Saturday, June 30, 2018
Wednesday, June 27, 2018
Monday, June 25, 2018
Por violar derechos políticos Nueva denuncia contra el Ejecutivo en la CIDH
El líder del Movimiento Demócrata Social (Demócratas) y gobernador Rubén Costas anunció una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del gobierno de Evo Morales, por violación de los derechos políticos del alcalde de Cochabamba, José María Leyes, quien se encuentra con arresto domiciliario y suspendido de su cargo.
Mediante su cuenta de Twitter: @RubenCostasA escribió: “@JoseMariaLeyes debe volver a su cargo. Presentaremos una denuncia a la @CIDH por la violación de sus derechos políticos, el MAS comete abuso al armar y publicitar un caso que está desvirtuado con documentos de la propia Aduana. Usaron este proceso para sacarlo sin probar nada”.
Al respecto, Vladimir Peña, ejecutivo de los Demócratas en conversación con ANF señaló que la denuncia se basa en el hecho de que la Convención Americana sobre Derechos Humanos que rige el accionar de la CIDH establece que las autoridades electas solo pueden ser suspendidas de sus cargos con sentencia ejecutoriada y no una simple denuncia o imputación.
El también abogado señaló que se desvirtuó el argumento central de la denuncia en contra del Alcalde de Cochabamba, que pretendía hacer ver que había un sobreprecio en la adquisición de mochilas y materiales escolares.
“El Ministro de Justicia dijo que hubo sobreprecios en la adquisición de las mochilas, que se había hecho un contrato por 12 millones y que había un sobreprecio de 10 millones de bolivianos, pero los descargos de los adjudicatarios y hasta de la Aduana demuestran que se facturó por encima de los Bs 10 millones, este dato es fundamental, porque hubo una furibunda presión mediática desde el Gobierno”, señaló.
De acuerdo a un detalle preliminar se establece que el gasto desde el origen hasta la entrega del material escolar a la Alcaldía de Cochabamba, además del pago de impuestos en los que incurrió la Sociedad Accidental 26 de Febrero alcanzó a 10,5 millones de bolivianos, con un margen del 15,5% de utilidades equivalente a Bs 1,9 millones.
Peña también denunció un deliberado retardo judicial, luego que se suspendieran cinco audiencias judiciales y se mantuviera en situación de arresto domiciliario a Leyes, así como el procesamiento de una jueza que rechazó un segundo proceso penal en contra del Alcalde por considerar que se trataba del mismo caso.
“Esto demuestra el abuso por parte de las autoridades del Gobierno que buscaban sacar a Leyes de su cargo y la indefensión en la que se encuentra el Alcalde de Cochabamba, luego que haberse desvirtuado el argumento central del proceso, la violación sistemática de sus derechos”, sostuvo.
Dijo que en el país hay antecedentes al respecto, como cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el artículo de la Ley de Autonomías que planteaba la suspensión de autoridades con solo la presentación de una imputación formal.
“Y a nivel internacional ya hay muchos antecedentes de la persecución política que se está dando no sólo en el país, sino también en otros países de la región. No nos olvidemos las medidas cautelares que sacó la CIDH a favor del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro quien había sido suspendido de su cargo por decisión de la Procuraduría sin una sentencia ejecutoriada”, indicó.
Leyes fue aprehendido el 20 de abril y en los días siguientes suspendido de sus funciones. En criterio de Peña, hay una persecución política evidente en contra de las autoridades subnacionales de oposición por parte del partido de Gobierno que también pretende llevar a la cárcel a la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón.
Mediante su cuenta de Twitter: @RubenCostasA escribió: “@JoseMariaLeyes debe volver a su cargo. Presentaremos una denuncia a la @CIDH por la violación de sus derechos políticos, el MAS comete abuso al armar y publicitar un caso que está desvirtuado con documentos de la propia Aduana. Usaron este proceso para sacarlo sin probar nada”.
Al respecto, Vladimir Peña, ejecutivo de los Demócratas en conversación con ANF señaló que la denuncia se basa en el hecho de que la Convención Americana sobre Derechos Humanos que rige el accionar de la CIDH establece que las autoridades electas solo pueden ser suspendidas de sus cargos con sentencia ejecutoriada y no una simple denuncia o imputación.
El también abogado señaló que se desvirtuó el argumento central de la denuncia en contra del Alcalde de Cochabamba, que pretendía hacer ver que había un sobreprecio en la adquisición de mochilas y materiales escolares.
“El Ministro de Justicia dijo que hubo sobreprecios en la adquisición de las mochilas, que se había hecho un contrato por 12 millones y que había un sobreprecio de 10 millones de bolivianos, pero los descargos de los adjudicatarios y hasta de la Aduana demuestran que se facturó por encima de los Bs 10 millones, este dato es fundamental, porque hubo una furibunda presión mediática desde el Gobierno”, señaló.
De acuerdo a un detalle preliminar se establece que el gasto desde el origen hasta la entrega del material escolar a la Alcaldía de Cochabamba, además del pago de impuestos en los que incurrió la Sociedad Accidental 26 de Febrero alcanzó a 10,5 millones de bolivianos, con un margen del 15,5% de utilidades equivalente a Bs 1,9 millones.
Peña también denunció un deliberado retardo judicial, luego que se suspendieran cinco audiencias judiciales y se mantuviera en situación de arresto domiciliario a Leyes, así como el procesamiento de una jueza que rechazó un segundo proceso penal en contra del Alcalde por considerar que se trataba del mismo caso.
“Esto demuestra el abuso por parte de las autoridades del Gobierno que buscaban sacar a Leyes de su cargo y la indefensión en la que se encuentra el Alcalde de Cochabamba, luego que haberse desvirtuado el argumento central del proceso, la violación sistemática de sus derechos”, sostuvo.
Dijo que en el país hay antecedentes al respecto, como cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el artículo de la Ley de Autonomías que planteaba la suspensión de autoridades con solo la presentación de una imputación formal.
“Y a nivel internacional ya hay muchos antecedentes de la persecución política que se está dando no sólo en el país, sino también en otros países de la región. No nos olvidemos las medidas cautelares que sacó la CIDH a favor del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro quien había sido suspendido de su cargo por decisión de la Procuraduría sin una sentencia ejecutoriada”, indicó.
Leyes fue aprehendido el 20 de abril y en los días siguientes suspendido de sus funciones. En criterio de Peña, hay una persecución política evidente en contra de las autoridades subnacionales de oposición por parte del partido de Gobierno que también pretende llevar a la cárcel a la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón.
Sunday, June 24, 2018
Chapetón le dice al MAS: ‘No nos asustan’
El MAS quiere utilizar a la ‘justicia’ para quitar a los alteños lo que no pudo ganar en elecciones’, aseguró la alcaldesa de la ciudad de El Alto, Soledad Chapetón, a través de su cuenta de Twitter.
"No nos asustan, confiamos en Dios", dijo este sábado la alcaldesa de El Alto Soledad Chapetón, luego de conocer que el Ministerio de Justicia solicitó la detención preventiva en con un juicio ajeno, impulsado por el diputado opositor al gobierno, Rafael Quispe.
Sostiene que el MAS quiere utilizar la justicia para quitar a los alteños, lo que no pudo ganar en elecciones municipales de 2014 cuando enfrentó al candidato del MAS Edgar Patana y lo derrotó en la urnas.
A través de su cuenta twitter, asegura que la frustración política del MAS en su intento de retener la alcaldía, provocó los “actos de resentimiento y boicot permanente” a la gestión edilicia.
"Por mandato de nuestros vecinos dijimos no más corrupción y no cuoteo. No nos asustan, confiamos en Dios", dice Chapetón que logró la detención preventiva del exalcalde Patana, acusado de varios casos de corrupción.
Chapetón deberá presentarse el próximo 28 de junio a una audiencia de medidas cautelares en La Paz, bajo cargos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes a la que sumó el Ministerio de Justicia.
El diputado Quispe denunció a la autoridad local por no haber recuperado en el año 2016 una propiedad municipal de 1.500 metros y al contrario consolidó la titularidad para el funcionamiento de una estación de servicio de combustibles privados.
"No nos asustan, confiamos en Dios", dijo este sábado la alcaldesa de El Alto Soledad Chapetón, luego de conocer que el Ministerio de Justicia solicitó la detención preventiva en con un juicio ajeno, impulsado por el diputado opositor al gobierno, Rafael Quispe.
Sostiene que el MAS quiere utilizar la justicia para quitar a los alteños, lo que no pudo ganar en elecciones municipales de 2014 cuando enfrentó al candidato del MAS Edgar Patana y lo derrotó en la urnas.
A través de su cuenta twitter, asegura que la frustración política del MAS en su intento de retener la alcaldía, provocó los “actos de resentimiento y boicot permanente” a la gestión edilicia.
"Por mandato de nuestros vecinos dijimos no más corrupción y no cuoteo. No nos asustan, confiamos en Dios", dice Chapetón que logró la detención preventiva del exalcalde Patana, acusado de varios casos de corrupción.
Chapetón deberá presentarse el próximo 28 de junio a una audiencia de medidas cautelares en La Paz, bajo cargos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes a la que sumó el Ministerio de Justicia.
El diputado Quispe denunció a la autoridad local por no haber recuperado en el año 2016 una propiedad municipal de 1.500 metros y al contrario consolidó la titularidad para el funcionamiento de una estación de servicio de combustibles privados.
UD pide informe a Fiscalía por retraso de investigación
El diputado de Unidad Demócrata (UD) Gonzalo Barrientos denunció el retraso por parte de la Fiscalía General del Estado para investigar a la empresa USOA SRL que se adjudicó de forma directa el proyecto de sistema CADI-Sucre Segura, Zona Patacón, por más de Bs 11 millones. El legislador solicitó informe escrito para identificar el estado de la investigación.
“Respecto a las denuncias de supuesta corrupción en la Alcaldía de Sucre se han presentado dos peticiones de informe al Fiscal General del Estado para que se informe con documentación cual es la situación de este proceso de investigación, puesto que la denuncia fue desde el pasado 27 de septiembre y hasta el momento no hay respuesta”, dijo el legislador.
A la vez remitió una petición de informe escrito (PIE) al Alcalde de Sucre (MAS), Iván Arciénega, sobre un cuestionado proceso de contratación por invitación directa para la construcción del sistema del Centro Automático de Despacho Integral (CADI) para la seguridad ciudadana, que tendría un sobreprecio de 5 millones de bolivianos.
Barrientos hizo conocer este caso al presidente de la Comisión de la Organización Territorial del Estado y Autonomías, de la Asamblea Legislativa Erik Morón, en el cual se pide que por ese medio el alcalde de Sucre presente un informe escrito sobre el CADI.
Junto a la misiva, se adjunta un documento que contiene todas las interrogantes de una polémica adjudicación para el proyecto, en los que se detalla la contratación directa de la empresa USOA S.R.L que no estaría registrada en Fundempresa y no habría presentado su testimonio de constitución, requisitos indispensables en este tipo de licitaciones, según la denuncia formulada por la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve).
El documento, también señala que el Alcalde Municipal, como máxima autoridad ejecutiva, no tomó ninguna acción correctiva luego de conocer las denuncias sobre las supuestas irregularidades y procedió con la contratación, adjudicación y posterior desembolso del 20% del monto del contrato, que equivale a 11 millones de bolivianos.
“Respecto a las denuncias de supuesta corrupción en la Alcaldía de Sucre se han presentado dos peticiones de informe al Fiscal General del Estado para que se informe con documentación cual es la situación de este proceso de investigación, puesto que la denuncia fue desde el pasado 27 de septiembre y hasta el momento no hay respuesta”, dijo el legislador.
A la vez remitió una petición de informe escrito (PIE) al Alcalde de Sucre (MAS), Iván Arciénega, sobre un cuestionado proceso de contratación por invitación directa para la construcción del sistema del Centro Automático de Despacho Integral (CADI) para la seguridad ciudadana, que tendría un sobreprecio de 5 millones de bolivianos.
Barrientos hizo conocer este caso al presidente de la Comisión de la Organización Territorial del Estado y Autonomías, de la Asamblea Legislativa Erik Morón, en el cual se pide que por ese medio el alcalde de Sucre presente un informe escrito sobre el CADI.
Junto a la misiva, se adjunta un documento que contiene todas las interrogantes de una polémica adjudicación para el proyecto, en los que se detalla la contratación directa de la empresa USOA S.R.L que no estaría registrada en Fundempresa y no habría presentado su testimonio de constitución, requisitos indispensables en este tipo de licitaciones, según la denuncia formulada por la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve).
El documento, también señala que el Alcalde Municipal, como máxima autoridad ejecutiva, no tomó ninguna acción correctiva luego de conocer las denuncias sobre las supuestas irregularidades y procedió con la contratación, adjudicación y posterior desembolso del 20% del monto del contrato, que equivale a 11 millones de bolivianos.
Demócratas: Órgano Electoral busca “entrometerse”
El Movimiento Demócrata Social (MDS) considera que la organización y acompañamiento del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) en las elecciones primarias es una forma de “entrometerse” en las decisiones internas y más aún es para ver como se hace y quienes lo hacen; por lo que no están de acuerdo.
“Advertimos que hay una característica de este régimen, y lo llamativo es que el OEP se constituye en un intervencionista de un régimen, al estilo de un Estado policiaco, que se estaría entrometiendo en las organizaciones políticas para verificar que es lo que se está produciendo”, manifestó Gonzalo Barrientos, secretario de Organización del MDS.
Para la fuerza opositora, la propuesta de las elecciones primarias para definir los candidatos en binomios, planteado por las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), sería una falta de respeto a la autonomía e independencia de las organizaciones políticas.
“Esos procesos de elección de los binomios, en supuestas primarias, que sugiere el TSE y como han declarado algunos vocales, deja mucho que desear, es una total falta de respeto en cuanto a la autonomía e independencia que tiene cada organización política, porque cada una tiene sus estatutos”, señaló Barrientos.
Consideró que cada partido político debería escoger de acuerdo a su estatuto sin la “intromisión” de querer participar al interior.
“El OEP plantea que bajo supervisión (…) creo que cada partido político debe escoger de acuerdo a su estatuto orgánico, pero vemos que está haciendo una intromisión o sea una intervención de participar y estar al interior de decisiones que son propias de una organización política”, aseveró Barrientos.
Lo que llama la atención, dijo, es el tiempo que determina para celebrar las primarias y por otro el carácter vinculante, que beneficiaría la elección primaria del binomio Evo Morales y Álvaro García Linera.
“La otra observación se manifiesta que cuatro meses antes y de manera simultánea y con carácter vinculante sería la elección primaria, entonces aquí va un poco la duda y cuestionante: El MAS elegirá a Evo Morales y Álvaro García Linera y eso será vinculante (…) están buscando un intervencionismo del TSE, y eso no es lo aconsejable”, explicó.
ANÁLISIS
Sobre este punto, el politólogo Marcelo Peralta, considera que dicha actividad interna en las organizaciones políticas democratizará y erradicará cierto nivel de caudillismo y “oligarquización”, que está muy asentado en Bolivia.
“Considero que la organización de primarias que evita la oligarquización, de los partidos político, es decir, que los candidatos con mayores recursos económicos puedan acaparar la dirección total del partido (…) y que se pueda erradicar con la política caudillista o tradicional”, manifestó Marcelo Peralta, politólogo y director de la Carrera de Ciencias Políticas, Umsa.
Señaló que es necesario implementar la propuesta de las primarias al interior de los partidos y organizaciones políticas, ya que constituiría una mejor representación, que incluso involucra a los simpatizantes, y esta decisión será más meritoria porque destacará el rol de las mismas.
“Es necesario destacar el rol de los partidos políticos al interior de la democracia representativa, porque es un mecanismo de mediación entre la sociedad civil y la sociedad política”, manifestó Peralta.
Es a partir de la democracia representativa, que se dejaría de lado los intereses corporativos o los reivindicativos coyunturales, que de alguna forma influyen en el espectro político.
“El partido político es por antonomasia el instrumento de mediación entre la sociedad civil y Estado, entonces es necesario fortalecerlos; priorizar los grupos corporativos como empresarios, movimientos sociales de carácter reivindicacionista coyuntural como cocalero, mineros u otros con intereses corporativos en desmedro de los nacional no es lo mejor”, puntualizó.
“Advertimos que hay una característica de este régimen, y lo llamativo es que el OEP se constituye en un intervencionista de un régimen, al estilo de un Estado policiaco, que se estaría entrometiendo en las organizaciones políticas para verificar que es lo que se está produciendo”, manifestó Gonzalo Barrientos, secretario de Organización del MDS.
Para la fuerza opositora, la propuesta de las elecciones primarias para definir los candidatos en binomios, planteado por las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), sería una falta de respeto a la autonomía e independencia de las organizaciones políticas.
“Esos procesos de elección de los binomios, en supuestas primarias, que sugiere el TSE y como han declarado algunos vocales, deja mucho que desear, es una total falta de respeto en cuanto a la autonomía e independencia que tiene cada organización política, porque cada una tiene sus estatutos”, señaló Barrientos.
Consideró que cada partido político debería escoger de acuerdo a su estatuto sin la “intromisión” de querer participar al interior.
“El OEP plantea que bajo supervisión (…) creo que cada partido político debe escoger de acuerdo a su estatuto orgánico, pero vemos que está haciendo una intromisión o sea una intervención de participar y estar al interior de decisiones que son propias de una organización política”, aseveró Barrientos.
Lo que llama la atención, dijo, es el tiempo que determina para celebrar las primarias y por otro el carácter vinculante, que beneficiaría la elección primaria del binomio Evo Morales y Álvaro García Linera.
“La otra observación se manifiesta que cuatro meses antes y de manera simultánea y con carácter vinculante sería la elección primaria, entonces aquí va un poco la duda y cuestionante: El MAS elegirá a Evo Morales y Álvaro García Linera y eso será vinculante (…) están buscando un intervencionismo del TSE, y eso no es lo aconsejable”, explicó.
ANÁLISIS
Sobre este punto, el politólogo Marcelo Peralta, considera que dicha actividad interna en las organizaciones políticas democratizará y erradicará cierto nivel de caudillismo y “oligarquización”, que está muy asentado en Bolivia.
“Considero que la organización de primarias que evita la oligarquización, de los partidos político, es decir, que los candidatos con mayores recursos económicos puedan acaparar la dirección total del partido (…) y que se pueda erradicar con la política caudillista o tradicional”, manifestó Marcelo Peralta, politólogo y director de la Carrera de Ciencias Políticas, Umsa.
Señaló que es necesario implementar la propuesta de las primarias al interior de los partidos y organizaciones políticas, ya que constituiría una mejor representación, que incluso involucra a los simpatizantes, y esta decisión será más meritoria porque destacará el rol de las mismas.
“Es necesario destacar el rol de los partidos políticos al interior de la democracia representativa, porque es un mecanismo de mediación entre la sociedad civil y la sociedad política”, manifestó Peralta.
Es a partir de la democracia representativa, que se dejaría de lado los intereses corporativos o los reivindicativos coyunturales, que de alguna forma influyen en el espectro político.
“El partido político es por antonomasia el instrumento de mediación entre la sociedad civil y Estado, entonces es necesario fortalecerlos; priorizar los grupos corporativos como empresarios, movimientos sociales de carácter reivindicacionista coyuntural como cocalero, mineros u otros con intereses corporativos en desmedro de los nacional no es lo mejor”, puntualizó.
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