Saturday, September 16, 2017

Contra la Ley del Tipnis UD demanda inconstitucionalidad

La bancada del Movimiento Demócrata Social (MSD) presentó una segunda acción de inconstitucionalidad abstracta ante el tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), donde observa los artículos 3,9 y 10 de la Ley Nº 969 y su disposición abrogatoria, que elimina la intangibilidad del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure (Tipnis).

“El fundamento es que más allá de la ley de intangibilidad, sigue vigente la Constitución Política del Estado (CPE), en su artículo 385, que preserva las áreas protegidas y los artículos 388 y 403 que protegen a los territorios indígenas”, declaró el senador Oscar Ortíz.

En el petitorio solicitan a esa instancia que “declaren sentencia de inconstitucionalidad de las partes legales recurridas en ese defecto, disponiendo la inaplicabilidad e ineficacia jurídica derogando los artículos 3 inciso c, 9, 10 y la disposición abrogatoria primera de la Ley Nº 969 que fue promulgada el 13 de agosto de 2017 y todas aquellas normas, que en conexión agredan y/o impidan el ejercicio pleno y directo de Constitución Política del Estado de Bolivia”.

CONVENIOS

Ortíz fundamentó que la norma aprobada no sólo vulnera la CPE, sino también los tratados internacionales del cual Bolivia es parte, como la Declaración Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo Sobre Pueblos Indígenas y Tribales, el convenio sobre la Diversidad Biológica, aprobado en 1992, y la Carta Democrática Interamericana, las cuales forman parte del bloque de constitucionalidad del Tipnis.

“Por lo tanto, creemos y consideramos que esta ley aprobada es inconstitucional, que existen normas superiores, como la Constitución Política del Estado y los convenios internacionales suscritos en materia de derechos humanos, derechos indígenas y de protección al medio ambiente” resaltó.

OTRAS INSTANCIAS

En caso de que el TCP no acepte el recurso legal, les permitirá activar otros mecanismos de defensa, que es recurrir a instancias internacionales para que deje sin efecto la implementación de cualquier normativa.

“Consideramos que el territorio del Tipnis no sólo está protegido por el ordenamiento interno, sino también por los convenios internaciones que hemos suscrito, si el Tribunal Constitucional Plurinacional no diera curso a esta impugnación se nos va abrir la vía internacional, para continuar con laa impugnación en otras esferas”, subrayó.

Monasterios exige renuncia de juez vinculado al MAS

El senador de Unidad Demócrata, Tomas Monasterios, exigió la renuncia del juez Juan José Zuvieta, porque presuntamente el jurista tiene vínculos con el partido oficialista y la diputada Adriana Arias ya que en el juzgado del aludido se encuentra el proceso contra Máxima Arias sindicada por narcotráfico y hermana de la legisladora.

“La causa de Máxima Arias, hermana de la diputada del MAS Adriana Arias Calderón radica en el juzgado de instrucción cautelar de Juan José Zubieta y en una fotografía se evidencia que está haciendo campaña para la elección de Evo Morales junto a la diputada del oficialismo (…) si le queda un poco de sangre en la cara a las autoridades de justicia deben ordenar la destitución del señor juez”, demandó.

Máxima Arias Calderón fue detenida por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en un domicilio del barrio Samaria de la ciudad de Santa Cruz, en posesión de 10 “ladrillos” de cocaína (10.480 gramos), Zubieta determinó la detención preventiva de la sindicada en la cárcel de Palmasola.

Monasterios cuestionó que el juez tenga vínculos con la diputada del oficialismo y presume que no actuará enmarcado en la imparcialidad y objetividad, “Esta es la muestra de la justicia podrida y asquerosa sometida al poder político que lo único que hace es encubrir los hechos de corrupción y narcotráfico”, sostuvo.

Fermín Arias, también hermano de la diputada fue enviado a Palmasola el año pasado, después de ser detenido en posesión de al menos 20 kilos de cocaína distribuidos en 19 paquetes tipo ladrillo.

MOLESTIA

Al respecto, la diputada oficialista, Adriana Arias, bastante molesta ante las preguntas de los periodistas, afirmó que no conoce las actividades que realizan sus hermanos y que las contravenciones en los que incurrieron son personales y no tiene por qué afectar a la imagen del movimiento al socialismo.

“La justicia se encargará de investigar y donde viene estas denuncias, si han encontrado droga tiene el nombre a quien corresponde, tiene nombre y apellido y no tiene por qué vincularme”, señaló.

DESPREOCUPACIÓN

Por otra parte el presidente de la Cámara Alta, José Alberto Gonzales aseguró que no le preocupa que los familiares de la diputada Adriana Arias, estén vinculados a hechos de narcotráfico, se preocupara cuando asambleístas estén involucrados en estos ilícitos.

“No conozco ninguna denuncia por tráfico de sustancias controladas o por otros delitos en contra de ninguno de los legisladores, cualquier otro tema que suceda por fuera de ese ámbito a nosotros no tiene por qué preocuparnos, son temas personales y familiares y se tiene que resolver en otro ámbito”, expresó.

Friday, September 15, 2017

UD pide conocer destino de 28.800 mil chinos en Bolivia

Unidad Demócrata (UD) solicitó ayer al Gobierno informe sobre las actividades de 28 mil ciudadanos chinos que ingresaron a Bolivia de enero de 2015 hasta la fecha, según datos de Migración.

La senadora Jeanine Añez informó que se pidieron varios informes orales a los ministerios de Trabajo, Gobierno y Culturas, entre otros, para conocer la situación de estas personas extranjeras, tras las varias denuncias de estadías irregulares en Bolivia.

De acuerdo con los datos emitidos por Añez, el Ministerio de Gobierno a través de la Direccional Nacional de Migración informó que 28.800 ciudadanos chinos llegaron al país, entre 2015-2017. De esta cantidad, el 70 por ciento ingresó por motivos de turismo en este período de tiempo.

De los 28.800 ciudadanos chinos que llegaron al país, 20.098 arribaron por motivos de turismo; por estudios uno por ciento; por negocios llegaron 259; en tanto que por “otros” motivos (no se precisa) llegaron 3.687 chinos; en tanto que retornaron a su país 3.490, por trabajo permanecen 1.203 chino y en visita a familiares y amigos 62 ciudadanos de ese país.

La senadora Jeanine Añez informó que obtuvo esos datos en respuesta a una petición de informe escrito a Migración, aunque considera que los datos son “insuficientes”, por eso hizo un requerimiento complementario.

Lamentó que los ministerios de Relaciones Exteriores, Trabajo, Obras Públicas no hayan respondido a las peticiones de informe que envió en el marco de su labor de fiscalización.

La legisladora observa el dato de los ciudadanos que llegan para hacer turismo, por eso pidió al Ministerio de Culturas y Turismo que le informe de los lugares que son frecuentados por los turistas chinos, ya que el número asciende a más de 20.000 personas.

Por otra parte, cuestionó que el Ministerio de Trabajo no haya respondido a su petición de informe para cruzar los datos de los ciudadanos que tienen visa de trabajo en territorio nacional.

“La información que nos hicieron llegar (de otras instancias) es que estos ciudadanos sería reos chinos que vendrían a trabajar (a Bolivia) pagando su perna en calidad de mano de obra gratuita a los diferentes campamentos donde están construyendo obras las diferentes empresas chinas. Queremos saber si esa información es veraz”, manifestó Añez.

De acuerdo con los datos de Migración 1.203 ciudadanos chinos llegaron al país por motivos de trabajo, pero solo 114 personas han realizado su trámite de permanencia por objeto determinado de trabajo transitorio desde 2015 a la fecha.

70 ciudadanos hicieron el trámite en 2015, 30 personas el 2016 y cinco ciudadanos el 2017. La senadora Añez dice que “hay una contradicción” y cuestionó de ¿cuál es la condición de los más de 1.000 chinos que trabajan, pero que no hicieron sus trámites?

La legisladora argumentó que las acciones de fiscalización tienen como objetivo establecer la veracidad de informaciones en sentido que ciudadanos chinos que en su país tienen la calidad de reos llegan al país como trabajadores de las empresas del país asiático.

“Más de 25 mil ciudadanos no sabemos qué hacen en nuestro país. Reiteramos queremos saber en qué calidad están o qué hacen en el país”, sostuvo la senadora.

Thursday, September 14, 2017

Carretera por el Tipnis Demócratas presentan trazos alternos

El vicepresidente del Movimiento Demócrata Social, Ernesto Suárez y exgobernador de Beni, presentó junto a su bancada, una carta al presidente Evo Morales en la que propone al menos cinco trazos alternos para la construcción de la carretera que una los departamentos de Beni y Cochabamba. Estas vías no atraviesan el corazón del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure (Tipnis).

“Vamos a entregar estas propuestas con una carta al presidente (Evo Morales) con un solo propósito, ver la factibilidad de la construcción de la carretera por donde propone el Gobierno o tomar en cuenta estas alternativas (...). No hay un solo beniano en su sano juicio que se oponga a la construcción de la carretera entre Beni y Cochabamba, siempre el cuestionamiento fue por donde se lo hace (…). Con esto queremos demostrar que no nos oponemos a la vinculación, es más que queremos que se haga la carretera, pero que se lo haga responsablemente”, dijo la exautoridad.

Los estudios fueron realizados por la Sociedad de Ingenieros de Bolivia y encomendada al Colegio de Ingenieros de Bolivia bajo la responsabilidad del ingeniero Hugo Balcázar, quien elaboró los proyectos alternos para la construcción de la carretera que vincule los departamentos de Beni y Cochabamba.

ESTUDIO

El trabajo de Balcázar fue difundido en 2012 en diferentes foros donde muestra las rutas alternas que para la construcción del tramo carretero, sin embargo, en esa ocasión el entonces Gobernador de Cochabamba indicó que estos trazos son inestables.

TRAZOS

Entre las cinco propuestas está la denominada Alternativa 05, según trazo satelital sería de aproximadamente 264 kilómetros. Esta opción utiliza la senda principal existente y abierta desde Villa Tunari hacia el norte bordeando externamente el Tipnis.

La Alternativa 06, de 299 kilómetros, desde Villa Tunari, es similar a la primera opción, solo que al pasar el vértice noreste del Tipnis en forma curva hacia San Francisco, se acerca al río Sécure con la finalidad de beneficiar a la mayor cantidad de comunidades.

La Alternativa 07 se presenta como una bifurcación de los anteriores trazos hacia el este, permitiendo enlazar de manera directa con la ciudad de Trinidad.

Estas alternativas beneficiarán a todas las comunidades que se encuentran en la parte alta del Tipnis, puesto que el trazo que propone el Gobierno solo favorecería a dos comunidades. Además, que la carretera tiene una longitud de 360 kilómetros.

“Con esto queremos decir que no nos oponemos a la vinculación. Es más, queremos que se construya esa carretera pero que se la haga responsablemente con un verdadero debate técnico y no un debate político, respetando la doble condición que tiene el territorio indígena y el parque nacional Isiboro Sécure”, remarcó.

Por su parte, la diputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Susana Rivero, afirmó que Suárez carece de credibilidad, puesto que en su gestión como prefecto por el departamento del Beni propuso la construcción de la carretera por medio del Tipnis.

“Es un hombre falso, mentiroso. Se negó hasta que le encontramos una serie de documentos que es autor de ese trazo, se comprometió con los indígenas, cuando era prefecto, para que la carretera sea por ahí porque no había otro camino”, señaló Rivero.

MAS encubre a Edgar Ramos para no investigar corrupción

El alcalde del municipio de Achacachi, Edgar Ramos Laura (MAS), tiene la protección y el encubrimiento de las autoridades del Gobierno central que lo protegen para que no se den a conocer los supuestos actos de corrupción que incurrió durante su gestión municipal, según los parlamentarios de la oposición. Los pobladores de esa región movilizados desde hace un mes repudian esta administración por lo que piden su renuncia inmediata.

“Es un conflicto regional que puede solucionarse con la intervención de las entidades nacionales de Gobierno, entendiendo que la dependencia político partidaria del Movimiento al Socialismo podría coadyuvar orgánicamente a que esta autoridad renuncie al cargo o que pida licencia indefinidamente, mientras las investigaciones se desarrollen”, argumentó Wilson Santamaría, diputado de Unidad Demócrata (UD).

En tanto, el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas coincidió con el asambleísta de oposición, al indicar que el Gobierno está encubriendo a aquellos alcaldes del partido oficialista que tiene serias denuncias por presuntos hechos de corrupción.

“El alcalde Ramos debe convencerse que no puede continuar en el poder y su permanencia traerá más conflictos, por otra parte que el Gobierno deje de protegerlo, porque cometió actos de corrupción. El ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, lo reconoció y los vecinos de Achacachi mostraron pruebas contundentes del mal manejo”, enfatizó.

Anteriormente, la autoridad observada, Édgar Ramos, aseguró que no “renunciará a su cargo jamás de los jamases” y anunció que se someterá al proceso revocatorio de su mandato.

LENTA INVESTIGACIÓN

Por su parte, Santamaría cuestionó también el accionar del Ministerio Público al no comenzar con las investigaciones contra Ramos, tomando en cuenta que el pasado 2 de mayo el presidente del Concejo Municipal presentó una querella contra el burgomaestre, por hechos de corrupción.

“Habrá que preguntar al fiscal general, Ramiro Guerrero, y al fiscal de Distrito, Edwin Blanco, por qué no realizaron actuado alguno, pese a tener las denuncias contra el Alcalde”, dijo.

PRESUNTO SECUESTRO

El defensor del Pueblo, David Tezanos, denunció que el dirigente de los ponchos rojos, Modesto Clares, fue secuestrado por los vecinos movilizados y que habría sido golpeado. Esto fue ratificado por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien aseguró que no intervendrá la Policía en la presunta retención.

Sin embargo, horas más tarde, Clares aseguró que no está secuestrado y que permanece en el lugar por voluntad propia. Pidió al Alcalde del municipio que dé un paso al costado para solucionar el conflicto, porque sus hermanos están sufriendo, están dolidos y resentidos.

Los dirigentes de los ponchos rojos se declararon en estado de emergencia, después del supuesto secuestro de Clares y anunciaron asumir medidas legales contra los vecinos de Achacachi y el ex dirigente campesino Felipe Quispe.

PÉSIMO ACCIONAR

Sobre estos acontecimientos, Cárdenas lamentó que el defensor del Pueblo, David Tezanos, haya brindado información errónea y sin verificar el estado del dirigente, que está por voluntad propia con los movilizados, espera que estas acciones no traigan consecuencias por actos violentos.

“Me preocupan las declaraciones torpes de autoridades gubernamentales y del Defensor del Pueblo, cuando sin tener información clara echó más fuego a este conflicto, al denunciar que Modesto Clares estaba secuestrado (…) esto es una mancha más para esta institución que supuestamente debe llevar calma y tranquilidad y no contribuir al nerviosismo de la población”, puntualizó.

Finalmente, aseveró que estos actos demuestran que el rol de esta institución es defender las ambiciones del Gobierno y no resguardar los intereses de la población.

CONTRA ALCALDES

Otro punto que observó la oposición fue la postura del Gobierno central contra los alcaldes de la oposición, como es el caso del alcalde de La Paz, Luis Revilla, líder de Sol.bo, y Soledad Chapetón, alcaldesa de El Alto, militante de Unidad Nacional, quienes de forma constante, a través de sus organizaciones sociales, como las juntas vecinales paralelas y los gremiales. El objetivo de tales organizaciones y sus protestas es pedir la revocatoria de estas autoridades municipales.

Tuesday, September 12, 2017

UD plantea se gane con más del 50% en elección judicial

El jefe de la Bancada de Unidad Demócrata (UD) de la Cámara de Senadores, Edwin Rodríguez, informó que su bancada trabaja en un proyecto de ley para que los postulantes a magistrados obtengan 50 por ciento más 1 de votación, caso contrario las elecciones judiciales deberán ser anuladas. El oficialismo considera que se trata de una propuesta tardía.

“Estamos analizando la propuesta electoral a un proyecto de ley para que se garantice el 50 por ciento más 1 de los votos válidos (…). Vale decir si los votos válidos no logran el 50 por ciento más 1 y los nulos y los blancos ganan a los válidos, debería anularse la elección. Esta es la nueva propuesta que vamos a presentar como proyecto de Ley a la Asamblea Legislativa”, informó Rodríguez.

El senador opositor considera que es importante que los candidatos logren en las urnas votación mayor al 50 por ciento, ello implicaría que la mayoría de los bolivianos está de acuerdo con los postulantes y todo el proceso electoral.

En ese marco, en caso que los votos nulos y blancos alcancen un porcentaje mayor al de votos válidos, todo el proceso electoral debería anularse.

“El partido del MAS, hoy minoritario, después del 21 de febrero, con algunos votos minoritarios podría validar a esos magistrados y esos magistrados van a responder a esos militantes y a esos partidos y no al pueblo”, sostuvo.

PROPUESTA TARDÍA

Por su parte, el diputado por el MAS Franklin Flores estimó que la propuesta de la bancada opositora de UD es tardía, puesto que las elecciones judiciales se tiene programada para tres meses y algunas semanas más, el 3 de diciembre.

“Las reglas del juego están ya marcadas, hay una convocatoria y hemos trabajado una ley, con eso no puede hacerse ya cambios, cuando se le antoje a la oposición”, dijo Flores.

Aseguró que la propuesta de los opositores es perjudicar el proceso de las elecciones judiciales, para que ésta no se lleve adelante en la fecha establecida. Pidió a la población no dejarse manipular.

PROPUESTA

El analista Jorge Lazarte reiteró su propuesta en sentido de que deben incorporarse dos cláusulas a la Ley de Régimen Electoral; una, que los votos válidos deben ser superiores a los votos nulos y blancos, otra que debe participar más de la mitad de la población boliviana, de lo contrario el proceso de elección debería eliminarse.

“Los votos válidos deben ser superiores a la suma de los votos blancos y nulos, si fuera el revés, entonces el proceso debería declararse inválido, por tanto, debería anularse todo el proceso, esos son los criterios elementales que deben tomarse en cuenta”, declaró Lazarte a EL DIARIO.

La elección judicial se desarrollará el 3 de diciembre y será a través de la votación general, donde sea la ciudadanía la que elija a las altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del Tribunal Agroambiental (TA), del Consejo de la Magistratura (CM) y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Monday, September 11, 2017

Demócratas analizaron el pacto fiscal, revocatorio de mandato y elecciones judiciales

El secretario ejecutivo departamental del Movimiento Demócrata Social (MDS), Franz Choque Ulloa, informó que en pasados días, en ambientes del Hotel Terminal, se reunió la dirigencia demócrata de Oruro, integrada por 50 miembros, para analizar y tomar decisiones sobre la "ruta crítica" del segundo semestre, analizar aspectos coyunturales como las elecciones judiciales del 3 de diciembre, el Pacto Fiscal y la revocatoria de mandato de autoridades electas.

Según Choque, en esta reunión, de la cual participaron militantes de todo el departamento, así como autoridades electas que forman parte del partido político de oposición, también abordaron la estrategia 2019-2020, pero a la par el encuentro también sirvió para tocar asuntos internos de la organización política.

"Con relación a las elecciones judiciales del próximo tres de diciembre, hemos resuelto rechazar el proceso de preselección, y convocaremos a toda la población a votar nulo, durante este tiempo socializaremos todas las observaciones e irregularidades del proceso, así mismo, anunciamos que organizaremos el control electoral en todos los departamentos, haciendo énfasis en los recintos clasificados como rojos por nuestra fuerza política", indicó el dirigente departamental de los Demócratas, Franz Choque Ulloa.

Respecto al pacto fiscal, Choque lamentó que el gobierno haya postergado hasta el 15 de noviembre el plazo para concluir el debate, cuando el plazo máximo era agosto, por este motivo los Demócratas instan al gobernador, único representante de Oruro en el Concejo Nacional de Autonomías, a no hablar a nombre de todos los orureños, además piden al gobierno nacional incluir en el presupuesto de 2018, los resultados de ese gran acuerdo nacional llamado Pacto Fiscal, para que el departamento de Oruro, los municipios y la Universidad tengan mejores ingresos.

"Con relación al revocatorio de autoridades electas en el municipio de Oruro, acataremos el sentimiento mayoritario de la población, para ese propósito hemos conformado una comisión integrada por los siguientes ciudadanos: Denisse Villca, Andrés Romano, Fermín Pérez y Rafael Maldonado, quienes se encargarán de analizar la situación económica y las fuentes de financiamiento, así como la factibilidad de formar de manera incluyente, un único frente político para encarar un proceso revocatorio efectivo y victorioso", complementó el dirigente del Movimiento Demócrata Social.