El gobernador Rubén Costas recibió medidas sustitutivas en el caso de la compra de 8 camionetas que fueron adquiridas para encarar la emergencia departamental por el dengue, en 2008.
La jueza Albania Caballero ordenó una fianza de 5.000 bolivianos y presentarse una vez al mes ante la Fiscalía; cabe destacar que la autoridad departamental no fue arraigada.
Mientras que para Roly Aguilera, que también formaba parte del proceso, se le dieron las mismas medidas que a Rubén Costas, salvo que al secretario de la Gobernación, sí se le dio arraigo.
Los demandantes en este caso fueron la Contraloría departamental y el representante de la Procuraduría General del Estado que acusan a los imputados por resoluciones contrarias a las leyes, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y otros.
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