Para ingresar a edificio quemado Alcaldía planteará amparo contra fiscales

La directora general de Asesoría Jurídica del Municipio de El Alto, Sonia Vallejos, anunció que, ante la falta de respuesta para desprecintar el edificio edil quemado el 17 de febrero, no se descarta interponer un recurso legal contra la comisión de fiscales que investiga el caso.

“Hasta la fecha no hemos tenido una respuesta seria y responsable del Ministerio Público, toda vez que desde el día siguiente (a los hechos) y casi a diario, hemos pedido ingresar al edificio, posterior a las investigaciones, para tomar el control de la información y activos que están en buenas condiciones para continuar con nuestro trabajo”, explicó la funcionaria municipal.

Vallejos aseguró que, en tanto no se permita el ingreso a la infraestructura las labores de la administración local son afectadas, ya que en ese lugar se encontraban las oficinas de licitaciones y contrataciones menores, razón por la que los pagos a empresas constructoras son retrasados.

“Ni siquiera la aseguradora (del inmueble) ha podido ingresar para cuantificar los daños. Ahora el gabinete jurídico ha decidido que si no tenemos una respuesta presentaremos el amparo constitucional, porque se está atentando contra el derecho al trabajo de muchos funcionarios, perjudicando no sólo a esta gestión, sino a todo el municipio”, agregó la jurista.



INVESTIGACIONES

Vallejos lamentó que, hasta la fecha, el Ministerio Público tampoco haya atendido la solicitud de una fotocopia simple del cuaderno de investigaciones, ya que el mismo sería derivado a diferentes instancias judiciales.

“Estamos pidiendo el control jurisdiccional para que el juez conmine a la comisión de fiscales que se nos facilite esa información y se nos permita en calidad de victimas conocer cómo se está desarrollando esta investigación”, dijo.

El miércoles 17 febrero, durante una movilización de padres de familia, una turba atacó la Alcaldía de El Alto provocando el incendio de la infraestructura y el deceso de seis funcionarios públicos que cumplían con sus labores al interior. Hasta la fecha, 10 personas fueron imputadas por la Fiscalía como incitadoras de los hechos.