Thursday, March 3, 2016

Lourdes Millares: “Es revanchismo político”


Para la diputada de Sucre por UD, Lourdes Millares, “la sentencia que condena a privación de libertad a exautoridades de Sucre, es un acción de revancha política del gobierno de Evo Morales porque la opción oficialista perdió en el pasado referéndum”.

“Hay que contextualizar los hechos de La Calancha y mencionar que antes del enfrentamiento hubo universitarios asesinados por gente de los llamados movimientos sociales. Después de seis meses se anunció la llegada de Evo Morales a Sucre, entonces la gente rechazó esa visita, situación ante la cual, el mismo Gobierno citó en el estadio ‘Patria’ a movimientos sociales, entonces hubo enfrentamiento”, señaló.

Dijo más adelante que el fallo fue político porque “los condenados a cárcel no cometieron delitos, su pecado fue ser autoridades que entonces defendían la capitalidad de Sucre”, señaló.

Aseguró también que se trata de “un fallo de la venganza de Evo con Sucre que no votó por su reelección”, “es una arremetida contra el pueblo de Sucre que nos duele porque se tacha al departamento de racista”, dijo.

Agregó que Morales dio muestras de rechazo contra Sucre entonces, cuando se produjeron los hechos de La Calancha y también recientemente, cuando tuvo un desacuerdo con los empresarios de ese departamento.

“El único delito fue defender la capitalidad. El fallo es injusto porque lo acontecido fue una confrontación entre el área rural y urbana. Entonces, Álvaro García y Esteban Urquizu hicieron cercar la ciudad de Sucre por los movimientos sociales, frente a esta situación la gente reaccionó y hubo arremetida. No somos racistas, no hay razón para estigmatizar a Sucre y menos para encarcelar a exautoridades”, señaló.

Centro de inteligencia resguardaría corrupción de las “roscas de poder”

Legisladores de Unidad Nacional (UN) dejaron en claro ayer que la creación de un “centro de inteligencia” propuesto por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, ya existe y que en realidad lo que está pidiendo es un centro que resguarde la corrupción y las “roscas de poder” que negociaron Sus 500 millones de contratos con empresas chinas, las mismas que fueron negociadas en sus oficinas.

El senador Arturo Murillo afirmó que no es posible llevar a cabo la pretensión de Quintana, quien afirmó no conocer a Gabriela Zapata. “Lo que quiere el ministro es poner una cortina de humo a toda esta controversia surgida en las últimas semanas”, aseguró.

“CACERÍA DE BRUJAS”

A juicio de Murillo, pareciera que se vive una “cacería de brujas” puesto que se persigue y acosa a Zapata, a quien encarcelaron para acallarla así como a Guadalupe Cárdenas, quien no tiene nada que ver con la seguridad del Estado.

El senador también afirmó que en las detenciones, tanto de Guadalupe Cárdenas como de Gabriela Zapata, no se respetó el debido proceso y que en el caso de Zapata intentan evitar que declare ante la Comisión Mixta de la Asamblea, que en su opinión, esa instancia legislativa “nació muerta”, debido a que no se da voluntad propia para una real investigación.

“Por su parte, la diputada de la misma fuerza política Jimena Costa calificó como irracional la intención del ministro, porque este no es capaz de enterarse de lo que ocurre en sus propias oficinas, qué sucederá con otras investigaciones”, se preguntó Costas.

La legisladora explicó que el país vive un momento de crisis severa en la que hay amenazas de arrestos, así como alarmas de magnicidio para que la población se compadezca y lo defienda.

Asimismo, la diputada del Movimiento Demócrata Social (MDS), Lenny Chávez, acotó que las palabras de Quintana no son oportunas porque las pruebas van surgiendo y que más bien debiera apoyarse el trabajo de la Comisión Mixta como del Ministerio Público.

Gobierno pretende crear cortina de humo con detenciones y denuncias

El Gobierno está en su peor momento, afirmó ayer a EL DIARIO la diputada de la alianza Unidad Demócrata (UD), Jimena Costa, al referirse al escándalo por el caso Gabriela Zapata y por las denuncias de intento de supuesta sedición contra el Órgano Ejecutivo.

Por otra parte, las legisladoras Jeanine Añez (UD) y Norma Piérola (PDC) afirmaron que se pretende crear una “cortina de humo” y distraer a la población para tapar actos de tráfico de influencias y corrupción.

“Después de la victoria del NO y con el escenario del ‘zapatazo’, y todo lo que se sigue viendo día a día, en torno a la situación personal del Primer Mandatario, (los del MAS) están en su peor momento, hay una crisis de imagen y de credibilidad muy dura”, afirmó Costa.

En su criterio, “el Gobierno necesita hacerle creer al país que hay un enemigo al frente para desacreditar a Evo Morales. Necesita hacer creer que la vida del mandatario está en riesgo o que hay amenazas para apelar a la emotividad del pueblo o generar algún tipo de apoyo”, añadió la parlamentaria.

“ESTRATEGIA POLÍTICA”

En relación a las denuncias del Gobierno sobre un supuesto intento de asesinato del presidente Morales, dijo que es una “estrategia política en un momento de debilidad, cuando busca generar lástima, apoyo de sus propias bases y de otras adhesiones”.

En tanto, el expresidente y líder opositor Jorge Quiroga, señaló que las autoridades del Órgano Ejecutivo están demostrando nerviosismo, porque “se hallan sumidas en una desesperación muy grande por lograr recuperar la credibilidad”.

“El tema de fondo es cómo una repartición del Ministerio de la Presidencia, su infraestructura, logística y personal eran usadas, –como lo ha dicho el propio Vicepresidente– para hacer negocios turbios y tráfico de influencias. Digan la verdad”, sostuvo el exmandatario.

PRETENDEN ATEMORIZAR

Para la oposición, la detención de la exdirigente de las esposas de policías, Guadalupe Cárdenas, acusada de sedición e instigación por sus publicaciones en redes sociales, “es solo una estrategia para atemorizar” a la ciudadanía, especialmente a quienes son activos internautas y utilizan las redes sociales para informarse y comunicarse.

“Lo único que van a generar es mayor desgaste, porque no tienen ya credibilidad”, afirmó la legisladora Costa y añadió que la denuncia de un supuesto ciudadano que amenazó al Primer Mandatario con quitarle la vida carece de credibilidad y es un argumento que solo pretende mantener el control de las redes sociales.

“Puede ser alguien del mismo Gobierno que exhiba una amenaza contra el Presidente para que luego hagan la denuncias. Las investigaciones y hasta las mismas denuncias no son serias, más parecen un intento desesperado como lo hemos visto en los últimos días, para tratar de reponer un poco la imagen de Morales y su apoyo”, argumentó.

SON SIMPLES SALIDAS

En tanto, la senadora Añez rechazó la intención del Gobierno de acusar por supuestos intentos de magnicidio y amenazas contra el Jefe de Estado, calificando la denuncia como una manera de distraer a la población del escándalo de tráfico de influencias que también tiene relación con la vida personal del mandatario.

“Ello ya está rayando en la paranoia, solo están buscando cómo salir de este entuerto y de tantas contradicciones al interior del propio Gobierno. Es una actitud de víctima que no tiene credibilidad”, afirmó Añez.

Por su parte, la diputada Piérola afirmó que no es creíble la denuncia de una supuesta amenaza contra el Jefe de Estado y que la acción del Gobierno más parece un intento de desviar la atención de hechos irregulares cometidos en el seno su partido.

“Pretenden crear cortinas de humo para desviar la atención de hechos ilícitos, flagrantes con la presencia del tema Morales y su vida personal”, afirmó.

MINISTROS TRABAJEN

Desde la detención de Gabriela Zapata prácticamente todo el gabinete político palaciego se encuentra movilizado en torno al tema, con el objetivo de defender la imagen del Primer Mandatario. Desde el vicepresidente Álvaro García hasta los ministros Juan Ramón Quintana, Marianela Paco, Reymi Ferreira, Lenny Valdivia, Carlos Romero, además de los presidentes de las cámaras Alta y Baja. El objetivo es defender la imagen del Presidente, ya bastante deteriorada.

Este hecho fue criticado por legisladoras opositoras al Gobierno, quienes pidieron, coincidentemente, que los ministros trabajen, que ocupen sus funciones para los que fueron designados.

“A sus ministros por favor, que hagan su trabajo, no tienen por qué estarle sirviendo de ‘celestinos’ al Presidente y encubrirle estos hechos ilícitos. Lo que tienen que hacer es su trabajo”, declaró la diputada Piérola.

Wednesday, March 2, 2016

Presión al Gobierno Oposición insiste en encontrar la verdad sobre caso Zapata

Varias voces de la oposición nuevamente salieron a luz pública para pedir al Primer Mandatario y a su entorno “decir la verdad” con relación al escándalo que involucra al presidente del Estado, Evo Morales, con Gabriela Zapata por presunto tráfico de influencias en el Ministerio de la Presidencia, además de la existencia de un hijo de ambos y todo lo relacionado con la empresa china CAMC.

“Quintana tiene mucho que ver detrás de estos (contratos del Estado y la empresa china CAMC). Estamos recién en el primer capítulo de la telenovela venezolana-mexicana que va a durar mucho más (…) ¿Por qué no habla el dueño de las oficinas? ¿Haber, tratemos de entrar al Ministerio de la Presidencia?, no puede ingresar cualquier ciudadano”, dijo.

Murillo también se refirió a los nexos entre Zapata y la exdirectora de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, Cristina Choque. “No se reunieron en las oficinas de los políticos de la oposición sino en el Ministerio de la Presidencia, cartera del Estado dirigida por Quintana”, subrayó.

COMISIÓN MIXTA

En esa línea, dijo que ambas deben ser convocadas ante la Comisión Multipartidaria de la Asamblea Legislativa para que expliquen sobre las denuncias de tráfico de influencias en los contratos millonarios de la china CAMC y el Estado boliviano.

En tanto, el expresidente y líder del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Jorge Quiroga, volvió a pedir al Jefe de Estado que diga la verdad.

Tuesday, March 1, 2016

MDS exige adscribirse a comisión de investigación

El diputado Tomás Monasterio anunció que un grupo de parlamentarios del Movimiento Demócrata Social decidió adscribirse a la comisión legislativa multipartidaria que investiga el posible caso de tráfico de influencias que involucra al presidente Evo Morales, para garantizar que se tomen declaraciones a Gabriela Zapata Montaño y exigir garantías constitucionales para ella y su familia, luego de conocerse que esta viene siendo objeto de amenazas. “Como oposición vamos a continuar con este proceso de investigación, donde se menciona a funcionarios del Estado que han sido parte de reuniones en el Ministerio de la Presidencia", dijo Monasterio, parlamentario de oposición.

Alcaldía de El Alto perdió 90% de su documentación

La pérdida de un 90% de la documentación de la oficina sumariante y de otra cantidad de la Secretaría Financiera demorará las investigaciones y los pagos a las empresas con las que el Gobierno Municipal de El Alto tiene contratos, informó el diputado de Unidad Nacional, Wilson Santamaría.

El asalto con quema de la Alcaldía terminó no solo con la documentación e información que tenían estas reparticiones, principalmente cerró con la muerte de seis personas que eran funcionarios de esa entidad municipal.

La alcaldesa Soledad Chapetón y su círculo de trabajo aseguran que en la marcha de padres de familia que se movilizó en su contra, se infiltraron personas que tenían el objetivo de atacar la institución con un fin muy claro, destruir la documentación sobre presuntos hechos de corrupción.

“Se tendrán que hacer el relevamiento de la documentación que se ha quemado, destruido y extraviado pero ya a groso modo nos damos cuenta que cerca del 90% ha sido destruido (…).Vamos a tener problemas en la Secretaría Financiera que ha sido destruida lo que va a generar lentitud en los pagos y demora en el cumplimiento con las empresas contratantes”, afirmó Santamaría.

Aclaró que hay cuerpos de documentación que se enviaron a los juzgados, pero que en otros casos había información que estaba siendo utilizada por una auditora de la Contraloría General del Estado sobre presuntos ítems fantasma.

“Ella (auditora) acudió a realizar un trabajo respecto a los 180 ítems fantasmas, entre ellos del hijo de Braulio Rocha que no asistía a trabajar que estaba en comisión, uno de los tres que tenían trabajo en la Alcaldía”, informó Santamaría.

En quema de Alcaldía se perdió 90% de documentación jurídica

La pérdida de un 90% de la documentación de la oficina sumariante y de otra cantidad de la Secretaría Financiera demorará las investigaciones y los pagos a las empresas con las que el Gobierno Municipal de El Alto tiene contratos, informó el diputado de Unidad Nacional, Wilson Santamaría, informó la agencia ANF.

El asalto con quema de la Alcaldía terminó no solo con la documentación e información que tenían estas reparticiones, principalmente cerró con la muerte de seis personas que eran funcionarios de esa entidad municipal.

La alcaldesa Soledad Chapetón y su círculo de trabajo aseguran que en la marcha de padres de familia que se movilizó en su contra, se infiltraron personas que tenían el objetivo de atacar la institución con un fin muy claro, destruir la documentación sobre presuntos hechos de corrupción.

“Se tendrán que hacer el relevamiento de la documentación que se ha quemado, destruido y extraviado pero ya a groso modo nos damos cuenta que cerca del 90% ha sido destruido (…).Vamos a tener problemas en la Secretaría Financiera que ha sido destruida lo que va a generar lentitud en los pagos y demora en el cumplimiento con las empresas contratantes”, afirmó Santamaría.

Aclaró que hay cuerpos de documentación que se enviaron a los juzgados, pero que en otros casos había información que estaba siendo utilizada por una auditora de la Contraloría General del Estado sobre presuntos ítems fantasma.

“Ella (auditora) acudió a realizar un trabajo respecto a los 180 ítems fantasmas, entre ellos del hijo de Braulio Rocha que no asistía a trabajar que estaba en comisión, uno de los tres que tenían trabajo en la Alcaldía”, informó Santamaría.

DECLARACIONES

Por otra parte, la fiscal asignada a la comisión que investiga el hecho del pasado 17 de febrero, Susana Boyán, informó que se ha solicitado al lista de las personas que se encontraban ese día en el edificio donde se produjeron los hechos para tomar sus declaraciones y si es necesario ampliar la investigación.

“Hemos solicitado la lista de funcionarios, no de todos, solo de quienes se encontraban ese día en el edificio”, dijo Boyán.