hasta esa atribución de evaluar. Por lo menos, cada titular de la comisión tiene la potestad de realizar una interrogante a los candidatos, tenemos entendido que los oficialistas realizaron las preguntas”, en estos términos exteriorizó su malestar por lo sucedido.
Comenzó ayer la entrevista a los 74 aspirantes que siguen en carrera para postular al Tribunal Agroambiental (TA) y al Consejo de la Magistratura (CM).
Sobre este punto, el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Víctor Borda, confirmó que las preguntas para la fase de entrevista fueron realizadas por la Comisión de Justicia Plural del Legislativo, que en su mayoría son oficialistas.
“La Comisión Mixta es la que elaboró las preguntas para esta etapa, porque es una atribución de esta instancia, además de calificar a los postulantes. Las preguntas tienen que ser de desarrollo, conceptuales, dogmáticas y doctrinales,”, explicó Borda.
VEEDORES
Gustavo Rojas, presidente del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), ratificó que el Sistema Universitario ya no participó de la elaboración de las preguntas para la etapa de entrevista, puesto que sólo son veedores en la última etapa de evaluación. Sin embargo, indicó que emitirán sus observaciones si es que se registra alguna irregularidad.
Los representantes Enrique Cortez, de la Universidad Autónoma San Francisco Xavier (Uasfx), de Chuquisaca; Sonia Llanos, de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (Uajms), de Tarija; Héctor Araoz, delegado de la Universidad Técnica de Oruro (UTO) y Luis Alberto Arellano de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Cochabamba, estaban presentes en esta etapa.
DESARROLLO
La última fase de evaluación, que es la entrevista, debió empezar al mediodía de ayer, pero se demoró una hora, por el retraso de algunos legisladores y la falta de preparación del ambiente de la comisión mixta de justicia, lugar donde se desarrolló la primera jornada de la evaluación.
24 de los 74 postulantes que aprobaron el examen escrito pasaron a la fase de entrevista, 11 aspirantes al Tribunal Agroambiental (TA) y 13 al Consejo de la Magistratura (CM). Los postulantes deben responder a tres preguntas, en el plazo de 5 minutos. Cada una de ellas tiene el valor de 10 puntos.
Con relación a esto, el diputado Borda indicó que se elaboraron tres tipos de preguntas: la primera de conocimiento general, la segunda de conocimiento específico y, la tercera, respecto a una propuesta o visión de justicia que se tiene.
Wednesday, July 5, 2017
Tuesday, July 4, 2017
UD pide que canciller aclare dudas sobre nueve bolivianos
Parlamentarios de oposición plantean una “sesión reservada” para que el canciller Fernando Huanacuni responda a 14 preguntas vinculadas al caso de los nueve bolivianos que fueron detenidos en la frontera con Chile y expulsados la semana pasada del mismo país.
El diputado Wilson Santamaría (UD) reiteró la importancia de investigar a los nueve connacionales que fueron detenidos el 31 de marzo en un incidente en la frontera con Chile, es por eso que pide que sea el canciller Huanacuni quien responda varias preguntas sobre el incidente.
“Se trata de un tema de seguridad nacional, por tanto, el canciller debe responder en una sesión reservada”, declaró.
El asambleísta prevé presentar hoy la solicitud formal ante el presidente de la Asamblea Legislativa, Álvaro García, quien deberá poner fecha y hora para dar procedimiento a la misma, en caso de ser aceptada la solicitud.
Debido a la delicadeza del tema, las 14 preguntas no serán reveladas debido a que en las sesiones de carácter reservadas tratan temas de seguridad nacional.
QUÉ ES UNA SESIÓN RESERVADA
A diferencia de otras sesiones, según el artículo 88 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, las sesiones reservadas son secretas y pueden ser decretadas a “pedido del Órgano Ejecutivo o a moción de una diputada o diputado apoyada (o) por cinco. En cualquiera de estos casos se calificará el motivo a puerta cerrada y se resolverá la reserva, por dos tercios de votos”.
El artículo 89 señala que el procedimiento se registrará “solo y exclusivamente por la Oficial o el Oficial Mayor que estará asistido por la directora o director de redacción y una o un técnico en grabación. Dichos funcionarios deberán prestar juramento de guardar secreto de lo que fuere tratado en la reunión”.
CANCILLER
Consultado sobre el tema, el canciller Huanacuni dijo que está dispuesto a demostrar con documentos, así como se lo realizó en Chile, lo sucedido el 19 de marzo en la frontera con Chile.
Sin embargo, criticó a los parlamentarios de la oposición señalando que solamente pretenden hacer daño a los nueve connacionales que ahora están en territorio boliviano y junto a sus familias, después de haber pasado momentos de tortura y encierro injusto en un penal chileno.
“Estamos dispuestos para poder mostrar como lo hemos mostrado en el proceso en Chile (…). El pueblo boliviano ha estado informado en su momento (…) creo que la oposición no va en la construcción de un diálogo sincero de poder visibilizar aspectos internos cumpliendo cómo que se están aliando a las posturas de Chile”, sostuvo.
El diputado Wilson Santamaría (UD) reiteró la importancia de investigar a los nueve connacionales que fueron detenidos el 31 de marzo en un incidente en la frontera con Chile, es por eso que pide que sea el canciller Huanacuni quien responda varias preguntas sobre el incidente.
“Se trata de un tema de seguridad nacional, por tanto, el canciller debe responder en una sesión reservada”, declaró.
El asambleísta prevé presentar hoy la solicitud formal ante el presidente de la Asamblea Legislativa, Álvaro García, quien deberá poner fecha y hora para dar procedimiento a la misma, en caso de ser aceptada la solicitud.
Debido a la delicadeza del tema, las 14 preguntas no serán reveladas debido a que en las sesiones de carácter reservadas tratan temas de seguridad nacional.
QUÉ ES UNA SESIÓN RESERVADA
A diferencia de otras sesiones, según el artículo 88 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, las sesiones reservadas son secretas y pueden ser decretadas a “pedido del Órgano Ejecutivo o a moción de una diputada o diputado apoyada (o) por cinco. En cualquiera de estos casos se calificará el motivo a puerta cerrada y se resolverá la reserva, por dos tercios de votos”.
El artículo 89 señala que el procedimiento se registrará “solo y exclusivamente por la Oficial o el Oficial Mayor que estará asistido por la directora o director de redacción y una o un técnico en grabación. Dichos funcionarios deberán prestar juramento de guardar secreto de lo que fuere tratado en la reunión”.
CANCILLER
Consultado sobre el tema, el canciller Huanacuni dijo que está dispuesto a demostrar con documentos, así como se lo realizó en Chile, lo sucedido el 19 de marzo en la frontera con Chile.
Sin embargo, criticó a los parlamentarios de la oposición señalando que solamente pretenden hacer daño a los nueve connacionales que ahora están en territorio boliviano y junto a sus familias, después de haber pasado momentos de tortura y encierro injusto en un penal chileno.
“Estamos dispuestos para poder mostrar como lo hemos mostrado en el proceso en Chile (…). El pueblo boliviano ha estado informado en su momento (…) creo que la oposición no va en la construcción de un diálogo sincero de poder visibilizar aspectos internos cumpliendo cómo que se están aliando a las posturas de Chile”, sostuvo.
Saturday, July 1, 2017
Sandoval se queja con Morales por obstruir fiscalización
La diputada Rose Marie Sandoval (UD) denunció ayer que de 20 peticiones de informe escrito formuladas este 2017, el Ejecutivo respondió apenas seis. Mediante una carta al presidente Evo Morales alertó de una “obstrucción” de los ministerios a la labor de fiscalización.
“Solicito que por medio de su autoridad se instruya a los ministros que no entorpezcan el trabajo del Órgano Legislativo y cumplan con las fechas estipuladas en el Reglamento General de la Cámara de Diputados para dar respuesta a las peticiones de informe escrito.
La legisladora adjuntó la lista de las 20 peticiones de informe que hizo a diferentes despachos del Órgano Ejecutivo entre ellos: Ministerio de Obras Públicas, de Defensa, de Gobierno, de Hidrocarburos y Relaciones Exteriores.
Del conjunto de las solicitudes fueron respondidos seis por el Ministerio de la Presidencia, de Educación, dos del Ministerio de Defensa y una de Obras Públicas.
Dijo que en su carta le pide que haga ajustes en sus ministerios para que respondan en los plazos establecidos a las peticiones de informe escrito.
El diputado Amilcar Barral lamentó que el ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas, haya pedido postergar la interpelación prevista para este 1 de julio por razones de salud.
No entendemos por qué la petición de postergación cuando sabemos que la autoridad está en su despacho cumpliendo sus funciones dijo Barral.
Rojas debía responder a un pliego interpelatorio por la empresa Quipus. (ANF)
“Solicito que por medio de su autoridad se instruya a los ministros que no entorpezcan el trabajo del Órgano Legislativo y cumplan con las fechas estipuladas en el Reglamento General de la Cámara de Diputados para dar respuesta a las peticiones de informe escrito.
La legisladora adjuntó la lista de las 20 peticiones de informe que hizo a diferentes despachos del Órgano Ejecutivo entre ellos: Ministerio de Obras Públicas, de Defensa, de Gobierno, de Hidrocarburos y Relaciones Exteriores.
Del conjunto de las solicitudes fueron respondidos seis por el Ministerio de la Presidencia, de Educación, dos del Ministerio de Defensa y una de Obras Públicas.
Dijo que en su carta le pide que haga ajustes en sus ministerios para que respondan en los plazos establecidos a las peticiones de informe escrito.
El diputado Amilcar Barral lamentó que el ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas, haya pedido postergar la interpelación prevista para este 1 de julio por razones de salud.
No entendemos por qué la petición de postergación cuando sabemos que la autoridad está en su despacho cumpliendo sus funciones dijo Barral.
Rojas debía responder a un pliego interpelatorio por la empresa Quipus. (ANF)
UD pide explicación a cuatro entidades sobre detenidos
La bancada de Unidad Demócrata amplió la solicitud de Petición de Informe Oral al Ministerio de Economía, Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas y Aduana Nacional, entidades estatales que deben explicar sobre la situación de los nueve detenidos que fueron sentenciados y expulsados por la justicia de Chile.
“En el marco establecido en la Constitución Política del Estado y en el reglamento interno de la Asamblea Legislativa, enviamos solicitudes de petición de informe escrito el Ministerio de Economía, Ministerio de Defensa, Aduana Nacional y a las Fuerzas Armadas, para que aclaren estas acusaciones y esos supuestos. Se debe realizar una investigación”, precisó el diputado opositor Wilson Santamaría.
En el recibimiento que se hizo a los 9 bolivianos por parte de las autoridades del Gobierno, en la localidad de Pisiga, frontera entre Bolivia y Chile, un pequeño grupo se apostó para observarlos e indicaron que uno de ellos era “chutero” (contrabandista de autos ilegales).
Durante el acto se escuchó decir es culpable “Arsenio Choque para llevarles a los militares; él es el autor. Él está acostumbrado. Es chutero, es el que lleva por los caminos clandestinos”, gritó en pleno acto Luis Condori, que se identificó como transportista de carga pesada.
Sobre estas declaraciones, la presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, criticó a la oposición por plantear que se investigue las circunstancias de la detención de los nueve bolivianos expulsados de Chile y en particular a Arsenio Choque, quien fue denunciado por ser presuntamente “el guía de los chuteros”.
“Repiten argumentos de ciertos sectores de la política chilena como loros. ¿Cómo puede ser que diputados de oposición se comporten de esa manera? Una persona que estuvo sometida a más de 100 días a distancia de sus familiares, atacarlos de esa manera representa una falta de humanidad absoluta”, afirmó Montaño.
INFORME
El diputado de Unidad Demócrata, Amílcar Barral, indicó que desde el pasado mes de abril se solicitó los expedientes y las hojas de vida de los funcionarios aduaneros y de los militares, pero hasta el momento las autoridades competentes no remetieron esta información, por lo que presumen que existe irregularidades.
Además que la Aduana Nacional no lo reconoció como uno de los funcionarios pertenecientes a esa institución, por lo que generó dudas en la oposición y en otros sectores sociales.
En el aviso se indicó que Brian Quenallata Mendo, David Cimar Quenallata Laurel, Diego Guzmán Vásquez, Ediberto Raúl Mamani, Juan José Tórrez y Karl Luis Guachalla tienen un puesto en esa instancia aduanera, en el cargo de “Técnico en Control Aduanero”. En ese documento se hizo alusión a Choque como un “conductor legalmente contratado por la Gerencia Regional de Oruro”.
“En el marco establecido en la Constitución Política del Estado y en el reglamento interno de la Asamblea Legislativa, enviamos solicitudes de petición de informe escrito el Ministerio de Economía, Ministerio de Defensa, Aduana Nacional y a las Fuerzas Armadas, para que aclaren estas acusaciones y esos supuestos. Se debe realizar una investigación”, precisó el diputado opositor Wilson Santamaría.
En el recibimiento que se hizo a los 9 bolivianos por parte de las autoridades del Gobierno, en la localidad de Pisiga, frontera entre Bolivia y Chile, un pequeño grupo se apostó para observarlos e indicaron que uno de ellos era “chutero” (contrabandista de autos ilegales).
Durante el acto se escuchó decir es culpable “Arsenio Choque para llevarles a los militares; él es el autor. Él está acostumbrado. Es chutero, es el que lleva por los caminos clandestinos”, gritó en pleno acto Luis Condori, que se identificó como transportista de carga pesada.
Sobre estas declaraciones, la presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, criticó a la oposición por plantear que se investigue las circunstancias de la detención de los nueve bolivianos expulsados de Chile y en particular a Arsenio Choque, quien fue denunciado por ser presuntamente “el guía de los chuteros”.
“Repiten argumentos de ciertos sectores de la política chilena como loros. ¿Cómo puede ser que diputados de oposición se comporten de esa manera? Una persona que estuvo sometida a más de 100 días a distancia de sus familiares, atacarlos de esa manera representa una falta de humanidad absoluta”, afirmó Montaño.
INFORME
El diputado de Unidad Demócrata, Amílcar Barral, indicó que desde el pasado mes de abril se solicitó los expedientes y las hojas de vida de los funcionarios aduaneros y de los militares, pero hasta el momento las autoridades competentes no remetieron esta información, por lo que presumen que existe irregularidades.
Además que la Aduana Nacional no lo reconoció como uno de los funcionarios pertenecientes a esa institución, por lo que generó dudas en la oposición y en otros sectores sociales.
En el aviso se indicó que Brian Quenallata Mendo, David Cimar Quenallata Laurel, Diego Guzmán Vásquez, Ediberto Raúl Mamani, Juan José Tórrez y Karl Luis Guachalla tienen un puesto en esa instancia aduanera, en el cargo de “Técnico en Control Aduanero”. En ese documento se hizo alusión a Choque como un “conductor legalmente contratado por la Gerencia Regional de Oruro”.
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