Saturday, March 18, 2017
Oposición analiza medidas tras detención de Suárez
El Movimiento Demócrata Social (MDS) anunció ayer movilizaciones luego de que un juez mandó a prisión preventiva al exgobernador de Beni, Ernesto Suárez. Los opositores consideran que se trata de una persecución política y judicial.
Líderes y representantes de partidos de la oposición anunciaron el inicio de acciones legales en el plano nacional e internacional para enfrentar lo que consideran un nuevo atropello contra la justicia y la democracia. El oficialismo, sin embargo, aseguró que la Justicia actúa con independencia.
El senador Óscar Ortiz (UD) informó que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Movimiento Demócrata Social (MDS) se reunirá hoy de emergencia en Santa Cruz para definir acciones en defensa de su primer vicepresidente, Suárez.
“Tenemos una reunión extraordinaria para atender este atropello, este abuso que está sufriendo nuestro compañero Ernesto Suárez y determinar todas las acciones que haremos en su defensa”, explicó Ortiz en conferencia de prensa.
A su vez Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz y presidente del MDS, afirmó que algunos jueces y fiscales sirven de instrumento para ejecutar un plan de erradicación de la oposición.
“Estas persecuciones las hacen justamente cuando no pueden tapar la corrupción en este país y su ciclo que se les acaba; por eso tratan de detenernos a como dé lugar, tratan de paralizar cualquier acción de la oposición de forma desesperada”, agregó.
El alcalde de la ciudad de Cochabamba, José María Leyes, del MDS, también hizo conocer su protesta y confirmó su presencia para hoy en Santa Cruz.
En tanto, el jefe de bancada de diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS), Edgar Montaño, criticó a la oposición por llevar cualquier caso al plano de la “politización”.
“Lo que los opositores quieren es desvirtuar cualquier tema judicial, quieren ser impunes con el discurso de persecución política. Nadie del oficialismo influyó en la decisión de la justicia”, aseveró.
JUEZ SÍ CONOCÍA DOMICILIO
La esposa del exprefecto de Beni Ernesto Suárez, Naneth Aponte, afirmó ayer que el juez José Pedro Carvalho de Trinidad, sabía que la exautoridad vivía y dormía hace 25 años en la misma casa, donde recibe citaciones y notificaciones día por medio, por los 31 procesos abiertos por el Gobierno. Sin embargo, a la hora de tomar la decisión de enviarlo a la cárcel de Movocí, desconoció el domicilio habitual, indicó.
Sostuvo que el juez no valoró las pruebas y la documentación sobre el domicilio que otros jueces valoraron, porque al final decidió enviar a la cárcel “a un hombre inocente, cuyo único pecado fue ser opositor al Gobierno, luchar por la autonomía que hoy tiene toda Bolivia, la libertad y la democracia”.
Aponte manifestó que al Gobierno no le importa torcer la justicia y presionar a los jueces contra los opositores como si fueran sus enemigos, porque el juez sabía hace 25 años que Ernesto Suárez vive en esa casa citada en otros procesos. “Esto es una instrucción política, esto es una persecución a los opositores”, dijo.
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Friday, March 17, 2017
Ernesto Suárez con detención preventiva en cárcel Mocoví
El juez José Carvalho decidió este jueves enviar a la cárcel de Mocoví con detención preventiva al exgobernador de Beni, Ernesto Suárez, por una acusación de legitimación de ganancias ilícitas.
La autoridad judicial consideró que Suárez no tiene habitualidad en su domicilio, con lo cual fundamentó la decisión de encerrarlo mientras dure su proceso, según reporte de radio Patujú de la Red Erbol.
El exgobernador está acusado de ganar ilícitamente 200 mil bolivianos y 60 mil dólares, sin embargo, argumentó que este dinero se justifica en su actividad ganadera, informó el dirigente de los Demócratas, Rodney Mercado.
El representante de los Demócratas calificó de “absurdo” que encarcelen a Suárez por observaciones a su domicilio. Aseveró hubo una presión política al juez.
Tras su audiencia, policías escoltaron a Suárez en una patrulla para llevárselo de tribunales. (Erbol)
La autoridad judicial consideró que Suárez no tiene habitualidad en su domicilio, con lo cual fundamentó la decisión de encerrarlo mientras dure su proceso, según reporte de radio Patujú de la Red Erbol.
El exgobernador está acusado de ganar ilícitamente 200 mil bolivianos y 60 mil dólares, sin embargo, argumentó que este dinero se justifica en su actividad ganadera, informó el dirigente de los Demócratas, Rodney Mercado.
El representante de los Demócratas calificó de “absurdo” que encarcelen a Suárez por observaciones a su domicilio. Aseveró hubo una presión política al juez.
Tras su audiencia, policías escoltaron a Suárez en una patrulla para llevárselo de tribunales. (Erbol)
Esposa de Suárez asegura que su pareja está en la cárcel sólo por ser opositor
Naneth Aponte, esposa del exgobernador Ernesto Suárez, expresó que siente impotencia por el encarcelamiento de su pareja debido a un caso de presunta legitimación de ganancias ilícitas porque considera que está detenido sólo por ser opositor al gobierno de Evo Morales.
"Están afectados mis hijos, la familia de él, su madre y sus hermanos, pero en todo ello también tenemos la fortaleza de saber que él es inocente, él simplemente está ahí (en la cárcel de Mocoví) por ser opositor y eso no es correcto, por eso lo que uno siente es impotencia e indefensión", aseveró.
Aponte, en una entrevista en el programa No Mentirás, agregó que su esposo se encuentra en manos de una justicia que no hace su trabajo porque sólo "se deja presionar por el poder político que da instrucciones para doblar la ley y eso a uno le afecta".
Sin embargo, también aseguró que de alguna forma, la familia de la exautoridad departamental del Beni estaba preparada para esta situación.
"Sabíamos los riesgos que llevaba la dedicación (a la política) y el empeño que le pone mi esposo en su trabajo, estamos toda su familia apoyándolo en su lucha por los principios, la libertad y la democracia, que es lo único que él desea hacer en este país", remarcó.
Entre tanto, la defensa legal de la exautoridad confirmó que apelará la decisión judicial que se tomó el pasado jueves para llevar preso de manera preventiva a Suárez.
"Están afectados mis hijos, la familia de él, su madre y sus hermanos, pero en todo ello también tenemos la fortaleza de saber que él es inocente, él simplemente está ahí (en la cárcel de Mocoví) por ser opositor y eso no es correcto, por eso lo que uno siente es impotencia e indefensión", aseveró.
Aponte, en una entrevista en el programa No Mentirás, agregó que su esposo se encuentra en manos de una justicia que no hace su trabajo porque sólo "se deja presionar por el poder político que da instrucciones para doblar la ley y eso a uno le afecta".
Sin embargo, también aseguró que de alguna forma, la familia de la exautoridad departamental del Beni estaba preparada para esta situación.
"Sabíamos los riesgos que llevaba la dedicación (a la política) y el empeño que le pone mi esposo en su trabajo, estamos toda su familia apoyándolo en su lucha por los principios, la libertad y la democracia, que es lo único que él desea hacer en este país", remarcó.
Entre tanto, la defensa legal de la exautoridad confirmó que apelará la decisión judicial que se tomó el pasado jueves para llevar preso de manera preventiva a Suárez.
Thursday, March 16, 2017
Ley de Transferencia Oposición impugna traspaso de campo ferial al Gobierno
Los asambleístas de la oposición anunciaron ayer que impugnarán la aprobación del traspaso del predio del Campo Ferial de El Alto al Gobierno, el cual fue aprobado a las 7.00 de la mañana por la bancada mayoritaria del Movimiento al Socialismo(MAS) en medio de peleas y amagues de enfrentamiento, entre asambleístas y representantes de Fejuve.
El Campo Ferial de El Alto que comprende más de 18.000 metros cuadrados o más de dos hectáreas, de concretarse su transferencia será entregada al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.
La sesión de los Asambleístas Departamentales del oficialismo se dio inicio a las 6.00, en medio de protestas de los funcionarios de la Gobernación, de los vecinos de El Alto y de los asambleístas de la oposición, quienes mostraron su desacuerdo con movilizaciones afuera de la plenaria.
Al terminar la sesión se generaron conflictos y agresiones por lo que los asambleístas del MAS abandonaron el lugar con protección policial, en medio de gritos y tensión.
IMPUGNACIÓN
Los asambleístas de las bancadas de Unidad Nacional (Un) y Soberanía y Libertad (Sol.bo) manifestaron que presentarán una impugnación ante la aprobación de la transferencia en 48 horas, para que sea remitido nuevamente a la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz.
Por su parte, el gobernador de La Paz, Félix Patzi, manifestó su tristeza por la aprobación de la trasferencia de este predio, evaluado en más de 37 millones de dólares. “Lamentablemente, he tenido que anoticiarme que se ha aprobado una ley de transferencia al Ministerio de Obras Públicas, a título gratuito, del predio de dos hectáreas de la Ceja de El Alto, el cual pertenece a la Gobernación; para mí, es un hecho un muy lamentable porque se le está haciendo daño al Departamento (…)”, señaló.
Asimismo, reiteró que en el predio del Campo Ferial se pretendía construir un Centro de Convenciones, que generaría mensualmente 20 millones de bolivianos. Al mismo tiempo, agradeció a la población que mostró su desconformidad con la medida del oficialismo, indicando que ante este hecho, los asambleístas (opositores) presentarán una impugnación, y de su parte anunciaron que verá cómo defender esta instalación jurídicamente, una vez que se le derive para su aprobación.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Juan Luis Vargas, informó que la deuda de la Gobernación se trasladará al Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda, el cual pretende construir en el predio uno similar al “Chuquiago Marka” que tiene La Paz en el barrio de Seguencoma, para beneficio de los alteños, ya que durante mucho tiempo el gobierno departamental no se manifestó al respecto.
Aseguró, asímismo, que el gobernador Félix Patzi al realizar la construcción del centro de convenciones, estaría entregando el predio a las empresas privadas, con el nombre de concesiones, quienes por el plazo aproximado de 40 años estarían cobrando su inversión.
Por lo que indicó, Patzi resiste y se niega a promulgar la resolución, por su condición de presidente de la Asamblea, en cumplimiento a normativa legislativa interna.
Vargas negó que la transferencia signifique un despojo, porque el campo ferial se mantendrá en el mismo lugar y beneficiará a la ciudad de El Alto.
Asimismo, indicó que la nueva obra que realizará el Ministerio de Obras Públicas tendrá la inversión de 600 millones de bolivianos, sólo en infraestructura.
De su parte, el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, reiteró que no conocía nada la transferencia gratuita de los predios del campo ferial a su cartera de Estado.
ASAMBLEÍSTAS
El asambleísta de Soberanía y Libertad Edwin Herrera manifestó que se reunieron sorprendentemente a las 6.00 de la mañana para llevar a cabo la sesión ordinaria, donde no se permitió que los representantes de la oposición expresen su opinión, por lo que dijo que impugnarán la aprobación de la medida y, posiblemente, entablarán las acciones legales correspondientes.
El asambleísta del MAS Gustavo Torrico indicó que la decisión tiene como fin beneficiar a los pobladores del área rural y de El Alto, porque dentro del lugar podrán realizar ferias y exponer sus productos al mismo nivel que el “Chuquiago Marka”.
El Campo Ferial de El Alto que comprende más de 18.000 metros cuadrados o más de dos hectáreas, de concretarse su transferencia será entregada al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.
La sesión de los Asambleístas Departamentales del oficialismo se dio inicio a las 6.00, en medio de protestas de los funcionarios de la Gobernación, de los vecinos de El Alto y de los asambleístas de la oposición, quienes mostraron su desacuerdo con movilizaciones afuera de la plenaria.
Al terminar la sesión se generaron conflictos y agresiones por lo que los asambleístas del MAS abandonaron el lugar con protección policial, en medio de gritos y tensión.
IMPUGNACIÓN
Los asambleístas de las bancadas de Unidad Nacional (Un) y Soberanía y Libertad (Sol.bo) manifestaron que presentarán una impugnación ante la aprobación de la transferencia en 48 horas, para que sea remitido nuevamente a la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz.
Por su parte, el gobernador de La Paz, Félix Patzi, manifestó su tristeza por la aprobación de la trasferencia de este predio, evaluado en más de 37 millones de dólares. “Lamentablemente, he tenido que anoticiarme que se ha aprobado una ley de transferencia al Ministerio de Obras Públicas, a título gratuito, del predio de dos hectáreas de la Ceja de El Alto, el cual pertenece a la Gobernación; para mí, es un hecho un muy lamentable porque se le está haciendo daño al Departamento (…)”, señaló.
Asimismo, reiteró que en el predio del Campo Ferial se pretendía construir un Centro de Convenciones, que generaría mensualmente 20 millones de bolivianos. Al mismo tiempo, agradeció a la población que mostró su desconformidad con la medida del oficialismo, indicando que ante este hecho, los asambleístas (opositores) presentarán una impugnación, y de su parte anunciaron que verá cómo defender esta instalación jurídicamente, una vez que se le derive para su aprobación.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Juan Luis Vargas, informó que la deuda de la Gobernación se trasladará al Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda, el cual pretende construir en el predio uno similar al “Chuquiago Marka” que tiene La Paz en el barrio de Seguencoma, para beneficio de los alteños, ya que durante mucho tiempo el gobierno departamental no se manifestó al respecto.
Aseguró, asímismo, que el gobernador Félix Patzi al realizar la construcción del centro de convenciones, estaría entregando el predio a las empresas privadas, con el nombre de concesiones, quienes por el plazo aproximado de 40 años estarían cobrando su inversión.
Por lo que indicó, Patzi resiste y se niega a promulgar la resolución, por su condición de presidente de la Asamblea, en cumplimiento a normativa legislativa interna.
Vargas negó que la transferencia signifique un despojo, porque el campo ferial se mantendrá en el mismo lugar y beneficiará a la ciudad de El Alto.
Asimismo, indicó que la nueva obra que realizará el Ministerio de Obras Públicas tendrá la inversión de 600 millones de bolivianos, sólo en infraestructura.
De su parte, el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, reiteró que no conocía nada la transferencia gratuita de los predios del campo ferial a su cartera de Estado.
ASAMBLEÍSTAS
El asambleísta de Soberanía y Libertad Edwin Herrera manifestó que se reunieron sorprendentemente a las 6.00 de la mañana para llevar a cabo la sesión ordinaria, donde no se permitió que los representantes de la oposición expresen su opinión, por lo que dijo que impugnarán la aprobación de la medida y, posiblemente, entablarán las acciones legales correspondientes.
El asambleísta del MAS Gustavo Torrico indicó que la decisión tiene como fin beneficiar a los pobladores del área rural y de El Alto, porque dentro del lugar podrán realizar ferias y exponer sus productos al mismo nivel que el “Chuquiago Marka”.
Oposición plantea impugnar ley de sustancias controladas
La oposición en el Parlamento reiteró su desacuerdo sobre la aprobación de la ley de Sustancias Controladas y anunció que se impugnarán algunos artículos observados ya que, según su lectura, la norma despenalizará el desvío de la hoja ilegal y además se vulnera la presunción de inocencia de las personas.
“Vamos a preparar un (proyecto de) ley de inconstitucionalidad a ciertos artículos desde esta y otras leyes, sobre todo la presunción de inocencia que es importante, proteger a la sociedad y en ese marco vamos a plantear varias acciones, pero no queremos que el MAS, confunda con que impugnar a cierta vulnerabilidad constitucional es defender a los narcotraficantes, no es eso, acá es claramente defender los intereses de la sociedad”, afirmó el senador de Unidad Demócrata (UD), Edwin Rodríguez.
La Cámara de Senadores sancionó el martes el proyecto de ley de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas. La propuesta fue remitida al Ejecutivo para su promulgación.
Sin embargo, legisladores de oposición sugieren que el artículo 70 de dicha les es inconstitucional, ya que vulnera el principio de inocencia que tiene toda persona.
“Lo que decía el artículo 70, cualquier bien, mueble, inmueble, esos bienes que se haya logrado tener con algo que es ilícito, como palo blanco o algún narcotraficante, pero que la gente de pronto inocentemente se haya comprado va a ser incautado, eso vulnera el principio de inocencia constitucionalmente”, aseguró Rodríguez.
OFICIALISMO
Por su parte, el senador del Movimiento al Socialismo (MAS), Milton Barón, aseguró que esta ley tiene como objetivo principal penar estrictamente a todo aquel que esté relacionado en narcotráfico.
“Una Ley de Sustancias Controladas que pone mano dura a los narcotraficantes, imponiendo penas de cárcel y además la confiscación de sus bienes, para que los mismos pasen a dominios del Estado, esta ley expresa la mayor voluntad política de nuestro Gobierno combatir sin piedad, sin contemplación alguna al narcotráfico, porque entendemos que es un flagelo que afecta a nuestra sociedad”, indicó Barón.
ARTÍCULO 70
El artículo 70 de la ley señala que la pérdida de dominio es jurisdiccional, especial e independiente de cualquier otra acción judicial o administrativa. Es imprescriptible y se ejercerá en base a leyes nacionales y tratado internacionales.
Además, señala que “para iniciar la acción de pérdida de dominio en favor del Estado, de bienes obtenidos, provenientes o vinculados con delitos de sustancias controladas, no es necesario que el titular del derecho, poseedor o tenedor del bien, haya participado en la actividad ilícita que compromete los bienes, salvándose los bienes adquiridos de buena fe”.
Asímismo, la muerte del titular o de la persona que haya sido beneficiada o lucrado con bienes de procedencia ilícita o vinculada al tráfico de sustancias controladas, no extingue la acción de pérdida de dominio a favor del estado.
Según la ley, se define como sustancias controladas, a los estupefacientes, sustancias psicotrópicas y sustancias químicas que atenten a la salud pública; mientras que la confiscación es la apropiación de un bien de propiedad privada que hace el Estado sin compensación por la comisión de sustancias controladas y delitos conexos.
“Vamos a preparar un (proyecto de) ley de inconstitucionalidad a ciertos artículos desde esta y otras leyes, sobre todo la presunción de inocencia que es importante, proteger a la sociedad y en ese marco vamos a plantear varias acciones, pero no queremos que el MAS, confunda con que impugnar a cierta vulnerabilidad constitucional es defender a los narcotraficantes, no es eso, acá es claramente defender los intereses de la sociedad”, afirmó el senador de Unidad Demócrata (UD), Edwin Rodríguez.
La Cámara de Senadores sancionó el martes el proyecto de ley de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas. La propuesta fue remitida al Ejecutivo para su promulgación.
Sin embargo, legisladores de oposición sugieren que el artículo 70 de dicha les es inconstitucional, ya que vulnera el principio de inocencia que tiene toda persona.
“Lo que decía el artículo 70, cualquier bien, mueble, inmueble, esos bienes que se haya logrado tener con algo que es ilícito, como palo blanco o algún narcotraficante, pero que la gente de pronto inocentemente se haya comprado va a ser incautado, eso vulnera el principio de inocencia constitucionalmente”, aseguró Rodríguez.
OFICIALISMO
Por su parte, el senador del Movimiento al Socialismo (MAS), Milton Barón, aseguró que esta ley tiene como objetivo principal penar estrictamente a todo aquel que esté relacionado en narcotráfico.
“Una Ley de Sustancias Controladas que pone mano dura a los narcotraficantes, imponiendo penas de cárcel y además la confiscación de sus bienes, para que los mismos pasen a dominios del Estado, esta ley expresa la mayor voluntad política de nuestro Gobierno combatir sin piedad, sin contemplación alguna al narcotráfico, porque entendemos que es un flagelo que afecta a nuestra sociedad”, indicó Barón.
ARTÍCULO 70
El artículo 70 de la ley señala que la pérdida de dominio es jurisdiccional, especial e independiente de cualquier otra acción judicial o administrativa. Es imprescriptible y se ejercerá en base a leyes nacionales y tratado internacionales.
Además, señala que “para iniciar la acción de pérdida de dominio en favor del Estado, de bienes obtenidos, provenientes o vinculados con delitos de sustancias controladas, no es necesario que el titular del derecho, poseedor o tenedor del bien, haya participado en la actividad ilícita que compromete los bienes, salvándose los bienes adquiridos de buena fe”.
Asímismo, la muerte del titular o de la persona que haya sido beneficiada o lucrado con bienes de procedencia ilícita o vinculada al tráfico de sustancias controladas, no extingue la acción de pérdida de dominio a favor del estado.
Según la ley, se define como sustancias controladas, a los estupefacientes, sustancias psicotrópicas y sustancias químicas que atenten a la salud pública; mientras que la confiscación es la apropiación de un bien de propiedad privada que hace el Estado sin compensación por la comisión de sustancias controladas y delitos conexos.
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